Resumen: La Sala desestima el recurso y confirma la sentencia de instancia, que a su vez desestimó la demanda de indemnización por denegación del complemento de maternidad por aportación demográfica, porque la injustificada celeridad con la que el accionante interpuso demanda judicial tan solo trece días después de formular su inicial solicitud con valor de reclamación previa, evidencia, cuando menos, no solo la total inobservancia de los precitados plazos, sino también que no ha llegado a existir en momento alguno denegación del derecho reclamado, ni por motivo discriminatorio o por cualquier otra causa, ni por silencio administrativo, faltando con ello el presupuesto condicionante del nacimiento del crédito indemnizatorio en demanda postulado,
Resumen: Subsidio de desempleo para mayores de 52 años: La cuestión que se plantea en el presente recurso es la interpretación que debe darse a la previsión legal que establece que para acceder al subsidio para mayores de 52 años se deben reunir «todos los requisitos, salvo la edad, para acceder a cualquier tipo de pensión contributiva de jubilación en el sistema de la Seguridad Social» (artículo 274.4 LGSS, en la actualidad artículo 280.1 LGSS), cuando el beneficiario también es titular de una pensión de incapacidad permanente total (IPT) con la que pretende compatibilizar el subsidio. El SEPE, sobre la base de que la actora no tenía cotizaciones suficientes para acceder a la jubilación en la fecha que solicitó el subsidio, por computar solo las cotizaciones posteriores a la fecha en que se le fue reconocida la IPT, presenta demanda para revocar el derecho y reclamar la devolución del subsidio indebidamente percibido. Tanto el Juzgado como la Sala de suplicación, desestiman la demanda del SEPE. Ahora en casación para la unificación, se rechaza el recurso, sobre la base de que el requisito de carencia propia de jubilación no es un requisito de carencia propia del subsidio para mayores de 52 años. Tal mutación de naturaleza iría en contra de la lógica del sistema, porque la concesión y la duración del subsidio para mayores de 52 años está vinculada precisamente al acceso futuro a la jubilación y sirve para cubrir las necesidades de la persona beneficiaria en situación de desempleo durante tal periodo de la vida posterior a los 52 años hasta que tiene derecho a la jubilación. Por ello precisamente la percepción del subsidio para mayores de 52 años conlleva, a diferencia de otros supuestos, la cotización de la entidad gestora por la contingencia de jubilación. No parece haber ninguna causa que lleve a dejar sin proteger la situación del desempleado mayor de 52 años en tal situación de espera de su jubilación prevista legalmente, siempre y cuando al llegar a esa edad de 52 años ya tenga a lo largo de su vida laboral la carencia suficiente para lucrar la futura jubilación, para lo cual se computarán tanto las cotizaciones posteriores a la incapacidad permanente total como las anteriores.
Resumen: La Sala desestima el recurso y confirma la sentencia de instancia, que a su vez desestimó la demanda sobre complemento de maternidad por aportación demográfica respecto al progenitor varón, porque el actor tiene reconocida por resolución de 2014, una pensión contributiva de incapacidad permanente total para su profesión habitual, antes de la entrada en vigor de la norma que regula el complemento que reclama, y el hecho de que haya accedido a pensión de jubilación en 2020 no es reconocimiento de una nueva prestación con autonomía propia, ya que las pensiones de incapacidad permanente, cuando sus beneficiarios cumplen la edad de sesenta y siete años, pasan a denominarse pensiones de jubilación y esta nueva denominación no implicará modificación alguna respecto de las condiciones de la prestación que se viniese percibiendo.
Resumen: La Sala estima parcialmente el recurso y, confirmando en lo principal la sentencia, declara que en aquéllos supuestos en los que un varón solicitó el complemento de maternidad y le fue denegado por el INSS con posterioridad a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (STJUE) de 12 de diciembre de 2019, teniendo que acudir a los órganos judiciales para su obtención, el solicitante tiene derecho a que el órgano judicial le reconozca, además del complemento prestacional con efectos desde el nacimiento de la prestación correspondiente, una indemnización que cubra el perjuicio sufrido por el daño que el proceder de la entidad gestora le ha provocado, y ello sin necesidad de acreditar las bases o presupuestos del mismo. Se cuantifica la indemnización con fines de homogeneidad y de seguridad jurídica en 1.800 euros, cantidad adecuada como compensación de los daños derivados de la discriminación adicional derivada de la denegación del denominado complemento de maternidad a los varones por parte del INSS cuando ya había sido establecido por el TJUE el carácter discriminatorio, y contrario al derecho de la Unión, de la regulación que reservaba exclusivamente dicho complemento a las mujeres. Se revoca la imposición de costas al INSS.
