Resumen: La Sala indica que no es posible sustituir la sanción de expulsión por multa y que en este caso, el recurrente sostiene que tiene ingresos para sobrevivir, aunque no aporta prueba alguna. Por otra parte, aduce que tiene una hija menor a quien debe mantener pero tampoco justifica que se haga cargo de la menor, régimen de visitas, etc., ni que aporte en su manutención, hechos que solo están al alcance de ser acreditados por la parte recurrente. En consecuencia, estamos ante un infracción grave que debe ser sancionada con la expulsión y prohibición de entrada en nuestro país, lo que nos ha de llevar a desestimar el recurso de apelación.
Resumen: Se reitera la doctrina jurisprudencial establecida sobre la expulsión del territorio nacional con prohibición de entrada. La doctrina jurisprudencial sobre esta cuestión ha sido reiterada por esta Sala en sentencias de fechas aún más recientes a las citadas en el auto de admisión. En este sentido, cabe citar la STS n.º 65/2022, de 26 de enero (RC 5003/2020), la STS n.º 29/2022, de 18 de enero (RC 6884/20) y la STS n.º 208/2022, de 18 de febrero (RC 5883/2020), entre otras, a cuya fundamentación se remite. Primero, que la situación de estancia irregular determina, en su caso, la decisión de expulsión y no cabe la posibilidad de sustitución por una sanción de multa. Segundo, que la expulsión, comprensiva de la decisión de retorno y su ejecución, exige, en cada caso y de manera individualizada, la valoración y apreciación de circunstancias agravantes que pongan de manifiesto y justifiquen la proporcionalidad de la medida adoptada, tras la tramitación de un procedimiento con plenas garantías de los derechos de los afectados, conforme exige la jurisprudencia comunitaria. Tercero, que por tales circunstancias de agravación han de considerase las que se han venido apreciando por la jurisprudencia en relación a la gravedad de la mera estancia irregular, bien sean de carácter subjetivo o de carácter objetivo, y que pueden comprender otras de análoga significación. Se estima el recurso en aplicación de la citada doctrina.
Resumen: Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica. Se declara inaplicable el régimen de financiación del bono social y del régimen de cofinanciación con las Administraciones Públicas de aquellos suministros a consumidores que tengan la condición de vulnerables severos acogidos a tarifas de último recurso y que estén en riesgo de exclusión social, establecidos en el artículo 1, apartado 3, del Real Decreto-ley 7/2016, de 23 de diciembre, así como también la disposición transitoria única del citado Real Decreto-ley 7/2016, por resultar incompatibles con la Directiva 2009/72/CE, por carecer de una justificación objetiva y ser discriminatoria; y se declara inaplicables y nulos los artículos 13 a 17 del Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, y el derecho de la actora a ser indemnizada. Se desestima en lo demás. No existe contradicción entre el art. 52 de la Ley del Sector Eléctrico el art. 19 del Real Decreto 897/2017. La obligación de información del art. 5.1 del Real Decreto impugnado es una extensión del art. 19.
Resumen: Utilización de aguas superficiales careciendo de concesión o autorización administrativa, para riego por goteo. Caducidad: habiéndose excedido el plazo legal, se realizó un intento de notificación postal, no resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 40.4 de la Ley 39/2015 que dispone que a los solos efectos de entender cumplida la obligación de notificar dentro de plazo, es suficiente el intento de notificación debidamente acreditado en el procedimiento, pues en el que nos ocupa se realizó un solo intento y se acudió a la publicación edictal. El intento se hace en una finca, en un determinado kilómetro, y obviamente no consta que se dejase un aviso legal. No cumple con ninguno de los requisitos antes reseñados. La demandada no puede ampararse en ese intento para evadir la caducidad.
Resumen: Se confirma por esta sentencia el Auto del Juzgado de la instancia que acuerda denegar la medida cautelar de suspensión de la orden de expulsión adoptada por la Administración y ello al entender que no se acredita de forma adecuada la existencia de perjuicios para el recurrente que pudieran derivarse de la ejecución del acto impugnado, fijándose especialmente en el eventual arraigo que pudiere tener el recurrente en nuestro país, y ello considerando que el mismo no existe al no acreditar el arraigo que invoca.
