Resumen: La mayoría de edad del testigo no disipa las graves dificultades que comporta evaluar la información que proviene de lo que se recuerda de un suceso acaecido diez años antes cuando el testigo tenía una muy corta edad -en el caso, entre cinco y siete años-. La memoria, debe insistirse, no funciona como una suerte de archivo estático de información detallada de lo acontecido. La memoria es, sobre todo, un proceso de reconstrucción y no de simple recuperación. Lo que introduce, de la mano del paso del tiempo, riesgos significativos de falsos recuerdos, como destaca la literatura científica sobre psicología del testimonio. En supuestos de victimización sexual de niños o niñas de tan corta edad -cinco años, según el relato de la afirmada víctima- caracterizados por la causación de dolor deben explorarse con especial intensidad los factores que pueden explicar la no revelación, para lo que resulta necesario analizar con detalle el contexto personal y circunstancial de producción. Sobre todo, en un caso como este en el que no existían especiales vínculos ni afectivos ni relacionales con el hoy recurrente, más allá de compartir la vivienda junto a otras personas. La ausencia de todo análisis riguroso del conjunto de las informaciones periciales aportadas, de sus diversas metodologías empleadas, de la disparidad de conclusiones, de su respectiva consistencia epistémica, debilita el juicio de atribución de valor probatorio. No se han alcanzado niveles de corroboración suficientes.
Resumen: Correcta condena por desobediencia; es más que probable que el condenado conociera la suspensión acordada por el TC, siendo de conocimiento general para cualquier ciudadano español, dada la enorme difusión que tuvieron a través de los medios de comunicación. Él mismo admitió que le fue notificada la providencia del TC, con anterioridad publicada en el BOE, ordenando su notificación a los alcaldes, con una advertencia imperativa. De manera que, con tal publicación, quedaron obligados todos los poderes públicos, incluido el condenado. No se trataba de una obligación genérica, sino que era una obligación muy específica dirigida a determinadas personas con unas advertencias muy precisas para caso de incumplimiento y el condenado, como autoridad, se negó abiertamente a dar cumplimiento a un mandato del TC realizando las acciones descritas en el factum. Se confirma la pena de inhabilitación especial impuesta en sentencia, que no adolece de ninguna extensión injustificada. No cabe que esta pena se limitase al cargo específico en el que se cometió el delito, y permitiese al condenado seguir cometiendo esta clase de delitos en otro cargo análogo, fruto directo o indirecto de unas elecciones políticas, por el mero hecho de trasladarse de un cargo de representación política a otro similar en el propio Gobierno autonómico, o de la Nación, en el Parlamento Autonómico, del Estado o de la Unión Europea, o en el ámbito municipal.
Resumen: Confirma la condena por delito leve de coacciones. El delito de coacciones exige: 1) una acción encaminada a impedir a alguien hacer lo que la ley no prohíbe o compelerle a efectuar lo que no quiera, sea justo o injusto; 2) el empleo de violencia, que incluye la violencia física sobre las personas (vis physica) o sobre las cosas (vis in rebus) y la intimidación (vis compulsiva), violencia que ha de ser adecuada, eficaz y causal respecto al resultado perseguido; 3) que la acción ofrezca una cierta intensidad, desvalor de la acción o desvalor del resultado; 4) dolo, que abarca el ánimo tendencial de restringir la libertad de obrar ajena; y 5) ausencia de autorización legítima para obrar de forma coactiva. La parte apelante sostiene la vulneración de la presunción de inocencia que requiere una adecuada actividad probatoria de cargo, válidamente obtenida, practicada con todas las garantías legales en el acto del juicio bajo los principios de inmediación y contradicción, no resultando vulnerada cuando existe dicha prueba de cargo que debe aportar la acusación, entre ellas las pruebas personales (confesión, testifical y pericial). En el caso la sentencia condenatoria se basa en la declaración de las partes y en la visualización de la grabación que de los hechos realizan los denunciantes.
