Resumen: la sentencia de instancia desestima la demanda de despido interpuesta por el actor, declarando la inexistencia de aquel al no existir una verdadera relación laboral sino que la prestación de servicios era propia de un voluntariado. El actor prestaba sus servicios como voluntario en la Agrupación de voluntarios de Ayuntamiento demandado. Frente a la sentencia se interpone recurso de suplicación por del demandante que se desestima. La sala desestima los motivos sobre revisión de hechos probados, en cuanto a los motivos de denuncia jurídica, la cuestión se centra en si se puede calificar de relación laboral la prestación de servicios del demandante. Entiende la sala que si bien es cierto que al actor se le asignan determinadas tareas y está sometido a ordenes debe de tenerse en cuenta la finalidad y el elemento subjetivo en la realización de las tareas encomendadas por las que no se percibe retribución sino en todo caso los gastos que se le ocasiona por su desplazamiento. Y en el supuesto enjuiciado las tareas que se le asignan son distintas tareas de los fines propios de protección civil percibiendo una compensación económica por los gastos que se le ocasionan.
Resumen: Ni la comparativa realizada con otros centros en los que prestan servicios trabajadores de la misma categoría del actor, ni la realizada con el propio centro de trabajo del mismo determinan que se haya aportado indicio vulnerador alguno del derecho fundamental de igualdad por diferencias retributivas ya ni en uno ni en otro caso se da un supuesto de trato desigual ante igual situación prestacional, pero es que además fuera de ello las funciones de enseñanza que el actor realiza dirigidas a personas discapacitadas no se ha probado que entrañe una especial dificultad o responsabilidad.Su función es la de impartir clases y realizar actividades, que en el caso del actor al encontrarse destinado en un centro de terapia ocupacional los alumnos son personas con discapacidad, lo cual supone que tiene limitación física o intelectual, si en no por ello la realización del trabajo por el actor esta dotado de una especial dificultad que venga a justificar el abono de factor de especial dificultad reclamado a diferencia de lo que ocurre en centros de menores como el CAI Piedras Redondas al que alude el actor en el cual el alumnado son menores conflictivos, por los que el término comparativo invocado no esta dotado de la notas de homogeneidad y equiparación.
Resumen: La cuestión suscitada en la sentencia anotada se centra en determinar la jurisdicción competente para conocer de una reclamación de daños y perjuicios efectuada por la demandante contra un determinado Ayuntamiento, consecuencia de la nulidad de la resolución [Decreto 2737/2009 del Ayuntamiento] que reconoció el complemento de productividad y que estuvo percibiendo durante sus servicios como personal laboral, lo que provocó que tuviera que devolver, en vía contencioso-administrativa, lo percibido por tal concepto -25.944 €-. El TS, en contra del parecer de la Sala de origen, afirmada la existencia de contradicción, declara la competencia del orden social de la jurisdicción. Razona al respecto que la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento deriva de su condición de empleador y no de administración pública en el ejercicio de su potestad administrativa, por lo que sus actos, incluidos los daños y perjuicios que esa actuación, en el marco que una relación de trabajo pueda generar, están sujetos al derecho laboral. Por lo tanto, la jurisdicción social es la que debe conocer de la reparación del daño y perjuicio que trae causa de haber tenido la demandante un determinado nivel de productividad que, finalmente, no le ha sido retribuido. Se casa y anula la sentencia recurrida.
Resumen: Impugnándose por un particular la adjudicación de plazas por parte de la AEAT la Audiencia Nacional declara su falta de competencia objetiva declinándola en favor de los Juzgados de lo Social. El objeto de la impugnación recae sobre actos dictados por las entidades públicas en su condición de empleadora que deben ser impugnados mediante el procedimiento ordinario para el que la Audiencia Nacional no es competente según reiterada doctrina jurisprudencial que se cita.
Resumen: Tutela de Derechos Fundamentales: la parte actora decidió acumular a la acción de tutela por vulneración del derecho a la igualdad retributiva, además de la reclamación de indemnización por daños morales, otra por lucro cesante de las diferencias salariales resultantes vinculadas a la estimación de su demanda. En la instancia, el juzgado estimó parcialmente la demanda. Recurrida en suplicación por la empresa, su recurso fue estimado en parte y se le absolvió del pago de la indemnización por lucro cesante, manteniendo el resto de los pronunciamientos. Ahora, en esta sentencia unificadora, tras establecer que es posible acumular a un procedimiento de tutela de derechos fundamentales, otra acción de reclamación de indemnización por lucro cesante vinculada a esa denuncia, además de la de daños morales, se estima el recurso y mantiente la decisión contenida en la sentencia del juzgado de lo social.