Resumen: Se confirma por esta sentencia el Auto del Juzgado de la instancia que acuerda denegar la medida cautelar de suspensión de la orden de expulsión adoptada por la Administración y ello al entender que no se acredita de forma adecuada la existencia de perjuicios para el recurrente que pudieran derivarse de la ejecución del acto impugnado, fijándose especialmente en el eventual arraigo que pudiere tener el recurrente en nuestro país, y ello considerando que el mismo no existe al no acreditar el arraigo que invoca.
Resumen: Declara la sentencia que del principio de culpabilidad en derecho tributario sancionador se deriva que no existe un régimen de responsabilidad objetiva en materia de infracciones tributarias y que, para que proceda la sanción, es necesario que concurra en la conducta sancionada dolo o culpa, no pudiendo ser sancionados los hechos más allá de la simple negligencia. En el caso de autos el recurrente conocía los elementos de cuantificación de la base imponible que no incluyó en su declaración tributaria y que fueron puestos de manifiesto por la Inspección de los Tributos en el acta de la Inspección, y el acuerdo de imposición de la sanción contiene una motivación que colma las exigencias sobre el respeto al principio de culpabilidad, en los términos que acabamos de exponer.
Resumen: La Sala desestima el recurso interpuesto contra la Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional que desestima las reclamaciones económico- administrativas acumuladas contra la Liquidación Provisional por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y contra el acuerdo sancionador derivado de las mismas, que es lo que se cuestiona en el recurso, se trata de la subvención para el fomento de autoempleo que fue concedida y que tiene la calificación de rendimientos de actividades económicas y que debe atenderse al criterio general del devengo y no a la fecha de la firmeza de las resoluciones administrativas en cuanto al criterio de imputación temporal, se alega que la Administración no ha respetado el principio de culpabilidad, pero la Sala concluye que el acuerdo sancionador parte de los hechos acreditados en el procedimiento de comprobación limitada y aprecia una conducta incumplidora de la norma tributaria, existiendo suficientes referencias a las circunstancias fácticas y subjetivas que motivan la imposición de la sanción y que el recurrente ha tenido conocimiento de los motivos en que se centraba la actuación administrativa y ha podido ejercitar su defensa con pleno conocimiento de las razones en que se basaba la Administración para imponer la sanción y que se ha cumplido con los principios de legalidad, tipicidad y culpabilidad, en relación a la gravedad de los hechos comprobados.
Resumen: Se impugna la resolución del TEAR de Galicia por la que se desestima parcialmente el recurso interpuesto contra el Acuerdo de liquidación, por el concepto impositivo de IRPF del período 2012 por el que se exige una deuda tributaria de 41.009. Los recurrentes cuestionan, en primer lugar, la calificación tributaria que la AEAT realiza de la operación de reducción de capital con amortización de acciones de una entidad; ya que mientras aquella la considera como rendimiento de capital mobiliario los demandantes entienden que nos hallamos ante un incremento patrimonial. La Sala considera evidente la naturaleza de la operación documentada en escritura pública de 3 de enero de 2012 pues nos hallamos ante una reducción del capital de sociedades con devolución de aportaciones a los socios por lo que la tributación en IRPF ha de hacerse minorando el importe de adquisición de los valores afectados hasta su anulación y el exceso debe tributar como rendimiento del capital mobiliario. La otra cuestión es que un contribuyente del IRPF que percibe unos ingresos de una entidad que estaba obligada a practicar la correspondiente retención y el ingreso en la Hacienda Pública, puede deducirse las cantidades que debieron ser retenidas e ingresadas
Resumen: El examen, con arreglo a la sana crítica de los medios de prueba aportados por las partes y la valoración conjunta de dicha prueba (no de cada indicio aisladamente considerado) lleva a concluir a la Sala que la Administración tributaria no ha acreditado con la debida certeza la residencia efectiva y real en Asturias de Doña Mercedes en el último año de su vida y, en cambio, la prueba practicada a instancia del recurrente sí pone de manifiesto la presencia de aquella en Madrid la mayor parte de dicho año, lo que comporta la incompetencia del Principado de Asturias para practicar la liquidación en el fondo impugnada, al haber residido la causante en la Comunidad de Madrid más de 183 días durante el último año de su vida, lo que ha de conllevar la anulación de dicha liquidación.
