Resumen: Despido por causas objetivas organizativas y productivas , trabajadora que presta sus servicios con para un Ayuntamiento que procede a aprobar una nueva Relación de Puestos de Trabajo y amortiza la plaza que venia ocupando la actora, la demandante era delegada sindical, sin que tal hecho fuera notificado al Ayuntamiento demandado ni se declara probado que tuviera conocimiento de tal hecho. Se alega también por la trabajadora que se habrían vulnerado el derecho a la garantía de indemnidad y que ha venido sufriendo acoso. Por el Juzgado de lo Social se estima en parte la demanda, se declara el despido improcedente y se reconoce el derecho de opción a la trabajadora. Interponen tanto recurso de Suplicación la trabajadora como el Ayuntamiento demandado. La pretensión de la trabajadora que se declare el despido nulo por vulneración de derechos fundamentales. En cuanto al recurso del Ayuntamiento se estima en parte pues entiende la Sala que la opción no le corresponde a la actora pues el Ayuntamiento no tenia conocimiento de tal condición. Confirmando en lo demás la sentencia y en concreto que la modificación de la RPT, no es causa que justifique el despido objetivo.
Resumen: El juzgado desestimó la demanda frente a la Xunta de Galicia y declaró extinguida correctamente la relación laboral y el derecho al percibo de indemnización de 20 días de salario por año de servicio. A la trabajadora le fue reconocida por sentencia en 2009 la condición de TINF con antigüedad anterior, en ejecución de sentencia se le asignó un puesto de funcionario en septiembre de 2010, se extingue el contrato de trabajo por la adjudicación de la plaza que ésta ocupaba, tras concurso, al funcionario que la obtuvo. El TSJ estimó parcialmente los dos recursos declaró el cese válido e incrementa el importe de la indemnización de 20 días de salario. En rcud. se cuestiona si el cese por cobertura de la plaza es un despido improcedente o nulo por ser TINF adscrita a plaza de funcionario. La nulidad se apoya en la represalia porque la trabajadora presentó reclamación contra la Xunta aún pendiente de resolverse. El TS estima en parte el recurso y declara que el cese es un despido improcedente y deben aplicarse las consecuencias del art. 56 ET porque declarada INF se le asigna plaza de funcionario readscribiéndole a un puesto de trabajo que es sacado a concurso, aplica su doctrina de ceses de INF en plaza funcionarial por amortizarse la misma y que considera se trata de despido por la indebida adscripción de la actora, no hay causa lícita de extinción del art. 49 b) ET, con cita STS 1053/2016 (rcud. 2059/2015). Por falta de aportación de sentencia contradictoria no resuelve la nulidad
Resumen: PERSONAL LABORAL DE LA ADMINISTRACIÓN: Sociedades mercantiles estatales. La cuestión que se plantea en el presente recurso de casación unificador consiste en decidir si un trabajador, contratado temporalmente por AENA mediante sucesivos contratos temporales, contratación que es considerada fraudulenta, se convierte en fijo discontinuo o en indefinido no fijo discontinuo. Se estima el recurso y se declara que es indefinido no fijo. Justifica la Sala dicha decisión razonado que el contrato de trabajo indefinido no fijo no se aplica exclusivamente a las Administraciones públicas ni a las entidades de derecho público, sino que también opera en las entidades del sector público en las que el acceso se rige por los principios de igualdad, mérito y capacidad, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional 1ª en relación con el artículo 55.1 del EBEP.
Resumen: Naturaleza jurídica de la relación mantenida entre un Ayuntamiento y varios técnicos (un Arquitecto, una Ingeniero Técnico agrícola y un Arquitecto Técnico), amparada en convenio de colaboración suscrito por la Diputación Provincial de Valencia con diversos Colegios Profesionales. El TS concluye que concurren las notas que caracterizan la relación laboral, habiendo desarrollado los citados trabajadores prestaciones de servicios voluntarias, dependientes, ajenas y retribuidas. Prestaron personalmente sus servicios profesionales durante los años 2012 a 2015 para el Ayuntamiento; sus funciones consistían en asesorar; elaborar los informes necesarios en los expedientes administrativos, firmando estos informes como Técnicos Municipales; así como informar al público; Disponían de un despacho con mesa individual, ordenadores e impresora; Los servicios administrativos distribuían el trabajo entre los técnicos; La prestación de los servicios no era esporádica sino habitual, realizándose durante los días a la semana y horas semanales que correspondían. Y aunque los contratos se suscribieron al amparo del Convenio de Colaboración con la Diputación de Valencia, con retribución a cargo del mismo, dicho Convenio no excluye, ni puede excluir, la existencia de relaciones laborales cuando se prueba la concurrencia de los requisitos legales. Aplica doctrina: SSTS 576/2020 de 1 julio rcud. 3586/2018; 578/2020 de 1 julio rcud. 3585/2018; 586/2020 de 2 julio rcud. 5121/2018; 602/2020 de 6 julio
Resumen: El Servicio de Salud del Principado de Asturias recurre en suplicación la sentencia del Juzgado de lo Social que estima la reclamación de una médico interina residente (MIR), en concepto de diferencias salariales por pagas extras de sueldo y complemento de formación. La Sala de lo Social desestima el recurso, aplicando la STS de 25/10/2016, que resolvía el conflicto colectivo sobre el importe de las pagas extraordinarias que deben percibir los MIR, y que al interpretar el art. 7 del RD 1146/2006, considera que las pagas extras no pueden leerse desvinculadas de la retribución de acuerdo con lo que se determine en las respectivas leyes de presupuestos.
