Resumen: El recurso de apelación se articula sobre dos ejes: el error en la valoración de la prueba y la consiguiente vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia, al entender la recurrente que no existe prueba de cargo suficiente que acredite su cooperación necesaria en el delito de conducción sin permiso cometido. En concreto, se sostiene que no ha quedado probado que conociera que el conductor carecía de licencia ni que, a sabiendas de ello, le permitiera conducir. Tales motivos no prosperan. El recurso de apelación permite una revisión plena, pero en atención a los principios de inmediación y contradicción, solo cabe corregir el relato fáctico cuando se evidencie un error patente o una valoración ilógica o arbitraria de la prueba. El Juzgador de instancia ha efectuado una valoración racional y conjunta del material probatorio conforme al art. 741 LECrim. La cooperación necesaria en el art. 384 CP exige la concurrencia de un elemento objetivo facilitar o consentir el uso del vehículo y uno subjetivo conocimiento de que el conductor carece de permiso. Ambos requisitos resultan acreditados en el caso. Consta que la recurrente era la titular del contrato de arrendamiento de los vehículos, figurando como única conductora autorizada, y que se hallaba en el asiento del copiloto cuando el coacusado conducía, lo que evidencia un consentimiento efectivo y un dominio funcional del hecho. A ello se añade la relación sentimental entre ambos y la omisión deliberada del conductor autorizado en el contrato, indicios suficientes y razonables de que la recurrente conocía la carencia de permiso y, pese a ello, permitió la conducción. No se trata de una presunción de culpabilidad ni de una solidaridad pasiva, sino de una contribución esencial sin la cual el delito no se habría cometido. Existe, por tanto, prueba de cargo válida, suficiente y obtenida con todas las garantías, que enerva la presunción de inocencia. En consecuencia, no apreciándose error en la valoración probatoria ni vulneración de derechos fundamentales, se desestima el recurso y confirma la sentencia impugnada.
Resumen: Recurso contra sentencia condenatoria por delito leve de injurias. La denunciante no fue categórica respecto a la expresión vertida. Manifestó que el vídeo grabó todo el incidente. En el vídeo no se dice por el denunciado la expresión injuriosa. Estimación del recurso y absolución del recurrente.
Resumen: El Tribunal afirma que la corrección del progenitor comprende una serie de posibilidades, cómo es advertir, amonestar o reprender al menor, que persiguen la finalidad de educarlo. A su vez, la forma de educar debe ser de manera proporcionada, tal y cómo refiere el Ley 25/2010, de 29 de julio, del libro segundo del Código civil de Cataluña. Interpretado así, el significado de la corrección entra en juego el cuerpo de doctrina de la Sala II del Tribunal Supremo, sobre el art. 153.2 del Código Penal y, es que los comportamientos violentos no tienen amparo en el derecho de corrección, ya que una bofetada no es un mecanismo para educar a un menor, comporta el ejercicio de la violencia sobre el mismo y, lo que es más complejo, supone educar al menor en la idea de que la violencia es un mecanismo apto para solventar problemas, en lugar de usar otro tipo de herramientas, cómo es el dialogo con el menor o, reforzar positivamente conductas más éticas y, sin embargo, negativamente aquellas que no lo sean.
El Tribunal considera que no procede aplicar el subtipo atenuado previsto en el art. 153.4 del CP.
Resumen: La parte recurrente considera que la sentencia de instancia ha infringido: los arts. 24.2 y 25.2 CE, en lo que se refiere al derecho fundamental a la presunción de inocencia, al derecho a una defensa con las debidas garantías, así como el principio de legalidad y el art. 19 LORDGC. Conforme a lo dispuesto en el art. 88.2.e) LJCA, puede apreciarse que existe interés casacional objetivo cuando la sentencia interprete o aplique, infringiéndolas, normas constitucionales sobre derechos fundamentales. Como las alegaciones del recurrente se centran en ello, sin prejuzgar ahora el fondo del asunto -pues se trata únicamente de decidir sobre la admisibilidad del recurso-, se acepta la existencia de dicho interés casacional objetivo, lo que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 88.1 LJCA, exige que el recurso deba ser admitido a trámite.
Resumen: En el escrito de preparación, se aduce por el recurrente que el interés casacional que el caso presenta se concreta en los siguientes extremos relativos a la sentencia impugnada: a) infracción del art. 24.2 CE, por por vulneración del derecho a la presunción de inocencia; b) infracción del art. 5.4 LOPJ; c) infracción del art. 25 CE, por vulneración del principio de legalidad; d) vulneración del art. 19 LORDGC, individualización y proporcionalidad de la sanción. La sala coincide con el recurrnete en cuanto a la existencia de interés casacional objetivo, en los términos en que "a priori" se plantea y con los necesarios ajustes normativos y jurisprudenciales, sin perjuicio de que la sentencia que llegara a dictarse pueda extenderse a otras cuestiones que exigiere el debate finalmente trabado en el recurso.
