Resumen: La afirmación judicial (que no argumentación) de que el valor de las subvenciones ya está incluido en el valor de la planta, de modo que si el concesionario tiene que devolver la planta y también las subvenciones, devolvería mismo de forma duplicada, es una reproducción literal de la alegación de la demandada no se explica ni se conoce el discurso o razonamiento lógico que el juez en su caso ha hecho, de modo que, esta Sala no puede aceptar sin más esa alegación de parte cuando contraviene como se ha dicho el espíritu de la norma en una interpretación integradora del ordenamiento vigente sobre la materia, lo que nos conecta con el principio de asunción de riesgos por el concesionario y con la circunstancia de que el único beneficiario de las subvenciones es el Ayuntamiento, y por mucho que, en aras a la viabilidad de la planta, se comprometa a aportarlas al concesionario para sufragar en parte las inversiones, la compensación al concesionario ex art 166 se concreta en determinar valor del coste real y efectivo de las inversiones hechas por el concesionario con las deducciones pertinentes, siendo además que la reversión de las instalaciones públicas a la Entidad local no se hace sin indemnización o compensación, porque conforme art 166 la restitución de la infraestructura es objeto de compensación por el valor efectivo y neto de las inversiones realizadas por la empresa en la parte no amortizada. En fin, no hay que compensar al concesionario por el importe de una subvención de
Resumen: Ha lugar al recurso de casación interpuesto por la Junta de Andalucía contra sentencia que, en grado de apelación, revocó el auto del juzgado que se declaró falta de jurisdicción, a favor de la social, para conocer de la autorización para iniciar una actividad formativa, con arreglo a lo dispuesto por la disposición final 1ª del Real Decreto 1529/2012, sobre el contrato para formación y aprendizaje. Para el TS es indudable que el otorgamiento o la denegación de una autorización por parte de la Administración constituye un acto administrativo, en el sentido técnico de la expresión. Ello debería conducir, en principio, a afirmar que las impugnaciones del mismo competen al orden jurisdiccional contencioso-administrativo, pero ese acto administrativo se encuadra en el apartado n) del art. 2 de la Ley de la Jurisdicción Social, que atribuye a dicho orden jurisdiccional su conocimiento, y en ese sentido se pronuncia la jurisprudencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo.
Resumen: La Sala de Enjuiciamiento reitera la doctrina ya fijada en las SSTS núm. 1282/2020, de 13 de enero (recurso de casación núm. 3456/2019) y 885/2020, de 26 de junio (recurso de casación núm. 293/2019), donde se indica, que son apelables los autos de los órganos judiciales unipersonales, que declaren la inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo aun cuando la cuantía litigiosa del proceso en el que se dictaron no exceda de 30.000 euros.
Resumen: La Sala estima en parte el recurso y anula resolución dictada por la Confederación Hidrográfica del Guadiana por la que acuerda la ocupación definitiva de unos terrenos expropiados a los recurrentes sin que haya lugar al reconocimiento del derecho que también se pretende.Entiende el Tribunal que la Administración procede a dictar resolución de ocupación sin llevar a cabo las actuaciones precisas dadas las circunstancias concurrentes y que se indicaron en resolución anterior donde se estableció que el conflicto podría solucionarse en sede del expediente expropiatorio y llevar a cabo las actuaciones que no queda claro que hiciera entonces. Y para ello debe ser en el ámbito de la determinación material de los terrenos expropiados a través de las actas previas de ocupación o de ocupación correspondiente o de la realidad del terreno ocupado por las obras públicas para determinar si se ha ocupado menos superficie de la abonada en la expropiación o la ubicación exacta del terreno ocupado y su titularidad. Y esto exige actuaciones materiales sobre el terreno con apoyo pericial técnico y en base a los datos existentes en el expediente expropiatorio.
Resumen: Se impugna en este recurso el acuerdo del Consejo de Ministros en virtud del cual se denegó la solicitud de indulto parcial de la pena privativa de libertad de tres años de duración que había sido impuesta. La cuestión polémica sobre la que gira la controversia en este recurso se contrae a determinar si toda denegación de indulto por el Consejo de Ministros debe ser o no motivada expresamente. Esta Sala se ha pronunciado ya en múltiples ocasiones acerca de la inexigibilidad de motivación en las denegaciones de indulto, pudiendo citarse en este sentido, entre otras, las SSTS de 30 de enero de 2014 (recurso directo 407/2012), 6 de junio de 2014 (recurso 159/2013), entre otras muchas. Conviene recordar a este respecto que en estas sentencias -y, singularmente, en la STS nº 134/2020- concretaba el TS la doctrina jurisprudencial aplicable en estos casos del siguiente modo: 1) El control no puede afectar a los defectos de motivación; 2) Sólo alcanza a los elementos reglados del procedimiento (incluidos los informes preceptivos y no vinculantes a los que alude la Ley de Indulto); 3) No se extiende a la valoración de los requisitos de carácter sustantivo. Por estas razones se desestima el recurso.
Resumen: Admisión. Energía. Financiación del bono social. Incongruencia por error. Competencias CNMC/Ministerio de Industria, Energía y Turismo (actualmente, en lo que ahora interesa, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico) para el reconocimiento de retribución en el sector eléctrico. La cuestión planteada en el recurso que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en determinar si se ha producido la incongruencia por error denunciada y subsiguientemente precisar si corresponde a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o al Ministerio de Industria, Energía y Turismo (actualmente, en lo que ahora interesa, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico) la potestad de reconocimiento de retribución en el sector eléctrico, y, en concreto, la potestad para resolver una solicitud de reintegro presentada como consecuencia de la declaración de inaplicabilidad del mecanismo de financiación del bono social.
