Resumen: Debe rechazarse en casación, como cuestión nueva, el examen de aquellas cuestiones que no fueron planteadas en apelación, cuando el recurrente pudo hacerlo.
Sobre el artículo 183 quáter CP (actual 183 bis CP), no se trata de negar toda autonomía a las personas menores de 16 años en su esfera sexual, de prescindir de su evolución madurativa y del propio descubrimiento de la dimensión sexual de las relaciones personales; sino de asegurarse que, atendido el contexto relacional, el consentimiento de la persona menor de 16 años que excluye la responsabilidad penal de la persona con la que mantenga relaciones sexuales es, en efecto, libre. Que se neutralice todo riesgo de abuso. A la hora de evaluar la proximidad madurativa a los efectos del artículo 183 bis CP, no puede prescindirse del desarrollo de cada una de las personas y de sus propias etapas de crecimiento que suscitan los nuevos objetivos adaptativos. Solo en condiciones de desarrollo próximas puede medirse relacionalmente el grado de madurez que presenta cada una de las personas concernidas.
Resumen: Estima parcialmente la apelación y condena por delito de homicidio doloso, en lugar de asesinato por el que inicialmente fue condenado, concurriendo la agravante de abuso de superioridad y la atenuante de reparación parcial del daño. El acusado disparó intencionadamente y a corta distancia, a la altura de la cara, a la víctima con un arma de fuego, lo que le causó a este la muerte. Alonso mató intencionadamente a Maximiliano disparándole a la altura de la cara a corta distancia y sin darle opciones a defenderse. Se recurre por infracción de ley, vía impugnativa que requiere siempre partir de la inalterabilidad de los hechos que se declaran probados en la sentencia, sin añadir otros nuevos, ni prescindir de los existentes. Se impugna la condena inicial por delito de asesinato, considerando que no existe alevosía. Existe alevosía cuando el culpable comete cualquiera de los delitos contra las personas empleando en la ejecución medios, modos o formas que tiendan directa o especialmente a asegurarla, sin el riesgo que para su persona pudiera proceder de la defensa por parte del ofendido. En los hechos probados no se recogen circunstancias de modo o lugar precisas y objetivas, que permitan apreciar el carácter sorpresivo e inesperado de la acción homicida. Se aplica la agravante de abuso de superioridad que requiere: a) existencia de una significada diferencia de fuerzas a favor del agresor frente al agredido, derivado de los medios utilizados para agredir (superioridad medial) o de una pluralidad de atacantes (superioridad personal); b) disminución notable de las posibilidades de defensa del ofendido, sin que llegue a eliminarlas, pues si esto ocurre nos encontramos ante la alevosía; c) que el agresor conozca el desequilibrio de fuerzas y se aproveche de ella para una más fácil realización del delito; y d) que la superioridad de la que se abusa no sea inherente al delito. No se aplica la atenuante de dilaciones indebidas.
Resumen: Condena a un acusado como autor responsable de un delito de prevaricación administrativa. Acusado que, en calidad de presidente de un ente comarcal emite un decreto por el que suspende de sus funciones al Secretario del referido ente, a pesar de carecer manifiestamente de competencia para hacerlo, con lo que le impidió el acceso al organismo en que debía desempeñar sus funciones. Delito de prevaricación administrativa. Elementos objetivos y subjetivos del tipo penal. Debe tratarse de una resolución injusta y también arbitraria. Requiere un dolo específico por parte del autor que ha de comprender el conocimiento de la injusticia de la resolución y el dictado de la misma como expresión de una conducta arbitraria.
Resumen: El Tribunal dice que es posible aplicar la complicidad a este tipo de delitos, utilizando para ellola jurisprudencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo en los delitos contra la salud pública (tráfico de sustancias estupefacientes).
También analiza en que supuestos resulta pertinente aplicar el subtipo agravado consistente en poner en peligro la vida de las personas objeto de la infracción, o se hubiera creado el peligro de causación de lesiones graves.
