Resumen: EL JS declaró la nulidad del despido de la actora, operadora a tiempo parcial para el servicio de extinción de incendios, salvamento y protección civil por parte del Ayuntamiento. Anteriormente reclamó la existencia de relación laboral, se procede al cierre del centro. El TSJ estimó el recurso del Ayuntamiento. En casación se formulan tres motivos, todos desestimados en esta fase procesal por falta de contradicción. El primero sobre la caducidad de la acción por despido, la trabajadora es indefinida no fija y a tiempo parcial mientras en la sentencia referencial se trata de fijos discontinuos; así las cosas en la recurrida el cómputo de la acción comienza desde el último día que prestó servicios, mientras en el caso de contraste el dies a quo computa desde que debieron ser llamadas para reiniciar la prestación. El segundo sobre la incongruencia extra petita, no se considera tal cuando en suplicación se resuelve sobre una cuestión planteada en la demanda, resuelta en instancia y alegada en el escrito de impugnación. El tercer motivo referido a la vulneración de la garantía de indemnidad, el cierre por reorganizar el servicio no es igual a la continuidad. Aunque presenta deficiencias el escrito de interposición cumple los requisitos para apreciar el cumplimiento de comparación de hechos, fundamentos y pretensiones mediante un examen suficiente de aquellos al identificar hechos, razonamientos, contradicción existente y preceptos legales infringidos. Se desestima el recurso
Resumen: La Sala IV confirma la desestimación de la demanda en la que el trabajador reclamaba el reconocimiento de su derecho a percibir el plus de penosidad, toxicidad o peligrosidad, regulado en el art 58.14 del convenio del personal laboral de la Junta de Andalucía, por prestar servicios con la categoría de peón especializado, con destino en el Espacio Natural de Doñana, realizando el trabajo en el campo, al aire libre. La Sala recuerda que ya se ha pronunciado acerca de la interpretación y aplicación de dicho precepto, declarando que es necesario que el trabajo se desarrolle en unas condiciones significativamente peores y en las que están expuestos a mayores riesgos y dificultades que el colectivo de trabajadores que ostentan su misma categoría profesional de forma que los riesgos acreditados no sean inherentes al puesto de trabajo. En el supuesto analizado resulta que el trabajador se limitó a reclamar el plus controvertido, sin mencionar ninguna de sus funciones, ni identificar ninguno de los riesgos excepcionales, que justificaran el abono del plus, ni tampoco que dichos riesgos no eran inherentes al puesto o que éstos fueran superiores a los soportados por otros trabajadores de su categoría profesional, que son los requisitos constitutivos, para el reconocimiento del plus. En definitiva, no concurren las circunstancias excepcionales, exigidas por el art. 58.14 del VI Convenio, para lucrar el complemento controvertido.
Resumen: Se cuestiona la naturaleza de la relación contractual entre un Ayuntamiento y los técnicos contratados al amparo del convenio de colaboración suscrito entre la Diputación provincial y los respectivos colegios profesionales. Los profesionales acuden al Ayuntamiento varias horas a la semana y se les encomienda solicitudes de informes relativos a su actividad profesional, necesarios en los expedientes del Ayuntamiento procedentes de peticiones de organismos públicos y firmando estos informes como Técnicos Municipales. También ejercen funciones de información al público. Los técnicos desenvuelven su actividad en un despacho del Ayuntamiento, y disponen de teléfono, ordenador e impresora. Perciben una cantidad fija mensual con independencia de la cantidad de informes realizados. La Sala ha tenido ocasión de pronunciarse reiteradamente sobre la cuestión y respecto de la misma sentencia de contraste, así como en otras anteriores y tomando las condiciones laborales en las que los técnicos atienden los servicios concluye que se dan las notas características de la relación laboral, ya que la prestación presenta rasgos que sólo son concebibles en el trabajo dependiente. Dicha conclusión no queda afectada, porque los contratos se efectuarán en el marco del Convenio de Colaboración con la Diputación puesto que dicho convenio se limita a canalizar la adscripción de técnicos colegiados a los ayuntamientos subvencionándose dichas adscripciones lo que no predetermina el tipo de relación.
Resumen: En el caso, el Ayuntamiento recurrente en casación unificadora ha centrado el núcleo de la contradicción en la aplicación de la doctrina de la sucesión de empresa -vía sucesión de plantilla- en aplicación del art. 44 ET y Directiva 2001/23 CE, cuestionando la declaración de nulidad de la subrogación respecto de contrata de la actividad de limpieza, con subrogación de todos los trabajadores por la empresa cesionaria. Pero, la Sala IV no entra en el fondo del asunto al no concurrir la necesaria contradicción entre las sentencias enfrentadas dentro del recurso. Así, en la sentencia de contraste ha habido una sucesión de empresas contratistas y la entrante ha contratado el 75% del personal de la subcontratista saliente, en virtud de lo dispuesto en convenio colectivo, situación que a juicio del TJUE implica una sucesión de empresa. El litigio de base es la demanda de cuatro trabajadores que no han sido integrados en la plantilla de la contratista entrante. Sin embargo, en la sentencia recurrida se parte de una externalización del servicio de limpieza por parte de un Ayuntamiento, girando el litigio entorno a la impugnación de una de las trabajadoras de limpieza, personal laboral fijo del Consistorio desde el año 2010, y la concurrencia o no de la obligación de novar su contrato y pasar a ser personal de la adjudicataria.
