Resumen: En su escrito de preparación se aduce por el recurrente que el interés casacional que el caso presenta se concreta en la infracción por la sentencia impugnada de la jurisprudencia del TC y de esta sala sobre: a) el principio de legalidad, en su vertiente de tipicidad; b) el derecho a la presunción de inocencia; c) el derecho de defensa. La sala coincide con la parte recurrente en cuanto a la existencia de interés casacional objetivo -art. 90.4 LJCA, reformada por la LO 7/2015-, en los términos en que se plantea y con los necesarios ajustes normativos y jurisprudenciales, sin perjuicio de que la sentencia que llegara a dictar la sala pudiera extenderse a otras cuestiones que exigiera el debate finalmente trabado en el recurso.
Resumen: La parte recurrente considera que la sentencia de instancia ha vulnerado los arts. 24.2, 117, 25 y 9.3 CE, por quebrantamiento del derecho de defensa, así como de los principios de imparcialidad y legalidad, por falta de tipicidad de la conducta del sancionado, la presunción de inocencia y el principio de seguridad jurídica. Conforme a lo dispuesto en el art. 88.2.e) LJCA, puede apreciarse que existe interés casacional objetivo cuando la sentencia interprete o aplique, infringiéndolas, normas constitucionales sobre derechos fundamentales. Como las alegaciones del recurrente se centran en ello, sin prejuzgar ahora el fondo del asunto -pues se trata únicamente de decidir sobre la admisibilidad del recurso-, se acepta la existencia de dicho interés casacional objetivo, lo que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 88.1 LJCA, exige que el recurso deba ser admitido a trámite.
Resumen: La parte recurrente considera que la sentencia de instancia ha infringido: el art. 24 CE, por falta de motivación, causante de indefensión, por incongruencia omisiva, así como el derecho de defensa; el art. 25 CE, en relación con los principios de legalidad y de proporcionalidad; el derecho a la presunción de inocencia. Conforme a lo dispuesto en el art. 88.2.e) LJCA, puede apreciarse que existe interés casacional objetivo cuando la sentencia interprete o aplique, infringiéndolas, normas constitucionales sobre derechos fundamentales. Como las alegaciones del recurrente se centran en ello, sin prejuzgar ahora el fondo del asunto -pues se trata únicamente de decidir sobre la admisibilidad del recurso-, se acepta la existencia de dicho interés casacional objetivo, lo que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 88.1 LJCA, exige que el recurso deba ser admitido a trámite.
Resumen: Licencia de taxi. Revocación de licencia. Cesión de datos por la Agencia Tributaria en virtud del artículo 95 de la Ley General Tributaria. Han recaído SSTS de 11 de marzo de 2021 (recurso de casación núm. 8049/2019) y de 15 de marzo de 2021 (recurso de casación 8288/2019), seguidas por la sentencia en virtud del principio de unidad de criterio y de seguridad jurídica. No obstante, la Sala precisa que a diferencia de esos supuestos, donde se examinaba la cuestión en relación en la condición de "flotero" de los recurrentes, en este supuesto se trata de un titular de licencia de autotaxi, sin embargo, se afirma que ninguna de tales circunstancias altera el resultado esencial del juicio de la Sala expresado en la inicial STS 344/2021, de 11 de marzo, de manera que se reitera el criterio por el que una Administración, si para el ejercicio de las funciones que le son propias, solicita de la AEAT la cesión de datos tributarios, tal cesión será con fines tributarios; ahora bien, si es para el ejercicio de otras potestades ajenas a las tributarias y no hay una norma legal que lo prevea, deberá contar con la previa autorización del interesado. Por tanto el acto dictado con base en unos datos tributarios cedidos será conforme a Derecho si la cesión respeta las reglas del artículo 95.1 de la LGT.
