Resumen: La cuestión suscitada se limita a decidir si los trabajadores demandantes tienen derecho a que se les reintegre las diferencias reclamadas en el porcentaje del 5% que se les redujo en aplicación del RD-L 8/2010, por considerar que debió deducirse únicamente el 1% en aplicación de lo dispuesto en el art. 24.1.b) de la LPGE en la redacción dada por el citado RD.L. Y el TS, en contra del parecer de la Sala de suplicación, revoca el fallo combatido que había estimado la pretensión, dando lugar al recurso de su razón deducido por el Ayuntamiento de Almoradí, y declarando ajustado a derecho la reducción salarial del 5%. Razona al respecto, que los demandantes son contratados laborales, con categoría equivalente al del Grupo E funcionarial, y el Ayuntamiento, como Administración Local, forma parte del sector público estatal, por lo que, en aplicación de las previsiones legales señaladas, al tratarse de personal laboral del Grupo E, es procedente la reducción de salario en un 5% [la única excepción de minoración salarial del 1% está prevista para el persona funcionario y estatutario perteneciente al Grupo E]. Se estima en consecuencia, como hemos dicho, el recurso.
Resumen: El art 96 del Convenio para el Personal Laboral de la CAM 2021-2024 distingue entre cursos presenciales o semipresenciales -para perfeccionamiento, actualización o de readaptación (100% como tiempo trabajado) y de promoción profesional (50% como tiempo trabajado)-, existiendo un control de la asistencia y se precisa que haya obtenido al menos el certificado de asistencia al curso y, virtuales -para perfeccionamiento, actualización o de readaptación (40% como tiempo trabajado) y los de promoción profesional (20% como tiempo trabajado). La resolución de 5-06-20 de la Función Pública -prevención de la infección COVID-19- dispone la utilización de la videoconferencia en cursos presenciales o semipresenciales. La Sala señala que la citada resolución respeta y no altera el convenio al permitir en esos cursos la videoconferencia, considerándose a todos los efectos como presenciales y por ello respetando el porcentaje de tiempo trabajado, pues se controla la asistencia, se precisa el certificado de asistencia al curso y la videoconferencia exige un entorno de aprendizaje donde el personal formador y el alumnado interactúan, de forma concurrente y en tiempo real, circunstancias que no de producen en los virtuales, que solo otorgan certificado de aprovechamiento, y por ello se considera tiempo de trabajo un porcentaje menor, no contradiciendo la STJUE de 28-10-21, que considera tiempo de trabajo el empleado porque existe un control del trabajador, rechazándose ambas peticiones.
Resumen: Recurre FOGASA su condena al abono de la prestación correspondiente a una indemnización por despido, reiterando la prescripción alegada. Tras confirmar, como plazo de cómputo aplicable, los 3 meses judicialmente considerados (y no el alternativo que se ofrece de 1 año) se remite la Sala a la hermenéutica jurisprudencial de la norma advirtiendo como a diferencia de la regulación anterior, el principio de intangibilidad sobre lo decidido en una sentencia firme en relación a la intervención voluntaria del FOGASA, es relativo o atenuado, ya que, si bien es cierto que no puede alterar el título judicial habilitante, también lo es que la obligación que asume solo nacerá a partir de que compruebe que concurren los demás presupuestos para su nacimiento. Pudiendo, por ello y en el caso de litis, oponer la prescripción de la acción ejecutiva frente a la reclamación administrativa de prestaciones de garantía pues, habiendo sido citado a la comparecencia del incidente de no readmisión con arreglo al supuesto previsto en el artículo 23.1 LRJS, se descarta que, en aquel momento, se encontrara incursa en alguna de las situaciones previstas en el en su apartado segundo. Como tampoco son determinantes las reflexiones de la sentencia de instancia sobre el posible efecto desincentivador de la doctrina de la Sala respecto de la actuación del FOGASA, pues lo cierto es que la norma distingue claramente los dos supuestos de intervención del mismo.
Resumen: Se interesa que se anule la Resolución de 23 de julio de 2021 de la Subsecretaría del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, por la que por la que se convoca concurso de traslados y ascensos para la provisión de puestos de trabajo de personal laboral fijo en los buques sanitarios, de salvamento y asistencia marítima "Juan de la Cosa" y "Esperanza del Mar", dependientes del Instituto Social de la Marina. La AN,previa desestimación de la excepción de inadecuación de procedimiento,al haberse presentado la demanda antes de la resolución del concurso, desestima la demanda porque la convocatoria de traslados y ascensos impugnada se ajusta a lo previsto en el convenio colectivo, habiendo dado cumplimiento la empresa a los deberes de información y participación a los órganos de representación legal de las personas trabajadoras, garantizando los principios de igualdad, mérito y capacidad en el proceso selectivo convocado, y siendo las titulaciones y certificados exigidos adecuados y proporcionados tanto al trabajado a desarrollar como a las condiciones de seguridad de los buques en el mar.
Resumen: La demandante que venia prestando sus servicios laborales para la Administración demandada con sucesivos contratos temporales y se le ha reconocido la condición de relación laboral indefinida no fija, presenta demanda solicitando que se reconozca que la relación laboral es fija solicitando una indemnización por daños. Por el Juzgado de lo Social se desestima la demanda e interpuesto recurso de Suplicación se desestima. Argumenta la Sala en su sentencia que la pretensión de la actora de reconocerle la condición de fija no es posible pues la demandante no ha superado un proceso selectivo donde se respete los principios de igualdad , merito y capacidad, y el hecho de haberse presentado a una pruebas para integrar bolsas de contratación no supone haber superado un proceso selectivo para que se le pueda reconocer la condición de fija. En cuanto a la indemnización por daños , también se desestima pues no se ha probado que la demandante hubiera sufrido perjuicio o daño alguno, carga de la prueba que a ella le incumbe.