Resumen: La sentencia de instancia condenó al acusado como autor de un delito de abuso sexual a menor de 16 años, con acceso carnal, a la pena de 8 años de prisión. El mismo y la menor, de 15 años de edad, estuvieron bebiendo tequila en la vivienda del acusado, sintiéndose la menor indispuesta, metiéndose ambos en la cama, donde el acusado le introdujo un dedo en la vagina e hizo ademán reiterado de penetrarla vaginalmente, si bien cesó ante su negativa. Recurrió la defensa alegando vulneración de la presunción de inocencia. La sala desestima el recurso. Los hechos quedaron probados con base en el testimonio de la denunciante, corroborado por la declaración de su padre, que describe su estado cuando llega a casa, así como por el informe psicológico que considera creíble su relato. Se rechaza la concurrencia de la causa de exoneración del artículo 183 quater, incluso como atenuante analógica, dado que el acusado tenía 24 años y la víctima 15, teniendo esta un grado de madurez conforme a su edad y dada la disminución de facultades provocada por la intoxicación etílica de la víctima, que incrementa el reproche de la acción. Habiéndose impuesto al acusado por el citado delito la pena mínima de 8 años de prisión, siendo la mínima imponible tras la reforma introducida por Ley 10/2022, la de 6 años, estima la sala que la reforma es más favorable al reo, por lo que, en aplicación del artículo 9.3 de la CE y 2.2 del Código Penal, se rebaja la pena impuesta de 8 a 6 años de prisión.
Resumen: El tribunal de instancia efectuó una ponderación adecuada de los elementos de juicio que tuvo a su disposición, como se desprende de los hechos probados de la sentencia combatida, que acomodó su razonamiento y decisión al canon constitucional, con un discurrir lógico y racional, que avaló adecuadamente la condena del recurrente. El motivo del recurso relativo al quebrantamiento de forma por predetermianción del fallo resulta inviable, ya que en el relato de hechos de la sentencia se contemplan referencias a determinados preceptos sustantivos, pero estos están vinculados a un procedimiento precedente, cuya traída a colación resultaba imprescindible, habida cuenta de la naturaleza del delito de falso testimonio, cometido en el seno de ese procedimiento. El recurrente no trae a colación ninguna prueba documental relevante a efectos casacionales, mostrando un planteamiento genérico en el que se limita a cuestionar la valoración del acervo probatorio. Del relato de hechos probados de la sentencia recurrida, en correlación con los argumentos jurídicos contenidos en la misma al respecto, se desprende que el recurrente, en la declaración vertida en un proceso penal, incurrió en el delito de falso testimonio por el que fue condenado, al concurrir el tipo objetivo, consistente en la palmaria contradicción entre la realidad y lo por él expresado, limitándose el tipo subjetivo al conocimiento de dicha disparidad por parte del sujeto activo.
Resumen: La declaración de hechos probados de la sentencia recurrida se encuentra plenamente respaldada por la prueba practicada, por lo que no pueden considerarse infringidos los derechos fundamentales a la presunción de inocencia ni a obtener una resolución motivada. No puede prosperar la queja relativa a la falta de tipicidad de los hechos, alegación meramente mencionada sin desarrollo argumental alguno más allá de los fundamentos esgrimidos por el asesor jurídico en su informe, lo que no es objeto del recurso de casación, en el que ha de combatirse la sentencia impugnada. Teniendo en cuenta los criterios de graduación de las sanciones, ha de concluirse que la adoptada por la resolución sancionadora resulta correcta, pues debe considerarse la importancia de la conducta, esto es, la negativa reiterada a someterse al reconocimiento médico, lo que, por una parte, implica un incumplimiento de un mandato lícito y, por otra, impide conocer las circunstancias y capacidad psicofísica de la persona para la prestación del servicio. Por todo ello, en modo alguno resulta desproporcionada la sanción de resolución de compromiso impuesta.
