Resumen: La queja en relación con la valoración o apreciación de la prueba pericial debió canalizarse a través del art. 849.2 LECRIM. En el caso, no concurren los requisitos para que pueda prosperar el motivo, ya que el informe pericial en que se apoya para la valoración de los objetos sustraídos no fue desconocido por el tribunal de instancia, sino que fue valorado por este de forma racional, exponiendo los motivos para considerarlo -al basarse la pericial en un estudio de mercado- y teniendo en cuenta otros medios de prueba. Por otra parte, la queja referida al hecho de no ser conocido el propietario de las válvulas sustraídas, como circunstancia determinante de la inexistencia del delito, carece de toda consistencia. El hecho de que los objetos sustraídos no estuvieran inventariados no significa que carecieran de propietario. El tipo del art. 234.1 CP exige que la cosa sea ajena, es decir, que no sea del sujeto activo, que no se trate de res nullius, res derelictae ni res communes omnium. Concurre el elemento típico de la ajenidad, ya que las válvulas sustraídas no eran del recurrente, resultando fácil concluir que eran de la Armada, habida cuenta del lugar donde se encontraban y su finalidad. Por último, la queja sobre infracción del principio de legalidad articulada al amparo del art. 849.1 LECRIM no puede estimarse, al no respetar el relato de hechos probados en cuanto al valor de lo sustraído.
Resumen: Estima el recurso de apelación, revoca la sentencia condenatoria y absuelve al acusado al no considerar probada la autoría en los mensajes amenazantes recibidos por su exmujer. La sentencia de instancia fundamentaba la condena en la declaración de la víctima y en la documental consistente en pantallazos de los WhatsApp en los que se recogen las amenazas e insultos denunciados. La declaración de la víctima debe reunir una serie de filtros o parámetros valorativos integrados por la ausencia de incredibilidad subjetiva (inexistencia de móviles espurios que hagan pensar en una denuncia falsa), verosimilitud en el testimonio (corroboraciones objetivas periféricas) y persistencia en la incriminación. La superación de este triple filtro no determina que deba ser tenida como válidamente inculpatoria, debiendo pasar a ser confrontada con el resto de las pruebas practicadas. Las comunicaciones bidireccionales por vía telemática, cuando uno de los interlocutores niegue su autoría en los mensajes vertido, debe someterse a prueba pericial cuya práctica corresponde a la parte que intente valerse de los mensajes y que ponga de manifiesto fuera de toda duda el origen, autoría y falta de manipulación de los mismos. No se ha practicado dicha prueba y la declaración de la denunciante se considera insuficiente para quebrar la presunción de inocencia al no ser corroborada por el resto de las pruebas válidamente obtenidas y practicadas en el juicio oral.
Resumen: El tribunal sentenciador contó con suficiente prueba de cargo, válidamente obtenida y regularmente practicada, de la que, a través de un razonamiento que obedece a criterios lógicos y razonables y sin atisbo alguno de arbitrariedad, obtuvo la convicción de los hechos que declaró probados en la sentencia recurrida, por lo que quedó enervado el derecho fundamental a la presunción de inocencia. El relato de hechos probados se incardina adecuadamente en el tipo disciplinario aplicado, al concurrir todos sus elementos: la conducta observada por el comandante de la Guardia Civil recurrente tuvo una proyección externa, al ser conocida por diferentes personas ajenas al Instituto Armado no solo su pertenencia al cuerpo, sino, incluso, su posición de mando; la conducta infringió el bien jurídico protegido por la norma, concretado en la dignidad de la Guardia Civil, bien jurídico equivalente al prestigio, crédito, buena fama o buen nombre de la Institución, lo que exige que se evite todo comportamiento que pueda comprometer aquellos valores; concurre el elemento objetivo de la gravedad de la conducta, habida cuenta del tono exigente y altivo empleado por el recurrente para protestar por la falta de asistencia médica a su pareja, queja desplegada con absoluta falta de mesura, respeto y consideración al personal del centro de salud, lo que determinó que, a la vista del cariz que iba tomando su comportamiento, hubiera de darse aviso a la Policía Nacional, que desplazó un equipo al centro.