Resumen: El trabajador demandante impugna su despido objetivo por causas económicas y organizativas por el Juzgado de lo Social se estima la demanda y se declara procedente el despido. Interpone recurso de Suplicación el trabajador que es desestimado. Se argumenta por la Sala que partiendo de los hechos declarados probados así como la valoración que de los mismos ha realizado la Juzgadora de instancia compartiendo sus criterios. Así se argumenta que ha quedado probado que la empleadora ha venido teniendo pérdidas de forma continuada habiendo disminuido su actividad lo que justifica del despido objetivo teniendo además en cuenta que la actividad que venía desarrollando el actor se ha dejado de realizar.
Resumen: En procedimiento de oficio se discute la naturaleza jurídica de la relación mantenida entre un Ayuntamiento y un arquitecto municipal. La sentencia de suplicación, confirma la de instancia que apreció la existencia de relación laboral. La Sala IV desestima los recursos de casación unificadora planteados por el arquitecto demandado y por el Ayuntamiento por considerar que no concurre el necesario requisito de la contradicción entre la sentencia recurrida y la invocada de contraste. Tras indicar que se han dictado sentencias que han admitido la contradicción en relación con similar cuestión litigiosa, indica que, al ser dispares las sentencias de contradicción invocadas, no puede aplicarse el mismo criterio en el caso enjuiciado. En efecto, se resaltan que existen diferencias relevantes entre las sentencias comparadas en lo que se refiere a la forma de prestación de los servicios -duración de la misma, cumplimiento de horario y jornada, utilización de los medios materiales del Ayuntamiento y forma de retribución- que obstan a la admisión del recurso, al no concurrir el necesario requisito de la contradicción entre sentencias.
Resumen: Impugnación de convenio colectivo. Se solicita que se declare la nulidad parcial del anexo II del IV CUAGE, en relación a la disposición transitoria primera de dicho texto convencional, por cuanto que no incluye las funciones que desempeñan los celadores del establecimiento penitenciario militar de Alcalá de Henares, con categoría de Celador de Prisiones, Grupo E2,del IV CUAGE, funciones o actividades cuyo ejercicio, en el ámbito de la Administración Pública, corresponden al personal funcionario, atentando contra el derecho de igualdad ante la ley de dicho colectivo y conculcando con ello la legalidad vigente. La AN, previa desestimación de las excepciones de incompetencia de jurisdicción, falta de legitimación activa del demandante e inadecuación de procedimiento, desestima la demanda al no apreciar razones de ilegalidad en el convenio colectivo, no siendo cierto que se realicen esas mismas funciones y que en concreto las mismas no vengan revestidas del rango de autoridad pública, impide llegar a la conclusión de que el colectivo demandante debió ser incluido en el Anexo II como una de las funciones o actividades cuyo ejercicio, en el ámbito de la Administración Pública, corresponden al personal funcionario.
Resumen: La Sala indica que los contratos laborales están sometidos al derecho privado y es de exclusiva competencia de la empresa designar quienes pueden desempeñar determinados puestos, si cumplen los requisitos legales de titulación u otros exigibles y sus facultades de movilidad solo están limitadas por los arts 39, 40 y 41 ET, pudiendo sobre ese mínimo los convenios fijar condiciones más estrictas, a las que no se puede imputar a priori vicio de ilegalidad si respetan el ET, no introduciendo el EBEP otras exigencias en su art 83 -provisión de puestos y movilidad del personal laboral-, habiendo declarado el TC que el art. 23.2 CE no se aplica al personal laboral al servicio de la Administración Pública, al que no se aplica los principios de mérito y capacidad y tampoco la jurisprudencia contencioso-administrativa relativa a los límites a la libre designación de los funcionarios para la provisión de puestos de trabajo y por ello si para asignar un determinado puesto no se estable un sistema de pruebas o baremos objetivos no implica necesariamente arbitrariedad, que se debe apreciar en cada caso concreto -actuación abusiva, desviada o discriminatoria- y no se aplica el RD 364/1995 -solo a funcionarios de la Administración del Estado, pues al no ser normativa básica, solo es supletoria para las demás administraciones-.
Resumen: Recurre el trabajador la procedencia del despido ETOP, reiterando la prioridad de permanecer en el puesto en aplicación al caso de lo previsto en la LPRL con la finalidad de proteger a los designados con funciones de prevención en los términos que refiere el pronunciamiento que cita del Alto Tribunal, que viene a diferenciar 2 colectivos en el ámbito preventivo (delegados de prevención y trabajadores designados por el empresario para ocuparse de la actividad preventiva) con garantías de estabilidad de las que no participan sus representantes en el comité de seguridad y salud. Partiendo que aquél se ubica en el segundo de los citados advierte la Sala que ni el artículo 52 del Estatuto ni el 68 la delimitan (garantía que el TS considera relativa y condicionada pues no puede actuar cuando desaparecen todos los puestos de trabajo: no habría una alternativa de selección que solo se produce cuando existen varios puestos de trabajo sobre los que se proyecta el efecto de la causa extintiva). Ausencia de regulación que no puede justificar la opción por la interpretación más restrictiva, optando la Sala por entender que su ámbito no puede quedar limitado al centro al que formalmente se hallaba adscrita la actora, sino que debe extenderse al conjunto de la empresa y extenderse al grupo profesional. La actora (junto a su condición de técnico de prevención) ostentaba la de especialista de la norma ISO) y al no ofrecer aquélla justificación de su elección vulneró su derecho de preferencia
