Resumen: El auto recurrido está sobradamente motivado, por lo que no cabe apreciar infracción del derecho a la tutela judicial efectiva por el déficit de motivación invocado. La argumentación de la resolución recurrida para inadmitir la declinatoria de jurisdicción no incurre en error, irrazonabilidad o arbitrariedad, ya que a través del incidente de previo pronunciamiento promovido solo puede ser discutida la concurrencia o no de jurisdicción y competencia del tribunal sobre la base del escrito de conclusiones provisionales de la acusación, sin examen alguno sobre la certeza o no de los hechos, sobre si están bien o mal calificados o sobre si en su realización participó o no el acusado, cuestiones, todas ellas, propias del juicio oral. La competencia para conocer de la causa por el delito militar imputado corresponde al órgano de la jurisdicción militar, que en caso de que considere que los hechos no son constitutivos de un delito militar sino de una infracción tipificada en la legislación penal ordinaria acabará inhibiéndose de su conocimiento, lo que, sin embargo, solo podrá hacer tras la celebración del juicio oral, momento en el que podrá apreciar, a través de la valoración de los medios de prueba, si concurren los elementos subjetivos del tipo de conducta objeto de enjuiciamiento -posible existencia de dolo homicida-. No resulta vulnerado el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley cuando el órgano de la jurisdicción militar actúa en ejercicio de sus competencias.
Resumen: En el escrito de preparación del recurso se aduce por el recurrente que el interés casacional que el caso presenta se concreta en los siguientes extremos: a) infracción del art. 24 CE, tutela judicial efectiva; b) vulneración del art. 25 CE, principio de legalidad. La sala coincide con el recurrente en cuanto a la existencia de interés casacional objetivo en los términos en que se plantea y con los necesarios ajustes normativos y jurisprudenciales, sin perjuicio de que la sentencia que llegara a dictarse pudiera extenderse a otras cuestiones que exigiera el debate finalmente trabado en el recurso.
Resumen: En el escrito de preparación del recurso se aduce por el recurrente que el interés casacional que el caso presenta se concreta en los siguientes extremos relativos a la sentencia impugnada: a) infracción del art. 8.8 LORDGC, en relación con el art. 11.2 de la misma, al aplicar inadecuadamente el art. 24 CE, derecho a la tutela judicial efectiva, en relación con el art. 25 CE, principio de tipicidad de la falta administrativo-disciplinaria militar. La sala coincide con el recurrente en cuanto a la existencia de interés casacional objetivo en los términos en que se plantea y con los necesarios ajustes normativos y jurisprudenciales, sin perjuicio de que la sentencia que llegara a dictarse pudiera extenderse a otras cuestiones que exigiera el debate finalmente trabado en el recurso.
Resumen: En el escrito de preparación del recurso se aduce por el recurrente que el interés casacional que el caso presenta se concreta en los siguientes extremos relativos al auto impugnado: a) vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el art. 24.1 CE, al haberse inadmitido el recurso contencioso-administrativo como extemporáneo. La sala coincide con el recurrente en cuanto a la existencia de interés casacional objetivo en los términos en que se plantea y con los necesarios ajustes normativos y jurisprudenciales, sin perjuicio de que la sentencia que llegara a dictarse pudiera extenderse a otras cuestiones que exigiera el debate finalmente trabado en el recurso.
Resumen: Los razonamientos contenidos en los fundamentos de la convicción de la sentencia impugnada son fruto de la razón, la lógica y las máximas de la experiencia y ponen de manifiesto que el tribunal sentenciador dispuso de abundante prueba de cargo -testifical y documental-, que fue analizada razonablemente junto con la de descargo -declaración del recurrente y pericial psiquiátrica- para explicar, a través de un discurso lógico y coherente, las inferencias que le llevaron de las pruebas a los hechos que declaró probados, por lo que no se vio afectado el derecho fundamental a la presunción de inocencia. Los hechos declarados probados cumplen con los elementos del tipo apreciado. Concurre el dolo genérico que exige el tipo, ya que, conociendo el servicio de guardia de seguridad asignado y que no podía prestarlo con tasa de alcohol positiva en el cuerpo, ingirió voluntariamente unas horas antes una notable cantidad de bebidas alcohólicas, lo que provocó que se quedara dormido y llegara aproximadamente una hora tarde a la prestación del mismo. También concurre el elemento objetivo, ya que, además del incumplimiento de la obligación de acudir puntualmente y en condiciones de prestar el servicio, quedó acreditado el daño producido al servicio -al tener que ser relevado del mismo- y la relación de causalidad entre la acción u omisión y el resultado dañoso o lesivo para el servicio.
Resumen: No concurre causa de nulidad de las previstas en el art. 47.1 Ley 39/2015, por lo que resulta conforme a Derecho la resolución ministerial recurrida que acordó inadmitir la solicitud de revisión de oficio sin necesidad de recabar dictamen del Consejo de Estado. El recurrente no ha acreditado ni el carácter indispensable de la prueba denegada o no practicada ni su necesidad para la fijación de los hechos con relevancia disciplinaria, sin que haya concretado de qué manera se le originó una indefensión material real y efectiva. La autoridad sancionadora dispuso de prueba de cargo bastante, valorada de forma racional, lógica y no arbitraria, siendo más que suficiente la respuesta que a la alegación de vulneración del derecho a la presunción de inocencia dio la resolución ministerial impugnada. De lo actuado no se desprende la certeza de las aseveraciones del recurrente sobre la infracción de su derecho a la intimidad y a no sufrir trato degradante en la toma de las muestras de orina que, conforme argumenta la resolución ministerial recurrida, se obtuvieron con respeto a lo dispuesto en la Instrucción Técnica entonces vigente. Las alegaciones relativas a la atipicidad de la conducta y a la infracción del principio de individualización de las sanciones se formulan ex novo, al no haberse hecho valer cuando se solicitó la revisión de oficio, lo que constituye causa de inadmisión, aunque, además, se estima que tampoco concurren en el caso las invocadas infracciones.
