Resumen: La trabajadora tras la extinción de su relación laboral por despido colectivo solicitó prestación por desempleo. El SEPE le reconoció prestación contributiva por desempleo por un periodo de 600 días. Al no estar conforme presentó reclamación previa que fue desestimada. Previamente a la extinción de su contrato estuvo en situación de suspensión temporal del contrato consecuencia del COVID 19. Interpone demanda reclamando que se le reconozca la prestación por un tiempo superior. El JS desestimó su pretensión. TSJ revoca la sentencia de instancia y le reconoce 720 días de prestación. La Sala IV afirma que el tiempo de suspensión del contrato por causa de fuerza mayor asociada a los efectos de la pandemia (ERTE) no computa como cotizado a efectos de percibir una nueva prestación de desempleo. Considera que se han de aplicar las normas comunes por no existir una previsión específica en la regulación de los ERTEs. Estima el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el SEPE, casa la sentencia del TSJ y confirma la de instancia. Sigue la doctrina fijada en STS Pleno 980/2023, de 16 noviembre (rcud 5326/2022), seguida por otras muchas.
Resumen: La trabajadora tras la extinción de su contrato por causas objetivas solicita prestación contributiva por desempleo. El SEPE la reconoce por un periodo de 540 días. Presenta reclamación previa solicitando su abono durante 720 días, que es desestimada. Previamente a la extinción de su contrato estuvo afectada por un ERTE Covid, durante el que percibe prestación por desempleo contributiva. Interpone demanda. El JS estima su pretensión y le reconoce 720 días. El TSJ confirma la sentencia, considera que el tiempo durante el cual la trabajadora permanece en situación de suspensión por ERTE-COVID debe entenderse como cotizado, atendiendo a su finalidad protectora de las personas afectadas por la crisis y que la normativa especial debe primar sobre la regulación general. La Sala IV afirma que el tiempo de suspensión contractual por causa de fuerza mayor asociada a los efectos de la pandemia (ERTE) no computa como cotizado a efectos de percibir una nueva prestación de desempleo. La regulación especial no introduce una nueva regla de la que se pueda derivar que esa clase de desempleo genere más beneficios que los previstos con carácter general. A ello se suma el carácter contributivo de la prestación, cuya percepción está unida a periodos de ocupación cotizada. Estima el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el SEPE. Sigue la doctrina fijada en STS Pleno 980/2023, de 16 noviembre (rcud 5326/2022), seguida por otras muchas.
Resumen: Se trata de decidir si la actora tiene derecho a percibir el subsidio de IT durante el periodo reclamado como consecuencia de la intervención practicada en el Hospital Vitas (privado) consistente en un lifting cervical sin que conste la existencia de una enfermedad previa que hiciera precisa la referida intervención, sino que mas bien se trata de una intervención con la finalidad meramente estética. En el caso que nos ocupa no es tanto que la asistencia sanitaria que recibe la beneficiaria no está dispensada por los médicos de la Seguridad Social, ni prevista como prestación financiable con cargo a la Seguridad Social a que se refiere el Anexo III del Real Decreto 1030/2006, como que la situación en la que voluntariamente se ha colocado la actora no es debida a enfermedad común, profesional o accidente, lo que impide que perciba la prestación de IT reclamada, porque la intervenciones de cirugía estética que guardan relación con accidente, enfermedad o malformación congénita, dan lugar a la prestación de asistencia sanitaria y a la IT como prestación distinta aquí reclamada. Alega la recurrente que el exceso de grasa en el cuello le ha afectado al estado de ánimo sintiéndose ansiosa y padeciendo un trastorno dismórfico corporal y que está corroborado por la médico de Atención Primaria, pero si así fuera, estaría prescrita dicha intervención por el SERGAS y además si bien es cierto que la actora permaneció en IT, el mismo se sitúa en relación a problemática reclamada.
Resumen: La cuestión suscitada se centra en determinar si tiene derecho a la pensión de viudedad una pareja de hecho que convivía como tal sin haber documentado públicamente o inscrito esa unión en los registros de pareja de hecho. Se discute si, a efectos de reconocer la prestación de viudedad, puede acreditarse la constitución de la pareja de hecho por cualquier medio admitido en derecho, o exclusivamente por los medios previstos en el art. 221.2 de la LGSS. El TS, reiterado doctrina, declara que se argumenta que el art. 221.2 LGSS exigen dos requisitos simultáneos: convivencia estable e ininterrumpida durante el periodo de cinco años y publicidad de la situación de convivencia more uxorio, con antelación mínima de dos años al fallecimiento en alguno de los registros específicos existentes en las Comunidades Autónomas o Ayuntamientos del lugar de residencia o constancia de su constitución como pareja en documento público. Los dos mandatos legales van referidos a una exigencia material de convivencia como estable pareja de hecho (mínimo cinco años); y formal de verificación de su constitución dotada de «análoga relación de afectividad a la conyugal», con dos años de antelación al hecho causante. La Sala ha sostenido al respecto la falta de validez como medio de prueba de otros documentos: tarjeta sanitaria, certificado de empadronamiento, Libro de Familia, etc., sin que exista exigencia legal de seguir la jurisprudencia de otro orden jurisdiccional. Estima el recurso del INSS.
