Resumen: Reitera la Sala Cuarta la doctrina de la STS 612/2018, de 12 de junio de 2018 (rcud 684/2017), seguida por muchas otras posteriores, conforme a la que no cabe condenar en costas de suplicación al SPEE vencido en su recurso, sin apreciarse temeridad ni mala fe, al ser sucesor del Inem y tener la condición de entidad gestora de la Seguridad Social, alcanzándole por ello el beneficio de justicia gratuita del art. 2.1.b de la Ley 1/1996, de 10 de enero; razona el TS que la acción protectora de la Seguridad Social comprende el desempleo en sus niveles contributivo y asistencial, y el SPEE es la “entidad gestora” de las mismas conforme al artículo 294.1 LGSS y artículo 18 j) del texto refundido de la Ley de Empleo, aunque no se mencione como tal en el art. 66.1 LGSS. Rechaza también que sea de aplicación al SPEE la doctrina jurisprudencial de las SSTS 850/2018, de 20 de septiembre de 2018 (Pleno, rcud 56/2017 y 951/2018, de 7 noviembre de 2018 (rcud 254/2017) conforme a las cuales los servicios de salud de las comunidades autónomas, no tienen la condición de entidad gestora del sistema de la Seguridad Social.
Resumen: La Sala desestima la revisión de los hechos probados que se pretende, entre otros documentos, en atención a la Guía de valoración Profesional del INSS. Tal documento no es válido a efectos revisores por tener un carácter puramente valorativo y subjetivo, no fehaciente (es elaborado por una de las partes del proceso), y quedar su eficacia limitada a los expedientes administrativos en los que se precise una determinación de las circunstancias genéricas identificativas de una actividad profesional, por lo que su contenido queda fuera de los concretos aspectos de hecho apreciables en sede judicial. Sentado lo anterior, del inalterado relato factico, resulta que el actor presenta el siguiente cuadro residual: Infarto de miocardio anterior CEST agosto/2018. Parada cardiorrespiratoria extrahospitalaria por Fibrilación ventricular recuperada. Angioplastia primaria a DA y OM. CD distal no revascularizada. FEVI global conservada. Nueva Angioplastia. Y las limitaciones orgánicas y funcionales siguientes: Presenta síntomas moderados con el esfuerzo, lo que conlleva limitación para actividades de con requerimientos de carga física de moderada intensidad. Su profesión habitual consiste en la enseñanza practica de las labores propias en el oficio de albañilería y construcción en general, lo que implica un desempeño laboral ordinario asimilado a la actividad objeto de la docencia con esfuerzos exigentes, cuando el trabajador está impedido para labores de carga física.
Resumen: La Sala Cuarta confirma el acceso a la jubilación anticipada tras Ley 40/2007 por quien no perteneció al mutualismo laboral reiterando criterio conforme al cual no se exige ni el requisito general de alta o situación asimilada, ni el mantenimiento de la inscripción ininterrumpida como demandante de empleo, sino solo que la persona beneficiaria halla estado inscrita como demandante de empleo durante un plazo de seis meses inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud de la jubilación.
Resumen: La sentencia de instancia desestima el reconocimiento de ingreso mínimo vital, al entender que no es posible excluir del patrimonio computable la titularidad que ostenta, en el porcentaje del 50%, del inmueble sito en la localidad de Renedo de Piélagos, en donde reside su expareja. De este modo, debe excluirse el importe correspondiente a la titularidad del bien inmueble en el que reside, pero no el porcentaje de titularidad sobre el segundo inmueble (50%). La posición de la parte recurrente no resulta atendible, dado que si bien el Decreto Ley 20/2020, de 29 de mayo, creó una prestación de Seguridad Social que está "dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que vivan solas o integradas en una unidad de convivencia, cuando se encuentren en una situación de vulnerabilidad por carecer de recursos económicos suficientes para la cobertura de sus necesidades básicas" (art. 1), lo cierto es que el acceso a dicha prestación exige los requisitos que luego regula el artículo 7, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 18. De este modo, el valor que debe atribuirse a los inmuebles que no constituyan vivienda habitual de la persona solicitante debe efectuarse de conformidad con lo fijado en este último precepto (art. 18), incluso cuando el referido inmueble está siendo ocupado por la expareja pues en tanto no se realice la oportuna liquidación del patrimonio común, dicho inmueble sigue perteneciendo a la solicitante en el porcentaje indicado.