Resumen: Se anula una sentencia de la Audiencia Nacional y se inadmite el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la resolución que inadmitió a su vez el recurso de alzada deducido contra una resolución de la Real Federación Española de Piragüismo y un acuerdo del Comité Organizador del Descenso Internacional. Considera la Sala Tercera que, siendo la competencia jurisdiccional cuestión de orden público, procede resolver sobre la misma, poniendo de manifiesto que la prueba deportiva (el Descenso del Sella) no se trata de una prueba oficial bajo el paraguas de la Administración, sino que se trata de una prueba organizada por una entidad con personalidad jurídica propia, denominada CODIS, Comité Organizador del Descenso Internacional del Sella. Añade que el mero hecho de que el Descenso del Sella se rija por las normas aprobadas por el Comité Organizador y por el Reglamento para las carreras de Maratón de la Federación Internacional de Piragüismo no la equipara a "prueba oficial internacional". En consecuencia, el recurso de alzada presentado ante el Consejo Superior de Deportes era inadmisible tal cual fue acordado por el citado órgano administrativo, lo que conduce a la confirmación de tal declaración. Lo anterior conlleva que se declare imprejuzgado el fondo de la cuestión que debe ventilarse ante la jurisdicción civil, por concernir el Descenso del Sella organizado por el Comité Organizador del Descenso Internacional del Sella a relaciones entre particulares.
Resumen: La Sala estima parcialmente el recurso. Declara nulos el artículo 6, apartado 3º, párrafo 5º, parágrafos c) y d) del mencionado Real Decreto, así como los apartados 4b.9; 5b.2, 6b-24- 25 y 26 del PRECAT20 que en el mismo se aprueba. Conforme a la delimitación constitucional de la competencia y por lo que se refiere a la responsabilidad ampliada, es indudable que la incidencia que la determinación de este tipo de obligaciones específicas, que exceden de las generales que se imponen a todos los gestores de residuos, debe estimarse incardinada en esa competencia estatal, lo cual justifica que se reserve su imposición a la normativa básica o, si se quiere, que se deban imponer por Real Decreto aprobado en Consejo de Ministros, sin que pueda la legislación autonómica imponerlas bajo la habilitación de normas adicionales de protección. Por tanto. ha de estimarse que la exigencia competencial afecta al mismo contenido de la responsabilidad ampliada ya establecida. En relación con el debate suscitado por las partes en orden a la nulidad de la norma reglamentaria impugnada por defectos formales, la doctrina general que rige en nuestro Derecho, acogida por la jurisprudencia, es que los vicios de forma solo son relevantes cuando trascienden en la decisión final, como para los actos administrativos se impone en el artículo 47.1º.c) de la de la Ley 30/92. No cabe acoger la denuncia de arbitrariedad.
Resumen: El TS examina la delimitación competencial entre médicos y enfermeros en el ámbito de la Medicina Estética, en concreto, en lo relativo a la planificación y aplicación de tratamientos e intervenciones, y por tanto, si podría el Colegio Oficial de Enfermería ordenar determinados aspectos del ejercicio profesional del enfermero para cuidados corpo-estéticos y prevención del envejecimiento. Al efecto, analiza las profesiones sanitarias y en virtud de los artículos 6 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, y el artículo 3 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, las funciones que realizan el personal médico y el de enfermería no son, las mismas, ni siquiera resultan homologables, sin perjuicio de que ambas funciones resultan esenciales por su complementariedad, para la protección de la salud de los pacientes, pues coadyuvan, desde su distinta formación y su diferente función, para alcanzar dicha finalidad. En consecuencia, el Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España no tiene competencia para dictar resoluciones sobre funciones de los enfermeros de forma desvinculada a la actividad asistencial del médico y coordinación médica, siendo una cuestión tangencial el debate, sobre si la especialidad de medicina estética existe como tal.
Resumen: La Sala reitera, transcribiendo su sentencia de 27 de julio de 2020 (rec. 268/2018) su competencia para conocer de la impugnación de disposiciones reglamentarias -como ésta- dictadas por el Gobierno del Estado en sustitución de las instituciones de Cataluña, al amparo de lo autorizado por el Senado conforme al art. 155 CE. Tras ello, examina la pretensión de la recurrente de declararse la nulidad del Real Decreto 210/2018, de 6 de abril, por el que se aprueba el Programa de Prevención y Gestión de Residuos y Recursos de Cataluña "PRECAT20", o, subsidiariamente, las letras c) y d) de su artículo 6.3.5 y los objetivos 4b.9, 5b.2 y 6b.24, 6b.25 y 6b.26 del PRECAT20. Para ello, transcribe nuevamente lo dicho en la referida sentencia 1120/20 y concluye declarando la nulidad de pleno derecho del art. 6.3º.5ª.c) y d) del Real Decreto y los objetivos que se contienen en el PRECAT20, apartados 4b-9, 5b-2, 6b-24, 25 y 26, pues argumenta que las disposiciones impugnadas fijaban objetivos que excedían de los fijados para el conjunto del Estado, sin que estuviera autorizado ex art.31.3º de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados, pues el Consejo de Ministros actuaba potestades autonómicas. Sin embargo, y siempre de acuerdo con lo resuelto en aquella sentencia, rechaza la nulidad del Real Decreto por las aducidas omisión de un segundo trámite de información pública, arbitrariedad y no respetar el contenido mínimo de estos Planes autonómicos.
