Resumen: VACACIONES:en el recurso de casación la Sala debe resolver si la actora que presta servicios como limpiadora para la empresa Clece SA en el Hospital Universitario de La Princesa tiene derecho a la equiparación a los trabajadores del Servicio Madrileño de Salud (en adelante SERMAS) respecto de los días adicionales de vacaciones por antigüedad. El Juzgado y la Sala de suplicación consideraron que no tenía derecho. Ahora la Sala de casación señala que régimen jurídico de la demandante es distinto al de los trabajadores del SERMAS en materia de vacaciones y si bien el art. 6 del Convenio Colectivo de Clece persigue que cualquier mejora económica o social obtenida por los trabajadores del Grupo E, Nivel 13 del SERMAS se aplique a estos trabajadores de limpieza.Los cambios en el régimen de vacaciones de dichos trabajadores del SERMAS ni constituyen una mejora económica, ni tienen la naturaleza de una mejora social, por lo que no están incluidos en dicho precepto convencional.
Resumen: Se discute si la incompatibilidad de las pensiones reguladas en los apartados 1 y 2 del RDL 20/2012 de 13 de julio, afecta a la indemnización prevista en el convenio colectivo de un Ayuntamiento para el caso de cese por jubilación. La Sala IV no entra a conocer del fondo del asunto por ausencia de contradicción entre las sentencias comparadas al no concurrir las identidades del art 219 LRJS, aplicando criterio de ATS 10/7/2019, R. 4821/18. En la recurrida, el premio de jubilación se estableció en el convenio colectivo fijando una cantidad mensual por cada quinquenio de antigüedad conforme al informe anual del servicio de personal, no incluyéndose en los presupuestos para 2012, 2013 y 2014, la partida presupuestaria relativa a la vigencia del artículo 25.2 del convenio colectivo y la Sala considera que al solicitar el demandante el premio de jubilación el año 2016 el convenio había recuperado su vigencia. En la referencial, el citado premio no se acordó en un convenio colectivo, sino que se estableció en un artículo adicional de un Acuerdo económico por una cantidad fija de 200 euros por año de servicio. Allí no hay un acuerdo de la comisión negociadora suspendiendo temporalmente la aplicación del precepto, ni se puede cuestionar la concurrencia de lo previsto en el artículo 32 EBEP, sino que el problema se ciñe a la incidencia del RDL 20/2012 sobre un premio de jubilación previamente establecido. Tampoco es desdeñable la diversidad cronológica de la jubilación.
Resumen: Se cuestiona si para que la parte vencida en el recurso deba abonar las costas del Abogado del Estado, este debe estar colegiado. La parte recurrente ha formulado un motivo de infracción normativa del art. 1.1, 4.1 y 13.1 de la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas, el art. 1.4 y la Disposición Adicional 3ª de la Ley 34/2006, Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, art. 555.1 de la Ley Orgánica del poder Judicial y art. 22.1 de la LRJS. Según la recurrente no es posible exigir al Abogado del Estado que se encuentre colegiado para que pueda obtener el importe por el que se ha condenado a la parte vencida en el recurso, en concepto de honorarios. La Sala Cuarta ha admitido la condena a la parte recurrente en costas por la intervención como recurrido del Abogado del Estado, sin cuestionarse nada sobre la condición de funcionario que aquel pudiera ostentar y menos la necesidad de colegiación, en asuntos en los que se debatía las que el citado Abogado del Estado pudiera haber presentado como minuta (AATS de 21 de enero de 2000, 14 de diciembre de 2011, rcud 2349/2010). Es incuestionable que la sentencia recurrida al imponer como requisito para generar las costas correspondiente al Abogado del Estado el de su colegiación no se corresponde con las previsiones legales que hemos expuesto anteriormente.
