Resumen: La esencia de la alevosía se encuentra en una conducta agresora orientada al aseguramiento de la ejecución en cuanto tiende a la eliminación de la defensa, y de eventuales riesgos para el actor procedentes del perjudicado que se reflejan en los medios, modos o formas empleados; y que venga caracterizada por asegurar el resultado, impidiendo la defensa del atacado y suprimiendo los riesgos que de ella pudieran derivarse para el agresor. El carácter sorpresivo de la acción a traición, tiende a suprimir la posibilidad de defensa, pues quien no espera el ataque difícilmente puede prepararse contra él. Esta modalidad de la alevosía es apreciable también en los casos en los que se ataca sin previo aviso y cuando, aun habiendo mediado un enfrentamiento, se produce, imprevisiblemente, un cambio cualitativo en la situación. Otra modalidad de alevosía se aprecia en los casos de emboscada, trampa o similar en la que el ataque se prepara de forma que se asegure contra cualquier posible defensa del agredido.
Resumen: Subtipo atenuado del art. 368.2º CP. Caracterización. El artículo vincula la atenuación a dos parámetros que no necesariamente han de exigirse acumuladamente basta una de las alternativas -o menor antijuricidad, o menor culpabilidad-, y no la concurrencia de ambas. La conexión de antijuridicidad, también denominada prohibición de valoración, supone el establecimiento o determinación de un enlace jurídico entre una prueba y otra, de tal manera que, declarada la nulidad de la primera, se produce en la segunda una conexión que impide que el Tribunal sentenciador pueda considerarla como material probatorio a los efectos de poder enervar la presunción de inocencia del acusado. Declarada la validez de unos medios de prueba en casación, si no aparecen elementos sobrevenidos novedosos, no cabe replantear la cuestión en el recurso entablado contra la nueva sentencia fruto de la anulación en casación de la primera. Dilaciones indebidas posteriores al juicio. Los retrasos en el dictado de la sentencia pueden ser tenidos en cuenta, pero siempre con mayores prevenciones. Los tiempos invertidos en la tramitación y resolución de los recursos solo excepcionalmente han de manejarse a estos efectos. Es necesario acreditar una singular aflictividad que justifique esa mayor eficacia atenuadora pretendida.
Resumen: La posibilidad de concurrencia de formas imperfectas de ejecución en el delito de tráfico de drogas ha sido admitida con criterio restrictivo, por entender que constituye un delito de peligro abstracto y de mera actividad. Excepcionalmente, se ha admitido la imperfección delictiva en los actos de tráfico atribuidos al adquirente. La apreciación de la tentativa requiere no haber participado en las operaciones previas al transporte, ni llegar a tener la disponibilidad efectiva de la droga. El motivo esgrimido al amparo del art. 849.2 LECrim exige: a) que se trate de verdadera prueba documental; b) que evidencie el error de algún dato o elemento fáctico o material con poder demostrativo directo; c) que el dato que el documento acredite no esté en contradicción con otros elementos de prueba; d) que el dato contradictorio así acreditado tenga la virtualidad de modificar el fallo. El motivo por incongruencia omisiva no puede prosperar si previamente no se ha intentado su subsanación. Con el art. 267.5 LECrim se quiere evitar que el tribunal ad quem haya de reponer las actuaciones al momento de dictar sentencia, con las consiguientes dilaciones, para obtener el pronunciamiento omitido.
Resumen: La explicación del silencio inicial no pasa necesariamente por la mendacidad del relato como pretende el recurrente. Ciertamente postergar el momento de la denuncia puede acarrear la imposibilidad de recabar algunos hipotéticos elementos probatorios. Pero eso no supone la indefensión constitucionalmente proscrita que ha de estar vinculada a actuaciones del Estado, y no a conductas de particulares; menos cuando éstos se limitan a acogerse a facultades que la ley les reconoce. El retraso ha de ser tomado en consideración. Puede suponer para la acusación la imposibilidad de hacer valer otros elementos de prueba. Es, por otra parte, elemento a ponderar a la hora de graduar la credibilidad y fiabilidad del denunciante. Pero ni queda descalificada por ese mero dato; ni impide valorar el cuadro probatorio global existente. El retraso en denunciar el delito sexual no es dato neutro: puede y ha de ser valorado para testar la credibilidad a otorgar al testigo. Pero ahí se agota su relevancia. La declaración de la víctima viene adornada de características que la dotan de fiabilidad. El arma usada (que sea calificable como cuchillo grande o no tan grande es indiferente y puramente valorativo: tiene 7,5 cm de hoja), el lugar donde se dirigió el ataque (garganta), las expresiones que acompañaron a la agresión ("si no eres para mi no serás para nadie") no permiten abrir paso a otra hipótesis alternativa a la tentativa de homicidio.
Resumen: La Sala confirma la sentencia dictada en la instancia, que condenó al acusado por entrar de forma reiterada durante varios días en la zona de exclusión, próxima al domicilio de la persona a la que tenía prohibido aproximarse, controlada por dispositivo telemático. Presunción de inocencia. Elemento subjetivo del tipo. El quebrantamiento es un delito esencialmente doloso. El dolo consiste en conocer la prohibición y encontrarse voluntariamente en la zona afectada por ella. No es necesario un dolo específico de querer quebrantar. La imprudencia no es compatible con el incumplimiento reiterado.
