Resumen: Reitera el actor la improcedencia de la extinción de su contrato de interinidad, reclamando su condición de indefinido-no fijo (por fraude en la contratación) para el supuesto de que se considere extinguida su relación por cobertura de la plaza tras proceso de selección pese a no haber participado en el concurso correspondiente. Desde la condicionante dimensión (jurídica) que ofrece su inalterado relato advierte la Sala que aquél no solicitó la declaración de improcedencia de su despido sobre la base de no haber sido objeto de cobertura la plaza vacante que motivo su contratación temporal como interino; centrando el debate en la alegación empresarial de extinción ajustada a derecho de la relación laboral por la cobertura definitiva de la plaza en el proceso de estabilización. Advierte la Sala que la regla general prevista en la norma estatutaria considera la contratación temporal en fraude de ley INF; debiendo examinarse la justificación de la indemnización fijada jurisprudencialmente por importe de 20 días de salario por año de servicio que la sentencia de instancia niega en aplicación del art 2.6 de la Ley 20/2021 (que habrá de ceder en supuestos de fraude al no constar siquiera su formalización escrita). Siendo así que la relación laboral fue indefinida desde el primer contrato (fraudulento) de ervicio determinado su extinción constituye un despido que debe calificarse de improcedente, con las consecuencias indemnizatorias a derivar de la antigüedad y salario percibido.
Resumen: El Juzgado de instancia dicta Sentencia en la que estima la demanda de un trabajador frente a su empleadora, una Admón. Pública, y declara que su relación laboral es indefinida no fija. La Sala analiza el recurso de suplicación de la parte demandante que, en sede jurídica, solicita la declaración de fijeza de la relación laboral, denunciando la infracción de los arts. 103.3 CE, 15 ET y Directiva 1999/70/CE. La Sala razona: a) recuerda que esta cuestión ya ha sido resuelta por el Pleno de la Sala en sentido favorable al no reconocimiento de la indefinidad; b) que se encuentra ante el insalvable obstáculo de que el acceso a esa situación de fijeza ha de hacerse necesariamente respetando los principios de igualdad, mérito y capacidad recogidos en los arts. 23.2 y 103.3 CE, dado que de lo contrario se podría hacer de mejor derecho a quien obtiene la fijeza por esta vía frente al que accede a tal situación mediante los procesos de selección correspondientes; c) que no consta que el demandante hubiera superado ningún procedimiento de selección. Se desestima el recurso y se confirma la Sentencia de la instancia.
Resumen: El Tribunal Supremo, en su sentencia 1066/2024, resuelve los recursos interpuestos por la Delegación del Gobierno en Ceuta y por varios demandantes que reclamaban una indemnización por discriminación salarial. Los actores fueron contratados temporalmente bajo un programa subvencionado por el Servicio Público de Empleo Estatal y alegaron que no se les aplicó el IV Convenio Colectivo Único para el personal laboral de la Administración General del Estado, lo que implicó una remuneración inferior. En primera instancia, el Juzgado de lo Social estimó la demanda, reconociendo una violación del derecho a la igualdad y condenó a la Delegación del Gobierno a pagar una indemnización por lucro cesante y daños morales. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia revocó esta sentencia, eliminando la indemnización por lucro cesante y reduciendo la compensación por daños morales. Pero el TS revocó parcialmente esta decisión, permitiendo la acumulación de la indemnización por lucro cesante con la de daños morales, basándose en la jurisprudencia que reconoce esta combinación cuando hay vulneración de derechos fundamentales. Concluyó que los demandantes tienen derecho a percibir una compensación por las diferencias salariales y daños morales, rechazando la prescripción de la acción y determinando que el recurso de la Delegación debía desestimarse.
