• Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Logroño
  • Ponente: MARIA ELENA CRESPO ARCE
  • Nº Recurso: 82/2020
  • Fecha: 25/05/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Lsa Sala desestima el recurso de apelación interpuesto contra auto recaído en incidente de ejecución de sentencia, que declara cumplida la sentencia en cuanto a los pronunciamientos del fallo de la Sentencia nº 125/2016, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del T.S.J. de La Rioja. Señala la sala que en el expediente de restauración de la legalidad urbanística debe tenerse en cuenta que las obras contravienen el ordenamiento urbanístico en las concretas determinaciones que describe el informe emitido por la Oficina de Asistencia Técnica a Pequeños Municipios emitido el 9 de agosto de 2012 y, a partir de este hecho, considerado probado, llevar a efecto las actuaciones necesarias para adecuar las obras realizadas al planeamiento vigente, incumplido en los concretos apartados que la sentencia considera probados. Concluyendo en que ha de considerarse, conforme a lo manifestado por el técnico municipal, que el inmueble objeto de controversia respeta las alineaciones que le fueron marcadas, no pudiendo ser acogidos los motivos de apelación alegados por los recurrentes, dado que el inmueble objeto de controversia ha podido ser ajustado a la legalidad en determinados aspectos de su edificación. Ya se ha acreditado la demolición del alero, el cumplimiento de la legalidad urbanística con las alineaciones y rasantes y la edificación existente, el cumplimiento del expediente sancionador y la notificación a los interesados.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Militar
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CLARA MARTINEZ DE CAREAGA GARCIA
  • Nº Recurso: 44/2020
  • Fecha: 24/05/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El recurrente incurre en notorio desenfoque procesal, ya que se limita a reproducir las cuestiones alegadas ante el tribunal de instancia y que obtuvieron oportuna respuesta, obviando que el recurso de casación tiene por objeto la censura puntual y por motivos tasados de la sentencia recurrida. La conducta enjuiciada fue correctamente subsumida en la infracción grave apreciada, pues el recurrente, tras sufrir un accidente de circulación con un vehículo oficial, no dio parte de la novedad -que afectaba al funcionamiento del servicio en su unidad-, incumpliendo así una obligación profesional elemental contemplada en el art. 37 de las RR.OO. de las FF.AA., además de una obligación más específica establecida para los supuestos de accidentes de vehículos establecida en el punto 5 de la correspondiente Instrucción, consistente en comunicar el accidente por conducto reglamentario. Pero, además, incumplió el código deontológico de la Guardia Civil, al falsear reiteradamente los datos relativos al vehículo siniestrado en la declaración amistosa de accidente y cuando dio parte a la compañía aseguradora para su reparación, ocultando que se trataba de un vehículo oficial. La gravedad de la conducta fue adecuadamente valorada por el tribunal de instancia. Además, atendidas las circunstancias, resulta evidente que en los hechos concurre culpa o negligencia grave. La denuncia de falta de proporcionalidad es inviable, al haberse impuesto la sanción más leve de las posibles por falta grave.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: PABLO MARIA LUCAS MURILLO DE LA CUEVA
  • Nº Recurso: 3375/2021
  • Fecha: 24/05/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se confirma un auto del TSJ de Canarias sobre ratificación de las actuaciones de intervención administrativa relativas a las limitaciones de la entrada y salida de personas en las islas, de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno, entre otras. Señala el TS que que las medidas sanitarias adoptadas por la Administración autonómica o estatal no pueden desplegar eficacia antes de que haya sido ratificada judicialmente. El TS no sustituye, según señala, la imprescindible habilitación normativa en que ha de descansar la medida de que se trate. El recurso de casación, por otra parte, sigue descansando en la apreciación de un interés casacional objetivo. En lo que concierne a la controversia, señala que no toda limitación de un derecho fundamental ha de hacerse única y exclusivamente por ley orgánica. Considera que la legislación sanitaria estatal examinada sí autoriza la limitación de la libertad de circulación, siempre que se den las condiciones por ella previstas, referentes a un peligro grave para la salud pública derivado de una enfermedad transmisible que es preciso conjurar para preservar el derecho a la salud y a la vida. En este caso, el auto de instancia apreció que no estaban justificadas de forma suficiente las excepciones que acompañan a la restricción, incluida la abierta e indeterminada del apartado m) del n.º 1 del acuerdo, valorando el distinto trato dado a quienes pretendan acceder a las islas según dispongan o no de una reserva hotelera.