Resumen: El error de hecho sólo pueda prosperar cuando, a través de documentos denominados "literosuficientes" o "autosuficientes", se acredita de manera indubitada la existencia de una equivocación en la valoración de la prueba siempre y cuando el supuesto error no resulte contradicho por otros documentos o pruebas, porque la Ley no concede preferencia a ninguna prueba documental sobre otra igual o diferente, sino que cuando existen varias sobre el mismo punto el Tribunal que conoció de la causa en la instancia, presidió la práctica de todas ellas y escuchó las alegaciones de las partes, tiene facultades para sopesar unas y otras y apreciar su resultado con la libertad de criterio que le reconoce la ley. La obligación de colaborar con el órgano jurisdiccional que compete a las partes en orden a la necesidad de respetar las reglas de la buena fe y que se concreta a la denuncia oportuna de las dilaciones con el fin de evitar cuanto antes, o en su caso paliar, la lesión del derecho fundamental, no alcanza al acusado en el proceso penal hasta el extremo de obligarle a poner de manifiesto la posibilidad de que pueda prescribir el delito cuya comisión se le atribuye, negándole en caso contrario los efectos derivados de una administración de la Justicia con retrasos no justificables. Ahora bien sí existe acuerdo en que no basta la genérica denuncia del transcurso del tiempo en la tramitación de la causa , sino que se debe concretar los períodos y demoras producidas.
Resumen: La falta de previsión de la doble instancia penal en el ámbito militar no puede provocar indefensión, por lo que el recurso de casación en el que se invoque infracción de la tutela judicial efectiva y de la presunción de inocencia ha de permitir la revisión íntegra de la sentencia condenatoria, también en cuanto a la culpabilidad y participación en los hechos de los recurrentes. La conducta inveraz imputada al primero de los condenados quedó acreditada por suficiente prueba directa -testificales y reconocimiento del propio acusado-, por lo que, al no albergar duda alguna el tribunal sentenciador respecto de los hechos que declaró probados, no puede aplicarse el principio in dubio pro reo. Resulta inviable el motivo basado en error facti, pues no se apoya en prueba documental alguna que soporte ningún error manifiesto y palmario con relevancia para modificar el relato fáctico y el sentido del fallo. La conducta del cabo legionario y de su esposa, dama legionaria, condenados por faltar a la verdad en sus explicaciones a los mandos para justificar un retraso de aquel en la presentación a la primera lista de ordenanza carece de la entidad y relevancia necesarias para su castigo como delito, tanto desde la perspectiva de la lesividad para el servicio, como desde la de la proporcionalidad, habida cuenta de la especial relevancia constitucional que ostenta la privación de libertad y de que, aun impuesta la pena mínima, esta se elevó a 6 meses de privación de libertad.
Resumen: Denegación de prueba: la previa declaración de pertinencia y consiguiente admisión de las pruebas interesadas en el escrito de conclusiones provisionales de cualquiera de las partes no obliga al Tribunal, de forma ineludible, a su práctica en el plenario. La pertinencia inicial de una determinada prueba no es obstáculo para que, a la vista del desarrollo de las sesiones del plenario, su práctica deje de ser útil. En el presente caso, el dictamen médico-forense fue emitido en el plenario por dos facultativos y, a la vista del desarrollo del juicio, las dudas promovidas por la defensa acerca de la cadena de custodia -que es el punto esencial sobre el que pivota el argumentario del recurrente- han perdido toda relevancia. No era, pues, imprescindible la presencia del médico que materialmente preparó esas muestras biológicas para su ulterior valoración. Y es que el cúmulo de pruebas ponderadas por el Tribunal a quo presenta tal carga incriminatoria que hace perfectamente entendible la decisión de la Audiencia Provincial de degradar la pertinencia inicial de la prueba propuesta a una petición ya innecesaria. Error en la valoración de la prueba: Las conversaciones desarrolladas a través de un sistema de mensajería instantánea -es el caso del "WhatsApp"- incorporadas a la causa mediante pantallazos obtenidos a partir del teléfono móvil de la víctima, no son propiamente documentos a efectos casacionales. Se trata de una prueba personal que ha sido documentada.
