Resumen: Tribunal Constitucional. Solicitud de acceso a la información pública. Transparencia e información pública Ley 19/2013. Potestad de verificación de cumplimiento de requisitos para ostentar la condición de magistrado del Tribunal Constitucional
Resumen: La sentencia analiza la jurisdicción competente para conocer del recurso, cuyo objeto era la resolución dictada por la Federación Catalana de Fútbol que cancela la preinscripción del demandante en un curso de árbitros por rebasar los límites de edad establecidos en la reglamentación federativa, alegándose la vulneración del derecho a la igualdad. En la sentencia se considera que la federación es una entidad privada, a la que se atribuye funciones públicas de carácter administrativo, en cuyo ámbito se sustentan las diferentes reglas de tutela y control que la Administración puede ejercer sobre las federaciones deportivas. En el caso, se denegó el acceso a un curso de preparación para el arbitraje por aplicación de la reglamentación técnica debido a que el demandante superaba la edad establecida, considerando la sentencia que esta actividad no se corresponde con ninguna de las funciones públicas que tienen atribuidas las Federaciones deportivas, puesto que se trata de la aplicación de las normas internas de organización y reglamentación del ejercicio de la función arbitral. En consecuencia, al tratarse de una cuestión que queda fuera de las funciones expresamente definidas como públicas en la normativa deportiva, la actividad corresponde al ámbito privado, por lo que se concluye la controversia suscitada sobre esta actividad no pública o no delegada debe plantearse ante la jurisdicción civil.
Resumen: Se estima parcialmente el recurso de apelación interpuesto declarando la nulidad de la sentencia desestimatoria dictada en la instancia así como de las actuaciones posteriores llevadas a cabo ante dicho Juzgado, de conformidad con el art. 238.1 LOPJ por falta de competencia objetiva del mismo para conocer del recurso interpuesto mandando al retroacción de las actuaciones al momento anterior al dictado de la sentencia y declarando la conservación de las actuaciones procesales llevadas a cabo con anterioridad a dicho momento y entrando en el fondo del recurso, se estima parcialmente declarando la responsabilidad patrimonial de la Mutua demandada y reconociendo,a favor del recurrente, una indemnización de 42.400 euros por los daños sufridos. Y todo ello por la defectuosa asistencia sanitaria prestada tras sufrir un accidente laboral y ser diagnosticado de fractura en un hueso del miembro superior izquierdo acordando su inmovilización mediante escayola,presentando evolución desfavorable hasta que finalmente se le diagnostica el síndrome de Sudeck. Se descarta la infracción de la lex artis al no haber sido acreditado cual es la actuación médica concreta inadecuada si bien se aprecia una demora en el diagnóstico del síndrome de Sudeck por lo que procede aplicar la doctrina sobre la pérdida de oportunidad al no haber sido planteado,con mayor premura, un tratamiento alternativo para tratar de revertir el síndrome o minorar las secuelas.
Resumen: La cuestión que presenta interés casacional consiste en determinar el orden jurisdiccional competente, social o contencioso-administrativo, para conocer de las resoluciones dictadas en los procedimientos para la prevención y actuación en los casos de acoso laboral, cuando el sujeto activo es funcionario, aunque el presunto sujeto pasivo se trate de personal laboral.
Resumen: La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en determinar si la jurisdicción contencioso-administrativa es la competente en supuestos referidos al Consejo de la Policía-Mossos dEsquadra o, por el contrario, corresponde su conocimiento al orden jurisdiccional social por tratarse de un proceso electoral sindical de funcionarios (Mossos d'Esquadra).