  • Tipo Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FRANCISCO GERARDO MARTINEZ TRISTAN
  • Nº Recurso: 1116/2017
  • Fecha: 24/05/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se discute la deducibilidad de determinados gastos, que la recurrente se aplicó en su autoliquidación. En la sentencia se analizan los conceptos de los gastos a deducir, y sobre la base de la documentación aportada por la entidad, concluye que dichos gastos no son deducibles, bien porque no están justificados, bien porque no reúnen los requisitos exigidos por la norma fiscal para su deducción, teniendo un carácter esencialmente probatorio, sin que por la actora se haya enervado la no deducción de los mismos. Sobre la depreciación de cartera invocada por la entidad, la sustenta en la prescripción para comprobar dicha depreciación por parte de la Inspección. En la sentencia se recuerda el criterio jurisprudencial sobre la faculta de comprobación de la Inspección, así como el límite temporal de dicha facultad, declarando que, al resultar aplicable la Ley General Tributaria de 1963, la Administración no puede comprobar los actos, operaciones y circunstancias que tuvieron lugar en ejercicios tributarios prescritos, anteriores a la entrada en vigor de la LGT de 2003, con la finalidad de extender sus efectos a ejercicios no prescritos, pero no a partir de la nueva regulación en la LGT, por lo que se confirma la regularización por la depreciación de cartera practicada por la Inspección a tenor de los datos obtenidos. Se anula la sanción por falta de culpabilidad.
  • Tipo Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: RAFAEL VILLAFAÑEZ GALLEGO
  • Nº Recurso: 313/2018
  • Fecha: 22/05/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Frente al primer motivo de impugnación, sobre la puesta a disposición de las instalaciones fotovoltaicas, en la sentencia se parte del artículo 111.1 del TRLIS, se señala que la Inspección lo fija en 30 de enero de 2009 en que fue en esa fecha en la que se suscribió el certificado de aceptación provisional entre el contribuyente y la otra entidad; criterio que confirma la sentencia a tenor de los datos aportados por la Inspección. Sobre la regularización de la comprobación del beneficio fiscal de otro ejercicio, se parte de los preceptos fiscales que lo regulan, y de la jurisprudencia que los interpreta, y declara que, no procede la aplicación del artículo 140 LGT pues la comprobación limitada se limitó a la comprobación del ejercicio 2010, mientras las actuaciones se refieren al ejercicio 2009. Sobre la deducción por inversiones medioambientales, lo estima debido a que en la liquidación practicada no se ha procedido a la regularización integra de la situación tributaria del recurrente. Sobre la alegación de falta de culpabilidad en la infracción imputada, se anula conforme a los criterios jurisprudenciales que cita.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Militar
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE ALBERTO FERNANDEZ RODERA
  • Nº Recurso: 65/2020
  • Fecha: 20/05/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: En la tramitación del expediente no se advierte vulneración del derecho de defensa, pues el encartado pudo alegar y acreditar cuanto a su derecho convino. Tampoco resultó afectado el derecho a los medios de prueba, pues la denegación acordada por el instructor fue adecuadamente razonada, en cuanto que los medios propuestos por el actor no se relacionaban con el dato objetivo determinante de la incoación del expediente, derivado de haber recaído una sentencia condenatoria por delito doloso. Consta la preceptiva intervención en el expediente del Consejo Superior del Ejército, intervención de carácter no vinculante y que tendría que contener una concreta motivación en la hipótesis de que el informe se separara del criterio seguido en actuaciones precedentes, lo que no es el caso. Concurren todos los elementos del tipo sancionador aplicado: la condición militar del sancionado; la sentencia firme condenatoria por delito doloso, en el caso, uno de corrupción de menores y otro de abuso sexual; la palmaria afectación de la imagen pública de las FF.AA. y la dignidad militar, habida cuenta de los hechos probados que recoge la sentencia condenatoria -en la que, además, se imponen penas de correlativa entidad y rigor, ante la condición de menores de las víctimas-, inferencia coherente con el código moral exigible a los militares. La separación del servicio acordada está plenamente justificada en atención a la naturaleza de los hechos que dieron lugar a la condena.
