Resumen: Se plantea, en primer lugar, frente a la liquidación practicada, la aplicación o no del Reglamento sobre Agentes de Jugadores, aprobado por la FIFA, a los efectos de la devolución de cuotas soportadas por IVA, derivados de las prestaciones realizadas por dichos agentes, pues la actora considera que se trata de meros intermediarios cuyos servicios de mediación ha contratado con el club, independientemente de que el juzgador resulte beneficiado. En la sentencia se parte de la definición del contrato de mediación en el CC y su interpretación jurisprudencial, y sus diferencias con el mandato, y concluye que son servicios prestados al jugador, y, por ello, sujetos al IVA. Así, confirma la aplicación del citado Reglamento, en cuanto completa el marco normativo fiscal. Por otra parte, confirma la facultad de la Administración de calificar el contrato conforme a las circunstancias y características de las condiciones pactadas. En relación con la valoración de los hechos, declara que no infringe el artículo 108.2 de la LGT. Se rechaza la infracción de la doctrina sobre los actos propios, al no existir una acto previo concluyente de la Administración sobre la concreta cuestión. Considera que no se han infringido los principios de seguridad jurídica de neutralidad ni el enriquecimiento injusto. Por último, confirma la sanción, al estar motivado el acuerdo sancionador y la culpabilidad.
Resumen: En relación con el gasto no deducido por la Inspección, en la sentencia se aclara que, con independencia de la procedencia o no del cargo a reservas de la perdida por deterioro, lo que no se permite es un test de pérdida con efectos de 1 de enero de 2.008, fecha en que entra en vigor el PGC, como ajuste de primera aplicación, en vez de realizar la provisión por depreciación en el ejercicio anterior, además de que en todo caso la pérdida declarada debería ajustarse a 31.12.2008, con arreglo a la Norma Segunda apartado 2.2, lo que supone estar al valor en uso, o actualización de los flujos de efectivo generados por el activo. Se discute la valoración, la realizada por la Inspección frente a la realizada por el Informe aportado por la entidad recurrente. En la sentencia se indica que no solicitó la comprobación de valores, y que la valoración administrativa es conforme a los criterios contables que cita, sin que se hayan desvirtuado por dicha entidad. Por ello, considera que la pérdida de deterioro del bien en cuestión, no es deducible. En relación con la sanción y la concurrencia de elemento subjetivo, conforme a los criterios jurisprudenciales que cita, declara que está motivada, sin que la norma aplicable ofrezca dudas sobre su contenido, dada la claridad de la misma.
Resumen: En el presente caso, la recurrente impugna la resolución que ordena su expulsión del territorio nacional y prohibición de entrada en el mismo. Está acreditada la condena penal por la Audiencia Nacional por delito de terrorismo, debido a las actividades desarrolladas, relacionadas con el Estado Islámico y captación de jóvenes a través de las redes sociales; hechos que se describen en la sentencia. Frente a las alegaciones de nulidad de la notificación de la resolución y caducidad del expediente administrativo, en la sentencia se rechazan los argumentos invocados, al constar la notificación personal a la interesada, sin que la negativa a firmar suponga defectuosa notificación de la resolución, cuyo contenido conoció, sin que se haya producido la caducidad del expediente, debido a la suspensión del mismo por la prejudicialidad penal. En relación con los hechos, se señala que son los recogidos en la sentencia penal. Por último, se declara la proporcionalidad de la sanción impuesta a tenor de los hechos imputados y juzgados, conforme a los criterios jurisprudenciales que cita.
