Resumen: Consta en la sentencia comentada que el actor fue despedido por su empleadora Lyteica SL por causas objetivas por pérdida de la contrata que la empresa tenía adjudicada por Orange Jazztel. La sentencia suplicación, con revocación de la de instancia, declaró la improcedencia del despido, con condena a la empleadora a las consecuencias derivadas de tal declaración. Recurre en casación unificadora la empresa por considerar que la pérdida de la contrata a la que estaba vinculada la prestación de servicios por el actor, justifica el despido por causas objetivas. Sin embargo, la Sala IV desestima el recurso por no concurrir el requisito de la contradicción entre las sentencias comparadas, ya que, aun existiendo entre las mismas algunas coincidencias, existe un dato dispar que obsta a la existencia de contradicción. En efecto, en la sentencia recurrida funda su decisión en que la empresa recurrente no justifica la amortización del puesto del actor, pues contrató a otros 50 trabajadores para una nueva contrata. Y en la sentencia referencial no consta que se produjeran nuevas contrataciones.
Resumen: La cuestión suscitada se centra en determinar si el tiempo de prestación de servicios del demandante, para la Comunidad de Madrid, bajo diferentes modalidades de contrato temporal, que se han sucedido con interrupciones no superiores a noventa días, debe tomarse desde el primer contrato para calcular la indemnización por despido improcedente. La Sala IV, reitera doctrina, declarando que procede tomar en consideración el tiempo de servicios desde el primer contrato temporal. Para ello parte de la conocida doctrina de la unidad esencial del vínculo y su distinto tratamiento a efectos del complemento de antigüedad y de la indemnización extintiva. Además, la regulación convencional de aplicación señala que debe computarse todo el tiempo de servicios cuando, ya sean validos o fraudulentas las contrataciones temporales habidas, entre ellas no ha existido una interrupción superior a los 90 días que, para el complemento de antigüedad, contempla el citado convenio colectivo, toda vez que la relación laboral es la misma, pues en estos casos esa diversidad de contratos no provoca la existencia de relaciones laborales diferentes. Por todo ello, la valida extinción de los contratos que precedieron al de 29/9/2004, no impide tomar en consideración los periodos trabajados con anterioridad que son clara continuidad de la relación laboral que ha venido manteniendo la actora con la Comunidad demandada, siempre bajo la misma actividad.
Resumen: SUCESIÓN DE EMPRESA:reversión de la concesión del servicio de limpieza por parte de un determinado ayuntamiento, sin recibir ningún elemento patrimonial ni hacerse cargo de los trabajadores. Despido improcedente de uno de los trabajadores de la empresa que prestaba el servicio. Se condena únicamente a la empleadora y se señala, en esencia, que la reversión del servicio de limpieza por parte de esa administración, no puede calificarse, en esta situaicón, de sucesión empresarial en aplicación del art. 44 ET, ni al ayuntamiento le es de aplicación el convenio colectivo de aplicación en materia de subrogación por cuanto las asociaciones empresariales carecen de la necesaria representativa para extender los efectos de una negociación colectiva a la administración públicas.
Resumen: En el supuesto que examina la sentencia anotada, las trabajadoras están vinculadas con el Instituto Cántabro de Servicios Sociales mediante contratos de interinidad por vacante de duración superior a 3 años y que se extinguen por cobertura de la vacante. La sentencia de suplicación califica la relación de indefinida por superar el plazo de 3 años del art. 70 EBEP y condenó a la demandada al abono de una indemnización de 20 días por año de servicios prestados. La cuestión debatida en casación unificadora consiste en determinar si resulta de aplicación el plazo de tres años establecido en el art. 70 EBEP, lo que conduciría a calificar la relación de indefinida no fija. El TS, rectificando la doctrina anterior a la luz de la STJE de 3/6/21 (Asunto C-726/19), desestima el recurso de la Administración demandada. La Sala IV, con remisión a sentencias previas, concluye, abandonando el criterio anterior, que las normas presupuestarias que paralizaron la contratación en la Administración no justifican la inactividad administrativa, dado que la consolidación de empleo temporal no supone un incremento del gasto al no crearse plazas nuevas. Y la vinculación de las partes mediante contrato de interinidad por vacante durante un plazo superior a 3 años debe conducir a calificar la relación de indefinida no fija, con derecho de las actoras a la indemnización de 20 días.