Resumen: El recurso de casación está sometido a exigencias formales y materiales. Debe formularse en términos inteligibles y respetuosos con las reglas de la racionalidad general que faciliten la clara identificación de los gravámenes y de los motivos que fundan las respectivas pretensiones. Valoración de la prueba: el cuadro probatorio no puede analizarse por trazos. Los datos que arrojan los medios probatorios no conforman subsecuencias aisladas. Su valoración debe ser abordada desde una unidad lógico-cognitiva.
Resumen: No se ha producido la vulneración del principio acusatorio; los recurrentes han sido condenados por idénticos hechos por los que habían sido acusados. Lo que se ha cuestionado a lo largo de todo el procedimiento es que el accidente denunciado efectivamente se produjera o que se hubiera producido de manera y con alcance distinto al denunciado, habiendo tenido por tanto los acusados ocasión de defenderse en un debate contradictorio. Además, los hechos han sido correctamente calificados; los acusados, de común acuerdo, simularon un accidente proveyéndose de distintos documentos que presentaron ante los órganos civil y penal, aparentando la existencia de un determinado accidente entre los dos vehículos que describe el hecho probado, simulando además que como consecuencia de ello habían sufrido determinadas lesiones por las que debían ser indemnizados. Con el fin de obtener un pronunciamiento judicial condenatorio de la aseguradora al pago de sendas indemnizaciones, entablaron los correspondientes procedimientos, penal unos y civil otros. Todo ello supuso un medio hábil para lograr superar las funciones de control que corresponden al juez, no puede negarse a tales documentos aptitud para producir determinados efectos en el procedimiento en contra de los intereses de la compañía aseguradora, que tuvo que acreditar por informe pericial que el accidente no pudo ocurrir, momento en que dos de los acusados renunciaron a las acciones penales.
Resumen: No comparte la Sala la alegación del recurrente de que la declaración testifical del agente, fuera de servicio, que detuvo al acusado no es suficiente prueba de cargo, porque perdió de vista a la persona que fracturó la ventanilla del coche y es imposible que fuera el acusado, ya que éste caminaba tranquilamente por la calle y no tiene ninguna relación con los hechos ocurridos; la parca verde que llevaba es muy normal, sin ningún signo distintivo y no ha aparecido el neceser que se dice fue sustraído, y que, en el caso de que se hubiera cometido el delito, sería en grado de tentativa, por lo que procedería una rebaja de pena. El Tribunal entiende que la decisión judicial es razonable y lógica, la declaración testifical es contundente en la acreditación del hecho y la autoría en el modo argumentado en la sentencia. Existió plena disponibilidad de lo sustraído ya que el acusado tuvo tiempo para deshacerse del objeto. Recordándoles al efecto que en los delitos patrimoniales de apoderamiento la consumación delictiva viene vinculada a la disponibilidad de los efectos sustraídos, y más que la real y efectiva, que supondría la entrada en la fase de agotamiento, debe tenerse en cuenta la ideal o potencial capacidad de disposición o realización de cualquier acto de dominio de la cosa sustraída. Las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal deben hallarse, a efectos de su apreciación, tan probados como el hecho delictivo mismo, lo que aquí no ocurre, como se razona.
Resumen: La presunción de inocencia permite al Tribunal de apelación constatar si la sentencia de instancia se fundamenta en: a) una prueba de cargo suficiente, referida a todos los elementos esenciales del delito; b) una prueba constitucionalmente obtenida, es decir, que no sea lesiva de otros derechos fundamentales, requisito que nos permite analizar aquellas impugnaciones que cuestionan la validez de las pruebas obtenidas directa o indirectamente mediante vulneraciones constitucionales y la cuestión de la conexión de antijuridicidad entre ellas; c) una prueba legalmente practicada, lo que implica analizar si se ha respetado el derecho al proceso con todas las garantías en la práctica de la prueba; y d) una prueba racionalmente valorada, lo que implica que de la prueba practicada debe inferirse racionalmente la comisión del hecho y la participación del acusado, sin que pueda calificarse de ilógico, irrazonable o insuficiente el iter discursivo que conduce desde la prueba al hecho probado. Lo que ha de examinarse por el Tribunal de apelación es si la valoración del Tribunal sentenciador se ha producido a partir de unas pruebas de cargo constitucionalmente obtenidas y legalmente practicadas y si dicha valoración es homologable por su propia lógica y racionabilidad.
Resumen: El tribunal de instancia contó con suficiente prueba de cargo -testificales y reconocimiento de la acusada- que evidencian la existencia de la orden y su incumplimiento, versando la única discrepancia sobre si la recurrente formaba o no parte de la guardia de seguridad, lo que queda acreditado por la orden general en la que aparece como tal y, en consecuencia, como dependiente del jefe de la guardia de seguridad que emitió la orden. La prueba fue valorada por el tribunal sentenciador de forma racional, no de forma errática, irracional o contra la lógica más elemental. El motivo de casación invocado al amparo del art. 849.2. LECRIM debe ser desestimado, ya que el invocado error en la apreciación de la prueba no se basa en documentos que obren en autos sino en pruebas personales, como son las declaraciones de los testigos y de la acusada, aunque estén documentadas, medios probatorios en cuya valoración no puede entrar la sala, que carece de la necesaria inmediación.