Resumen: No ha lugar al recurso contencioso administrativo interpuesto por el Presidente del Gobierno en funciones contra la sanción impuesta por la Junta Electoral Central -JEC-por aprovecharse de los medios públicos en tal condición, quebrantando el principio de neutralidad durante el proceso electoral con la consiguiente merma del principio de igualdad de armas entre las formaciones políticas contendientes en las elecciones. Se reitera doctrina sobre la neutralidad política en período electoral en los espacios públicos, que constituye un axioma esencial de nuestro ordenamiento jurídico y no aprecia el TS ninguna contaminación en el expediente sancionador por el hecho de que derivase de lo que denomina una denuncia efectuada por otro partido político. No se está ante una denuncia sino ante una reclamación o queja que dimana del artículo 19.1. h) de la LOREG, sin perjuicio de que ambas conductas -la denuncia o la queja- puedan poner en marcha un procedimiento sancionador; tampoco se quebranta el principio de tipicidad por no haber sido apercibido individualmente el Presidente del Gobierno, pues la JEC advirtió a todos los miembros del gobierno, incluido su Presidente en funciones, lo que obligaba a un alto grado de diligencia en sus actuaciones a fin de no quebrantar la neutralidad de los poderes públicos, y entre esa diligencia se encontraba la de indicar que no debía colgarse en una web institucional una entrevista realizada en periodo electoral para una televisión privada.
Resumen: Admisión. Cancelación, por incumplimiento, de la inscripción en el Registro de Régimen retributivo específico en estado de explotación. Principio de proporcionalidad. Precedentes de admisión: AATS de 22 de abril de 2021 (RRCA 303/2021 y 1222/2021) y de 5 de mayo de 2021 (RCA 1643/2021) -preparados por el Abogado del Estado-; y ATS de 29 de abril de 2021 (RCA 7483/2020) -preparado en ese caso por la empresa cuya inscripción quedó cancelada-.
Resumen: La Sala recuerda que cuando los procedimientos sancionadores no tienen su origen en un procedimiento de verificación de datos, comprobación o inspección, sino que derivan de la resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de la Administración tributaria resulta aplicable el plazo general de prescripción del artículo 189 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT). Sin embargo, cuando el procedimiento sancionador se incoa como consecuencia de un procedimiento iniciado mediante declaración o de un procedimiento de verificación de datos, comprobación o inspección, entonces sí resulta de aplicación el artículo 209.2 LGT. Por tanto, se estima el recurso de casación y, por ende, se anula la sentencia impugnada. Se acoge el motivo hecho valer por la apelante en su recurso de apelación y se anula la sentencia del Juzgado, retrotrayendo las actuaciones al momento anterior al dictado de la sentencia para que el juzgador de la primera instancia, teniendo en consideración el contenido interpretativo de esta sentencia sobre el alcance del artículo 209.2 LGT y, asimismo, los criterios fijados, resuelva el recurso contencioso-administrativo en congruencia con los términos y motivos aducidos ante el mismo.
Resumen: La cuestión que se plantea en el presente recurso es la deducibilidad o no de los intereses de demora derivados de la liquidación de un acta incoada a la entidad recurrente. En la sentencia se parte del contenido del artículo 14 del TRLIS y de la jurisprudencia que lo interpreta. En este sentido declara que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.1 LGT (16) tienen la naturaleza de obligaciones tributarias accesorias las obligaciones de satisfacer el interés de demora, los recargos por declaración extemporánea y los recargos del período ejecutivo, consistiendo estas obligaciones en prestaciones pecuniarias que se deben satisfacer a la Administración tributaria y cuya exigencia se impone en relación con otra obligación tributaria, pues los intereses de demora tienen por objeto compensar por el incumplimiento de una obligación de dar, o mejor, por el retraso en su cumplimiento. Tienen, pues, carácter indemnizatorio. Añade que los intereses correspondientes a ejercicios anteriores se considerarán como gastos de ejercicios anteriores, y figurarán en la partida "Gastos y pérdidas de otros ejercicios", formando parte del epígrafe IV. "Resultados extraordinarios". Para ello se podrá emplear la cuenta 679. "Gastos y pérdidas de ejercicios anteriores" contenida en la segunda parte del Plan General de Contabilidad. Concluye que los intereses de demora tienen la consideración de gasto deducible, conforme a los criterios jurisprudenciales que cita.
