Resumen: La sentencia apuntada resuelve el RCUD interpuesto por la trabajadora frente a la sentencia 573/2023, de 23 de junio, del TSJ de Madrid, que confirmó la de instancia al declarar su condición de indefinida no fija y desestimar la reclamación de cantidad. La cuestión casacional planteada consiste en decidir si el reconocimiento de la relación como indefinida no fija permite reclamar las diferencias salariales correspondientes al 25 % del salario dejado de percibir por haberse suscrito un contrato de relevo al 75 % de jornada. Consta que la actora presta servicios para el Ayuntamiento de Madrid desde 2005, con sucesivos contratos temporales, siendo los dos últimos de relevo (25/06/2018 al 75 % y 24/06/2021 a tiempo completo). El Juzgado estimó la condición de indefinida no fija y desestimó la cantidad; el TSJ desestimó el recurso de suplicación. La recurrente cito como sentencia de contraste la STSJ Madrid 831/2021, de 6 de octubre. El Ministerio Fiscal informó la improcedencia del recurso por falta de contradicción. El Tribunal Supremo aprecia contradicción y, atendida la regulación aplicable (arts. 12.6 y 12.7 ET, disposiciones transitorias LGSS y art. 30 ET), declara que, suscrito en 2018 un contrato de relevo con reducción del 75 % de la jornada, éste debía ser indefinido y a tiempo completo, procediendo el abono de las diferencias salariales por la jornada no realizada. Estima el recurso, casa y anula la sentencia del TSJ, estima en parte la demanda y condena al Ayuntamiento de Madrid a abonar 5.566,50 €, sin intereses de mora y sin costas.
Resumen: La Sala desestima el recurso del Ayuntamiento empleador y confirma la sentencia de instancia que estimó demanda sobre indemnización por cese por jubilación anticipada voluntaria, establecida en el Convenio Colectivo, reconociendo a los trabajadores que accedan a la misma la percepción de la cantidad o premio de jubilación en la cuantía determinada en función de la edad.
Resumen: En el presente Auto, la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, considera que carece de competencia objetiva para conocer de impugnaciones individuales de las resoluciones de adjudicaciones de plazas en CRTVE por cuanto que con independencia de la autoridad que las dicte se trata de actos de la Administración en su calidad de empleadora no sujetos al derecho administrativo que deben ser impugnados a través del procedimiento ordinario para el que la Sala carece de competencia
Resumen: La Audiencia Nacional, previa declaración de que CRTVE está sujeta a los principios recogidos en el art. 55 del LEBEP, desestima la demanda de impugnación por ilegalidad de dos párrafos del art. 30 del III Convenio colectivo de la corporación, por considerar que la conjunción e interpretación de ambos preceptos en abstracto, no permite concluir la ilegalidad del precepto convencional en lo que se refiere a la elección de los miembros de tribunales o comisiones de calificación. Previamente se desestiman las excepciones de falta de acción y cosa juzgada.
Resumen: Se desestima el recurso de casación interpuesto por la Universidad de Santiago de Compostela y se confirma la sentencia de instancia que, tras desestimar la excepción de incompetencia de jurisdicción, decidía el fondo del asunto, estimando la demanda reconociendo el derecho de las personas trabajadoras incluidas en el ámbito del conflicto colectivo, e incorporadas a las ayudas Margarita Salas y María Zambrano, a percibir el importe íntegro previsto en tal concepto en el RD 289/2021, sin que, por tanto, la demandada pudiera detraer el importe de la aportación empresarial a la seguridad social. La Sala IV sostiene la competencia de la jurisdicción social para el conocimiento del asunto relativo a la regularidad de la imputación a las personas trabajadoras en el importe de sus retribuciones del coste de seguridad social de la empleadora dado que no se está impugnando ningún acto o resolución administrativa, ni se está poniendo en juego la gestión recaudatoria. Respecto al fondo del asunto, reitera doctrina que señala que al tratarse de una relación laboral, el coste de seguridad social debe ser asumido por la entidad empleadora. El régimen jurídico al que se ha sometido la ayuda y sus cuantías en modo alguno ha previsto que de él se descuente la cuota patronal, ya que ese importe no deja de estar destinado al beneficiario y para atender la actividad que, por vía de contrato laboral, debe atender que no es otra que el objeto al que se destinan las ayudas.
Resumen: Falta el sustrato fácito de la contradicción ya que no consta como acreditado cuáles serían los periodos de actividad o inactividad del trabajador, constando simplemente que era peón agrícola fijo discontinuo.
Resumen: En el presente Auto, la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, considera que carece de competencia objetiva para conocer de impugnaciones individuales de las resoluciones de adjudicaciones de plazas en CRTVE por cuanto que con independencia de la autoridad que las dicte se trata de actos de la Administración en su calidad de empleadora no sujetos al derecho administrativo que deben ser impugnados a través del procedimiento ordinario para el que la Sala carece de competencia.
Resumen: La sentencia del Juzgado de lo Social reconoció el derecho de la actora a percibir el grado I de carrera profesional desde el 1 de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2021, condenando a las Consellerías demandadas a abonar dicho complemento. La parte recurrente Xunta de Galicia- argumenta la incompetencia de la jurisdicción social para conocer de la demanda, alegando que la impugnación de la Orden de 28 de marzo de 2019, que regula el acceso a la carrera profesional, debe ser resuelta en el ámbito contencioso-administrativo. La Sala de lo Social afirma que la reclamación individual de la trabajadora debe ser resuelta por la jurisdicción social, ya que se trata de un litigio derivado de su contrato de trabajo. También desestima las alegaciones sobre la infracción de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Orden de la Consellería de Facenda, argumentando que la exclusión de ciertos colectivos del régimen de carrera profesional es contraria al principio de no discriminación.
Resumen: La sentencia del Juzgado de lo Social reconoció el derecho de la actora al acceso a la carrera profesional en igualdad de condiciones que el personal laboral fijo de la Xunta de Galicia, así como el reconocimiento del Grado I de la carrera profesional desde el 01/01/2019. La recurrente argumenta que no cumple con los requisitos establecidos en la normativa aplicable, ya que no tiene la condición de personal laboral fijo y no ha prestado servicios durante cinco años en dicha condición. La Sala de lo Social desestima el recurso, argumentando que la normativa ha sido modificada y que el derecho a la carrera profesional también se aplica al personal temporal, así como al personal de entidades instrumentales, como es el caso del Consorcio.
Resumen: La sentencia del Juzgado de lo Social condenó a la administración a abonar al demandante la cantidad de 4.500,29 euros brutos en concepto de pagas extras y diferencias salariales por el periodo de contratación en prácticas, ya que su salario mensual no incluía las pagas extraordinarias ni las revalorizaciones salariales correspondientes. En el recurso, la administración argumenta la infracción del principio de igualdad de trato, alegando que otros trabajadores en condiciones similares no habían reclamado esas pagas, así como la inaplicabilidad de las normas del convenio colectivo en relación con la subvención recibida. La Sala de lo Social desestima el recurso, señalando que la falta de reclamación por parte de otros trabajadores no justifica la desigualdad en el reconocimiento de derechos y que la normativa laboral debe prevalecer sobre la regulación autonómica en materia de retribuciones.