Resumen: Interpone recurso de casación con base en tres motivos. En todos ellos denuncia vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia. Se recuerda el alcance de la casación en estos casos. El recurso de desestima. Se ha practicado prueba suficiente y ha sido racionalmente valorada. Por otro lado, se acuerda no revisar la condena. La regulación introducida por la LO 10/2022, teniendo en cuenta la naturaleza de la agresión sexual y la agravante específica de prevalimiento, no es más favorable.
Resumen: El derecho fundamental a la presunción de inocencia exige que toda condena se funde en verdadera prueba de cargo, válida, suficiente y practicada con todas las garantías del proceso contradictorio y público. La presunción de inocencia únicamente puede considerarse enervada cuando la actividad probatoria desplegada en el juicio oral posea un contenido inculpatorio directo o indiciario capaz de desvirtuarla. A su vez, debe diferenciarse dicho derecho del principio in dubio pro reo, que opera exclusivamente en la fase valorativa de la prueba cuando, existiendo prueba de cargo, el juzgador mantiene dudas razonables sobre su eficacia incriminatoria. Este principio solo entra en juego cuando exista propiamente duda y no para exigirla cuando no la hay. En el caso enjuiciado, la acusación atribuía al acusado un delito contra la salud pública del artículo 368 CP en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud. Este precepto tipifica un delito de peligro abstracto, consumado con la simple realización de cualquiera de las conductas típicas, sin necesidad de que se produzca un resultado lesivo. No obstante, exige como elemento subjetivo la existencia de un ánimo de difusión, que debe deducirse de las circunstancias concurrentes. La jurisprudencia ha establecido diversos indicadores para inferir dicho ánimo: cantidad de droga superior al autoconsumo, existencia de útiles de dosificación, dinero fraccionado, ocultación de sustancias, presencia de instrumentos de venta o circunstancias de la intervención policial. La prueba practicada consistió fundamentalmente en las declaraciones de los agentes, en la aprehensión de varias cantidades de 3-CMC tanto en la vía pública como posteriormente en el domicilio del acusado registro voluntario y no impugnado, en la intervención de diversas balanzas y dinero fraccionado, así como en el informe pericial y en la declaración del propio acusado. De dicha prueba podían derivarse indicios relevantes de actividad de distribución: el intento de eludir a los policías, la tenencia de sustancias en papelinas, el hallazgo adicional de droga en el domicilio y la presencia de varias balanzas. No obstante, la defensa centró su estrategia en impugnar la fiabilidad del análisis pericial, especialmente la ausencia de determinación de la pureza del 3-CMC y del sildenafilo, y en sostener que la sustancia no podía considerarse fiscalizada ni acreditado que causase grave daño a la salud. La jurisprudencia ha desarrollado la doctrina de la insignificancia o falta de toxicidad, aplicable de forma restrictiva, según la cual no resulta típica la conducta de transmisión o tenencia para el tráfico cuando la sustancia, por su mínima o nula toxicidad o por no superar la dosis mínima psicoactiva, no genera un riesgo penalmente relevante para la salud pública. Asimismo, solo cabe analizar el destino al autoconsumo si existen indicios consistentes de que el poseedor es consumidor habitual, dato que aquí no pudo acreditarse más allá de una mera alegación no respaldada por prueba objetiva. Debe recordarse igualmente el principio acusatorio, que impone al Tribunal la obligación de resolver únicamente sobre los hechos y calificaciones jurídicas que hayan sido introducidos por las partes en el debate contradictorio. En este caso, la acusación pública fundamentó su pretensión punitiva exclusivamente sobre la base de que el 3-CMC constituye una sustancia psicotrópica incluida en las listas del Convenio de 1971 y que, por su naturaleza, produce efectos psicoestimulantes. Sin embargo, la prueba pericial aportada no acreditó de manera concluyente ni la inclusión de la sustancia analizada en las listas fiscalizadas ni su pureza, ni mucho menos su capacidad de causar grave daño a la salud. Ante esta laguna probatoria defecto que afectaba al elemento objetivo esencial del tipo penal, carece de respaldo jurídico afirmar la tipicidad de la conducta. Así, aun existiendo indicios objetivos que apuntarían a un posible ánimo de tráfico, la ausencia de acreditación pericial suficiente sobre la naturaleza tóxica o psicotrópica de la sustancia incautada impide considerar desvirtuada la presunción de inocencia del acusado más allá de toda duda razonable, requisito imprescindible para dictar condena. La insuficiencia probatoria afecta al propio presupuesto del delito y no puede ser suplida mediante conjeturas o por la valoración aislada de elementos indiciarios que, por sí solos, carecen de aptitud para integrar el tipo penal. En consecuencia, y conforme a los principios constitucionales de presunción de inocencia y estricta tipicidad penal, procede dictar un fallo absolutorio al no haber quedado acreditado que el acusado realizara una conducta penalmente relevante en los términos del artículo 368 del Código Penal.