Resumen: Los trabajadores contratados por obra o servicios en virtud de convocatoria del SEPE por la Delegación del Gobierno de Ceuta. Presentan demanda de tutela de DDFF por vulneración de la igualdad retributiva por no aplicarse el CC único AGE reclamando daños en indemnización coincidente con las diferencias salariales por discriminación retributiva, la acción para reclamar salarios estaba en parte prescrita. El JS estimó en parte reconoce la vulneración del art. 14 CE, condenando a cantidades por el lucro cesante de salarios no percibidos y por daño moral (6.251€). El TSJ dejó sin efecto la indemnización del lucro cesante y reduce la de daño moral a 300 €, se debió reclamar por procedimiento de cantidad. En cud las actoras cuestionan si la obtención de sentencia favorable por vulneración del derecho a la igualdad retributiva por percibir un salario inferior al establecido en convenio (por ser contratados con temporalmente mediante programa del SEPE) tienen derecho a la indemnización por daños y perjuicios derivados de dicha vulneración cuantificado su cuantía en la diferencia retribuida no percibida. La Sala remite a la jurisprudencia rcud. 5599/22, 629/2023, 2076/23, la discriminación retributiva justifica la indemnización por el daño sufrido, no se reclaman diferencias salariales sino lucro cesante conexo al trato discriminatorio, no hay prescripción, el cómputo debe partir del momento en que cesa la situación discriminatoria que se mantenía al ejercitarse la acción.
Resumen: La sentencia comentada decide sobre si se produce discriminación retributiva por percepción del salario inferior al de convenio. El origen del caso se encuentra en una convocatoria del SPEE que permitió a la Delegación del Gobierno de Ceuta contratar, temporalmente, trabajadores para servicios de interés general. La trabajadora demandó, alegando que no se le aplicó el convenio colectivo que correspondía, percibiendo salarios inferiores a los estipulados. La sentencia de instancia favoreció a la trabajadora, estableciendo que se había vulnerado el principio de igualdad de trato y no discriminación y condenando a la entidad gubernamental a pagar compensaciones por daños morales y lucro cesante. Sin embargo, esta decisión fue parcialmente revocada en suplicación por el TSJ que redujo la indemnización por daños y eliminó la compensación por lucro cesante, argumentando que las diferencias salariales debían reclamarse como una cuestión salarial y no como indemnización por discriminación. El TS se centró en determinar si correspondía o no compensar a los trabajadores por la discriminación salarial más allá del daño moral, considerando adecuado restablecer la indemnización por lucro cesante dada la vulneración del derecho a la igualdad retributiva. Este fallo subraya la interpretación de que la protección de los derechos fundamentales, como la igualdad retributiva, implica una reparación integral que incluye tanto el daño material por salarios no percibidos como el daño moral.
Resumen: La sentencia apuntada resolvió el RCUD interpuesto por UTE LV-RSU Vitoria-Gasteiz, Fomento Construcciones y Contratas, S.A., y GMSM Medio Ambiente, S.A., contra la sentencia del TSJ que reconoció el derecho del trabajador a acceder a la jubilación parcial y condenó a las empresas a concertar el correspondiente contrato de relevo. El trabajador solicitó acogerse a la jubilación parcial conforme al artículo 48 del CC aplicable. La empresa denegó su solicitud argumentando que no estaba obligada a aceptar dicha petición. El JS estimó la demanda del trabajador y el TSJ confirmó la sentencia señalando que el trabajador cumplía con los requisitos legales y que el convenio colectivo imponía a la empresa la obligación de facilitar el acceso a la jubilación parcial. Las empresas recurrieron en casación unificadora alegando que ni la legislación laboral ni el convenio colectivo las obligaban a aceptar la jubilación parcial solicitada. Sin embargo, el Tribunal Supremo, tras apreciar la ausencia de contradicción conforme al art. 219 LRJS debido a las diferencias significativas en las normativas aplicables en ambos casos, especialmente en la regulación del convenio colectivo, colige que el artículo 48 del CC establecía claramente la obligación empresarial de permitir la jubilación parcial cuando el trabajador reuniera los requisitos legales. Así, el TS desestimó el recurso y reconoció al trabajador el derecho a la jubilación parcial.
