Resumen: En el escrito de preparación se aduce por el recurrente que el interés casacional que el caso presenta se concreta en los siguientes extremos, relativos a la sentencia impugnada: infracción de los derechos fundamentales a obtener la tutela judicial efectiva y a la presunción de inocencia (art. 24.1 y 2 CE), así como la eventual vulneración del derecho a la legalidad sancionadora en su complemento representado por la tipicidad de la conducta (art. 25.1 CE), con referencia a la infracción disciplinaria del art. 8.6 LORDGC. La sala coincide con el recurrente en cuanto a la existencia del interés casacional objetivo (art. 90.4 LJCA, reformada por LO 7/2015), en los términos en que, a priori, se plantea y con los necesarios ajustes normativos y jurisprudenciales, sin perjuicio de que la sentencia que llegara a dictarse pudiera extenderse a otras cuestiones que exigiere el debate finalmente trabado en el recurso.
Resumen: En el escrito de preparación se aduce por el recurrente que el interés casacional que el caso presenta se concreta en los siguientes extremos, relativos a la sentencia impugnada: infracción del art.24 CE, de la jurisprudencia del TC y de la Sala Quinta TS sobre el derecho a la tutela judicial efectiva, con infracción del derecho a la presunción de inocencia; infracción del principio de legalidad en su vertiente de tipicidad (art. 25 CE) e indebida aplicación del art. 8.9 LORDGC. La sala coincide con el recurrente en cuanto a la existencia del interés casacional objetivo (art. 90.4 LJCA, reformada por LO 7/2015), en los términos en que, a priori, se plantea y con los necesarios ajustes normativos y jurisprudenciales, sin perjuicio de que la sentencia que llegara a dictarse pudiera extenderse a otras cuestiones que exigiere el debate finalmente trabado en el recurso.
Resumen: La parte recurrente considera que la sentencia de instancia ha infringido: el art. 24 CE, en lo que se refiere al derecho a la tutela judicial efectiva con infracción del derecho a la presunción de inocencia. Conforme a lo dispuesto en el art. 88.2.e) LJCA, puede apreciarse que existe interés casacional objetivo cuando la sentencia interprete o aplique, infringiéndolas, normas constitucionales sobre derechos fundamentales, de manera que, como las alegaciones del recurrente se centran en ello, sin prejuzgar ahora el fondo del asunto -pues se trata únicamente de decidir sobre la admisibilidad del recurso-, se acepta la existencia de dicho interés casacional objetivo, lo que lleva, de conformidad con lo dispuesto en el art. 88.1. LJCA, a que el recurso deba ser admitido a trámite.
Resumen: En el escrito de preparación se aduce por el recurrente que el interés casacional que el caso presenta se concreta en los siguientes extremos, relativos a la sentencia impugnada: a) vulneración del derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE) e infracción de la jurisprudencia de la Sala Quinta TS y de la doctrina constitucional sobre la insuficiencia del testimonio de referencia como prueba de cargo para basar una condena; b) vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, reconocido en el art. 24.1 CE , en lo concerniente a la motivación de las resoluciones judiciales (art. 120.3 CE) e interdicción de la arbitrariedad (art. 9.3 CE); c) vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE) y el derecho de defensa respecto de la denegación del derecho a la prueba en el expediente disciplinario e interpretación errónea del tribunal de instancia del art. 46, en relación con el art. 50 LORDGC. La sala coincide con el recurrente en cuanto a la existencia del interés casacional objetivo (art. 90.4 LJCA, reformada por LO 7/2015), en los términos en que, a priori, se plantea y con los necesarios ajustes normativos y jurisprudenciales, sin perjuicio de que la sentencia que llegara a dictarse pudiera extenderse a otras cuestiones que exigiere el debate finalmente trabado en el recurso.
Resumen: El relato de hechos probados se basó en suficiente prueba incriminatoria, consistente en el parte del superior que presenció los hechos y que cumple todos los requisitos jurisprudencialmente exigidos para constituir prueba de cargo, luego corroborado por diversas declaraciones testificales y por documental, prueba, toda ella, válidamente obtenida, legalmente practicada y racionalmente valorada, por lo que no resultó infringido el derecho a la presunción de inocencia. Los hechos probados se incardinan en la infracción apreciada: a) el recurrente recibió una orden legítima, impartida directamente por un superior de forma razonada, clara, taxativa y reiterada hasta en tres ocasiones, en la que se contenía el mandato de que procediera a efectuar esa misma tarde la lectura de derechos con asistencia letrada a un detenido, siendo conocidas la legitimidad y finalidad de la orden tanto por la propia experiencia del recurrente como por los razonamientos transmitidos por el superior al darle la orden; b) concurrió una grave desobediencia, primero exteriorizando una abierta oposición a la orden y después no llevándola a efecto, pues la lectura de derechos tuvo lugar al día siguiente en la cabecera de la Comandancia y por personal distinto del recurrente; c) el incumplimiento se llevó a efecto de forma dolosa. La sanción de suspensión de empleo de seis meses impuesta está debidamente motivada en lo que se refiere a su proporcionalidad.
