Resumen: La Audiencia Nacional ante una demanda en que por la modalidad procesal de impugnación de acto administrativo en materia laboral se impugnan resoluciones dictadas en la Convocatoria 1/2022 de CRTVE. considera que carece de competencia objetiva para conocer de la demanda. Aduce que actuando la Administración como empleadora el procedimiento para impugnar sus actos es el procedimiento ordinario para el que la Sala carece de competencia. Sigue al efecto doctrina de la Sala ratificada por el Tribunal Supremo.
Resumen: En el recurso de suplicación interpuesto por el Instituto Foral de Asistencia Social de Bizkaia contra la sentencia del Juzgado de lo Social n.º 12 de Bizkaia, se cuestiona la decisión que consideró que la extinción del contrato del demandante no fue un despido, sino una finalización regular por cobertura reglamentaria de la plaza, y se le condenó a abonar una indemnización de 29.809,47 euros. En los hechos probados, se establece que el demandante había trabajado desde 2009 y que su último contrato era de interinidad, finalizando su relación laboral el 16 de octubre de 2024 tras no obtener plaza en un proceso selectivo. El TSJ de suplicación considera que las alegaciones del recurrente sobre la antigüedad y la fecha de extinción del contrato no requieren prueba adicional, ya que se basan en la propia demanda. Así, se concluye que la indemnización debe ajustarse a la antigüedad y la fecha de extinción del contrato, fijándose en 22.482 euros (20d/año). El fallo del TSJ estima el recurso de suplicación y revoca la resolución impugnada, modificando el importe de la indemnización
Resumen: La Sala desestima el recurso de la Corporación y confirma la sentencia de instancia, que a su vez estimó demanda sindical sobre vulneración de derechos fundamentales, porque la composición del tribunal calificador de las pruebas de acceso de personal laboral de referencia fue de 10 miembros, 7 varones y 3 mujeres, con la particularidad de que estas últimas ocuparon los puestos suplentes de vocales y la secretaria, sin que ninguno de esas suplentes tuviera intervención en el proceso selectivo. En estas circunstancias difícilmente puede apreciarse que se haya dado aplicación efectiva al principio de paridad entre hombres y mujeres para una composición igualitaria de tribunal calificador.
Resumen: Para el computo de la prescripción en la reclamación dineraria contenida en la demanda rectora de las presentes actuaciones, para justificar el rechazo de dicha censura jurídica dos extremos resultan de particular relevancia: 1.- el primero, que la mera presentación de la papeleta de conciliación ya es en sí un medio plenamente hábil para interrumpir la prescripción, con absoluta independencia de que la misma llegue o no a conocimiento de la demandada; 2.- y junto a ello, que si bien el actor presentó la papeleta de conciliación el 23.04.2019, el correspondiente acto se celebró el 06.09.2019 con la activa participación de la demandada, que incluso formuló en el mismo reconvención.En consecuencia, comenzando ex novo desde el 07.09.2019 el plazo de prescripción, y habiéndose suspendido por el estado de alarma en el año 2020 dicho plazo durante 82 días, al tiempo de presentar una nueva papeleta de conciliación el 19.11.2020 la acción no estaba en ningún caso prescrita.Tratándose de concretas deudas salariales la solución ofrecida por el legislador -ex art. 29.3 ET - ha de operar también de forma objetiva, sin tener en cuenta ni la posible razonabilidad de la oposición empresarial a su pago, ni que en los concretos periodos económicos esa cifra -diez por ciento- sea superior o inferior a la inflación. Y ello es así -consideramos-, tanto porque el mandato legal se expresa de forma imperativa y sin condicionamiento alguno [«El interés por mora en el pago del salario será el diez por ciento de lo adeudado»]; cuanto por el importante elemento interpretativo -ya aludido- que significan los trabajos parlamentarios previos «para desentrañar el alcance y sentido de las normas.