Resumen: El Juzgado de instancia estima en parte la demanda de uan trabajadora contra el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco y declara que la relación laboral mediante entre ambas partes es indefinida no fija. La Sala analiza el recurso de suplicación del trabajador demandante, que reclama su fijeza. La Sala razona: a) con base en doctrina del TS y, particularmente, del TJUE, según la cual la utilización abusiva de contratos de trabajo de duración determinada, como los contratos indefinidos no fijos de que se trata, la conversión de estos contratos se convierten en relación laboral de duración indefinida puede implicar una medida que sanciona efectivamente tal utilización abusiva; b) que hay supuestos en los que el TS ha determinado la fijeza - cesión ilegal de los trabajadores a favor de Administración Pública o empresas públicas equiparables o reversión de servicios externalizados -, por lo que en este caso también procede tal declaración, según TJUE; c) que también procede indemnizar los perjuicios que se le han causado en periodo previo al presente por esa falta de reconocimiento de condición laboral indefinida y que, como quiera que esto último ya se le reconoce en esta resolución, se considera siendo razonable aplicable como criterio orientador aplicar los criterios fijados en el artícul 7.2 LISOS para los supuestos de falta grave. Se estima el recurso de la trabajadora y se declara la fijeza.
Resumen: La Audiencia Nacional, siguiendo numerosos precedentes, declara su falta de competencia objetiva para conocer de una demanda individual en la que se impugna una resolución del Secretario de Estado de Función Pública resolviendo un concurso de promoción interna de personal laboral sujeto al CUAGE. Se trata de una acto dictado por la Administración en su condición de empleadora que debe ser tramitado por el procedimiento ordinario y no por el de impugnación de acto administrativo.
Resumen: Recurre la Entidad Local demandada su condena (tras rechazarse la improcedencia del despido impugnado) a una indemnización de 20 días por año de servicio. Cuestión (litigiosa) que la sala examina desde un reconocido fraude en la contratación, oponiendo aquélla lo previsto en la Ley 20/2021 sobre el limite de 12 dias por año de servicio al no haberse presentado el reclamante al proceso de estabilización que en la misma se contempla; y que la Sala considera inaplicable al caso al no ostentar el demandante la condición de personal funcionario interino, ni laboral temporal, sino la de indefinido no fijo. Y, a tal efecto, aplica la Sala los pronunciamientos que cita del Alto Tribunal (en conjugada referencia a la Doctrina Comunitaria) de los que sigue la compartida conclusión de declarar la condición de trabajador indefinido no fijo del actor, y el subsiguiente derecho, dada la legalidad de su cese por cobertura reglamentaria de la plaza que venía ocupando, a percibir una indemnización de 20 días de salario por año de servicios, con un máximo de doce mensualidades.
Resumen: La adscripción del personal temporal a un puesto de trabajo concreto -conectado inevitablemente en razón de su causa de temporalidad-, lo que también es predicable de los indefinidos no fijos, constituye elemento objetivo suficiente que impide la equiparación entre trabajadores fijos y trabajadores temporales en los supuestos de traslado, como explícitamente lo reconoce el convenio de aplicación. De las sentencias del TJUE no se deriva, en ningún caso, la necesidad de la conversión judicial automática de los trabajadores indefinidos no fijos en fijos, que como ya se ha visto es algo incompatible con el sistema español de autoorganización de su propia administración pública -que se basa en los principios de igualdad, capacidad y mérito en el acceso a la función pública- y que se aplica tanto a los funcionarios públicos como a los contratados laboralmente.En aplicación de tal doctrina, el hecho de que el personal indefinido no fijo, haya ingresado en la administración sin haber superado un proceso selectivo basado en los reiterados principios constitucionales de capacidad, mérito e igualdad, constituye un dato objetivo relacionado con el régimen jurídico del contrato que explica razonablemente, dotándola de coherencia y racionalidad, la medida discutida consistente en la exclusión de los indefinidos no fijos de los procesos de traslados como ocurre en el supuesto de autos.
