Resumen: La valoración de la prueba reflejada en la sentencia resulta lógica, razonable, acorde con las leyes de la ciencia y las máximas de experiencia. La información obtenida a través de la prueba conduce a concluir sin género de duda que las lesiones objetivadas a través de las pericias documentadas obrantes en autos les fueron infringidas por el acusado, sin que haya resultado acreditado que él se defendiera de una agresión previa o de la pretensión de sustracción de una bicicleta, porque no presentaba lesión alguna derivada de esa supuesta agresión de la que dice haber sido objeto y porque los testigos directos observaron en él una actitud agresiva y no defensiva, ya que primero lo vieron golpear a un chico y después a otro sin solución de continuidad y sin que le hubiera golpeado previamente a él. El informe médico forense se concluye que los rasgos de personalidad del acusado podrían determinar una disminución de sus capacidades cognitivovolitivas en aquéllas conductas antisociales con características de escasa elaboración llevadas a cabo en un entorno grupal y si bien tales circunstancias no son suficientes para apreciar en él una alteración psíquica, sí son indicativas de una alteración leve, no tanto de su capacidad de compresión, como de su capacidad de actuación conforme a dicha compresión, que tiene encaje en la atenuante analógica. Se considera la pena proporcionada por la entidad de los hechos y su capacidad económica y la responsabilidad civil ponderada y ajustada.
Resumen: Confirma parcialmente la sentencia del Juez Penal que condena a un acusado como autor del delito de obstrucción a la Justicia. Acusado que dirige a otro amenazas de muerte con el propósito de que retire la denuncia que ha presentado contra su hijo. Facultades del tribunal de apelación en orden a revisar la valoración de las pruebas realizadas por el Juez de primer grado. El tribunal de apelación debe limitarse a comprobar la racionalidad de la decisión recurrida y la regularidad de la prueba utilizada. El delito de obstrucción a la Justicia se configura con autonomía propia respecto de comportamientos hasta entonces calificados como delitos de amenazas y coacciones, que ahora las subsume, sobre la idea básica de protección del libre y adecuado funcionamiento de la función jurisdiccional. La condición de sujeto activo del delito no resulta limitada a quién sea parte en el procedimiento sino que puede ser un tercero allegado a la condición de denunciado. La dinámica comisiva requiere necesariamente el empleo de violencia o intimidación como medios de atemorizar a las personas que menciona el tipo penal. Principio acusatorio que limita la facultad sancionadora en términos que impide imponer pena superior a la interesada por las acusaciones.
Resumen: Recuerda el Tribunal que la alegación de la infracción del principio de presunción de inocencia obliga a comprobar: Que se dispone de prueba con un contenido de cargo obtenida y aportada al proceso con observancia de lo dispuesto en la Constitución y en la ley procesal y que tal prueba es razonable y razonadamente considerada suficiente para justificar la condena penal. También reseña que en nuestro Derecho procesal penal rige el principio general de que se ha de considerar prueba exclusivamente la que se practica en el Plenario, donde se somete a los principios de contradicción e inmediación, ante lo cual cuando un Tribunal diferente al que la practica debe revisar los hechos declarados probados se halla ante una serie de limitaciones que vienen determinadas por la propia naturaleza de recursos plenos, como es el de apelación. Sólo cuando la convicción del Juez se encuentre totalmente desenfocada, o no exista, o sea manifiesto su error en la apreciación del material probatorio, puede revisarse la fijación que de los hechos haya efectuado y, por consiguiente, rectificar o invalidar las consecuencias jurídicas que haya extraído. Concurren los requisitos del tipo del delito de hurto al haber aprovechado la condición de trabajador de la empresa que le subcontrató para acceder a las instalaciones de la empresa contratante y hacerse con el cobre de pertenencia ajena, siendo los hechos cometidos constitutivos de un delito de hurto y no de un delito leve continuado de hurto
Resumen: Proposición de homicidio al Presidente del Gobierno. Hubo seriedad determinativa de dar muerte al Presidente del Gobierno: había plan determinado, víctima concreta y petición de ayuda a terceros concretos para que le aportasen la información precisa de los movimientos del presidente del Gobierno, para ejecutar lo decidido. El arma ocupada debe clasificarse como arma de guerra, al estar en perfectas condiciones de uso, pese haber sido inicialmente modificada, con aptitud de ocasionar riesgo letal para terceros. No cabe la apreciación alternativa prevista para supuestos de menor riesgo en función de la cantidad y clase de munición ocupada. Inexistencia de prueba objetiva de afección alguna a las capacidades intelectivas y volitivas del acusado. No puede apreciarse la atenuante de dilaciones indebidas. La pena correspondiente al delito de proposición al homicidio es la inferior en uno o dos grados a la del delito consumado, que es la del homicidio constitutivo de un delito de atentado.