Resumen: El auto apelado declara la falta de competencia del Juzgado para conocer de la reclamación de daños y perjuicios derivados de la ejecución de un contrato concertado con la Agencia de la Vivienda Social, habiendo desestimado su Director Gerente la reclamación de la contratista. La sentencia considera que la resolución fue dictada por el Director Gerente de la Agencia, en su competencia como órgano de contratación, siendo la Agencia un Organismo Autónomo mercantil de carácter comercial y financiero adscrito a la Consejería de Política Territorial, que goza de personalidad jurídica propia e independiente, con plena capacidad jurídica y de obrar y patrimonio propio. La competencia para conocer de los recursos que se deduzcan contra los actos de los organismos, entes, entidades o corporaciones de Derecho público, cuya competencia no se extienda a todo del territorio nacional, como es el caso, están atribuidos al conocimiento de los Juzgados de lo Contencioso Administrativo, sin que sean de aplicación a los Organismos de la Administración autonómica autonómicos las excepciones previstas para la Administración periférica del Estado y los organismos públicos estatales. En consecuencia, aunque el proceso es de cuantía superior a 60.000 euros, no está exceptuado del conocimiento de los Juzgados, en tanto que se trata de un organismo autónomo dependiente de la Consejería autonómica al que no le es aplicable la excepción.
Resumen: El TSJ de Aragón inadmite el recurso por falta de competencia. La actora quiere recurrir la denegación de una reclamación de responsabilidad patrimonial directamente ante la Sala del TSJ; pero al ser un acto que emana del Ayuntamiento, el articulo 8.3 de la LJCA atribuye la competencia a los Juzgados.
Resumen: La Sala se remite a las SSTS nº 1147 y 1213/2023, de 19/09 y 02/10 (Rec. 213/2021 y 215/2021) que ha declarado la inadmisión, por falta de legitimación, del recurso interpuesto por un partido político contra los indultos con origen común. Partiendo de la legitimación como presupuesto subjetivo del proceso, descarta que la misma concurra en los recurrentes -diputados del Parlamento de Cataluña en 2017- que alegan su legitimación vinculada a la lesión de sus derechos fundamentales como parlamentarios en el curso de la tramitación de las leyes de transitoriedad y referéndum de autodeterminación. Considera la Sala que tales derechos fundamentales no forman parte del interés jurídico, penalmente protegido, que constituye el tipo penal de los delitos de sedición y malversación de caudales públicos a que se refiere la condena impuesta en la sentencia del TS de que traen causa los indultos en cuestión, por lo que no cabe apreciar esa conexión directa entre su actividad parlamentaria y la condena penal que ha sido objeto de indulto parcial. La defensa de la CE y del Estado democrático y del funcionamiento de sus instituciones, también de la institución parlamentaria, como objeto de la actividad de los representantes parlamentarios es, ciertamente, un aspecto inherente a la acción política, pero no implica una relación específica entre su función y cualquier acto administrativo que pueda interpretarse como contrario a los valores constitucionales defendidos en sede parlamentaria.
Resumen: Conflicto de competencias. Concierto entre el Estado y la Comunidad Autónoma del País Vasco. Plazo de prescripción del crédito por retenciones de IRPF. Créditos de derecho público no tributarios. Dies a quo del plazo: se sitúa en la fecha del ingreso de la retención, sin que quepa, por tratarse de un crédito de derecho público entre Administraciones Públicas, la interrupción de la prescripción por actos de terceros, ni siquiera del contribuyente afectado.
Resumen: La Administración tributaria procedió, mediante la resolución que se recurre, a determinar cual era el domicilio fiscal del obligado tributario, causante de los actores, en el período objeto de investigación, evidenciando que el sujeto pasivo no residió, ni el año 2012 ni en los periodos anteriores, en los varios y domicilios identificados por el mismo contribuyente. La demanda planea cuestiones relacionadas con el procedimiento de comprobación desarrollado por la Comunidad de Aragón y con la resolución del conflicto competencial, las cuales sobre todo atañen a la liquidación por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, lo que lleva a la Sala a recordar que estas cuestiones, tal y como se dijo en la resolución del TEAC impugnada, resultan ajenas al procedimiento en el que ha sido dictado el acto originariamente impugnado y que tiene por objeto la comprobación del domicilio fiscal del causante de los demandantes; de modo que cualquier problema que quiera plantearse sobre el procedimiento seguido en la Comunidad de Aragón y la regularización practicada por aquel impuesto no debe suscitarse en el procedimiento que resuelve la sentencia, sino a través de la respectiva reclamación. Lo que le lleva a concluir que la nulidad planteada respecto de los citados procedimientos no puede conllevar la nulidad de la comprobación del domicilio fiscal, en tanto se trataría de un problema ajeno al objeto del proceso.