Resumen: Son infracciones tributarias las acciones u omisiones dolosas o culposas con cualquier grado de negligencia que estén tipificadas y sancionadas como tales por Ley, constituyendo infracción tributaria determinar o acreditar improcedentemente partidas positivas o negativas con créditos tributarios a compensar o deducir en la base o en la cuota de declaraciones futuras propias o de terceros, lo cual debe ponerse en relación en este caso con la exclusión como gasto deducible de las pérdidas por deterioro de los valores representativos de la participación en el capital o en los fondos propios de entidades. En este caso, en la regularización practicada correspondiente al Impuesto sobre Sociedades, ejercicio 2014, en el expediente de comprobación limitada previamente tramitado por la oficina gestora se aumentó la base imponible, a la vez que se minoró en la misma cuantía la base imponible negativa pendiente de aplicación en períodos impositivos futuros. Esos hechos constituían el elemento objetivo del tipo al haber introducido como gasto deducible unas pérdidas que estaban vedadas y que determinaba que pudiera compensarse en periodos impositivos posteriores, no necesariamente en el siguiente. Pues bien, dado que la resolución recurrida no fue objeto de impugnación, la sentencia precisa que no podía ahora cuestionarse la sanción, concluyendo la sentencia que dicha sanción contaba con motivación suficientemente indicativa de la concurrencia del elemento subjetivo de lo injusto.
Resumen: Estimación del recurso de casación. La naturaleza y requisitos de la facultad de ampliación de plazos en los procedimientos de revisión de oficio y su motivación. Presupuesto de la ampliación de plazos: que las circunstancias lo aconsejen y que no se vean perjudicados derechos de terceros. Necesidad u obligación de solicitar informes preceptivos, cuando existe un elevado número de expedientes de revisión de oficio a tramitar y ello dificulta la tramitación simultanea, como razón suficiente para sustentar la motivación de la ampliación de plazos. El rasgo de "notoriedad" del supuesto como justificante de una motivación poco pormenorizada. Suspensión y reanudación del cómputo de los plazos del procedimiento de revisión de oficio. Consecuencias de la falta de notificación inicial al interesado de la resolución que acuerda la incoación y la posterior ampliación del procedimiento de revisión de oficio. El art.102.5 de la LPAC anuda el efecto de la caducidad del procedimiento de revisión de oficio al transcurso del plazo máximo de tres meses sin haberse dictado resolución. Determinación de la fecha de resolución como la fecha que pone fin al procedimiento de revisión de oficio. En definitiva, para la ampliación del plazo de duración del expediente han de figurar las razones que aconsejan su extensión, que han de examinarse en cada caso concreto, siendo una causa válida la necesidad de solicitar dictámenes preceptivos, atendiendo al hecho notorio de elevado número de expedientes.
Resumen: Asiste la razón a la demandada cuando aprecia causa de resolución contractual por incumplimiento de condición esencial del contrato, cual es la finalización de las obras en plazo, ya que las obras no concluyeron de la forma pactada por causa imputable a la adjudicataria del contrato. Así mismo, el plazo para la ejecución de obras tiene consideración de elemento esencial , ya que así se exponía en la cláusula 3º del contrato, en el que se fijaba un plazo de 5 meses para su ejecución, plazo que fue libremente asumido y acogido por la adjudicataria al elaborar su oferta sin que posteriormente pueda incumplir el mismo. No habiéndose acreditado el incumplimiento por parte de la demandada de sus obligaciones esenciales, pero si por el contrario incumplimiento culpable por parte de la adjudicataria del contrato, procede desestimar la demanda confirmando la Orden Foral objeto de la Litis, sin necesidad de analizar la existencia o no de desviación procesal en el suplico de la apelación dado que el recurso de desestima en su integridad.