Resumen: La Sala Cuarta recuerda con esta sentencia que no existe despido en los casos de cese de trabajador indefinido no fijo por cobertura de su plaza tras la celebración del concurso convocado al efecto, sino la válida extinción del contrato al amparo ex art. 49.1 b) ET, con derecho en todo caso a la indemnización de 20 días por año de servicio, con límite de doce mensualidades, que establece el art. 53.1 b) ET en relación con el art. 52 c) y e) ET para los supuestos de extinciones contractuales por causas objetivas, conforme al criterio establecido en la STS, Sala de lo Social, 28/3/2017, (rec. 1664/2015). Ahora bien, la circunstancia de que esa extinción lleve aparejada el pago de la indemnización mencionada no modifica su naturaleza jurídica, ni la transforma en una extinción por causas objetivas que haya de someterse a los requisitos formales que imponen dichos preceptos legales, porque no se está suprimiendo ningún puesto de trabajo, sino al contrario, se procede a su definitiva cobertura por el titular de la plaza. En cuanto a la calificación de la extinción de la relación laboral como despido improcedente por haberse prolongado durante más de 20 años sin haberse procedido a la cobertura de la plaza, la Sala advierte que esta pretensión no se suscitó ni en la demanda ni en el recurso de suplicación, por lo que procede desestimar el motivo, ya que las cuestiones nuevas imposibilitan la existencia de contradicción, presupuesto para entrar en el fondo.
Resumen: La trabajadora es despedida por causa económica y organizativa por la supresión del recurso cameral de Cámara de Comercio de Tenerife y razones de eficiencia y la cámara es titular del 97% de las acciones de una empresa que explota edificios en la isla. El JS declaró la existencia de grupo y calificó de improcedente el despido. El TSJ desestimó los dos recursos. En casación se plantea un primer motivo sobre la insuficiencia de información de la carta y sus defectos. Para la Sala el despido económico se realiza en un grupo de empresas laboral, el empresario es el grupo y no se puede seccionar la causa en las empresas que lo componen aprovechando la situación económica negativa de una para proceder a extinguir contratos aunque sean empleados de esta, la causa debe concurrir en el conjunto. El contenido de la carta debe referirse a la posición económica del grupo en su totalidad y si se omite información económica de una de las empresas no puede considerarse que su contenido es suficiente y no se cumplen las exigencias formales respecto de la causa en la comunicación extintiva, art. 53.1 a) ET. El segundo motivo referido a la causa productiva se desestima por falta de contradicción (referida a la situación de la unidad productiva), y en todo caso para el Tribunal Supremo la insuficiencia de la carta lo es con todas sus consecuencias para el despido producido porque la comunicación extintiva es única. El contenido de carta es insuficiente y por lo tanto no válida.
Resumen: La cuestión suscitada consiste en decidir si las empresas estarían siempre obligadas a la recolocación de los trabajadores que hubiesen sido objeto de despido objetivo por extinción del servicio o contrata, aunque dicha recolocación fuese para una actividad diferente. La Sala IV reitera doctrina en relación con la razonabilidad de la medida extintiva del art. 52 c) ET en relación con la pérdida de la contrata, en supuestos en que la empleadora mantiene la actividad a través de otras adjudicaciones. Al efecto, la reducción de actividad de servicios a la finalización de la contrata inicial genera dificultades que impiden el buen funcionamiento de la empresa; como tal hay que considerar el exceso de personal resultante de tal reducción. A estas dificultades se puede hacer frente mediante amortizaciones de los puestos de trabajo sobrantes, de forma que se restablezca la correspondencia entre la carga de trabajo y la plantilla que la atiende. Por ello, la pérdida de la contrata puede constituir causa productiva y justificar la extinción de los contratos de trabajo adscritos a la misma si la medida es razonable y proporcionada cuando se produce un desajuste entre los medios de que dispone la empresa y sus necesidades. Por otra parte, nuestra actual legislación no impone al empleador la obligación de agotar todas las posibilidades de recolocación o acomodo del trabajador.