Resumen: Engaño a la víctima, que necesitaba un préstamo, encontrándose de baja por depresión, no percibía ingresos y los plazos hipotecarios iban venciendo, la engañaron, haciéndole creer que recibiría un préstamo de 35.000 euros que podría devolver en un año y lo que le hicieron fue quitarle su vivienda por 28.500 euros, además de ocultarle y no entregarle un segundo talón por 78.500 que se hizo constar en la escritura para completar el precio que se designó, descontada la carga de la hipoteca. La sentencia analiza la posible indefensión por el alcance de la vinculación del órgano judicial al principio acusatorio, la declaración del testigo-perito y la aportación de documentos al amparo del art. 786.2 LECrim. Dilaciones indebidas: el plazo debe computarse desde que el procedimiento se dirige contra el culpable. No concurre y, en todo caso, la pena impuesta no puede tacharse de desproporcionada, máxime cuando pudo apreciarse no sólo la agravación del art. 250.1.1º CP, sino también la del art. 250.1.5º CP.
Resumen: La incoación de nuevo expediente tras la declaración de caducidad del anterior al no haber prescrito la falta investigada, así como el desglose e incorporación de la documentación del primero de los expedientes, fue ajustada a derecho. Las manifestaciones realizadas por la recurrente en varios medios de comunicación social integran el tipo disciplinario apreciado, ya que, a través de ellas, realizó auténticas peticiones y reclamaciones, mostrando abierta discrepancia con el acoso laboral que decía estar sufriendo y exigiendo que terminara. Las manifestaciones realizadas a través de los medios no están amparadas por el derecho a la libertad de expresión, habida cuenta de que, además de su carácter irrespetuoso, a través de ellas la recurrente llegó a hacer imputaciones gratuitas y sin fundamento alguno de conductas que podrían ser constitutivas de infracción disciplinaria o, incluso, de ilícito penal -así: que el fin último era echarla de la Guardia Civil; que se falsificaban informes; que había visto a borrachos, porreros, cocainómanos o narcotraficantes vistiendo de uniforme; etc.-. El tribunal de instancia dispuso de suficiente prueba de cargo, valorada con sometimiento a las reglas de la lógica, sin que llegara a albergar duda alguna de la certeza de los hechos imputados a la recurrente, por lo que no resultaba aplicable el in dubio pro reo. Las circunstancias concurrentes hacen que se considere más ajustada que la impuesta la sanción de un mes de suspensión de empleo.
Resumen: Con la regulación y aplicación del delito de prevaricación no se pretende sustituir a la jurisdicción administrativa, en su labor de control de la legalidad de la actuación de la Administración Pública, por la Jurisdicción Penal, sino sancionar supuestos limite, en los que la actuación administrativa no solo es ilegal, sino además arbitraria. Ello implica, sin duda su contradicción con el Derecho, que puede manifestarse, bien porque se haya dictado la resolución sin tener la competencia legalmente exigida, bien porque no se hayan respetado las normas esenciales de procedimiento, bien porque el fondo de la misma contravenga lo dispuesto en la legislación vigente o suponga una desviación de poder. No era un escrito irrisorio en sus consecuencias y en su supuesta ilegalidad. Por el contrario, materializaba una decisión adoptada unilateralmente por la acusada, en contra de lo decidido por un Juzgado. Además, tal decisión se dictó con falta de competencia, pues ésta correspondía al Ayuntamiento y no a la Secretaria-Interventora y menos aún en un asunto que le afectaba directamente. Y provocó un resultado injusto, ya que determinó efectivamente que fuera retenida de su sueldo una cantidad sensiblemente inferior impidiendo con ello la recta ejecución de lo acordado por la autoridad judicial. Este delito, con independencia de que puede producir un daño específico a personas o servicios públicos, también produce un daño inmaterial por la quiebra de la credibilidad las instituciones.