Resumen: Competencia de la jurisdicción social o contencioso administrativa. La sentencia recurrida anula el auto de instancia al considerar competente a la jurisdicción social. La actora presto servicios con una relación laboral para ISDEFE, desarrollando la prestación en el INTA. El 6-3-19 fue nombrada funcionaria de carrera, finalizando el día anterior aquella relación laboral, en INTA tras la superación del correspondiente proceso selectivo. La demanda se presenta el 5-5-20. La Sala IV confirma la sentencia recurrida cuando razona que ejercitándose una acción declarativa de cesión ilegal, con independencia de que la actora ostente actualmente la condición de funcionaria, cuando presentó la demanda el orden social es el competente para conocer de dicha acción, durante la vigencia de la relación laboral, de conformidad con el artículo 2 a) LRJS.
Resumen: RCUD. Pleno. IBANAT. Contrato en fraude de ley de vigilante de incendios, formalizado con anterioridad (2003) al EBEP por Entidad Pública Instrumental de la CAIB, cuyas relaciones laborales se regían entonces por el derecho privado, no pudiéndose aplicar retroactivamente las normas legales y convencionales, que exigieron posteriormente la aplicación de los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad a las entidades del sector público autonómico.No estando vigente entonces ni el EBEP, ni el Convenio Colectivo de IBANAT del año 2007 (BOIB de 15 de septiembre de 2007), ni la Ley del Parlamento de la CAIB 3/2007, de 27 de marzo, ni la Ley 7/2007, de 12 de abril, ni la Ley 7/2010, de 21 de julio, del sector público instrumental de la CAIB, ni el Decreto 24/2013, de 24 de mayo de aprobación de los Estatutos del Instituto Balear de la Naturaleza (IBANAT), en los que se establece, con base a lo dispuesto en los arts. 23 y 103 CE, que el acceso a las entidades instrumentales debe asegurar los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, aunque sí estaba vigente el art. 19 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto de reforma de la función pública. No se entra a considerar si era aplicable o no el art. 19.1 Ley 30/1984 por falta de fundamentación. Matiza (rectifica) doctrina establecida en STS 2 de julio de 2020, rcud. 4195/2017, que no se pronunció sobre la vigencia de las normas reiteradas (y declaraba el carácter indefinido no fijo discontinuo). Condena en costas 1500€.
Resumen: La cuestión suscitada se centra en determinar si la cobertura mediante un concurso de traslado de la plaza que estaba ocupando un trabajador que era indefinido no fijo provoca que la extinción de esta relación laboral sea constitutiva de despido. La sentencia con remisión a la STS, Sala de lo social, 01/07/2022 (rec. 429/2019), considera que la extinción del contrato de trabajo indefinido no fijo cuando se produce la cobertura de la plaza mediante cualquiera de los procedimientos reglamentarios legalmente previstos al efecto es ajustada a derecho, sin perjuicio del reconocimiento en ese caso de una indemnización de 20 días por año de servicio, y a expensas de que no concurran circunstancias anómalas que pudieren considerarse como fraude de ley, o abuso de derecho por parte de la empleadora. No se puede admitir que las plazas que estén ocupando personal indefinido no fijo no puedan ser ofertadas internamente entre los trabajadores. Aunque, cuestión distinta, si bien no es la que se suscita, es que la parte actora pudiera cuestionar su no participación en el concurso de traslado en el que se convocó la plaza que ocupaba, con base en normas legales o colectivas y doctrina jurisprudencial que pudiera tomarse en consideración.