Resumen: La Sala confirma el criterio de instancia, partiendo del accidente sufrido por el trabajador en mayo de 2020, en tobillo derecho, siendo la causa de la baja inicial hasta el día 8-6-2020 en que cursa alta por mejoría (de lo que también obtiene el Juzgador el carácter leve del trauma), sin roturas o edemas derivados del mismo. Desvincula el proceso que le afecta en su nueva baja, desde el día 9-6 siguiente, y lo conecta con la osteomielitis crónica padecida. Frente a esta conclusión, corresponde a la parte recurrente evidenciar, con prueba pericial de superior valor a la ponderada en la instancia, error al determinar tal origen. A lo que el hecho de que en fechas próximas al accidente no consten procesos largos de baja por dolor en esta zona, no lo impide. Hay signos (inflamación, degeneración, edema, roturas...), ajenos a las consecuencias de aquel AT leve, que no es susceptible de producir la agravación de la patología previa constatada tras la baja de 9-6-2020. Con un origen degenerativo, que no guarda conexión con el trabajo y la mera constancia de la baja inicial por contingencia profesional, sin otras anteriores comunes a tal fecha, no evidencia en la forma precisa que también esta nueva baja tenga su causa en aquel accidente leve sufrido, por la mera coincidencia de la zona anatómica afectada (tobillo derecho) y temporal (la nueva baja se otorga un día después del alta previa). La actual baja por ello su causa en el proceso degenerativo y no es un trauma en el trabajo.
Resumen: Por el actor se imputan como incumplimientos graves, que con ocasión de haberse incorporado su nueva superior jerárquica, existen: "órdenes incoherentes sobre horario inicial", "órdenes bajo premisas falsas sobre dónde dormir en Merca Madrid", "llamadas continuas", "utilización de camiones obsoletos o dañados", "improvisación constante de órdenes que afecta al descanso semanal", "obligación de cubrir las bajas de los compañeros", "excesos de jornadas", y "transportar mercancías peligrosas sin extintores suficientes", motivo que considera está en la base de la baja médica (IT) de fecha 6 de agosto de 2021, y por lo que solicita además una indemnización adicional de 25.000 € por daños morales. Considera, sin embargo, la Sala que el recurrente se limita a hacer supuesto de la cuestión, para lo que parte de presupuestos fácticos carentes de reflejo en la versión judicial de los hechos y, a su vez, de valoraciones que tampoco se desprenden de ella e, incluso, contradicen abiertamente las conclusiones sentadas por el juzgador "a quo", intentando, así, establecer otras distintas de las alcanzadas por el mismo, lo que no es posible admitir. no se ha demostrado que la empresa haya incurrido en alguna de las conductas recogidas en el artículo 50 del ET que justifican la extinción de la relación laboral a petición del trabajador y tampoco se ha probado una vulneración de derechos fundamentales del actor, por lo que no es posible admitir la pretensión acumulada de indemnización de daño.
Resumen: En el presente caso, inicialmente, al actor no se le reconoció el complemento solicitado, aunque luego, en fase de reclamación previa, sí se estimó su solicitud. A pesar de que el fondo del asunto quedó ceñido a la solicitud de la parte demandante de la condena por temeridad de las entidades gestoras, la sentencia de instancia analiza el fondo del asunto y estima la pretensión del actor respecto al complemento de maternidad. Por ello, al tiempo de la celebración del acto del juicio oral, era claro que existía una carencia sobrevenida del objeto principal. No estamos, por tanto, ante un allanamiento de la demandada, sino ante una carencia sobrevenida del objeto principal del pleito. El pago de las costas procesales, en general, no es un concepto incluíble en las pretensiones que se deben satisfacer para valorar la existencia de la satisfacción extraprocesal o carencia sobrevenida de objeto, por analogía con lo que ocurre con el allanamiento total (art. 21.1 LEC), que no da lugar a la imposición de costas. La consecuencia de todo ello no puede ser la nulidad de la sentencia de instancia, ya que no se advierte la misma haya podido ocasionar indefensión alguna, sino solo la revocación del pronunciamiento estimatorio, que debe ser sustituido por un pronunciamiento desestimatorio de la demanda del actor, al haberse satisfecho ya su pretensión en la vía administrativa. La petición de condena por temeridad debería haberse articulado a través del recurso y no de la impugnación.
