Resumen: Por el SPEE fue extinguida al demandante la prestación del programa de Renta Activa de Inserción (RAI) por superación de rentas en la unidad familiar; esta la componen el actor, su pareja y su hija; la pareja del actor percibe la retribución salarial y una pensión de viudedad. La STSJ estima el recurso del actor y deja sin efecto la resolución extintiva. Ante el TS se trata de determinar si para acceder a la RAI deben incluirse en el cómputo de rentas de la unidad familiar la pensión de viudedad de la madre del hijo del solicitante, que vive con él sin estar casados. La Sala IV remite a la STS de 15-10-2019 (R. 1145/2017), en la que consideró que los ingresos de la pareja de hecho del solicitante de un subsidio por desempleo no podían ser incluidos a efectos de terminar las rentas de la unidad familiar; y tal conclusión se obtuvo, primero, de la literalidad de la norma (en este caso el art. 2.1.d) RD 1369/2006); por la interpretación teleológica de la norma; también atendiendo a los antecedentes históricos y legislativos del sistema de la Seguridad Social; y entendiendo que en relación con la pareja de hecho no se puede acudir a la analogía con otros supuestos; y sin que pueda ser compartida la doctrina de la sentencia de contraste, que alude al concepto de persona "a cargo". En definitiva, no es posible integrar en la unidad familiar a quien no tiene la condición de cónyuge, aunque mantenga una relación como pareja de hecho. Se desestima el recurso del SPEE.
Resumen: No entra la sentencia a conocer de la cuestión relativa a si procede el reconocimiento en situación de incapacidad permanente total por silicosis, por no apreciarse la existencia de contradicción con la sentencia de contraste, ya que si bien en ambos supuestos los trabajadores padecen silicosis simple o de grado 1 sin enfermedades intercurrentes y sin puesto de trabajo en sus empresas no expuesto al riesgo pulvígeno, pretendiendo el reconocimiento en situación de incapacidad permanente total derivada de enfermedad profesional en base al artículo 45.1 de la OM 15-04-1969, ahí acaban las similitudes, ya que en la sentencia recurrida consta que el trabajador fue despedido por causas económicas, lo que no consta en la sentencia de contraste, por lo que pierde relevancia el factor de la posible recolocación en otro puesto de trabajo de la misma empresa, lo que sigue siendo relevante si no se ha extinguido el contrato de trabajo. Además, en la sentencia recurrida consta que el trabajador recibió indemnización conforme a la Orden de 09-05-1962, lo que no consta en la sentencia de contraste.
Resumen: El objeto del recurso se ciñe a determinar si procede reconocer la prestación de desempleo a un trabajador, menor de 30 años, que presta servicios para su padre, afiliado al RETA, en virtud de un contrato de trabajo y que no convive con el mismo. En suplicación se argumentó que el artículo 1.3.e) del ET excluye la existencia de relación laboral cuando los servicios se prestan para el empresario por sus descendientes, salvo que se acredite la condición de asalariado. Procede la estimación del recurso porque concurren las circunstancias que posibilitan el acceso a la prestación de desempleo denegada ya que nos encontramos en el supuesto de un hijo menor de 30 años, no conviviente, contratado por su progenitor, afiliado al RETA, por lo que no está excluido del ámbito de aplicación del ET, lo que determina, como ya se ha adelantado, la estimación del recurso formulado. La solución es respetuosa con los postulados constitucionales ya que supone que el acceso a la prestación de desempleo no resulta subordinada al requisito de ser mayor o menor de treinta años, lo que supondría una discriminación por razón de edad, sino que se le reconoce el derecho a la citada prestación en el supuesto de que no conviva con su progenitor, denegándosele en caso contrario. El requisito de la convivencia se erige así en la piedra angular no contraria a la Constitución ya que es un factor relevante para determinar la existencia de una especial relación y, en su caso dependencia.