Resumen: Falsear, verbo típico, supone mentir, alterar o no reflejar la verdadera situación económica o jurídica de la entidad en los documentos contables propiciando la lesión al derecho de los destinatarios de la información social, que pueden ser los socios o terceros, a obtener una información completa y veraz sobre la situación jurídica y económica de la sociedad. El "plazo razonable" es un concepto mucho más amplio y más orientado a la duración total del proceso, que significa el derecho de todo justiciable a que su causa sea vista en un tiempo prudencial, y ha de tener como índices de referencia la complejidad de la misma y los avatares procesales de otras de la misma naturaleza, junto a los medios disponibles en la Administración de Justicia. El recurrente se limita a expresar el apoyo de su pretensión los 6 años transcurridos desde la denuncia de los hechos hasta su definitivo enjuiciamiento obviando la complejidad de la causa, las periciales contradictorias que se han practicado, las dificultades en la obtención de la documentación que se ponen de manifiesto en la relación del hecho probado. Indudablemente, es preciso una mayor premura en enjuiciamiento de los hechos pero en la causa no se constatan la existencia de interrupciones indebidas que justifiquen la atenuación sobre la extraordinaria e indebida dirección en el enjuiciamiento.
Resumen: Tras celebrar juicio oral la Audiencia dicta sentencia absolutoria. Aun cuando en lo que respecta al modo en que se desarrolló la intervención la Sala otorga plena fiabilidad a la versión de los agentes de la Policía local actuantes, las circunstancias en que tuvo lugar el acceso de los funcionarios a la vivienda que constituía el domicilio de los acusados, en la medida en que no permiten concluir que el consentimiento que estos prestaron lo fuera libremente, en las condiciones de serenidad y libertad necesarias y desprovisto de cualquier presión psicológica, cual se exige jurisprudencialmente, privan de validez a dicho acceso y, correlativamente, a las pruebas que se obtuvieron al entrar. De ahí que no existiendo ninguna otra prueba que incrimine a los acusados, proceda la libre absolución en aplicación del principio de presunción de inocencia. En este caso el presunto delito que pudiera estar cometiéndose en la vivienda no se descubrió antes de la entrada de los agentes. La versión de los funcionarios es que habida cuenta que un acusado se mostraba incapaz de encontrar la documentación del otro con las indicaciones que le daba desde el exterior, les hicieron saber tendría que irse con ellos a las dependencias policiales para su identificación, ante lo cual los acusados plantearon que, como quiera que no permitían que uno entrara solo a la vivienda, accediera acompañado de los agentes. La situación en que se encontraba el acusado privado de libertad vicia el consentimiento.
Resumen: Alegada la vulneración de la presunción de inocencia recuerda el Tribunal que supone que no es el acusado a quien corresponde demostrar que es inocente frente a la acusación que contra él se formula, sino que es a quien la mantiene a quien compete acreditar la imputación mediante las correspondientes pruebas, practicadas con validez jurídica y que puedan objetivamente reputarse como pruebas de cargo. La Sala ha constatado que en la instancia se practicó prueba de cargo adecuada y suficiente (concretamente la testifical del agente de la Policía Nacional , dos testigos y prueba documental que obra unida a los autos, obtenida constitucionalmente y practicada legalmente, al haberse respetado el derecho al proceso con todas las garantías; prueba que fue valorada por el juez a quo y que le permitió llegar al pronunciamiento condenatorio que ahora se cuestiona. La valoración realizase es correcta y no solo no incurre en error alguno que deba de ser objeto de corrección en esta instancia, sino que es detallada, precisa y rigurosa; limitándose el recurrente a invocar en su recurso la insuficiencia de la prueba de cargo practicada en su contra. La prueba directa de los hechos corroborada con la indiciaria permite concluir que la labor realizada por el juez merece ser calificada como acertada y coherente al valorar pruebas sólidas y determinantes; apreciándose por el contrario que el recurrente aspira a desbancar la imparcial valoración probatoria por la subjetiva y parcial suya.
