Resumen: La Sala estima parcialmente el recurso y confirma la sentencia de instancia, que a su vez desestimó la demanda de la Mutua sobre prestación de riesgo durante el embarazo, revocando únicamente la imposición de multa por temeridad, porque consta la concurrencia de los requisitos legales, como la existencia de riesgos específicos del puesto de trabajo, el cual no pudo ser adaptado ni las condiciones laborales de la trabajadora, y aunque, en abstracto, hasta la semana 20 de gestación no exista riesgo, no puede prevalecer este criterio orientativo, ante una situación concreta, en la que analizando el supuesto específico, concurren los requisitos precisos para devengar la prestación solicitada, que no se condiciona a que la beneficiaria se encuentre en una determinada semana de gestación.
Resumen: El beneficiario venía percibiendo pensión de invalidez permanente cuyo importe se reduce mediante resolución de 25 de mayo de 2023 por regularización desde 1-3-2022, reclamando como indebido el importe de 2.141,65 euros. Se formula demanda en la que solo se reclama que el importe debe ser inferior por entender que no se debían incluir los ingresos percibidos durante 5 mensualidades del año 2023. Se desestima la demanda y se formula recurso de suplicación que no debería ser admitido porque el importe de la pretensión es inferior a 3.000 euros y no se acredita afectación general.
Resumen: La Sala estima el recurso y declara que la incapacidad temporal litigiosa tiene origen en enfermedad profesional, porque en el vigente cuadro o lista de enfermedades profesionales en relación con las principales actividades capaces de producirlas, se menciona el síndrome de tunel carpiano originado en trabajos que exijan aprehensión fuerte con giros y desviaciones cubitales y radiales repetidas de la mano, así como movimientos repetidos o mantenidos de extensión de la muñeca, y es manifiesto que en las funciones, como operaria de lavandería, hay continua reiteración de movimientos de flexión.
Resumen: La Sala afirma que la jubilación forzosa del trabajador no puede imponerse si no se cumplen los requisitos legales y convencionales aplicables. Conforme al art. 22 del Convenio estatal de empresas de servicios auxiliares de información, recepción, control de accesos y comprobación de instalaciones y la DA 10ª ET, para extinguir el contrato por jubilación obligatoria se exige que el trabajador deba cumplir la edad legal de jubilación y tener derecho al 100% de la pensión contributiva y la empresa extinguió la relación laboral basándose en un informe de cotización que reflejaba una exoneración en las cotizaciones, sin probar el derecho efectivo al 100% de la pensión, habiendo acreditado el actor que con su vida laboral que no alcanzaba los días de cotización necesarios, 12.182 días, poco más de 33 años, cuando para alcanzar el 100% requería 13.320 días en 2023, no siendo correcto que la SJS exigiera al trabajador la prueba de que no cumplía los requisitos, siendo la empresa quien debía acreditar la causa extintiva conforme a los arts. 105.1 LRJS y 217 LEC y además la empresa tampoco cumplió con lo dispuesto en el Convenio, que exige que el trabajador tuviera reconocido el 100% de pensión ni realizó las actuaciones de empleo requeridas, no pudiendo el empleado en el momento de la extinción tener aún resolución del INSS, que es voluntaria y posterior.
Resumen: La demandante, con discapacidad del 65%, vio reconocida la RAI en el periodo del 11-2-21 al 10-1-22. Durante el periodo del 6-10-21 al 8-11-22 estuvo prestando servicios con un contrato a jornada parcial, habiendo percibido prestación de desempleo del 9-11-22 al 12-12-22, estado inscrita como demandante de empleo en distintos periodos: del 4-2-20 al 6-10-21 y del 25-10-21 al 21-12-22; y en fechas 10-5-22 y 24-6-22 participó en dos procesos selectivos de estabilización de empleo. Solicitando de nuevo la RAI para el periodo del 11-1-22 al 11-12-22, fue denegada porque en el momento de la solicitud no tenía la condición de desempleado y por no acreditar haber realizado tres acciones de búsqueda de empleo en el periodo previo a la solicitud. Aunque se acepta la revisión de hechos añadiendo que asistió a una jornada de formación sobre Autismo y Sanidad en fecha 26-9-22 y ha solicitado su inclusión en la Bolsa Única de Empleo del SERMAS en fecha 12-1-23, tales acciones son posteriores a la fecha de la solicitud y no corresponden al periodo de 365 días antes de la solicitud, que es lo que exige la ley.