Resumen: El Tribunal Supremo estima el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por un jubilado varón, reconociéndole el derecho a una indemnización de 1.000 euros por daños morales derivados de la discriminación por razón de sexo tras la denegación inicial del complemento por aportación demográfica (conocido como complemento de maternidad), pese a que ya había sido reconocido como discriminatorio por el TJUE. La Sala considera que la negativa del INSS obligó injustamente al actor a litigar. Aunque la doctrina fijada por el Supremo establece una indemnización estándar de 1.800 euros, en este caso se limita a 1.000 por ser esa la cuantía solicitada en la demanda. Se casa la sentencia del TSJ de Cataluña que había desestimado la pretensión indemnizatoria y se confirma en lo demás la sentencia del Juzgado de lo Social que había estimado parcialmente la demanda.
Resumen: El Tribunal Supremo, en su sentencia núm. 219/2025, estima el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el SEPE y casa la sentencia del TSJ de Madrid que había reconocido a la trabajadora una duración de 720 días en su prestación por desempleo. El alto tribunal concluye que el periodo en el que la trabajadora estuvo en situación de ERTE por causa del COVID-19 no puede computarse como periodo de ocupación cotizada a efectos de generar un nuevo derecho a la prestación de desempleo. Aplica la doctrina ya consolidada en otras sentencias, conforme a la cual, en ausencia de una previsión legal específica que permita ese cómputo, debe estarse a las reglas generales de la LGSS, que no contemplan tal posibilidad. Por tanto, se desestima el recurso de suplicación de la trabajadora y se confirma la sentencia de instancia que denegó su pretensión.
Resumen: La Sentencia del Tribunal Supremo 238/2025 resuelve un recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el SEPE contra la sentencia del TSJ de Cataluña que había reconocido a un trabajador el derecho a percibir 720 días de prestación por desempleo computando como cotizado el periodo en que su contrato estuvo suspendido por un ERTE-Covid. El Alto Tribunal estima el recurso, apreciando contradicción con una sentencia del TSJ de Extremadura y acogiendo la doctrina ya consolidada en la STS 980/2023 y otras posteriores. Esta doctrina establece que los periodos en los que se percibe prestación de desempleo por suspensión del contrato, salvo supuestos expresamente previstos en la ley (como la violencia de género), no pueden considerarse como cotizados a efectos de generar una nueva prestación. En consecuencia, el Tribunal Supremo anula la sentencia recurrida y desestima la demanda del trabajador.
Resumen: Consolida jurisprudencia (Sentencia núm. 977/2023, de 15 de noviembre (rcud 5547/2022)). A raíz de la STJUE de 14 de septiembre de 2023 (C-113/22 (14) ) la negativa del INSS a reconocer el complemento merece una reparación económica adecuada que debe fijarse según las leyes nacionales, teniendo en cuenta, en todo caso, los gastos, incluidas las costas y los honorarios de abogado.No estamos en presencia de una prestación, sino de un complemento de la prestación previamente reconocida, complemento de cuantía sensiblemente inferior a la principal, por lo que el daño patrimonial en la demora del percibo al que se tiene derecho es cuantitativamente menor.Teniendo en cuenta todo ello, la Sala entiende que la cantidad adecuada en orden a la compensación de los daños derivados de la discriminación adicional derivada de la denegación del denominado complemento de maternidad a los varones por parte del INSS cuando ya había sido establecido por el TJUE el carácter discriminatorio y contrario al derecho de la Unión de la regulación que reservaba exclusivamente dicho complemento a las mujeres, debe ser fijada en la cantidad de 1.800 euros.
Resumen: Desempleo (ERTE): la controversia consiste en determinar si el tiempo de suspensión contractual por causa de fuerza mayor asociada a los efectos de la pandemia (ERTE) computa como cotizado a efectos de percibir una nueva prestación de desempleo. En ausencia de previsión específica por parte de la legislación especialmente destinada a disciplinar ese supuesto, hay que estar a las reglas comunes contenidas en la LGSS y, por tanto, no computa.
Resumen: Determinar si debe computarse como cotizado el periodo de percepción de prestaciones de desempleo como consecuencia de la suspensión del contrato de trabajo en ERTE covid por fuerza mayor, a efectos de percibir una nueva prestación de desempleo. La trabajadora fue incluida en un ERTE por fuerza mayor, permaneciendo en esa situación hasta el 6/10/2021, que se extinguió la relación laboral. La Sala IV reitera doctrina que señala no hay derecho a generar prestación durante el tiempo que estuvo en situación de fuerza mayor COVID, por lo que no computa como cotizado para nueva prestación el periodo que se perciben prestaciones por suspensión, en aplicación del art 269.2 LGSS. La normativa especial COVID-19 no introduce una nueva regla de la que pudiere derivarse que esa clase desempleo genere más beneficios que los previstos con carácter general, ni pretende generar un derecho distinto y más extenso que el contemplado en la LGSS, sino mantener para el trabajador el mismo estatuto jurídico reconocido en la normativa ordinaria, pese a la inexistencia de cotizaciones empresariales en el periodo de prestación de desempleo covid. Además, los principios en los que se sustenta la prestación de desempleo, establecen que tan solo el efectivo desempeño de servicios laborales durante un determinado periodo temporal puede generar el correlativo derecho a la prestación. Aplica STS de pleno 980/2023, de 16 de noviembre (rcud 5326/2022) y rcud. 606/23, 5659/22, 4839/22, 695/23, 3419/23, 5553/23.