Resumen: La Sala desestima el recurso y confirma la sentencia de instancia, que a su vez desestimó demanda en la que se reclamaba el derecho a una indemnización de 1800 euros por haberse visto obligado a presentar demanda judicial para que se reconociera su derecho al complemento litigioso con fecha de efectos desde la fecha de su jubilación. Al recurrente se le reconoció el complemento discutido en vía administrativa al ser estimada su solicitud, si bien inicialmente con efectos retroactivos de tres meses. La entidad gestora, al tiempo de la vista oral del juicio celebrado por su demanda de reconocimiento de dichos plenos efectos, se allanó, de acuerdo con la entonces reciente doctrina, por lo que la entidad gestora actuó en cada momento de acuerdo con el criterio en cada momento vigente, sin que la discrepancia sobre la fecha de efectos del complemento supusiera denegación.
Resumen: La Sala desestima el recurso y confirma la sentencia de instancia, que a su vez desestimó la demanda de jubilación, porque e exige estar al corriente en el pago de cuotas para acceder a la prestación y no pueden computarse para la carencia los períodos con cuotas no pagadas y prescritas, pues el principio de contributividad exige que la carencia esté cumplida en la fecha del hecho causante y que el pago de cuotas posteriores solo puede subsanar defectos coyunturales si la carencia ya está cubierta. En consecuencia, se confirma la denegación de la pensión de jubilación ordinaria, desestimando la demanda, dado que la actora no solicitó la jubilación anticipada para la que sí cumpliría los requisitos.
Resumen: Se estima el derecho del demandante a percibir el premio de jubilación previsto en el convenio colectivo para el personal, en cuanto que tratándose la empleadora de un Ayuntamiento no es aplicable el artículo 1 del Real Decreto- ley 20/2012 que negaba cualquier tipo de mejora de prestaciones o cantidad adicional a percibir como consecuencia de la jubilación por cualquier empleado público, y no solo por los altos cargos; sino que es aplicable el precepto en la modificación producida por la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, que entró en vigor el 1 de enero de 2022, y que estableció que la prohibición de compatibilidad está referida expresamente al cese de altos cargos en cualquier cargo, puesto o actividad en el sector público. En tal sentido se estima el derecho al premio de jubilación.
Resumen: La Sala estima parcialmente el recurso y, confirmando la sentencia en lo principal, declara que en aquéllos supuestos en los que un varón solicitó el complemento de maternidad y le fue denegado por el INSS con posterioridad a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (STJUE) de 12 de diciembre de 2019, teniendo que acudir a los órganos judiciales para su obtención, el solicitante tiene derecho a que el órgano judicial le reconozca, además del complemento prestacional con efectos desde el nacimiento de la prestación correspondiente, una indemnización que cubra el perjuicio sufrido por el daño que el proceder de la entidad gestora le ha provocado, y ello sin necesidad de acreditar las bases o presupuestos del mismo. Se cuantifica la indemnización con fines de homogeneidad y de seguridad jurídica en 1.800 euros, cantidad adecuada como compensación de los daños derivados de la discriminación adicional derivada de la denegación del denominado complemento de maternidad a los varones por parte del INSS cuando ya había sido establecido por el TJUE el carácter discriminatorio, y contrario al derecho de la Unión, de la regulación que reservaba exclusivamente dicho complemento a las mujeres. Se revoca la imposición de costas al INSS.
Resumen: El Juzgado estima la demanda y declara que en aquéllos supuestos en los que un varón solicitó el complemento de maternidad y le fue denegado por el INSS con posterioridad a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (STJUE) de 12 de diciembre de 2019, teniendo que acudir a los órganos judiciales para su obtención, el solicitante tiene derecho a que el órgano judicial le reconozca, además del complemento prestacional con efectos desde el nacimiento de la prestación correspondiente, una indemnización que cubra el perjuicio sufrido por el daño que el proceder de la entidad gestora le ha provocado, y ello sin necesidad de acreditar las bases o presupuestos del mismo. Se cuantifica la indemnización con fines de homogeneidad y de seguridad jurídica en 1.800 euros, cantidad adecuada como compensación de los daños derivados de la discriminación adicional derivada de la denegación del denominado complemento de maternidad a los varones por parte del INSS cuando ya había sido establecido por el TJUE el carácter discriminatorio, y contrario al derecho de la Unión, de la regulación que reservaba exclusivamente dicho complemento a las mujeres.
Resumen: La demandante es española con residencia ininterrumpida en España desde el 1 de mayo de 1996 y es pensionista de jubilación en Francia y Suiza. Francia reconoció su derecho a la asistencia sanitaria, aunque Francia acabó revocándolo al considerar que había más cotizaciones en Suiza y así se lo comunicó a España como país de residencia, lo que motivó que España cancelase su derecho a la asistencia sanitaria por su condición de pensionista en Suiza en base al artículo 24 del Reglamento 883/2004. Sin embargo, la demandante ostenta derecho a la asistencia sanitaria con cargo a España como nacional española y residente en España ya que "son titulares del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria todas las personas con nacionalidad española y las personas extranjeras que tengan establecida su residencia en el territorio español", y el requisito exigido al respecto es tener nacionalidad española y residencia habitual en el territorio español; todo ello sin necesidad de suscribir un convenio especial.
