Resumen: A juicio de la Sala Tercera del Tribunal Supremo reviste interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia la determinación de si el alta en el Régimen General de la Seguridad Social de los funcionarios interinos al servicio de la Administración de Justicia, en aplicación de la disposición transitoria del Real Decreto 960/1990, de 13 de julio, es una cuestión de personal incardinable en el artículo 9.1.a) de la Ley de la Jurisdicción.
Resumen: Interrupción de la prescripción mediante actos de una administración tributaria incompetente por razón del territorio y ulteriormente anulados en vía económico-administrativa en los casos en que el domicilio fiscal se rectifique con efectos retroactivos. Los actos de una Administración tributaria, incompetente a tenor del domicilio fiscal declarado, que hayan sido anulados en una resolución económico-administrativa firme y considerados por dicha resolución como meramente anulables, interrumpen la prescripción del derecho a liquidar, cuando con posterioridad a esas actuaciones tributarias el domicilio fiscal se rectificó con efectos retroactivos
Resumen: La Sala desestima el recurso. En relación con la cuestión planteada existe jurisprudencia consolidada, que ha de tenerse en cuenta en aplicación principio de unidad de doctrina, trasunto de los de seguridad jurídica e igualdad en la aplicación de la ley. En el supuesto ahora enjuiciado la parte actora aduce, en esencia, que no se ha observado por parte del tribunal sentenciador la exigencia de recoger toda la información de las circunstancias que fueron alegadas por el recurrente en relación a su petición de indulto parcial, tales como las circunstancias del delito cometido, las personales del penado, su arraigo y la conducta posterior al hecho, alegando "que si se hubieran recogido hubieran sido de mayor ilustración por parte del acuerdo del consejo de ministros, que se hubiera podido adoptar en la petición del derecho de gracia que le fue desestimado y que ahora se recurre en la jurisdicción contencioso administrativa". Esta alegación no puede prosperar. Contra lo afirmado por el recurrente, cabe constatar que el tribunal sentenciador sí valoró en su informe las circunstancias alegadas por aquél, aunque el resultado de esa valoración no fuera del agrado de dicho recurrente, al ser desfavorable para sus intereses. Por tanto, no se aprecia que haya concurrido el defecto procedimental alegado por la parte actora, ni ningún otro vicio o defecto procedimental que impidiera al órgano competente disponer de la información necesaria para decidir acerca del indulto
Resumen: Admisión. Reintegro de subvención. Pretensiones. Solicitudes de declaraciones de plena jurisdicción. Precedente: ATS de 19 de enero de 2022 (RCA 6647/2021) La cuestión planteada en el recurso que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en completar, reforzar, matizar o, en su caso, corregir la jurisprudencia de esta Sala en relación con las solicitudes de declaraciones de plena jurisdicción; en concreto, a fin de determinar si la estimación de una pretensión anulatoria articulada frente a una resolución de reintegro de subvenciones por haberse dictado en un procedimiento caducado impide al órgano jurisdiccional pronunciarse sobre una pretensión de plena jurisdicción formulada en la misma demanda para que, además, se declare prescrito el derecho de la Administración concedente a incoar un nuevo procedimiento de reintegro, o si, por el contrario, el órgano jurisdiccional tiene obligación de resolver ambas pretensiones.
Resumen: Canon de regulación y tarifa de utilización del agua. Determinación del órgano competente para la aprobación del canon de regulación y la tarifa de utilización del agua. Aclarar, para el caso de que la respuesta a la anterior pregunta fuera que el órgano competente para la aprobación del canon de regulación y la tarifa de utilización del agua es la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica, si la aprobación por el Presidente de la Confederación Hidrográfica determina que estamos ante un vicio mera nulidad o de nulidad radical. Determinación del "presupuesto del ejercicio correspondiente" que ha de tenerse en consideración para cuantificar el canon de regulación y las tarifas de utilización del agua. ¿Se trata del presupuesto que el organismo debe remitir para su inclusión en los Presupuestos Generales del Estado?