Resumen: La cuestión suscitada consiste en decidir si tiene derecho a la jubilación anticipada a los 61 años de edad (con arreglo a la normativa anterior a la reforma operada por la Ley 27/2011), un trabajador que cesó en el trabajo el 08/02/2013 con más de 38 años de cotización, y que tras percibir el subsidio por desempleo prestó nuevamente servicios por cuenta ajena al 75% de la jornada desde el 07/01/2016 a 16/04/2016. La sentencia comentada llega a la conclusión de que no procede reconocer el derecho solicitado porque los términos de la disp. final 12.2 Ley 27/2011, en su redacción dada por el RDL 5/2013, son claros y terminantes, y además se han reiterado en el tiempo, al exigir para aplicar la regulación anterior que la relación laboral se haya extinguido antes del 01/04/2013 y que con posterioridad a tal fecha no se vuelva a quedar incluido en alguno de los regímenes de la Seguridad Social; y es claro que el último requisito no se cumple en este caso.
Resumen: La actora solicitó la prestación de IP, que le fue denegada por el INSS por no encontrarse en situación de alta o asimilada y no ser sus lesiones constitutivas de ningún grado de incapacidad. La sentencia de instancia admite que las dolencias de la actora son constitutivas del grado de IPP, pero niega el reconocimiento de la prestación porque no concurre el requisito de alta. Recurre únicamente la parte actora en suplicación -sin que el INSS hubiere llegado ni tan siquiera a impugnar el recurso-, para plantear que debe aplicarse la doctrina flexible y humanizadora para considerar que se encuentra en situación asimilada al alta. La sentencia recurrida no solo no se pronuncia sobre es única pretensión ejercitada en suplicación, sino que revisa de oficio lo declarado en la sentencia de instancia para establecer que las dolencias de la demandante no son constitutivas de incapacidad permanente parcial. Se plantea en casación unificadora determinar si incurre en incongruencia la sentencia de la Sala cuando sólo recurre la trabajadora demandante que no ha impugnado ese pronunciamiento. La Sala IV concluye que lo expuesto provoca una reformatio in peius atentatoria del derecho de tutela consagrado constitucionalmente, a la vez que con ello incurre en incongruencia omisiva al no pronunciarse sobre la pretensión ejercitada por la recurrente que constituye el único objeto del recurso de suplicación, contraviniendo de esta forma lo dispuesto en el art. 218.1 LEC.
Resumen: Ante el TS se trata determinar, únicamente, si la finalización válida de un contrato de interinidad por vacante por cobertura reglamentaria de la plaza por la Administración, debe conllevar una indemnización por extinción del contrato, en concreto la de 20 días por año del art. 53 ET. Razona la Sala IV que, partiendo del dato incuestionable de que nuestro ordenamiento jurídico no ha previsto ningún tipo de indemnización por finalización del contrato temporal de interinidad, hay que referir que la doctrina de la STJUE de 14-9-2016 (C-596/14), fue rectificada por las SSTJUE de 5-6-2018, (C-574/16 y C-677/16), y, más recientemente, por la STJUE de 21-11-2018 (C-619/17), en respuesta a las cuestiones prejudiciales planteadas por la Sala IV. La cual en STS Pleno de 13-3-2019 (R. 3970/2016), zanjó la cuestión reseñando que «no es posible confundir entre distintas causas de extinción contractual y transformar la finalización regular del contrato temporal en un supuesto de despido objetivo que el legislador no ha contemplado como tal. El régimen indemnizatorio del fin de los contratos temporales posee su propia identidad, configurada legalmente de forma separada, sin menoscabo alguno del obligado respeto al derecho a no discriminación de los trabajadores temporales». No puede anudarse a la válida extinción de este tipo de contratos la indemnización prevista por la Ley para supuestos radicalmente distintos como son las causas objetivas contempladas en el art. 52 del ET.
Resumen: La cuestión suscitada se centra en determinar si la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social tenía acceso al recurso de suplicación, en una demanda en la que se reclamaba una mayor pensión de jubilación, al no estar conforme con la base reguladora, resultando una diferencia entre lo reconocido y lo reclamado que no superaba los 3.000 euros. La Sala IV sostiene que no existe contradicción entre las sentencias comparadas al no concurrir la identidad exigida. En la recurrida la discrepancia está en que el demandante pretende aplicar el régimen ordinario de determinación de la pensión de jubilación mientras que la entidad gestora entiende que está bajo otra cobertura legal anterior a la reforma de 2011. Ese debate no es el que ha permitido a la sentencia de contraste apreciar la existencia de afectación general. Esto es, en el caso de autos la naturaleza de la pretensión articulada en demanda no se asemeja , a efectos de notoriedad, a la que presentaba en la sentencia de contraste y menos cuando el presente debate resulta novedoso. Por otra parte, la Sala IV confirma que el recurso no reúne las notas de afectación general por notoriedad. No se constata que la situación de conflicto generalizada concurra en este caso, ni siquiera por la vía de la notoriedad, ya que estamos ante un debate que se ciñe a si el demandante, que solicita la pensión de jubilación, debe acogerse al régimen de la D.T. 4ª.5 de la LGSS.
