Resumen: Se aborda la valoración de la prueba. El Tribunal afirma expresamente que la declaración de hechos probados deriva de una valoración conjunta y en conciencia de toda la prueba practicada. Se analiza de forma crítica la actitud del acusado, que se acogió a su derecho a no declarar, permitiendo al Tribunal extraer consecuencias desfavorables. Se descarta la versión exculpatoria del acusado sobre la ingesta alcohólica posterior al accidente por falta de verosimilitud objetiva (inexistencia de churrerías en la zona, distancias, tiempo) y por contradicciones con sus propias manifestaciones previas y con el atestado. Se otorga plena credibilidad a la prueba testifical policial y a la prueba pericial implícita derivada de la tasa descendente de alcoholemia, destacando los síntomas externos evidentes de embriaguez y la correcta realización de la prueba con etilómetro homologado. Se analiza la calificación jurídica, diferenciando con rigor los dos incisos del artículo 379.2 CP. El Tribunal realiza un extenso desarrollo doctrinal y jurisprudencial sobre la exigencia de influencia alcohólica en el primer inciso y la objetivación del tipo en el segundo. Concluye que el caso encaja plenamente en el segundo inciso, al constar una tasa superior a 0,60 mg/l debidamente acreditada, lo que hace innecesario probar la influencia efectiva. Subsidiariamente, razona que aun por el primer inciso concurrirían los requisitos típicos, dada la sintomatología y el accidente causado.
Resumen: Confirma la sentencia del Juez Penal que condena a un acusado como autor responsable de un delito de quebrantamiento de condena. Acusado que es condenado a una pena que le prohíbe acercarse a una distancia de la persona protegida, de su domicilio y de cualquier lugar en que se encuentre aquella y, no obstante ello, acude al centro hospitalario en que se encuentra ingresada la persona protegida. Delito de quebrantamiento de condena. Elemento subjetivo del delito de quebrantamiento. Dolo típico o conocimiento de la vigencia de la prohibición y la voluntad de incumplirla. Diferencias con las motivaciones del autor. Para el derecho penal la motivación del autor es indiferente. Basta con que con su acción incumpla conscientemente la orden de alejamiento.
Resumen: Infracción de ley. El cauce casacional elegido implica la aceptación de los hechos declarados probados en la sentencia impugnada, sin que con base en el artículo 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal pueda pretenderse una modificación de dicho relato fáctico, ya que lo que se denuncia es una incorrecta aplicación del derecho al hecho probado de la sentencia; de ahí que reiterada jurisprudencia de esta Sala haya afirmado que el recurso de casación por infracción de ley exige el respeto absoluto e íntegro de los hechos probados en sentencia.
Atenuante analógica de confesión. Se ha apreciado en los casos en los que, no respetándose el requisito temporal, sin embargo, el autor reconoce los hechos y aporta una colaboración, más o menos relevante para la Justicia, realizando así un acto contrario a su acción delictiva que de alguna forma contribuye a la reparación o restauración del orden jurídico perturbado. Así, requiere una aportación que, aun prestada fuera de los límites temporales establecidos en el art. 21.4.ª CP, pueda ser considerada como relevante a los fines de restaurar de alguna forma el orden jurídico perturbado por la comisión del delito.
En el caso de autos se descarta la existencai de la concurrencia de la atenuante analógica de confesión toda vez que la condena fue por delito doloso y no es ello lo que admitió el condenado, sino que se actuó a título de imprudencia, y, ante ello, se celebró el juicio con la prueba oportuna. La sentencia concluye que la circunstancia de que el condenado dijera que lo que ocurrió fue a título de imprudencia en modo alguno puede asemejarse a una confesión, y, por ende, no puede otorgársele el beneficio de una atenuante, ni como simple ni como analógica.
Resumen: La motivación de la individualización de la pena requiere, desde un punto de vista general, que el Tribunal determine, en primer lugar, la gravedad de la culpabilidad del autor expresando las circunstancias que toma en cuenta para determinar una mayor o menor reprochabilidad de los hechos. Esta gravedad debe ser traducida en una "cantidad de pena" que el Tribunal debe fijar dentro del marco penal establecido en la ley para el delito. También ha de ser tenida en consideración en delitos como el de lesiones el resultado final y la afectación real de la víctima. Responsabilidad civil derivada del delito que ha de compensar todos los posibles perjuicios causados a la víctima.
Resumen: Declaración de la víctima: se relata una victimización sexual sucedida varios años atrás. No es exigible rememorar de forma detallada cada acto sino, como acaece, la individualización se produce a partir de datos que describen el contexto temporal en el que se producen, el modo y manera en el que se ejecutaban los actos sexuales así como los lugares en que tenían lugar. El proceso de construcción de la decisión de desvelar un abuso sexual, padecido en la infancia en el seno de un sistema familiar, no responde a patrones preestablecidos y definidos. Verosimilitud objetiva: los actos se producen en un contexto que favorece la ocultación. Credibilidad de la madre y hermana de la denunciante: que declarasen bajo juramento no conlleva que sea fiable lo que relatan. Pruebas periciales: los datos psicológicos y psiquiátricos aportados son inequívocos a la hora de reflejar el daño emocional y psíquico producido así como su conexión funcional con la violencia sexual cronificada temporalmente que se denuncia sufrida.
Resumen: Malos tratos del padre a la hija menor de edad. El recurso de apelación penal español no permite la repetición de las pruebas personales practicadas en la primera instancia y que en la resolución del recurso de apelación las Audiencias Provinciales deben respetar la valoración probatoria íntimamente vinculada a los principios de contradicción e inmediación. Aptitud probatoria del testimonio ofrecido por la menor. persistencia en la incriminación, corroboraciones periféricas con datos objetivos, declaración firme, coherente y merecedora de credibilidad. Valoración del informe psicológico forense. Testigos de referencia.
