• Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Santa Cruz de Tenerife
  • Ponente: JAIME GUILARTE MARTIN-CALERO
  • Nº Recurso: 59/2021
  • Fecha: 30/04/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Ley atribuye eficacia temporal a las licencias de obras. Transcurridos los plazos fijados de comienzo y finalización se produce la caducidad de esta autorización urbanística, pero ha de ser declarada expresamente por el órgano administrativo competente, previa audiencia del interesado, según la legislación citada en la resolución recurrida, que se extinga la autorización. Hasta que no se produzca este acto extintivo de la eficacia de una licencia urbanística por causa sobrevenida, la licencia urbanística sigue produciendo efectos presumiéndose su legalidad, aunque pueda estar incursa en caducidad. En el presente litigio, no se había instado dicha declaración de caducidad por lo que no es procedente en Derecho la denegación de la transmisión de la licencia urbanística por el mero transcurso del tiempo como parece que pretende la parte actora y ha sido aceptado por el Juzgado.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE LUIS REQUERO IBAÑEZ
  • Nº Recurso: 5833/2019
  • Fecha: 29/04/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Cuestión con interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia: aclarar si la pérdida de la condición de guardia civil enerva los efectos de la suspensión judicial de la condena ex artículo 4.4 del Código Penal y, a su vez, si cabe, entender que el auto de suspensión permite dejar sin efecto la pérdida de la condición de Guardia Civil o, si tal pérdida es ajena a la ejecución de la sentencia y procede por el mero hecho de la condena, se ejecute o no. Para el TS firme la sentencia condenatoria penal y acordada por la Administración la pérdida de la condición de funcionario público, ya sea por acto firme o no pero no suspendido, no cabe el reintegro por el hecho de que se haya suspendido la ejecución de la condena penal pues ésta no alcanza a un efecto administrativo automático, debido y ajeno a la ejecución penal. En particular, la suspensión de la ejecución de la pena la acuerda discrecionalmente el juez penal, y se haya acordado o, solicitada, esté pendiente de acordarse, no enerva la potestad de la Administración -ni la deja sin contenido, de haberse dictado- para ejercer su potestad de resolución de la relación funcionarial, de acordarse tal suspensión en sede penal no por ello debe reintegrarse al funcionario al cuerpo del que fue excluido. Si se otorga el indulto, es cuando procederá el reintegro de la función pública.
  • Tipo Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ISABEL GARCIA GARCIA-BLANCO
  • Nº Recurso: 2129/2019
  • Fecha: 28/04/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Derecho de Gracia. Indulto. Inadmisión a trámite de recurso de reposición frente a la decisión del Consejo de Ministros. Nulidad del acto de inadmisión del recurso por el Ministro de Justicia. Incompetencia del Ministro para dictar resolución de inadmisión. Competencia del Consejo de Ministros.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE ARTURO FERNANDEZ GARCIA
  • Nº Recurso: 600/2020
  • Fecha: 27/04/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala revoca el auto de Juzgado que declaró la inadmisión del recurso contencioso-administrativo interpuesto por una Junta de Compensación que reclamaba a uno de sus miembros el pago de costes de urbanización debidos a aquella, al considerar que competencia del Juzgado conocer del mismo, y entender que correspondía su conocimiento a la jurisdicción civil. Tras examinar detenidamente la doctrina jurisprudencial sobre la cuestión y la normativa aplicable para el cobro de esas cuotas de urbanización, se declara que las juntas de compensación, en un caso como el presente, están obligadas legalmente (artículo 181.2 RGU) a recurrir al ayuntamiento actuante para que inicie la vía de apremio para el cobro de las cuotas de urbanización, que determinará la existencia de actos administrativos cuya impugnación en su caso se materializará ante la presente jurisdicción. No procede, por tanto, que estas entidades acudan directamente a la vía civil pues trata de una materia de derecho público cuyo conocimiento corresponde exclusivamente al ámbito de la jurisdicción contencioso-administrativa a través de los procedimientos en el que los sujetos públicos, en este caso el ayuntamiento en cuestión, dicten resoluciones impugnables ante la jurisdicción correspondiente. Pero en este caso la Junta de Compensación acude a esta jurisdicción sin haber solicitado del Ayuntamiento el inicio de la vía de apremio, lo que supone la inexistencia de acto administrativo impugnable.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: OCTAVIO JUAN HERRERO PINA
  • Nº Recurso: 5626/2018
  • Fecha: 21/04/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El supuesto examinado se refiere a una resolución (auto) de un órgano de la jurisdicción civil, que declara la competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa, a la que se remite a los interesados, sin indicación de plazo de impugnación o personación ni identificación de norma que así lo establezca. En estas circunstancias, no resulta justificada la aplicación analógica de las previsiones establecidas en el art. 5.3 de la LJCA que hace la Sala de instancia en el auto que inadmite el recurso por extemporáneo, pues como razona el TS respondiendo a la cuestión que presenta interés casacional objetivo, el plazo para la interposición del recurso contencioso-administrativo cuando dicha interposición está precedida de la resolución de un órgano perteneciente a otro orden jurisdiccional (en este caso civil) declarando la falta de jurisdicción del mismo por entender que el asunto corresponde al conocimiento del jurisdiccional contencioso-administrativo es el general de dos meses que señala el artículo 46.1 de la LJCA. Y ello por cuanto la aplicación del plazo de un mes previsto en el citado art. 5.3 LJCA vendría a limitar el derecho de acceso a la tutela judicial efectiva, sin una previsión legal específica al respecto, introduciendo una causa de inadmisibilidad en virtud de una interpretación analógica restrictiva, que no resulta proporcionada ni acorde al principio pro actione.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CESAR TOLOSA TRIBIÑO