Resumen: El condenado por conducir un vehículo a motor bajo la influencia de bebidas alcohólicas apela la sentencia y aduce vulneración de derechos fundamentales, puesto que la prueba de alcoholemia ponderada por el Juzgador "a quo" para alcanzar la convicción inculpatoria adolece de nulidad, ya que se llevó a cabo infringiendo las exigencias y formalidades establecidas en el art.14 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad, denunciando igualmente infracción del principio"in dubio pro reo". La Audiencia desestima el recurso. Arguye el apelante que fue informado de los derechos a una vez practicada la prueba de alcoholemia y no con antelación. Siendo de todo punto evidente que la constancia por escrito de la prueba y de la información de derechos se documentó con posterioridad a la efectiva realización de las misma, tal anomalía de naturaleza sistemática en la confección del atestado documentador de la investigación carece de la relevancia pretendida y no afectó al derecho de defensa del entonces sometido a la prueba y luego acusado, ello habida cuenta de que tanto la transcrita advertencia, la posibilidad de contrastar los resultados obtenidos, así como el derecho a formular las observaciones y alegaciones que tuviere por conveniente efectuar el conductor objeto de examen, se hace constar en el acta policial que se levanta tras la medición policial, constatándose asimismo la recepción de dicha información por parte del interesado.
Resumen: Confirma la sentencia de la Audiencia que condena a un acusado como autor de un delito contra la salud pública referido a sustancias que causan grave daño a la salud en la modalidad atenuada por menor entidad. Circunstancia agravante de reincidencia procedente de una condena anterior cuya pena ha sido suspendida condicionalmente. No concurre por cancelación del antecedente penal. El inicio del cómputo para la cancelabilidad es el día siguiente a aquel en que se acordó la suspensión de la pena, una vez transcurrido el plazo de la suspensión sin haber sido condenado por un nuevo delito. Facultades del tribunal de apelación al revisar la valoración probatoria realizada por el tribunal de primer grado. Aseguramiento de la cadena de custodia que garantiza que la sustancia estupefaciente intervenida en el acto policial es la misma que ha sido puesta a disposición del proceso y analizada cuentíficamente. Atenuante de dilaciones procesales indebidas. No se aprecia al no identificarse paralizaciones procesales durante dieciséis meses.
Resumen: Confirma la sentencia de la Audiencia que condena a dos acusadas como autoras de un delito continuado de estafa. Acusadas contratadas como cuidadoras de dos ancianos que se valen de la confianza depositada en ellas para realizar diversas disposiciones dinerarias y compras particulares con cargo sobre las tarjetas de crédito de los asistidos, sin conocimiento de éstos. Presunción de inocencia y prueba de cargo. Facultades del tribunal de apelación al revisar la valoración probatoria realizada por el tribunal de instancia. Delito de estafa. Engaño típico mediante una manipulación informática o artificio semejante. Introducción del PIN secreto para autorizar las operaciones de pago. Agravación de la estafa por razón de la cuantía. Aunque individualmente las cantidades dispuestas por una de las acusadas no alcanza los valores de la agravación, al tratarse de una actuación conjunta, se está a la cantidad defraudada acumulada por las dos acusadas. Atenuante de reparación del daño. No se acoge ante la consignación de un importe ínfimo en relación con la cantidad defraudada y a no videnciarse un especial esfuerzo reparador. Responsabilidad civil directa de la compañía aseguradora cuyo contrato cubría la responsabilidad civil de la empresa que seleccionó y conctrató a las cuidadoras. La acción directa es inmune a las excepciones que puedan corresponder al asegurador contra el asegurado.
Resumen: Se cuestiona en el recurso la legalida de la entrada y registro autorizada judicialmente. La exigencia de motivación suficiente de la autorización judicial de este tipo de injerencias obliga a expresar con detalle el juicio de proporcionalidad entre la limitación que se impone al derecho fundamental restringido y su límite, argumentando la idoneidad de la medida, su necesidad y el debido equilibrio entre el sacrificio sufrido por el derecho fundamental limitado y la ventaja que se obtendrá del mismo. Prohíbición de las investigaciones meramente prospectivas. Para autorizar una entrada y registro no bastan simples sospechas o la afirmación de hipótesis o meras suposiciones y conjeturas. Se exige que las sospechas estén objetivadas, en un doble sentido: deben ser accesibles a terceros ya que, en otro caso, no serían susceptibles de control, y deben estar apoyadas o corroboradas por una base real de la que pueda inferirse que se ha cometido o que se va a cometer el delito. Es insuficiente la mera afirmación de la existencia de una investigación previa, sin especificar en qué consiste, ni cuál ha sido su resultado por muy provisional que éste pueda ser. Estimación de complicidad derivada de actos de acompañamiento y funciones de lanzadera.