Resumen: El TS desestima las pretensiones anulatorias de la Comunidad Autónoma recurrente (Cataluña) respecto al acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueba el Plan Estatal General de Emergencias de Protección Civil, al entender que los contenidos discutidos del referido Plan no suponen una vulneración de los preceptos que la Ley estatal del Sistema Nacional de Protección Civil refiere a esta tipología de instrumentos de planificación, ni implican una invasión de las competencias autonómicas en la materia. Todo ello, amparándose en la nutrida doctrina jurisprudencial del TC existente sobre la distribución de competencias en materia de protección civil y los mecanismos de coordinación y cooperación que pueden ejercerse.
Resumen: La convocatoria impugnada es contradictoria -pues convoca procedimiento de selección de personal en régimen laboral para la configuración de una lista de empleo de la que, con posterioridad, se seleccionará al mejor posicionado para cubrir las necesidades del Ayuntamiento convocante mediante su nombramiento como funcionario interino-. Esta convocatoria es irrespetuosa con el régimen estatutario del empleado público -EBEP-, en el que se distingue entre funcionarios interinos y personal laboral, sin que la autoridad convocante pueda cubrir los puestos de trabajo libremente con empleados de uno u otro signo, ya que los funcionarios interinos son nombrados con carácter temporal para el desempeño de las funciones propias de los funcionarios de carrera. Es doctrina jurisprudencial consolidada que cuando la convocatoria es de naturaleza laboral, aunque afecte a una contratación externa o de nuevo ingreso, la competencia corresponde a los órganos del orden social. Pero, en el caso, la convocatoria no lo es para cubrir determinadas vacantes o puestos de trabajo en el Ayuntamiento, sino para formar una lista o bolsa de trabajo. Durante el tiempo en que los seleccionados se mantengan en la referida bolsa de empleo no tendrán ningún vínculo laboral con la Administración convocante, vínculo que solo nacería cuando accedieran a desempeñar algún concreto puesto de trabajo para dicha Administración en régimen de interinidad, por lo que la competencia corresponde al orden contencioso.
Resumen: Retenciones IRPF, Rendimientos del Trabajo, periodos marzo/2009 a diciembre/2011 y resolución sancionadora. Determinar si, a la luz de la doctrina sentada en la sentencia del Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 22 de abril de 2014 (casación para la unificación de doctrina 1197/2013; ES:TS:2014:3088), necesariamente se ha de entender, o no, que en los supuestos de extinción del contrato de alta dirección por desistimiento del empresario existe el derecho a una indemnización mínima obligatoria de 7 días de salario por año de trabajo, con el límite de seis mensualidades, y, por tanto, que esa cuantía de la indemnización está exenta de tributación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, al amparo del artículo 7.e) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Resumen: Se estima en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra el Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 2 de febrero de 2020, denegatorio de la solicitud de indulto en que el recurrente estuvo en situación de prisión provisional desde julio de 2017 y quedó en libertad en enero de 2018, no obra, en realidad, el informe de conducta a que se refiere el artículo 24 de la Ley de Indulto, ya que, lo que consta en el expediente administrativo de indulto se ciñe, en ese particular, a la cita de determinados antecedentes policiales, anteriores, además, a la fecha de la sentencia penal condenatoria. Es decir, no se efectúa una auténtica valoración de la conducta del penado posterior a la pena cuyo indulto se solicita. La consecuencia de lo anterior debe ser, con arreglo a las sentencias de octubre de 2021 y enero de 2022, la anulación de aquel acuerdo del Consejo de Ministros impugnado en este recurso, pues el informe de conducta es de indudable relevancia para que el órgano competente pueda disponer de la información necesaria para decidir sobre la oportunidad de la concesión del indulto a la vista de la evolución de la personalidad del condenado tras la imposición de la pena o, en su caso, sobre la conveniencia de la conmutación o condonación de ésta.
Resumen: Admisión a trámite del recurso de casación. La cuestión planteada en el recurso que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en determinar si la CNMC resulta competente para imponer precios (en este caso, para la fijación de un precio máximo) en servicios no regulados por la vía de la resolución de conflictos entre operadores, y, en caso afirmativo, bajo qué condiciones.