Resumen: Contratos de duración determinada: contratación de trabajadores por obra y servicio determinado celebrados bajo la cobertura del SEPE para concesión de subvenciones en el ámbito de colaboración con los órganos de la Administración General del Estado que contraten trabajadores desempleados para la realización de obras y servicios de interés general. En este procedimiento de tutela, se denunciaba la vulneración del derecho a la igualdad retributiva por percibir un salario inferior al establecido en el Convenio Colectivo de aplicación. El Juzgado estimó la demanda por vulneración del derecho a la igualdad retributiva y condenó al pago de una indemnización por lucro cesante y por daños morales (7.504€) La Sala de suplicación, estimó en parte el recurso de la Delegación del Gobierno de Ceuta, dejó sin efecto la indemnización por lucro cesante y redujo la indemnización por daños morales (300€). Ahora, en el recurso de unificación, únicamente se discute la procedencia y cuantificación de la indemnización por daños morales. La Sala de unificación considera que no existe contradicción. Ausencia de contradicción y asuntos del todo similares al presente han finalizado con la misma conclusión. Pueden verse, por ejemplo, los Autos dictados en ls recursos de casación unificadora 3409/2023; 757/2023; 4232/2023; 1977/2023; 3426/2023; 3503/2026; 3468/2023; 262/2024; 258/2024; 446/2024.
Resumen: Aun cuando el contrato de trabajo de interinidad por vacante haya cumplido los requisitos del art. 4.1 y 2.b RD 2720/1998, si el empleado público ha ocupado, en el marco de varios nombramientos o de uno sólo durante un período inusual e injustificadamente largo, el contrato deviene en indefinido. Salvo contadas excepciones, tal duración no puede superar los tres años a contar desde la suscripción del contrato de interinidad. Reitera doctrina establecida, entre otras, en STS 649/2021.
Resumen: Para determinar que la Administración ha incumplido sus obligaciones y ha generado un daño indemnizable hace falta algo más que la mera declaración del derecho a la jubilación parcial reclamado. En primer lugar hace falta determinar que se ha producido un incumplimiento, lo que obligaría a razonar cuál es el plazo dentro del cual la Administración debe contestar a la solicitud y cuál es el plazo dentro del cual, una vez aceptada, debe proceder a cumplir los requisitos para permitir el acceso a la jubilación parcial, señaladamente la contratación del relevista. De esto nada absolutamente se dice, sin que sea suficiente remitirse a la fecha de solicitud, puesto que es obvio que desde que se presenta la solicitud hasta que se admite y se da ejecución a la contratación del relevista tiene que pasar un tiempo, siendo necesario remitirse a una normativa que acote los plazos máximos de que dispone la Administración para ello.Quedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios causados los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo contravinieren al tenor de aquéllas. al actor se le reconoció su derecho a la jubilación parcial que como se ha indicada no es un derecho absoluto sino sometido a un procedimiento y a la formalización de un contrato de relevista, durante todo este tiempo desde el momento de la solicitud hasta el momento de su reconocimiento el actor percibió de forma íntegra sus retribuciones
Resumen: La Sala desestima el recurso y confirma la sentencia de instancia, que a su vez estimó la demanda, pues no cabe rechazar la posibilidad de acceso del actor a la jubilación parcial, únicamente por la temporalidad derivada de su condición de trabajador indefinido no fijo, cuando no se ha cuestionado que el actor cumple con todos los requisitos exigibles para el acceso a la jubilación parcial, puesto que ello implica vulnerar el principio de igualdad de trato, que reconoce los mismos derechos a las personas contratadas de forma temporal respecto de las que tienen contratos de duración indefinida.
Resumen: Son empleados públicos quienes desempeñen funciones retribuidas en las Administraciones Públicas al servicio de los intereses generales.En el número 2 d) recoge entre los empleados públicos al personal eventual.El régimen jurídico de dicha modalidad de empleo público se regula en el artículo 12 del indicado texto legal recogiendo: "1. Es personal eventual el que, en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, sólo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial, siendo retribuido con cargo a los créditos presupuestarios consignados para este fin.Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto determinarán los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas que podrán disponer de este tipo de personal. El número máximo se establecerá por los respectivos órganos de gobierno. Este número y las condiciones retributivas serán públicas.El nombramiento y cese serán libres. El cese tendrá lugar, en todo caso, cuando se produzca el de la autoridad a la que se preste la función de confianza o asesoramiento.La condición de personal eventual no podrá constituir mérito para el acceso a la Función Pública o para la promoción interna. Al personal eventual le será aplicable, en lo que sea adecuado a la naturaleza de su condición, el régimen general de los funcionarios de carrera.