Resumen: El tribunal de instancia dispuso de amplia prueba de cargo y de descargo válidamente obtenida, regularmente practicada y que resultó valorada conforme a criterios lógicos y razonables para alcanzar la convicción de la certeza de los hechos que declaró probados, sin dejar margen alguno a la incertidumbre que permitiera aplicar el principio in dubio pro reo. El motivo de error de hecho en la apreciación de la prueba incurre en causas de inadmisión, que ahora se tornan en causas de desestimación: ni se han designado los particulares del documento o documentos en que se basa, ni se citan el error en que el tribunal pudiera haber incurrido ni el aspecto del factum que se pretende completar, alterar, corregir o suprimir. Del inamovible relato de hechos probados -conforme al cual, el recurrente dejó de aportar partes de continuación en la baja temporal para el servicio que le había sido reconocida con anterioridad por motivos médicos y no se presentó en la unidad de su destino para la renovación de la baja ni se incorporó a la misma una vez dado de alta para el servicio- y de los razonamientos de la sentencia impugnada se desprende la adecuación del tipo penal apreciado, ya que el condenado se sustrajo al control y permanente disponibilidad a favor de sus mandos por plazo superior a tres días, sin que concurriera causa alguna que se lo impidiera -elemento objetivo-, siendo consciente de dicha sustracción y teniendo voluntad de hacerlo -elemento subjetivo del dolo genérico-.
Resumen: El Ministerio Fiscal, como parte en el proceso, está legitimado para interponer recurso de casación contra una sentencia absolutoria por vulneración de los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías. La conformidad dirigida a evitar el juicio oral debe dar lugar a una sentencia acorde con el escrito de calificación, salvo que el tribunal entienda que la calificación de los hechos mutuamente aceptados no es procedente. En este caso, la calificación acusatoria ha de adaptarse a la tesis que el tribunal estima correcta, pero, si la adaptación no se produce, debe celebrarse el juicio oral, en el que la acusación tiene la facultad de proponer la prueba y exponer sin cortapisas su argumentación favorable a la calificación propuesta y aceptada por la defensa. Solo tras la celebración del juicio puede entonces el tribunal desligarse de la calificación propuesta, sin que sea ya legalmente posible que se dicte sentencia de conformidad sin celebración de juicio y modificando la calificación mutuamente aceptada por las partes. El presidente del tribunal proclamó anticipadamente el resultado de una controversia todavía imprejuzgada, al no permitir a las partes que propusieran la prueba y expusieran los argumentos favorables a la calificación propuesta y aceptada mutuamente, lo que hizo perder al tribunal su imparcialidad objetiva.
Resumen: El interesado tuvo acceso a la jurisdicción, obteniendo respuesta razonada, con pleno respeto al canon de motivación constitucionalmente requerido, sin que se produjera indefensión. El tribunal de instancia ponderó cabalmente cuantos elementos de juicio tuvo a su disposición, al haber quedado meridianamente acreditados los hechos una vez valoradas las ratificaciones y testificales evacuadas, así como la documental existente en las actuaciones, valoración que, a todas luces, se acomoda a las reglas de la lógica y la experiencia. La falta leve de retraso, negligencia o inexactitud en el cumplimiento de los deberes u obligaciones es un tipo disciplinario en blanco que exige que la Administración concrete la norma de la que predica un inexacto cumplimiento, integración complementaria que tuvo lugar en la resolución sancionadora, luego confirmada por la sentencia dictada por el tribunal de instancia, ya que en ambas se hace referencia al deber de veracidad en asuntos del servicio impuesto por los arst. 7.1 Ley 29/2014, de Régimen de Personal de la Guardia Civil, y 34 RR.OO. La previsión típica quedó colmada, ya que los hechos cumplían sus elementos tipológicos: condición de miembro de la Guardia Civil del sujeto activo; conducta consistente en una inexactitud, en el caso, faltando a la verdad en relación con una falsa asistencia médica por un invocado dolor de rodilla; inexactitud íntimamente ligada a los deberes y obligaciones de los miembros de la Guardia Civil.
Resumen: El tribunal de instancia dispuso de amplia prueba de cargo válidamente obtenida y regularmente practicada y que resultó valorada conforme a criterios lógicos y razonables para alcanzar la convicción de la certeza de los hechos que declaró probados. El informe médico en el que apoya el recurrente su motivo de casación por supuesto error de hecho en la valoración de la prueba no es literosuficiente. El invariable relato de hechos probados -conforme al cual, en síntesis, el condenado, en actitud agresiva, acometió a su superior, dándole reiterados empujones con las dos manos en el pecho- se incardina en el tipo penal apreciado, pues el maltrato consiste en toda agresión física susceptible de causar perturbación en la incolumidad o bienestar corporal de una persona, con o sin menoscabo de su integridad, salud o capacidad, de modo que abarca desde el simple acto de violencia física sin resultado lesivo hasta la producción de cualquier lesión. De la prueba pericial practicada a instancia del condenado no se desprende que en él concurriesen circunstancias psíquicas que le atribuyesen una especial sensibilidad hacia estresores externos que pudieran dar lugar a su súbita y agresiva reacción, sin que, en consecuencia, pueda considerarse probado que por las expresiones vertidas por su superior se hubiese podido sentir ofendido en su honor ni, por lo tanto, que concurriesen los requisitos de agresión ilegítima y provocación necesarios para apreciar la eximente de legítima defensa.