Resumen: El Tribunal considera que las tarjetas de aparcamiento para personas con discapacidad constituyen documentos oficiales y no documentos de identidad. La sentencia impugnada condenó por un delito de falsedad de documento de identidad y el Tribunal considera que vulneraría el principio acusatorio si en la segunda instancia condenara por un delito de falsedad en documento oficial. Los delitos de los arts. 392.2 y 393 CP podrían calificarse de homogéneos, en cuanto se encuentran en la misma línea de tutela de valores jurídicos, pero el delito del art. 393 CP, incorpora elementos de naturaleza subjetiva que le hacen ser sustancialmente distinto, y lo que resulta decisivo, de los que no ha tenido el acusado oportunidad de defenderse. Y es que la hipotética condena por tal delito en esta alzada implicaría la introducción de un elemento nuevo, en concreto el relativo a haber actuado en perjuicio de otro, que no podría hacerse sin generar indefensión al acusado pues la concurrencia de dicho elemento no consta que fuera objeto de debate y discusión en el juicio.
Resumen: Confirma la sentencia del Juez Penal que condena a un acusado como autor de un delito continuado de prevaricación administrativa. Alcalde que facilita el acceso a puestos de trabajo en la Administración pública municipal sin cumplir los requisitos legales establecidos para proceder a dicha contratación. Delito de prevaricación administrativa. Elemento subjetivo del tipo penal. Competencia del Juzgado Penal determinada por la calificación de los hechos según la legalidad vigente en la fecha de su comisión, previa a la reforma de la L.O. 1/2015. La conducta del acusado es típica por cuanto no es meramente ilegal, sino injusta y arbitraria. Principios de legalidad y de taxatividad de la ley penal que se estiman realizados en la tipificación penal del delito de prevaricación administrativa, al definirse en el tipo penal con suficiente precisión tanto la acción punible como la pena a imponer. Diferencias entre el tipo penal de nombramiento ilegal para cargo público y la prevaricación administrativa por dictado de una resolución injusta. En el caso no se está ante un supuesto aislado de nombramiento ilegal de una persona que carece de las condiciones para acceder a un determinado puesto en la administración pública, sino ante una forma de proceder consolidada por la que se accedía a cargos públicos del Ayuntamiento sin respetar los principios constitucionales de mérito, capacidad y libre concurrencia.
Resumen: Discrepancia en la valoración de los informes periciales sobre credibilidad de la víctima. El tribunal de apelación ha llegado a conclusiones divergentes de las establecidas por los peritos pero lo ha hecho de forma motivada y en el ejercicio de las facultades que le correspondían en la valoración de la prueba. Las periciales fueron puestas en cuestión como elemento de corroboración de las declaraciones de las menores por sus deficiencias técnicas y por no tomar en consideración aspectos relevantes tales como la situación de conflictividad familiar o la incidencia que en la versión de las menores y en su fiabilidad pudieran haber tenido las numerosas intervenciones previas de especialistas y familiares durante un prolongado periodo de tiempo. No pueden invocarse los derechos de las víctimas o la especial protección que la ley concede a los menores de edad para alterar en lo esencial el principio de presunción de inocencia y pretender un régimen de valoración probatoria menos garantista. Por otra parte, no cabe atribuir a la declaración de la víctima el carácter de prueba privilegiada en el sentido de afirmar su credibilidad simplemente porque el testigo es la víctima del hecho. La sentencia de apelación entiende que no cabe atribuir a la declaración de la víctima un valor privilegiado o reforzado, entre otras razones porque la condición de víctima es una atribución que deriva del resultado de la valoración probatoria.
Resumen: Toda persona que ha sido declarada culpable de un delito tiene derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un Tribunal superior, que controle la corrección del juicio realizado en primera instancia, revisando la aplicación de las reglas que han permitido la declaración de culpabilidad y la imposición de la pena en el caso concreto. El recurso de apelación otorga plenas facultades al Juez o Tribunal ad quem para resolver cuantas cuestiones se planteen, sean de hecho o de Derecho, por tratarse de un recurso ordinario que permite un novum iuditium. El deseo de justicia derivado del sufrimiento generado por el propio hecho delictivo no puede calificarse en ningún caso de motivación espuria que pueda viciar la credibilidad de la declaración de la víctima.
Resumen: Caso Bankia. Constitución y salida a Bolsa. La sentencia recurrida es absolutoria. Se acusaba por falsedad en las cuentas sociales (artículo 290 del CP) y por fraude a los inversores (artículo 282 bis). Tutela judicial efectiva de las acusaciones: No compete al Tribunal Supremo, en el marco de un recurso de casación, testar la irrefutable capacidad de convicción de las razones que sustentan lo resuelto, frente a cualesquiera otras valoraciones alternativas, sino identificar la existencia de aquellas razones y comprobar que las mismas se sujetan a las reglas de la lógica, se distancian de la decisión meramente arbitraria o apodíctica. Error en la valoración de la prueba, artículo 849.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: la prueba pericial tiene naturaleza personal; solo excepcionalmente puede justificar este motivo de impugnación. Conformidad con la sentencia expresada telefónicamente por una de las Magistradas que celebró el juicio: en sí misma, no es motivo de nulidad.
Resumen: El contenido típico de la conducta consiste en coartar la libertad de la víctima por la superioridad derivada de la edad, posición social, y la superioridad del acusado. Se tienen en cuenta las circunstancias psicofísicas de la víctima que padecía un retraso mental moderado y alteraciones en su conducta, conservando la capacidad de autodeterminarse sexualmente, por lo que podía consentir y rechazar relaciones, pero el consentimiento fue obtenido, desde el prevalimiento del autor sobre la víctima derivado de la diferencia de edad y la superioridad física, intelectual y social.