Resumen: Los exhaustivos, precisos y convincentes razonamientos contenidos en los fundamentos de la convicción y de derecho de la sentencia recurrida se ajustan a las reglas de la lógica, la experiencia y la razón, así como a la doctrina del TC y de TS, sin resultar en absoluto desvirtuados por los alegatos de la parte recurrente, que se limita a reproducir en sede casacional lo que ya alegó en la instancia. El tribunal dispuso de suficiente prueba de cargo, constituida por el parte del comandante agraviado, testigo presencial de los hechos, que cuenta con todos los elementos para desvirtuar la presunción de inocencia: fue debidamente ratificado con sujección al principio de contradicción y corroborado periféricamente por prueba testifical; presenta coherencia interna -credibilidad objetiva- y persistencia en la incriminación, sin que el recurrente -que es a quien le incumbe la carga procesal de probar tal circunstancia- haya intentado acreditar siquiera la existencia de signos de animadversión que pudiera restar credibilidad al parte. La sala comparte los acertados razonamientos del tribunal de instancia por los que considera que el recurrente no sufrió indefensión material alguna derivada de la motivada denegación por el insructor del expediente de dos de las cinco pruebas por él propuestas.
Resumen: El recurrente defraudó a la Agencia Tributaria con pluralidad de operaciones de ventas del gasoil alterado en diferentes estaciones de servicio, principalmente ubicadas en lugares del sureste peninsular. Dejó de abonar el Impuesto Especial de Hidrocarburos. Con el dinero obtenido del ilícito penal adquiere por sociedades con testaferros al frente, bienes inmuebles y vehículos. La sentencia concluye la suficiencia probatoria. Vulneración del principio de igualdad. Considera el recurrente absolutamente desproporcionadas las penas a las que se le condena, respecto a los demás acusados ya condenados en la presente causa. Afirma la sentencia que no puede pretenderse la igualdad de trato penal, cuando existe una desigualdad evidente en la funcionalidad y en la ejecución y responsabilidades del recurrente comparado con el resto de acusados en el proceso penal precedente. Cuestiona que se sancione el autoblanqueo por la fecha de los hechos cometidos. Análisis detallado de la doctrina de la Sala sobre el autoblanqueo y Acuerdo de Pleno del año 2006 al respecto. Estudio de la prescripción. Se recuerda al inexistencia de la continuidad delictiva en el delito de blanqueo. Dilaciones indebidas. Comiso de bienes.
Resumen: Condena al recurrente como autor de un delito contra la salud pública referido a sustancias que causan grave daño a la salud. Se analiza la vulneración del derecho a la presunción de inocencia. Hay sentencia del TSJ que ya analiza la racionalidad de la valoración probatoria del tribunal de instancia. Hay declaración de los tres agentes que intervienen, ven la transacción de droga e intervienen localizando más envoltorios de droga, que son entregados de forma espontánea por el recurrente. Se analiza la presunción de inocencia respecto a las declaraciones espontáneas del recurrente a los agentes. Este les señala que tenía más droga cuando le detectan los agentes la transacción con un tercero. Doctrina de la Sala sobre declaraciones espontáneas. En cuanto a la alegada infracción de ley por la vía del art. 849.2 LECRIM, cuestiona el atestado y el informe de SAJIAD. Doctrina de la Sala sobre los documentos y su exigencia de literosuficiencia descartando la posibilidad de uso del atestado por esta vía. En cuanto a la alegada contradicción de los hechos probados, se descarta. Los hechos probados son claros sobre el traslado de la prueba practicada y la droga intervenida.
Resumen: La sentencia recurrida contó con prueba de cargo suficiente para enervar la presunción de inocencia del recurrente, sin que se observe que el tribunal de instancia haya realizado una valoración de dicha prueba de forma errática, irracional o contra la lógica más elemental. El parte, debidamente ratificado, no fue la única prueba con la que contó el tribunal, pues la versión del mismo fue ratificada por un testigo que escuchó la conversación telefónica mantenida entre el recurrente y su superior. En cuanto a la prueba de descargo, uno de los testigos propuestos por el recurrente afirmó no haber escuchado la conversación, mientras que el otro fue descartado al tratarse de la pareja sentimental del recurrente. Los hechos probados relatan una conducta claramente contraria al respeto y la consideración que deben cumplir todos los miembros del cuerpo de la Guardia Civil, también en el contexto de una conversación telefónica con un superior. El tono elevado y desabrido y la exigencia del recurrente de que su superior le dejara en paz es una clara forma de realizar una réplica desatenta con un superior, lo que afecta -aunque sea de manera leve- a la disciplina que debe existir en el indicado cuerpo.