Resumen: La declaración de la víctima es válida como prueba de cargo. Es necesario un minucioso examen de esa declaración y de su credibilidad y, junto a ello, la existencia de otros datos o elementos que puedan robustecer aquella credibilidad. Las notas necesarias que debe reunir para dotarla de plena credibilidad como prueba de cargo son: 1º) Ausencia de incredibilidad subjetiva derivada de las previas relaciones acusado-víctima que pongan de relieve un posible móvil espurio, de resentimiento, venganza o enemistad, que puede enturbiar la sinceridad del testimonio, generando un estado de incertidumbre incompatible con la formación de una convicción inculpatoria asentada sobre bases firmes. 2º) Verosimilitud del testimonio que ha de estar rodeado de algunas corroboraciones periféricas de carácter objetivo obrantes en el proceso, lo que supone que el propio hecho de la existencia del delito está apoyado en algún dato añadido a la pura manifestación subjetiva de la víctima, exigencia que habrá de ponderarse adecuadamente en delitos que no dejen huellas o vestigios materiales de su perpetración. 3º) Persistencia en la incriminación, que debe ser prolongada en el tiempo, reiteradamente expresada y expuesta sin ambigüedades ni contradicciones, lo que significa que la declaración ha de ser concreta y precisa, narrando los hechos con las particularidades y detalles que cualquier persona en sus mismas circunstancias sería capaz de relatar, coherente y sin contradicciones, manteniendo el relato la necesaria conexión lógica entre sus distintas partes y persistente en un sentido material y no meramente formal, es decir constante en lo sustancial de las diversas declaraciones.
Resumen: Revoca la sentencia condenatoria y absuelve de los delitos de detención ilegal, agresión sexual con penetración y tráfico de drogas. Para apreciar la nulidad de actuaciones alegada es necesario: a) existencia de una infracción procesal sustancial, omisión total y absoluta de las normas esenciales del procedimiento, por lo que no cualquier infracción de dichas normas podrá determinar la nulidad radical de actuaciones; y b) que como consecuencia directa de tal infracción procesal, se produzca indefensión relevante y un perjuicio real y efectivo de los intereses del afectado por ella. En el caso no consta que se haya provocado ninguna indefensión al acusado. La declaración de la víctima tiene el valor de prueba testifical de cargo, estableciéndose parámetros valorativos como ausencia de incredibilidad subjetiva, verosimilitud del testimonio y persistencia en la incriminación. No se aprecia suficiente consistencia en el relato de la denunciante para declarar probado, fuera de toda duda razonable, que fuera objeto de agresión sexual, ni de detención ilegal. Para proceder a una entrada y registro sin autorización judicial debe existir un caso de flagrante delito, y, en el caso, no consta que los agentes actuantes observaran venta o "trapicheo" de drogas.
Se produce la entrada en la vivienda, sin resolución judicial autorizante y no consta que el acusado la autorizase. Tampoco hubo presencia del Letrado de la Administración de Justicia en la entrada y registro, lo que supone la nulidad de la misma.
Resumen: Recurre el acusado la sentencia que le condenó por delitos de abuso sexual, delito leve de vejaciones injustas y delitos de maltrato. Abuso sexual: la Sala de apelación no considera suficientemente acreditado que la denunciante dijese al recurrente que parase en la relación sexual que estaban manteniendo y si este le oyó. No hay corroboración periférica: el informe forense data las lesiones en los pechos en fecha anterior, a las amigas de la denunciante declararon en el plenario no les reveló lo ocurrido, a los peritos de la Unidad de Valoración Forense no les manifestó que había dicho que parase. Delito leve de vejaciones injustas: no hay corroboración de que el acusado dirigiese determinadas expresiones vejatorias a la denunciante. Delitos de maltrato: los hechos no se consideran típicos. Sobre la agresión con el casco, la denunciante manifestó que no fue alcanzada. En cuanto a la bofetada, no habría ánimo de maltratar sino de reacción a un mordisco que había sufrido. Estimación del recurso y absolución del acusado.
Resumen: Se confirma en alzada la condena del acusado/recurrente por conducir un turismo a la velocidad de 121 km/h en una vía de naturaleza urbana en la que el límite máximo de velocidad permitida era de 50 km/h. Se desestiman la quejas del recurrente por error en la apreciación de las pruebas, motivación irracional de la misma e infracción del principio in dubio pro reo y de la presunción de inocencia, al tiempo que niega que fuera él el conductor del citado turismo. Frente a la alegación del acusado de que el vehículo era de su mujer y lo conducían varios miembros de su familia, sin poder identificar quién de ellos lo conducía en ese momento, el tribunal otorga pleno valor acreditativo al estudio antropométrico de la fotografía del conductor del turismo captada por las cámaras de control de velocidad en la vía.