Resumen: Reitera el trabajador la improcedencia del cese acordado por la Entidad Local demandada rechazando que al tiempo de extinguírsele su contrato de interinidad se hubiese cubierto o amortizado la plaza ocupada. Tras poner de relieve que la comunicación impugnada se le advierte que en tanto que el puesto (funcionarizado) no podía cubrirse por personal laboral y que estaba provisto por una funcionaria de carrera, en la medida que el reclamante no podía realizar tareas reservadas a personal funcionario concurría causa organizativa de extinción; probado alegato del que (según la Sala) no puede derivarse de causa objetiva que justifique la extinción Resulta por tanto que no existe la causa para el despido por causas objetivas invocada en la resolución extintiva; declarándose la improcedencia de la extinción que se impugna.
Resumen: Reitera el trabajador la improcedencia de su despido (por causas económicas) con solidaria condena de las codemandadas por integrar un grupo patológico de empresas, advirtiendo que la incomparecida debería haber sido tenida por confesa. Petición que la Sala rechaza al tratarse de una facultad discrecional conferida al Juzgador a quo. En respuesta a la insuficiencia (informativa) que se imputa a la comunicación advierte el Tribunal la misma no se contiene imputación disciplinaria alguna del trabajador y sí (como corresponde) datos de carácter económico-organizativo suficientes para articular el derecho de defensa; analizando seguidamente si concurre el hecho subrogatorio a que alude la parte en su recurso a la luz de la hermenéutica jurisprudencial y comunitaria de la normativa aplicable; concluyendo (desde la condicionante dimensión del inalterado relato fáctico) que el actor trabajaba en un departamento (no constitutivo de una UPA), cuya actividad fue externalizada con el fin de solucionar los problemas de los usuarios de los ordenadores, lo que comportó determinado ahorro de costes para la entidad en un contexto de situación económica negativa. Tras significar la idoneidad y razonabilidad de la medida adoptada (en armonía con la doctrina juruisprudencial que se reseña) se acredita su conexión con las causas alegadas; confirmándose la adecuación a derecho de la extinción impugnada.
Resumen: Recurre la empresa su condena por despido improcedente (al considerarse injustificada la extinción por causas económicas), analizando la Sala su calificación en jurídica referencia a los efectos a derivar de la pérdida o disminución de los encargos vinculados a una contrata (en los términos que refiere la doctrina jurisprudencial que examina); en el bien entendido que la norma no impone al empresario la obligación de agotar todas las posibilidades de acomodo del trabajador en la empresa, ni destinarle a otro puesto vacante. Teniendo éste libertad de elegir al trabajador afectado siempre que no se acredite la vulneración de sus derechos fundamentales (que, en el caso de litis, ni siquiera se alega). Desde la condicionante dimensión que ofrece el relato fáctico en los términos que quedan conformados y habiéndose acreditado, por tanto, que la empresa tenía adjudicados (en la provincia de Barcelona) el mantenimiento y reparación de elevadores, ascensores y escaleras mecánicas de los 94 centros del ICS empleando para ello un total de 1.540 horas, razonable es entender (considera el Tribunal) que dichas horas de trabajo se perdieron como consecuencia de haber sido adjudicadas a otra empresa de la competencia y que siendo la jornada anual fijada en el convenio de 1.745 horas, la pérdida del total de horas señalado comportan prácticamente las horas de trabajo que corresponderían a un trabajador. Declarándose, por ello, la procedencia del despido impugnado.
Resumen: Se debate en la sentencia comentada si la indemnización por despido, cuya improcedencia no se discute, debe calcularse teniendo en cuenta el tiempo en que el contrato estuvo suspendido. La sala IV desestima el recurso por no concurrir la necesaria contradicción entre las sentencias comparadas. Así, en la sentencia recurrida el contrato de interinidad por vacante se extinguió por amortización del puesto de trabajo, mientras que en la sentencia de contraste se trata de la extinción de un contrato para obra o servicio por fin de la obra. Además, son dispares las actividades de los actores y la duración de los respectivos contratos es dispar: de 6 meses en el caso de autos, con suspensión de dos meses y en la de contraste de casi tres años con interrupción en los meses de agosto. Se añade que la improcedencia de los despidos se debe a causas distintas: por falta de puesta a disposición de la indemnización en el caso de autos y por no concurrir la causa de temporalidad invocada en el de contraste. Finalmente, en el caso de autos la actora permitió la suspensión del contrato y percibió la prestación de desempleo, datos que no constan en la sentencia de contraste.
Resumen: Conflicto Colectivo: Se cuestiona si la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS) vulneró los artículos 114 (necesidades del servicio) y 163 del convenio colectivo para el personal laboral al servicio de la Administración de la Comunidad de Madrid por denegar las solicitudes de reducción de jornada y de excedencia en que se alegaban necesidades de conciliación. Confirma la desestimación de la excepción de inadecuación de procedimiento. El RCO es manifiestamente mejorable respecto de la denuncia de la infracción jurídica, pero no provoca indefensión. No es posible apreciar con carácter general que la AMAS haya incurrido en una conducta de no valoración o ponderación de las necesidades concretas de conciliación de cada solicitante junto con las necesidades específicas de cada centro de trabajo para la prestación del servicio. Deja expresamente a salvo el derecho de impugnación individual de cada trabajador. Los recurrentes pretenden que prevalezca su subjetivo criterio sobre la imparcial valoración del órgano judicial.