Resumen: La discusión se circunscribe exclusivamente a la fecha de efectos económicos para el INSS. Considera la entidad gestora que la fecha de efectos del pago de la jubilación parcial reconocida será la fecha de firma del contrato de relevo de obligado cumplimiento, que conllevará de forma necesaria la cesación en la jornada laboral a tiempo completo, argumentación que va a tener favorable acogida. Así, según el artículo 215.2.e) LGSS, siempre que con carácter simultáneo se celebre un contrato de relevo en los términos previstos en el artículo 12.7 del ET, los trabajadores a tiempo completo podrán acceder a la jubilación parcial cuando reúnan los siguientes requisitos: (...) Que exista una correspondencia entre las bases de cotización del trabajador relevista y del jubilado parcial, de modo que la correspondiente al trabajador relevista no podrá ser inferior al 65 por ciento del promedio de las bases de cotización correspondientes a los seis últimos meses del período de base reguladora de la pensión de jubilación parcial. Por tanto, habrá que distinguir entre fecha de efectos jurídicos y fecha de efectos económicos, siendo la primera la señalada en el fallo de la sentencia, el 1-9-2020, pero la fecha de efectos económicos será al cumplimiento de los requisitos legales, la firma del contrato de relevo con la consiguiente cesación en la jornada laboral a tiempo completo y contratación de trabajador relevista en un porcentaje en un porcentaje de jornada como la del cese del actor.
Resumen: La sanción administrativa impugnada había impuesto una sanción por un importe de 26.002,60€ a una empresa por dar ocupación a trabajadores sin haber sido dados de alta en Seguridad Social y que venían percibiendo la pensión de jubilación y declara la responsabilidad solidaria de la comunidad de propietarios titular del inmueble donde se prestaba el trabajo y que lo había arrendado a la empresa en la que venía presando sus servicios los trabajadores siendo la actividad desarrollada restauración / cafetería. Por el Juzgado de lo Social se estima la demanda interpuesta por la Comunidad de Propietarios declara la caducidad del expediente sancionador y absuelve de toda responsabilidad . Interpuesto recurso de Suplicación por la Administración demandada se desestima, en primer lugar la estimando los dos primeros motivos de la recurrente considera que no ha caducado la tramitación del expediente sancionador , al haber estado suspendido el plazo para su conclusión al haberse retrotraído las actuaciones por un vicio formal defectos en la notificación y que tampoco se habría causado indefensión a ninguna de las partes condenadas. Desestima el último de los motivos de denuncia jurídica al considerar que no existe responsabilidad solidaria de la Comunidad de Propietarios pues la actividad desarrollada en el local arrendado no tiene la consideración de "propia actividad" de Comunidad de Propietarios por lo que no puede ser condenada solidariamente en la sanción administrativa impuesta.
Resumen: En el supuesto examinado, el demandante decidió acumular en el mismo escrito rector la acción dirigida a reclamar su derecho a obtener el complemento de maternidad, por aportación demográfica, con otra que invocaba la lesión de su derecho fundamental a no ser discriminado por razón de sexo. Al actor se le rechazó la solicitud de pago del complemento de maternidad el 12 de febrero de 2021 y, sin embargo, no fue hasta el momento de la sentencia cuando se reconoce el complemento. Considera la Sala que la conducta del INSS ha de calificarse de injustificada respecto del cumplimiento de la sentencia del Tribunal europeo, ocasionando un daño moral susceptible de ser indemnizado, considerando que la suma más equilibrada a los efectos que nos ocupan es la de 600 euros. No procede el abono de intereses, conforme la artículo 24 de la LGP, ya que Entidad gestora debe ejecutar la sentencia en el plazo de tres meses y solo en el caso de incumplimiento temporal en la ejecución, se prevé el pago de intereses. Respecto al perjuicio patrimonial que, en definitiva, y la margen de la calificación, supone la petición de los costes del procedimiento, la Entidad gestora goza del beneficio de la justicia gratuita y tampoco se le puede repercutir tales gastos si en el orden social no es preceptiva la intervención de Letrado.