Resumen: La sentencia casa y anula la de suplicación para estimar la demanda presentada por el actor, en que solicitaba se le reconociera la jubilación anticipada que le fue denegada tras acogerse al plan de prejubilaciones de Banca Cívica, y que le fue denegada por no constar como inscrito como demandante de empleo en los 6 meses anteriores al hecho causante. Reitera lo dispuesto en la STS 14-04-2020 (Rec. 790/2009), en que se concretó que los requisitos de los apartados b) y d) del art. 161 bis 2 LGSS, no son exigibles en aquellos supuestos en que el empresario, en virtud de obligación adquirida mediante acuerdo colectivo o contrato individual de prejubilación, haya abonado al trabajador, tras la extinción del contrato de trabajo, y en los dos años inmediatamente anteriores a la solicitud de jubilación anticipada, una cantidad que, en cómputo global, represente un importe mensual no inferior al resultado de sumar la cantidad que le hubiere correspondido en concepto de prestación por desempleo y la cuota que hubiera abonado o, en su caso, la cuota de mayor cuantía que hubiera podido abonar en concepto de convenio especial con la Seguridad Social, por lo que no es exigible al actor el requisito de encontrarse inscrito en la oficina de empleo durante un plazo de 6 meses anteriores a la solicitud de prejubilación, ya que la extinción lo fue mediante acuerdo colectivo o contrato individual de prejubilación
Resumen: La cuestión suscitada consiste en decidir si la discapacidad del 67%, reconocida a la demandante, debe retrotraerse a la fecha de su solicitud, o, por el contrario, debe retrotraerse al momento en el que se le reconoció una discapacidad sensorial, lo que sucedió el 14-10-1977. La Sala IV, con remisión a sentencia previa, confirma la desestimación de la demanda y ello porque el art. 10.2 RD 1971/1999, en la redacción dada por el RD 1856/2009, dispone que "El reconocimiento de grado de discapacidad se entenderá producido desde la fecha de solicitud", por lo que la literalidad del precepto es meridiana y su legalidad no puede admitir duda alguna, incluso si se pone en conexión con lo preceptuado por el art. 57.3 Ley 30/1992, en la medida en que se trata de una norma de carácter especial. En el caso se ha acreditado que el 17-08-2006, cuando la demandante solicitó la revisión por agravamiento de su anterior declaración de discapacidad, producida el 29-07-1992, no presentaba las mismas patologías que entonces, ni tampoco el 14-10-1977, al producirse la resolución del I.N.P. Por tanto, no concurre el mismo supuesto de hecho entre las circunstancias concurrentes en 1978 o en 1992 y las que causaron la actual declaración de discapacidad, por lo que no cabe activar la eficacia retroactiva excepcional, establecida en el art. 57.3 de la Ley 30/1992.
Resumen: En la sentencia analizada, se declara que no cabe reconocer una situación de incapacidad temporal, por recidiva o recaída derivada del anterior proceso por contingencia de accidente de trabajo, cuando no se aprecia que derivara de la misma o similar patología. Ha de tenerse en cuenta que cuando se ha producido el transcurso del plazo máximo y, se ha dado el alta médica al trabajador, sin declaración de incapacidad permanente, sólo podrá generarse un nuevo proceso de incapacidad temporal por la misma o similar patología, si media un periodo de actividad laboral superior a seis meses, o si el INSS, a través de sus órganos competentes para evaluar o calificar y revisar la situación de incapacidad permanente del trabajador, emite la baja a los exclusivos efectos de la prestación económica de incapacidad temporal.