Resumen: El tribunal de instancia se apoyó en abundante prueba de cargo, válidamente obtenida, legalmente practicada y valorada con argumentos racionales, por lo que no se vio afectada la presunción de inocencia. Tampoco se vio afectado el derecho a los medios de prueba, pues la denegación acordada está adecuadamente motivada en derecho, sin que el recurrente señale los puntos de hecho que pretendía demostrar con los medios de prueba denegados, su conexión con los hechos investigados ni su necesidad en términos de defensa. El inamovible relato de hechos probados -conforme al cual, en síntesis, el recurrente se refirió en reiteradas ocasiones a otros militares: bien de superior empleo, con las expresiones «parece que se ha comido a ella misma» y «es una gorda de mierda» o «gilipollas», «tonto» y «cabrón»; bien de inferior empleo, con las expresiones «si nos comemos un puro, ella se va a comer la polla del novio», «panchita», «machupichu» o «por un par de tacones se va con cualquiera»; o bien de igual empleo, con las expresiones «tiene cara de mal follada», «es una puta inútil y no sirve como militar» o «es una mami que no servía para nada, una mal follada»- se subsume adecuadamente en los tipos penales aplicados, en sus modalidades de injurias graves, además de por la condición militar de sus destinatarios y por las circunstancias de tiempo y lugar en que se produjeron, por la propia entidad objetiva de las expresiones vertidas, que denotan el dolo del actor, atentan gravemente contra la disciplina y el compañerismo que debe regir las relaciones entre miembros de las FF.AA. y representan graves ofensas que atacan directamente a la fama, el honor y la dignidad de los ofendidos, por lo que revisten la gravedad suficiente para integrar los delitos apreciados, rebasando ampliamente lo que podrían considerarse meras «expresiones desafortunadas de tenue intensidad» que pudieran encontrar acomodo en el ámbito de lo disciplinario, degradación al ámbito disciplinario que no cabe realizar, como pretende el recurrente, por aplicación del principio de intervención mínima. No obstante, en cuanto a la individualización de las penas impuestas, se aprecia cierta desproporción de las mismas en relación con la entidad de los hechos, lo que lleva a estimar parcialmente el recurso únicamente en lo relativo a la entidad de las penas impuestas, considerándose más proporcionadas las penas de 6 meses de prisión por cada uno de los 5 delitos apreciados.
Resumen: Los distintos recursos interpuestos se articulan sobre dos ejes comunes: la invocación de la vulneración del principio de presunción de inocencia por error en la valoración de la prueba y la atipicidad de la conducta respecto de la sustancia intervenida. La presunción de inocencia queda enervada cuando la sentencia se fundamenta en prueba de cargo suficiente, lícita, practicada con todas las garantías y racionalmente valorada. La revisión del material probatorio confirma que el órgano a quo realizó una valoración ajustada a las reglas de la lógica y la experiencia, no apreciándose arbitrariedad, ilogicidad ni error patente. La abundante prueba practicada intervención de la sustancia, documentos incautados, presencia de los acusados en la carga, huida ante la aparición de la Guardia Civil y prueba pericial ratificada en juicio constituye prueba de cargo idónea para sustentar el fallo. En relación con la naturaleza de la sustancia, el cannabis intervenido más de 5.600 kg tiene la consideración de estupefaciente conforme a la Convención Única de 1961, siendo irrelevante la ausencia de concreción exacta de THC cuando, como aquí, se trata de sumidades floridas no destinadas a fines industriales. La alegada finalidad terapéutica o cultivo autorizado queda desvirtuada por el modo clandestino de transporte, su elevado valor económico y la conducta de huida, incompatibles con cualquier actividad lícita. Sobre esta base común, deben analizarse las alegaciones individuales. Respecto a un acusado sí merece la estimación parcial del recurso, pues de los hechos probados resulta únicamente su papel de intérprete, sin intervención en la carga ni dominio del hecho. Su aportación, periférica y sustituible, encaja en la doctrina jurisprudencial de la complicidad, por lo que debe ser considerado cómplice y no autor. En consecuencia, los recursos deben ser desestimados, salvo el de un acusado, que se estima parcialmente para calificar su intervención como cómplice, confirmándose en lo demás la sentencia apelada y declarando de oficio las costas.
Resumen: El juzgado de lo Penal condena al acusado como autor responsable de un delito de receptación a la pena de 1 año y 6 meses de prisión, Accesorias, costas procesales y responsabilidad civil.
la representación procesal de la acusación por el recurso de apelación alegando error en la valoración de la prueba, Ello en relación a la frase recogida en los hechos probados de la sentencia de "muy inferior a su valor actual, a sabiendas de su procedencia". Argumenta que el medio probatorio sobre el que se sustenta esta afirmación de los hechos probados es una tasación pericial que fue acordada después de que hubiera transcurrido el plazo previsto en el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento criminal. En consecuencia al tratarse de una diligencia acordada con posterioridad a este plazo, sería nula. Vulneración del derecho a la presunción de inocencia solicitando la revocación de la sentencia y la libre absolución. Subsidiariamente interesa que se aprecia la atenuante de dilaciones indebidas.
La audiencia Provincial estima recursos de apelación, revoca la sentencia y absuelve libremente al acusado.