Resumen: La cuestión a resolver es la de determinar si un matrimonio válidamente contraído en país extranjero, que no ha sido inscrito en el registro civil, despliega el efecto jurídico de extinguir una anterior pensión de viudedad, mientras que el cónyuge del beneficiario de la misma no ha dispuesto del permiso de residencia en España hasta que la inscripción registral pudo formalizarse. La Sala IV no entra a conocer del fondo del asunto por falta de contradicción entre las sentencias comparadas dado que en la recurrida consta un hecho probado singularmente relevante que justifica la diferente respuesta judicial ofrecida. En el caso de autos el actor enviaba mensualmente la suma de 600 euros a su esposa en el extranjero, lo que se valora como una actuación relevante en orden al cumplimiento de las obligaciones de ayuda y socorro mutuo, ejes sobre los que pivota el régimen jurídico de la pensión de viudedad y su extinción. Extremo inexistente en la de contraste y que implica que los hechos de una y otra resolución no sean los mismos.
Resumen: Derecho de opción en caso de concurrencia de prestaciones de incapacidad temporal (20-4-2015 a 15-10-2016, y 30-5-2017 en adelante) e incapacidad permanente total (10-4-2017 en adelante. De acuerdo con la doctrina de las SSTS 19 de diciembre de 2000 (rcud 4635/1999) y 22 de mayo de 2001 (rcud 2613/2000), que es precisamente la sentencia de contraste, el derecho de opción corresponde a la beneficiaria con categoría profesional de limpiadora. Ejecución de la STS 1143/2021, de 23 de noviembre (rcud 87/2019). De conformidad con el Ministerio Fiscal, se estima el recurso de casación para la unificación de doctrina
Resumen: Reitera el actor el carácter laboral de su relación y, por tanto, la competencia del Orden Social de la Jurisdicción para conocer de su acción de despido. Tras recordar las notas definitorias del contrato de trabajo (en singular reseña de los requisitos de dependencia y ajeneidad) y sus carácteristicas diferencias con el arrendamiento de servicios en el contexto de quien los presta en el ámbito familiar, compatibilizando sus funciones de Consejero Delegado y alto cargo; se plantea el Tribunal si, con independencia del vínculo familiar entre el recurrente y su hermano, la prestación realizada por aquel permite identificar las notas propias de una relación laboral. Advirtiéndose que si bien el administrador inicial de la sociedad fue el hermano del recurrente, desde el 22 de enero de 2022 hasta el mismo día en que fue dado de baja en la Seguridad Social estuvo ostentando el cargo de administrador de la sociedad, primero como administrador único y despues como administrador solidario (sin que conste que hubiera ejercido en algún momento funciones a las que podamos aplicar las notas de ajenidad y dependencia). Lo que lleva al Tribunal a confirmar la declaración de incompetencia acordada en la instancia.
Resumen: Se deja sin efecto la pensión de jubilación no contributiva porque se considera que la cantidad que la demandante abona mensualmente a la Seguridad Social, por haber suscrito Convenio Especial debe computarse a efectos de límite de rentas. Pero tal concepto no puede ser incluido dentro del concepto de «rentas» o «ingresos» a los que se refiere la norma reguladora ni identificarse con rentas de trabajo, prestaciones reconocidas por cualquiera de los regímenes de previsión social, financiados con cargo a recursos públicos o privados, ni a rentas de capital, provenientes de elementos patrimoniales, tanto de bienes como de derechos, según sus rendimientos efectivos.
Resumen: La cuestión suscitada en la sentencia anotada se centra en determinar la fecha de efectos del subsidio económico en la situación de riesgo durante la lactancia natural cuando la trabajadora, a quien se le denegó el derecho prestacional, tras concluir el periodo de maternidad estuvo de permisos, vacaciones mientras reclamaba judicialmente frente a esa denegación. El TS tras examinar las normas de aplicación al caso, da lugar al recurso de su razón y declara que la trabajadora que, tras concluir el periodo de maternidad, solicita el subsidio por riesgo durante la lactancia, tiene derecho a el subsidio a partir de entonces, aunque, ante la desestimación en vía administrativa del subsidio y durante la reclamación en vía judicial, haya tenido que acogerse a permisos o vacaciones para eludir el riesgo durante la lactancia que, finalmente, ha sido reconocido como existente. Razona al respecto que si a la trabajadora se le deniega su solicitud y, teniendo que acudir a la vía judicial para su reconocimiento, éste derecho le es otorgado, necesariamente le tendrá que ser reconocido desde el momento en lo que reclamó, sea cual sea la situación que se haya producido desde la denegación hasta la sentencia judicial que haya dejado sin efecto la decisión de la Mutua, señalando asimismo que ello no entraña un enriquecimiento injusto porque el pago del subsidio es cargo de la Mutua y no de la empresa.