Resumen: El Acuerdo de 25-01-07 estableció la carrera profesional sanitaria para el personal estatutario fijo y funcionario recogiendo la DT 3ª que el personal laboral fijo podría solicitar voluntariamente la inclusión en esta carrera profesional, pero condicionando los haberes a su efectiva integración en el régimen estatutario. El Acuerdo de 8-02-17 regula unas medidas transitorias en relación con el anterior, extendiendo en determinadas condiciones ese complemento al personal diplomado sanitario no estatutario fijo laboral. A la actora se le reconoció el nivel II de la carrera profesional que percibió hasta la suspensión por Ley 7/2009 y siguientes ejercicios presupuestarios, iniciándose gradualmente la recuperación en 2018, levantándose la suspensión para el personal estatutario, pero no para el laboral. El convenio del personal laboral de la CAM (BOCM 23-8-18) regula la Carrera profesional horizontal. La actora es personal laboral fijo y de le aplica el sistema de carrera profesional convencional, no el del personal estatutario, no existiendo discriminación por tener distinta regulación y aunque la actora ya tenía reconocido el complemento al amparo de acuerdos citados no se reanuda al estar sujeta al convenio y a su regulación de la carrera profesional, siendo el período reclamado posterior al convenio y al inicio del sistema de carrera profesional (1-01-20), aplicándose el Acuerdo de 8-02-07 transitoriamente hasta la negociación de un convenio -STS de 10-2-10 (Rc 330/09)-.
Resumen: La empresa para la que venia prestando sus servicios la demandante le comunicó que habiendo finalizado la contrata y revertido la actividad en la empleadora principal que en su día había externalizado el servicio ( cafetería/restauración) esta debía subrogarse y ante su negativa la actora interponer demanda por despido. Por el Juzgado de lo Social se estima en parte la demanda y de declara el despido improcedente condenando a la empresa principal ( Administración). Interpone recurso de la Administración condenada que es estimado, se argumenta fundamentalmente que no se habría producido reversión de la actividad, al no haber continuado con la actividad de bar y restauración pues se había procedido al cierre del citado servicio. La Sala estima el recurso pues, con cita de abundante jurisprudencia, se llega a la conclusión que no se ha producido reversión de la actividad al no continuarse la actividad pero es que además entiende que no se habría producido una sucesión puesto que no ha existido una transmisión de elementos patrimoniales que resulten inevitables para la continuación de la actividad.
Resumen: La falta de la debida diligencia de la Administración demandada, ante la ausencia de la notificación al administrado del acto administrativo de despido no puede tener efectos negativos en la esfera jurídica del justiciable. La notificación por el ayuntamiento del acto de despido, sin indicar vía y plazo de impugnación, mantiene suspendido el plazo de caducidad hasta que el trabajador lo impugne por la vía procedente. Una demanda de despido contra una administración debe interponerse directamente ante los juzgados de lo social, sin trámite previo alguno.
Resumen: En respuesta a la pretensión deducida por quien reclama se le reconozca la condición de fija (al venir desempeñando el mismo puesto de trabajo bajo un contrato de interinidad) examina el Juzgador cual haya de ser la naturaleza de la contratación asociada a procesos selectivos superiores a los 3 años de duración a la luz de la doctrina jurisprudencial (y comunitaria) que cita y que viene a revisar su anterior criterio sobre la incidencia (jurídica) de consideraciones puramente económicas en la dilación de los mismos. Tras advertir que, conforme a la misma, la relación litigiosa habría devenido en indefinida examina si cabe apreciar su fijeza en conjugada relación del pronunciamiento comunitario con los principios constitucionales que informan el acceso a la función pública (de igualdad, mérito y capacidad), significando la gran diferencia existente entre la convocatoria de un proceso de selección para la cobertura de una plaza fija o temporal. Siendo así que, en función de su relato de hechos probados y las previsiones de Convenio, la actora ha pasado por un proceso de selección, acorde con dichos principios al responder éste al acceso a plaza de la categoría y nivel profesional que venía ostentando, ha adquirido la condición de fija (y no la de indefinido-no fijo que persigue salvaguardar tales principios).
Resumen: PERSONAL LABORAL ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: Contrato de interinidad por vacante que supera los tres años de duración (+15 años). No concurre justificación de la falta de provisión de la vacante. No convocatoria procesos selectivos.Consideración de indefinido no fijo por ausencia de justificación objetiva de la larga duración del contrato.Revoca la sentencia del suplicación, y la del Juzgado de instancia que no reconocía a la actora la condición de trabajadora indefinida no fija por fraude de ley. Aplicación Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada que figura como Anexo a la Directiva 1999/70/ CE y de la STJUE de 3 de junio de 2021 (Asunto C-726/19). Reitera doctrina SSTS de 28 de junio de 2021, recurso 3263/2019 (Pleno).
Resumen: La actora solicitó antes de su jubilación el premio por jubilación previsto en el art 56 del Convenio Colectivo del personal laboral de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo -UIMP- que su rector suspendió temporalmente por resolución de 27.08.13. La Sala entiende que la facultad de suspender lo dispuesto en un convenio colectivo no está expresamente atribuida al Rector ni en la LOU ni en el RD 331/2002 y que corresponde al Consejo de Gobierno -un órgano colegiado- dada su trascendencia al implicar la suspensión o inaplicación (el "descuelgue") del convenio, o de parte del mismo por la UIMP. Justificación de la medida. No se acredita la causa de excepcionalidad y la existencia de causa de gravedad de interés público derivada de una alteración sustancial de las circunstancias económicas que justificasen la adopción de una medida tan excepcional como la suspensión o inaplicación del convenio, cuya utilización debe ser restrictiva, pues no hay prueba alguna que demuestre que se hubiera agotado la dotación presupuestaria de acción social ni que la UIMP para salvaguardar el interés público, no pudiera hacer frente a dicho premio o prestación.