  • Tipo Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FRANCISCO GERARDO MARTINEZ TRISTAN
  • Nº Recurso: 926/2017
  • Fecha: 20/05/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: En el presente caso, se pretende por la entidad recurrente la deducción de determinados gastos por el concepto de coste de los terrenos vendidos en el ejercicio 2008 la partida correspondiente a los pagos realizados en los ejercicios 2002 a 2004 a otra entidad; la entidad por los servicios prestados "para la optimización del valor urbanístico de los terrenos de su propiedad"; por los gastos contabilizados como costes de ventas, en concepto de comercialización satisfechos a la otra entidad, y por los gastos por retribuciones satisfechas a la Comisión Ejecutiva de la Sociedad, por no estar previstos en los estatutos de la misma. En relación con los primeros, en la sentencia se declara que, tratándose de hechos acontecidos en un ejercicio prescrito, por aplicación del criterio jurisprudencial que cita, no es posible la liquidación por dicho concepto de gastos, por lo que estima el primer motivo de impugnación. En relación con los segundo gastos, no se admiten como deducibles al no tener relación con los ingresos, dada la neutralidad de los servicios que se prestaron. Y sobre la deducción de la remuneración del Comité Ejecutivo de la entidad, se rechaza, pues la retribución ha consistido en un porcentaje sobre las ventas, lo que no se compadece con el concepto de retribución fija, que fue lo previsto por los estatutos sociales. Se anula la sanción por falta de motivación.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Santa Cruz de Tenerife
  • Ponente: JAIME GUILARTE MARTIN-CALERO
  • Nº Recurso: 90/2021
  • Fecha: 20/05/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El auto apelado desestima la suspensión de la ejecución del acto recurrido que es el acuerdo plenario adoptado el 9 de diciembre de 2020 cesando a la Alcaldesa por haber sido condenada por prevaricación. Se toma en consideración la mera ejecución de un mandato legal derivado del artículo 6.2.b y 6.4 LOREG y que acarrea para la demandante la privación de su cargo de concejal y, consecuentemente, su destitución del cargo de Alcaldesa que venía desempeñando. Dichos preceptos de la Ley Electoral han sido interpretados por el Tribunal Supremo en el sentido de que la sentencia penal condenatoria por un delito contra la Administración Pública implica que el condenado incurra en causa de inelegibilidad, que constituye, a su vez, causa de incompatibilidad, y esa causa de incompatibilidad determina la pérdida de la condición de concejal. Si la sentencia penal posteriormente es revocada ello invalida la causa de incompatibilidad que extinguió la condición de concejal del condenado. Ninguno de los motivos de apelación se oponen a la ponderación de los intereses en conflicto contenida en el auto apelado, basado en la ejecutividad de la sentencia penal, aunque no sea firme. La Sala no aprecia que la argumentación del recurso de apelación desvirtúe los razonamientos del auto apelado a los que poco puede añadirse.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: EDUARDO ESPIN TEMPLADO
  • Nº Recurso: 3019/2020
  • Fecha: 19/05/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Estimación del recurso de casación para casar sentencia, con retroacción de actuaciones para examinar la alegaciones relativas a la participación de la recurrente en los hechos. Determinación de la participación en un cártel de intercambio de información confidencial, futura y estratégica en áreas de postventa y marketing. Criterio sostenido por el TS en relación con la caducidad del expediente sancionador, rechazo de la caducidad alegada justificada sobre la aplicación de doctrina rectificada. Posibilidad de sancionar a una empresa por su participación en un cártel, incluso sin haber operado en el mercado principal de referencia, es decir, sin haber participado en porcentaje alguno en la infracción colusoria cometida en dicho mercado, siempre que su participación en los hechos haya facilitado y contribuido la comisión de la infracción y pese a que su participación en el cártel no le haya supuesto un beneficio en el principal mercado de referencia. Consideración de la intervención en un cártel como conducta típica (art.61.1, y 1 LDC)aun cuando la empresa no comercie en el mercado principal de referencia-si en vinculados al mismo-. El hecho de que la cuota de participación resulte en un 0,0 por ciento no supone una nula venta de vehículos, sino que es lo que resulta en porcentaje al reducir a un solo decimal su baja cuota de participación en relación con la de otros fabricantes.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Militar
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE ALBERTO FERNANDEZ RODERA
  • Nº Recurso: 73/2020
  • Fecha: 18/05/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La nulidad acordada por el órgano de instancia de tres concretas actuaciones del expediente sancionador por tratarse de pruebas obtenidas con vulneración de los derechos del recurrente a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable no afecta a aquellas otras que conservaron validez por no encontrarse en relación de conexión causal con las anuladas. No concurre la infracción del derecho a la intimidad denunciada, pues el escrito de alegaciones al pliego de cargos, presentado en sobre cerrado, obtuvo salvaguardia en las correspondientes encriptación y clave, constando, asimismo, que los correos electrónicos referidos en el recurso contenían advertencia de su contenido, concretamente, de datos personales protegidos. A juicio de la sala, el tribunal de instancia acomodó su inferencia valorativa a las pautas exigidas jurisprudencialmente para desvirtuar el derecho a la presunción de inocencia, mediante una ponderación adecuada, racional, lógica y sin atisbo de arbitrariedad de los elementos de juicio de que dispuso, testifical y documental. El relato de hechos -conforme al cual, el recurrente no puso en conocimiento inmediato de la superioridad el accidente de circulación sufrido por dos miembros del equipo de policía judicial que se encontraba a su mando- colma la previsión típica, pues existía una concreta obligación profesional a observar -contemplada en el art. 5.2.c) LOFCS- desatendida, a la luz de las circunstancias concurrentes, con culpa o negligencia grave.

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