Resumen: Se cuestiona si tiene naturaleza laboral la relación entre las partes, siendo los trabajadores técnicos (arquitectos, arquitectos técnicos e ingenieros industriales) que realizaron por cuenta de la entidad local, trabajos como técnicos municipales con la cobertura jurídica de un contrato de arrendamiento de servicios. La función que desarrollan es de asesoramiento, elaboración de informes intervención en expedientes sobre licencias de aperturas, infraestructuras de alumbrado público y suministros de agua, entre otras. Concurre la nota de dependencia puesto que los técnicos municipales estaban sujetos a un horario de trabajo y realizaban el asesoramiento, los informes necesarios en los expedientes, así como los solicitados por los particulares y además realizaban funciones de información al público, distribuyéndose entre los técnicos los trabajos por los servicios administrativos. Concurre la nota de ajenidad, puesto que los técnicos municipales perciben una cantidad fija con independencia del número de informes, asesoramientos y dictámenes que elaboren, siendo la corporación la que les facilita el uso de sus instalaciones y medios materiales (despacho, teléfono, ordenadores e impresoras, a pesar de que utilicen también ordenadores personales, sin que la emisión de facturas y la suscripción de facturas y suscripción de contrato de arrendamiento de servicios desvirtúen las notas de laboralidad al ser meras apariencias con las que se trata de encubrir el contrato de trabajo.
Resumen: La cuestión suscitada se centra en determinar si la demandante mantuvo una relación indefinida no fija con la Junta de Andalucía, para la que vino prestando servicios desde el 10-3-2014 en virtud de contrato de interinidad por vacante, y que es cesada el 30-6-2017 al incorporarse el trabajador que había accedido reglamentariamente a la plaza. La sala de suplicación confirma la desestimación de la demanda. Sin embargo, tal parecer no es compartido por el TS, que califica la relación de indefinida por superar el plazo de 3 años del art. 70 EBEP, y derecho a indemnización de 20 días de salario por año de servicio. Se apoya la sentencia anotada en TS 28-6-2021 (R 3263/19) en la que se rectifica la doctrina anterior a la luz de la STJE de 3/6/21 (Asunto C-726/19), y tras indicar que la STJUE citada no contiene la interpretación correcta de la legislación que se ha dado en las sentencias de la Sala IV previas, concluye afirmando que las normas presupuestarias que paralizaron la contratación en la Administración no justifican la inactividad administrativa, dado que la consolidación de empleo temporal no supone un incremento del gasto al no crearse plazas nuevas. La vinculación de las partes mediante contrato de interinidad por vacante durante un plazo superior a 3 años debe conducir a calificar la relación de indefinida no fija, y la extinción del contrato implica el reconocimiento de una indemnización de 20 días de salario por año de servicio con un máximo de 12 mensualidades.
Resumen: RCUD. El actor presta servicios para el Cabildo de Gran Canaria cuyo Convenio Colectivo prevé un incremento de los salarios conforme al IPC. Las LPGE para los años 2002 a 2009 establecieron que las retribuciones del personal al servicio del sector público no podían experimentar un incremento global superior al 2 % con respecto a las del año anterior; para el año 2010 limitó el incremento a un 0,3 % y para los años 2011 a 2015 establecieron que no podían experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre del año anterior. El actor reclama la diferencia salarial correspondiente a las subidas salariales desde 2001 y subsidiariamente de 2001 a 2010. Se cuestiona si la limitación y posterior prohibición de incremento de las retribuciones del personal al servicio del sector público establecida en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado para los años 2002 a 2015 impide la aplicación de los incrementos salariales previstos en el Convenio Colectivo del personal del Cabildo de Gran Canaria. Reiterada doctrina jurisprudencial sostiene que los convenios colectivos han de someterse al derecho necesario establecido por la ley, de rango superior en la jerarquía normativa. Las LPGE pueden imponer límites máximos al incremento de las retribuciones del personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas en virtud del principio de primacía de la ley en aquellos extremos que tienen carácter inderogable. Reitera STS/IV de 10/12/2020 (rcud. 4011/2017).
Resumen: RCO. Conflicto Colectivo. Se pretende declare que se dote a los comedores de gestión directa y comida "in situ" del Departamento de Educación de Gobierno Vasco de plantilla o personal de cocina propio, perteneciente al departamento. El Convenio solo prevé que la Administración regularizará la plantilla del personal mediante la dotación de cocineros y cocineras a los centros con comedores de gestión directa y elaboración de la comida "in situ", sin que se detalle en ningún momento que tal dotación ha de ser mediante personal propio. La Administración puede contratar, no es preceptivo dotarles.