Resumen: Se interpone un recurso de suplicación por la representación letrada de la Xunta de Galicia contra la sentencia del Juzgado de lo Social que reconoció a la parte actora el derecho a percibir el complemento de grado I de la carrera profesional desde el 1 de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2021. La sentencia de instancia desestimó la excepción de falta de jurisdicción y estimó parcialmente la demanda, argumentando que la cuestión del acceso a la carrera profesional no estaba condicionada a la funcionarización. En el recurso, la parte recurrente alegó la falta de jurisdicción, la caducidad de la instancia y la inaplicabilidad de la normativa en cuestión, pero el tribunal desestimó todos los motivos, reafirmando que el derecho al acceso a la carrera profesional se extiende a los trabajadores indefinidos no fijos del Consorcio y que la normativa no puede excluir a este colectivo.
Resumen: La Sala desestima el recurso y confirma la sentencia de instancia, que a su vez desestimó la demanda, interpuesta en reclamación de indemnización por despido improcedente, a raíz del cese o baja dada la administración demandada, que comunicó a la trabajadora el fin de la relación laboral por haberse cubierto la plaza en proceso selectivo para su cobertura definitiva. La duración de la relación laboral temporal alcanzó los 3 años y 9 meses, pero la conducta de la Administración fue muy proactiva para la cobertura de la plaza, que la intentó en 12 ocasiones, mediante procesos selectivos y concursos, sin que llegara la misma a cubrirse, por lo que en este supuesto se aprecia la concurrencia de circunstancias excepcionales que llevan a concluir que no se había adquirido la condición de personal laboral indefinido no fijo, por lo que la demanda y el recurso se desestiman.
Resumen: Se interpone recurso de suplicación por parte del CONSORCIO GALEGO DE SERVIZOS DE IGUALDADE E BENESTAR y la CONSELLERÍA DE FACENDA contra la sentencia del Juzgado de lo Social que reconoció a la parte actora el derecho a percibir el complemento de grado I de la carrera profesional desde el 1 de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2021, así como el abono de los atrasos correspondientes. La parte recurrente argumenta la pérdida sobrevenida del objeto debido a la anulación de las órdenes que regulaban el acceso a la carrera profesional, así como la falta de posibilidad de funcionarización del personal laboral del Consorcio hasta que se apruebe la relación de puestos de trabajo. La Sala de lo Social desestima ambos motivos, señalando que las sentencias que anularon las órdenes no excluyen la posibilidad de que el personal laboral temporal acceda a la carrera profesional y que la normativa vigente permite su inclusión en el procedimiento de reconocimiento del grado I, confirmando la sentencia de instancia en todos sus términos.
Resumen: La Audiencia Nacional ante una demanda en que por la modalidad procesal de impugnación de acto administrativo en materia laboral se impugnan resoluciones dictadas en la Convocatoria 1/2022 de CRTVE. considera que carece de competencia objetiva para conocer de la demanda. Aduce que actuando la Administración como empleadora el procedimiento para impugnar sus actos es el procedimiento ordinario para el que la Sala carece de competencia. Sigue al efecto doctrina de la Sala ratificada por el Tribunal Supremo.
Resumen: La Audiencia Nacional ante una demanda en que por la modalidad procesal de impugnación de acto administrativo en materia laboral se impugnan resoluciones dictadas en la Convocatoria 1/2022 de CRTVE. considera que carece de competencia objetiva para conocer de la demanda. Aduce que actuando la Administración como empleadora el procedimiento para impugnar sus actos es el procedimiento ordinario para el que la Sala carece de competencia. Sigue al efecto doctrina de la Sala ratificada por el Tribunal Supremo.
Resumen: En el presente Auto, la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, considera que carece de competencia objetiva para conocer de impugnaciones individuales de las resoluciones de adjudicaciones de plazas en CRTVE por cuanto que con independencia de la autoridad que las dicte se trata de actos de la Administración en su calidad de empleadora no sujetos al derecho administrativo que deben ser impugnados a través del procedimiento ordinario para el que la Sala carece de competencia