  • Nº Recurso: 17/2020
  • Fecha: 12/04/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Demanda de error judicial. No es lícito incluir en la misma argumentos de legalidad ordinaria -ya desestimados en la resolución presuntamente errónea-, como fuere la incompetencia objetiva de la Sala para conocer del recurso y que ya fuera descartada por esta en múltiples ocasiones, incluso a través de incidente extraordinario de nulidad de actuaciones. La resolución de tal cuestión competencial está dentro de los cánones ordinarios de la hermenéutica jurídica y no cabe reputarla como error craso, patente o indubitado que haya provocado conclusiones fácticas o jurídicas ilógicas, irracionales, esperpénticas o absurdas, no pudiendo hacerse uso del procedimiento de declaración judicial como una tercera instancia o casación encubierta. Se desestima la demanda.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO JESUS FONSECA-HERRERO RAIMUNDO
  • Nº Recurso: 2138/2020
  • Fecha: 08/04/2021
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: Subasta de medicamentos en Andalucía. Selección de medicamentos a dispensar por oficinas de farmacia cuando sean prescritos o indicados por principio activo en las recetas médicas y órdenes de dispensación oficiales del Sistema Nacional de Salud. Normativa comunitaria: contrato de servicios. Defensa de la competencia: razones imperiosas de interés general. Resolución de 30-9-2016 por la que se aprobó el listado de medicamentos seleccionados correspondientes a la convocatoria efectuada por resolución de 21-07-2016.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Granada
  • Ponente: MIGUEL PEDRO PARDO CASTILLO
  • Nº Recurso: 4600/2019
  • Fecha: 25/03/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala declara la nulidad de la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo que estimó el recurso contra la resolución del Director General para la Formación y Empleo, que desestimó la solicitud de suspensión cautelar de la ejecución de la resolución, ya que se invocaba que la sentencia se había dictado respecto de actos no sujetos al derecho administrativo sino en el ejercicio de una potestad y función netamente encuadrable en el ámbito laboral, como es la autorización del Servicio Público de Empleo Competente y la Sala concluye que aunque se trate de un acto administrativo sujeto al Derecho Administrativo, es más que manifiesto que la autorización del Servicio Público de Empleo Competente para el inicio de la actividad formativa de un contrato de formación,ya que es un acto que se dicta por la Administración en ejercicio de una potestad en materia laboral, por lo que se anula la sentencia por haberse dictado por un órgano carente de jurisdicción.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Granada
  • Ponente: MIGUEL PEDRO PARDO CASTILLO
  • Nº Recurso: 5338/2019
  • Fecha: 25/03/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala declara la nulidad de la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo que estimó el recurso contra la resolución del Director General para la Formación y Empleo, que desestimó la solicitud de suspensión cautelar de la ejecución de la resolución, ya que se invocaba que la sentencia se había dictado respecto de actos no sujetos al derecho administrativo sino en el ejercicio de una potestad y función netamente encuadrable en el ámbito laboral, como es la autorización del Servicio Público de Empleo Competente y la Sala concluye que aunque se trate de un acto administrativo sujeto al Derecho Administrativo, es más que manifiesto que la autorización del Servicio Público de Empleo Competente para el inicio de la actividad formativa de un contrato de formación,ya que es un acto que se dicta por la Administración en ejercicio de una potestad en materia laboral, por lo que se anula la sentencia por haberse dictado por un órgano carente de jurisdicción.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Granada
  • Ponente: MIGUEL PEDRO PARDO CASTILLO
  • Nº Recurso: 4598/2019
  • Fecha: 25/03/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala declara la nulidad de la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo que estimó el recurso contra la resolución del director general para la Formación y Empleo, que desestimó la solicitud de suspensión cautelar de la ejecución de la resolución, ya que se invocaba que la sentencia se había dictado respecto de actos no sujetos al derecho administrativo sino en el ejercicio de una potestad y función netamente encuadrable en el ámbito laboral, como es la autorización del Servicio Público de Empleo Competente y la Sala concluye que aunque se trate de un acto administrativo sujeto al Derecho Administrativo, es más que manifiesto que la autorización del Servicio Público de Empleo Competente para el inicio de la actividad formativa de un contrato de formación,ya que es un acto que se dicta por la Administración en ejercicio de una potestad en materia laboral, por lo que se anula la sentencia por haberse dictado por un órgano carente de jurisdicción.

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