Resumen: Frente a la condena de que ha sido objeto el recurrente por la comisión de un delito de estafa, se objeta en el recurso que no concurren en el caso los elementos del tipo penal de estafa aplicado en la sentencia apelada, que se firmó entre querellante y acusado un contrato de ejecución de obra menor en la vivienda de la primera, siendo aceptado éste y habiéndose dado inicio a la ejecución parcial de los trabajos de demolición, electricidad, albañilería y otras partidas, como reconocen la querellante y el perito, produciéndose las discrepancias con el acusado en la ejecución técnica de los trabajos, calidad de los acabados y entrega final de la obra, siendo circunstancias propias de un incumplimiento civil, no constando maniobras fraudulentas previas al contrato ni dolo penal en la conducta del acusado, como factor causal del engaño propio de la estafa y consiguiente desplazamiento patrimonial en perjuicio de la querellante y beneficio del acusado, alegaciones éstas que se estima por la Sala que constituyen una apreciación sesgada e incompleta de la prueba practicada en el plenario y de la valoración de la misma realizada por el Juzgador de instancia, resaltando el hecho de que el recurrente facilitó a la querellante una tarjeta en la que se anunciaba como Arquitecto técnico y apareciendo vinculado a un supuesto estudio de interiorismo y arquitectura, no respondiendo tales circunstancias a la realidad, así cómo que la única partida de las obras realizada correctamente por el acusado fue la correspondiente a las demoliciones, quedando sin ejecutar o habiendo sido indebidamente ejecutadas el resto de partidas objeto del contrato. La indemnización a favor de la perjudicada se fija en la sentencia a partir de la estimación del perjuicio económico irrogado a la misma como consecuencia de los pagos realizados a favor del acusado y que se declaran probados, siendo reconocidos por el mismo, sin haberse posteriormente restituido su importe a la perjudicada, si bien con la lógica reducción correspondiente al importe en que por el perito se valora la única partica realmente ejecutada por el acusado.
Resumen: El recurso de apelación interpuesto por la defensa del acusado se articula sobre la supuesta inexistencia de prueba de cargo suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia respecto de los delitos de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas y negativa a someterse a las pruebas de alcoholemia, así como, subsidiariamente, sobre la desproporción de las penas impuestas. Se recuerda que la valoración de la prueba practicada en el acto del juicio oral corresponde de manera preferente al Juez de instancia, al amparo de los principios de inmediación, contradicción y oralidad, solo revisable en segunda instancia cuando resulte arbitraria, ilógica o carente de soporte probatorio, circunstancias que no concurren en el presente caso. En relación con el delito del art. 379.2 CP, aun no constando una tasa objetiva de alcoholemia, la condena se sustenta válidamente en la prueba testifical de los agentes actuantes, ratificada en el plenario, que describieron una conducción zigzagueante con invasión del carril contrario y una sintomatología externa intensa y persistente pérdida de equilibrio, desorientación espacio-temporal, olor etílico notorio y dificultad para mantenerse en pie suficiente para acreditar la influencia del alcohol en la conducción, tratándose de un delito de peligro abstracto que no exige resultado lesivo concreto. En cuanto al delito de negativa, la Sala confirma la valoración de instancia al considerar no acreditada la imposibilidad física alegada para realizar la prueba, pues la documentación médica aportada carece de fiabilidad y concreción sobre el grado de la supuesta disnea o EPOC, no consta pericial alguna que relacione dicha patología con la imposibilidad de soplar eficazmente, ni se apreciaron signos clínicos compatibles con una crisis respiratoria en el momento de los hechos, siendo además relevante que el acusado no aceptara la prueba alternativa de análisis de sangre. Finalmente, tampoco procede la revisión de las penas impuestas, al haber sido individualizadas de forma razonada y proporcional atendiendo a la gravedad de los hechos y a la ausencia de reconocimiento de los mismos.
Resumen: No es posible alegar con éxito la vulneración del derecho a la presunción de inocencia cuando la valoración de la prueba contenida en la sentencia apelada simplemente no satisface las expectativas de la parte, pues esta valoración es facultad exclusiva de dicho juzgador. Tampoco es posible alegar la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva que no contempla, como contenido esencial, sino el derecho a obtener una decisión razonada y fundada en Derecho, con independencia de que sea favorable o no a las pretensiones formuladas por la parte interesada. Sustenta el juez la condena atribuyendo plena eficacia probatoria de cargo a la versión del perjudicado, quien reconoció desde un primer momento al acusado como el autor del atropello, que estima corroborada de manera objetiva mediante la declaración del testigo presencial y de un agente de policía que acudió al lugar del atropello escasos instantes después. El principio in dubio pro reo nos señala cual debe ser la decisión en los supuestos de duda pero no puede determinar la aparición de dudas donde no las hay: existiendo prueba de cargo suficiente y válida, si el Tribunal sentenciador expresa su convicción sin duda razonable alguna, el referido principio carece de aplicación.
Resumen: A pesar de las relaciones entre el principio de presunción de inocencia y el principio in dubio pro reo ,y aunque uno y otro sean manifestación de un genérico favor rei, existe una diferencia sustancial entre ambos: el principio in dubio pro reo sólo entra en juego cuando exista una duda racional sobre la real concurrencia de los elementos del tipo penal, aunque se haya practicado una prueba válida con cumplimiento de las correspondientes garantías procesales. Declaración de la víctima que no colma las exigencias de trasladar una convicción plena sobre la falta de consentimiento en algunos de los actos sexuales realizados.