Resumen: Se interpone recurso de apelación contra la sentencia que condenó al acusado como autor de un delito contra la aseguridad vial por conducción bajo los efectos del alcohol. Aunque se alega error en la valoración de la prueba e infracción de la presunción de inocencia, el recursio gira exclusivamente en torno a la existencia de una prueba de cargo válida, lícita y suficiente que permita declarar acreditados los hechos por los que fue condenado el acusado y, en particular, la afectación de sus facultades psicofísicas como consecuencia de la previa ingesta de alcohol. La sentencia de instancia había declarado probados hechos que evidencian que el condenado, tras haber consumido alcohol, presentaba síntomas de embriaguez al ser detenido por la Policía Local, quienes observaron su comportamiento y realizaron pruebas de alcoholemia que, aunque no válidas por no cumplir con las formalidades legales de verificación del etilómetro, se complementan con los síntomas observados. El tribunal concluye que, a pesar de la invalidez de los resultados de la prueba de alcoholemia, los síntomas de embriaguez constatados por los Agentes que raatificaaron el atestaado en el plenario, a saber, "agotamiento, cansancio, sopor, olor a alcohol, ojos brillantes, pupilas dilatadas, habla pastosa, halitosis alcohólica notoria a distancia y deambulación titubeante" son suficientes para confirmar la afectación de las facultades psicofísicas del condenado, integrando su conducta en el tipo penal del artículo 379.2 CP, por lo que se desestima el recurso de apelación y se confirma la sentencia en todos sus términos.
Resumen: Para que pueda estimarse la denuncia de haber carecido la parte de una defensa efectiva: A) El recurrente debe identificar las actuaciones u omisiones de defensa que se cuestionan, reflejando la razón de su consideración crítica. B) Deben aportarse o señalarse los registros procesales que pueden prestar apoyo a la consideración defendida en el recurso, a fin de contrastar el sustento objetivo de la tesis. C) Cuando se denuncie la falta de comunicación con el encausado o la no preparación de una adecuada asistencia técnica, en la medida de lo posible, deberán aportarse aquellos testimonios, certificados, escritos o elementos de acreditación que puedan reflejar el abandono profesional, destacando la identificación de los pasajes procesales en los que la experiencia forense sugiere que se produjo una desatención específica y D) No basta con probar la mala praxis técnica, sino que el recurrente deberá mostrar cómo esa conducta afectó la adecuada operatividad de un proceso equitativo.
Indefensión. La doctrina constitucional expresa que para que pueda estimarse una indefensión con relevancia constitucional, que sitúa al interesado al margen de toda posibilidad de alegar o defender en el proceso sus derechos y podría conducir a la repetición de lo actuado, no basta con una vulneración meramente formal de las normas procesales, siendo preciso que de esa infracción formal se derive un efecto material de indefensión, esto es, un efectivo y real menoscabo del derecho de defensa.
Presunción de inocencia, alcance en el recurso de casación, doctrina de la Sala II.
Escuchas telefónicas. La audición de las cintas o grabaciones en sede de juicio oral, aunque constituye la base para satisfacer los principios de oralidad o contradicción, puede eludirse cuando, dado lo complejo o extenso que pueda ser su audición, las partes renuncien a la misma; puntualizando nuestra jurisprudencia que el desistimiento no puede ser instrumentalizado por las defensas para, tras la renuncia, alegar posteriormente una vulneración del derecho de contradicción por no estar correctamente introducidas en el Plenario. Y respecto de las transcripciones de las cintas, recuerda la sentencia, que únicamente constituyen un medio contingente que facilita la consulta y constatación del contenido de las conversaciones, por lo que sólo éstas son las imprescindibles. No existe ningún precepto de ley ordinaria que exija la transcripción completa de las conversaciones ni de sus pasajes más relevantes, ahora bien, si se utilizan las transcripciones en vez de los originales sonoros, su autenticidad solo puede quedar refrendada por la certificación del Letrado de la Administración de Justicia sobre su coincidencia.
Dilaciones indebidas. Su aplicación exige cuatro requisitos reiteradamente fijados en nuestra Jurisprudencia más estable: 1) que la dilación sea injustificada; 2) que sea extraordinaria; 3) que no sea atribuible al propio inculpado; y 4) que no guarde proporción con la complejidad de la causa. Y su apreciación como muy cualificada requerirá de una paralización superior a la extraordinaria, o bien que, dadas las concretas circunstancias de la acusada, de la causa y de la pena impuesta, pueda apreciarse que la dilación ha ocasionado un perjuicio superior al ordinariamente atribuible a la dilación constitutiva de la atenuante simple, de forma que la apreciación de la atenuación ordinaria carezca de efectividad suficiente para compensar el daño ocasionado por la demora.
Atenuante de drogadicción, requisitos, doctrina del Tribunal Supremo.