Resumen: La parte recurrente considera que la sentencia de instancia ha infringido: el art. 24 CE, en lo que se refiere al derecho a la presunción de inocencia; el art. 25 CE, por vulneración del principio de legalidad, en relación con el art. 6.33 LORDFA; y el art. 22 LORDFA sobre los criterios y graduación de las sanciones, en relación con la proporcionalidad de las mismas. Conforme a lo dispuesto en el art. 88.2.e) LJCA, puede apreciarse que existe interés casacional objetivo cuando la sentencia interprete o aplique, infringiéndolas, normas constitucionales sobre derechos fundamentales, de manera que, como las alegaciones del recurrente se centran en ello, sin prejuzgar ahora el fondo del asunto -pues se trata únicamente de decidir sobre la admisibilidad del recurso-, se acepta la existencia de dicho interés casacional objetivo, lo que lleva, de conformidad con lo dispuesto en el art. 88.1. LJCA, a que el recurso deba ser admitido a trámite.
Resumen: En el escrito de preparación se aduce por el recurrente que el interés casacional que el caso presenta se concreta en los siguientes extremos: a) vulneración del derecho a la presunción de inocencia, consagrado en el art. 24.2 CE; vulneración del principio de legalidad, en su vertiente de tipicidad, con infracción del art. 25.1 CE. La sala coincide con el recurrente en cuanto a la existencia del interés casacional objetivo (art. 90.4 LJCA, reformada por LO 7/2015), en los términos en que, a priori, se plantea y con los necesarios ajustes normativos y jurisprudenciales, sin perjuicio de que la sentencia que llegara a dictarse pudiera extenderse a otras cuestiones que exigiere el debate finalmente trabado en el recurso.
Resumen: En el escrito de preparación se aduce por el recurrente que el interés casacional que el caso presenta se concreta en los siguientes extremos, relativos a la sentencia impugnada: a) vulneración del art. 25.1 CE (principio de legalidad, en su vertiente de tipicidad); b) vulneración de la jurisprudencia de esta sala que desarrolla la falta grave prevista en el art. 8.21 LORDGC; c) vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia, reconocido en el art. 24 CE; d) valoración de prueba ilícitamente obtenida, con infracción del art. 11 LOPJ. La sala coincide con el recurrente en cuanto a la existencia del interés casacional objetivo (art. 90.4 LJCA, reformada por LO 7/2015), en los términos en que, a priori, se plantea y con los necesarios ajustes normativos y jurisprudenciales, sin perjuicio de que la sentencia que llegara a dictarse pudiera extenderse a otras cuestiones que exigiere el debate finalmente trabado en el recurso.
Resumen: El interesado tuvo acceso a la jurisdicción obteniendo respuesta lógica y razonada, con pleno respeto al canon de motivación constitucionalmente requerido, respeto de todas las cuestiones planteadas, concretamente en lo relativo a la denegación de prueba, sin que concurriera ninguna clase de indefensión. El tribunal de instancia valoró los elementos de juicio de que dispuso -las manifestaciones del recurrente, reflejadas en la propia orden de servicio por él emitida y la testifical de su compañero de servicio- de modo ajustado a las reglas de la lógica y la experiencia. La conducta enjuiciada -en virtud de la cual, el recurrente, ante la negativa de un conductor implicado en una infracción de tráfico a someterse a prueba de detección de alcoholemia, tras haber apreciado que concurrían en él signos que evidenciaban el consumo de alcohol, no procedió a su detención ni a realizar las actuaciones propias para la persecución de unos hechos constitutivos de delito, limitándose a imponer a aquel una sanción administrativa- colma la previsión típica de la infracción apreciada, ya que infringió una obligación profesional a observar, con clara concurrencia de culpa o grave negligencia, atendidas las circunstancias concurrentes, de las que se deduce una omisión rayana en ilícito de mayor enjundia, habida cuenta del conocimiento que el recurrente debía tener sobre el modo de proceder y las consecuencias de su conducta.
Resumen: El teniente coronel, como jefe de grupo, tenía potestad disciplinaria sobre el personal a sus órdenes, por lo que era competente para ordenar la incoación de la información previa, aunque luego no lo fuera para incoar el expediente disciplinario, habida cuenta de que de su resultado se desprendió la presunta comisión de una falta muy grave. Las manifestaciones efectuadas por el recurrente al capitán instructor de la información previa han de considerarse nulas y sin efecto en el expediente, al haberse obtenido sin haber advertido al interesado de los derechos que le asistían. La prueba informática sobre la publicitación en internet de la empresa de la esposa del recurrente se obtuvo lícitamente y su contenido se ajusta a la realidad. La práctica de las testificales en fechas diferentes no causó indefensión al recurrente, que estuvo presente en ellas asistido de su abogado. El rechazo por el instructor de ciertas pruebas propuestas por el recurrente fue adecuadamente razonado, debido a que eran irrelevantes. Existen indicios de naturaleza acusatoria que desembocan en un juicio de inferencia que permite concluir que el recurrente estuvo realizando de 2015 a 2020 una actividad mercantil-comercial en la empresa de su esposa sin haber solicitado ni, en consecuencia, obtenido la autorización al efecto, hechos que se incardinan adecuadamente en la falta muy grave apreciada, no en la grave. La sanción de 1 año de suspensión impuesta es proporcionada a las circunstancias concurrentes.