Resumen: Se cuestiona si el orden social es competente para conocer de la demanda por despido interpuesta por el trabajador sosteniendo que formalmente fue contratado como personal eventual pero realiza labores correspondientes a personal laboral. El actor era en el momento del cese personal funcionario eventual y dicha condición no ha sido desvirtuada, concluyendo que la competencia es del orden contencioso administrativo. El actor presentó solicitud de reducción de jornada, que le fue denegada por no haberla formalizado conforme al personal eventual; y pidió el reconocimiento de la laboralidad de su relación y el pago de las cantidades devengadas por antigüedad, seguido de demanda, sin que consten actuaciones posteriores. La Consejería comunicó al actor la revocación de su nombramiento eventual con efectos del 21/01/2019. El tema competencial no es novedoso. La Sala IV y la Sala III del TS se han pronunciado en precedentes ocasiones. La Sala de segundo grado, confirmó el pronunciamiento del Juzgado que había acogido la excepción opuesta por la Consejería declarando la incompetencia de jurisdicción social. Dicho pronunciamiento resulta acorde con la jurisprudencia transcrita que en línea constante residencia el examen de estos litigios en el orden contencioso-administrativo de la jurisdicción. Con relación a la cuestión de inconstitucionalidad, de la facultad del planteamiento y los parámetros requeridos se infiere la carencia de los requisitos exigibles para acoger lo peticionado.
Resumen: La cuestión suscitada consiste en decidir si el cierre de la oficina bancaria en que presta servicios la trabajadora, limpiadora al servicio de la empresa contratista que tiene asumida la tarea de adecentar el local, constituye causa bastante como para justificar su despido por causas objetivas. La Sala IV reitera doctrina en relación con la razonabilidad de la medida extintiva del art. 52 c) ET en relación con la pérdida de la contrata, en supuestos en que la empleadora mantiene la actividad a través de otras adjudicaciones. Al efecto, la reducción de actividad de servicios a la finalización de la contrata inicial genera dificultades que impiden el buen funcionamiento de la empresa; como tal hay que considerar el exceso de personal resultante de tal reducción. A estas dificultades se puede hacer frente mediante amortizaciones de los puestos de trabajo sobrantes, de forma que se restablezca la correspondencia entre la carga de trabajo y la plantilla que la atiende. Por ello, la pérdida de la contrata puede constituir causa productiva y justificar la extinción de los contratos de trabajo adscritos a la misma si la medida es razonable y proporcionada cuando se produce un desajuste entre los medios de que dispone la empresa y sus necesidades. Por otra parte, nuestra actual legislación no impone al empleador la obligación de agotar todas las posibilidades de recolocación o acomodo del trabajador.
Resumen: La cuestión que se suscita en la sentencia anotada es la relativa a determinar la virtualidad de la aportación de la documentación justificativa de haber intentado la conciliación previa junto con el recurso de reposición interpuesto por el actor contra el auto de archivo de las actuaciones. Y el TS, en contra del parecer de la sentencia recurrida, y con sustento en reiterada doctrina sentada por el TC, da a tal cuestión una respuesta positiva. Razona al respecto que, en el caso, la presentación de la papeleta de conciliación ante el servicio administrativo se hizo antes de interponer la demanda de despido. Tres días después de presentar la demanda, se celebró la conciliación preprocesal. Sin embargo, la parte actora no la presentó ante el Juzgado de lo Social, pese al requerimiento efectuado por la LAJ, hasta que el Juzgado dictó auto de archivo. El demandante la presentó junto con el escrito de interposición del recurso de reposición contra dicho auto. Por lo tanto, la conciliación previa se celebró en tiempo y forma. El incumplimiento procesal que se imputa al actor no consiste en la realización extemporánea de la conciliación previa sino únicamente en la omisión de la aportación en plazo del documento acreditativo. Por ello, al estar en juego la obtención de una primera decisión judicial, se aplica el principio pro actione y se revoca el auto dictado por el Juzgado de lo Social.
