• Tipo Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA JESUS VEGAS TORRES
  • Nº Recurso: 956/2018
  • Fecha: 22/07/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La recurrente impugna en ese caso la resolución dictada por la Directora General de Participación y Equidad de la Junta de Andalucía por la que se desestimó su solicitud de beca para cursar estudios postobligatorios en el curso 2017-2018. El motivo que justificaba la denegación era el no haber alcanzado la nota mínima exigida para la obtención de la beca. Sin embargo, la resolución inicial consignó un motivo distinto, relacionado con la consignación errónea de los datos de la unidad familiar en la solicitud. Antes de analizar esta cuestión, la sentencia comprueba que el órgano que dictó la resolución impugnada es la Dirección General de Participación y Equidad de la Junta de Andalucía. Recuerda entonces que, de acuerdo con los requisitos establecidos en la convocatoria estatal y, conforme al procedimiento establecido por la Junta de Andalucía, los órganos competentes de ésta última procederían a la selección, adjudicación provisional y definitiva y pago de las becas, así como a la correspondiente inspección, verificación, control y, en su caso, resolución de los recursos administrativos que puedan interponerse. Así las cosas, la Sala advierte la falta de legitimación pasiva del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el presente recurso por cuanto no ha dictado la resolución impugnada denegatoria de la beca y, en consecuencia, la falta de competencia de esta Sala para conocer del recurso.
  • Tipo Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA JESUS VEGAS TORRES
  • Nº Recurso: 136/2017
  • Fecha: 20/07/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El Colegio de Abogados de Guadalajara recurre la resolución de la CNMC por la cual le impuso una sanción al advertir la comisión de una falta del artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, consistente en recomendaciones de precios mediante la elaboración, publicación y difusión de baremos de honorarios por parte del referido Colegio. Tras rechazar la caducidad del procedimiento que el Colegio recurrente aduce como primer motivo de impugnación, la sentencia analiza el carácter de las prácticas prohibidas que la CNMC imputa al Colegio, consistentes en el establecimiento y difusión de baremos orientativas de honorarios profesionales y, a la vista de la prueba obrante en los autos, concluye que dicha práctica ha sido suficientemente acreditada, y que integra una infracción del artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia, por lo que confirma la sanción, cuya cuantía considera además que ha sido suficientemente motivada.
  • Tipo Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: RAMON CASTILLO BADAL
  • Nº Recurso: 138/2018
  • Fecha: 20/07/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El Colegio de Abogados de A Coruña recurre la resolución de la CNMC por la cual le impuso una sanción al advertir la comisión de una falta del artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, consistente en recomendaciones de precios mediante la elaboración, publicación y difusión de baremos de honorarios por parte del referido Colegio. Como primer motivo, aduce la entidad recurrente que la competencia para conocer del procedimiento sancionador correspondería, no a la CNMC, sino al órgano autonómico de competencia. Y la sentencia avala esta interpretación al entender que las actuaciones de los Colegios Profesionales, también las que pudieran ser constitutivas de infracciones de la Ley de Defensa de la Competencia, tienen por definición legal un alcance territorial limitado al del Colegio Profesional que las lleva a cabo y, en consecuencia, y por aplicación del artículo 1.3 de la Ley 1/2002, debiera conocer de las mismas la autoridad autonómica de competencia en aquellas Comunidades en las que exista.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA ELISA GOMEZ ALVAREZ
  • Nº Recurso: 339/2020
  • Fecha: 19/07/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se impugna la resolución que acordaba la pérdida de la condición de guardia civil y militar de carrera del recurrente, alegándose que la sentencia penal no podía ser ejecutada por encontrarse pendiente la tramitación de indulto. La sentencia desestima el recurso con fundamento en que la suspensión de la ejecución de la pena por solicitud de indulto la acuerda discrecionalmente el juez penal. El tribunal penal ordenó la ejecución de la condena penal que impone la inhabilitación especial, lo cual, en el ámbito administrativo, implica que la Administración no puede actuar de forma diferente a la ordenada por el tribunal penal, de manera que es de aplicación la jurisprudencia que interpreta que la ejecución de la inhabilitación es una consecuencia directa derivada de la condena penal que no implica el ejercicio de la potestad sancionadora, y que se trata un acto debido. No pueden acogerse las alegaciones sobre la vulneración del principio de proporcionalidad, puesto que se trata de una situación absolutamente reglada que no deja espacio a la proporcionalidad.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: WENCESLAO FRANCISCO OLEA GODOY
  • Nº Recurso: 329/2020
  • Fecha: 13/07/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se impugna el Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de septiembre de 2020 por el que se denegó el indulto solicitado. Esta Sala se ha pronunciado ya en múltiples ocasiones acerca de la inexigibilidad de motivación en las denegaciones de indulto, concretando la doctrina jurisprudencial aplicable en estos casos del siguiente modo: 1) El control no puede afectar a los defectos de motivación; 2) Sólo alcanza a los elementos reglados del procedimiento (incluidos los informes preceptivos y no vinculantes a los que alude la Ley de Indulto); 3) No se extiende a la valoración de los requisitos de carácter sustantivo. Adicionalmente precisa -como recuerda la STS nº 665/2020 - que los acuerdos de denegación de indulto no suponen una excepción a la regla general de ejecución de las penas impuestas por sentencia firme, por lo que no se advierte la necesidad de justificar las razones de la decisión, que no afecta a esa regla general ni a un derecho inexistente al indulto. En consecuencia, en virtud del principio de unidad de doctrina, trasunto de los de seguridad jurídica e igualdad en la aplicación de la ley, la Sala resuelve el presente recurso con arreglo a los criterios señalados, lo que conduce, indefectiblemente, a su desestimación.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: OCTAVIO JUAN HERRERO PINA
  • Nº Recurso: 169/2020
  • Fecha: 07/07/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala desestima el recurso. Se observa que lo que se plantea por la parte no es la omisión o falta de los informes en cuestión sino deficiencias en la emisión de los mismos, deficiencias que la propia parte valora como vicios de anulabilidad no de nulidad absoluta, por lo que su relevancia exige justificar que tales deficiencias impiden al acto alcanzar su fin o dan lugar a indefensión del interesado.Ninguna de estas circunstancias concurren en este caso. Las deficiencias que la parte invoca en relación con los informes de conducta y su forma de emisión, no impiden tomarlos en consideración en su contenido suficientemente expresivo de sus circunstancias personales y sociales a los efectos de alcanzar el fin pretendido por el acto impugnado ni producen indefensión a la interesada que puedan determinar la anulabilidad del acto impugnado. En cuanto a las deficiencias atribuidas al informe del Tribunal sentenciador, el artículo 25 de la Ley de Indulto no exige preceptivamente la inclusión en el informe del Tribunal sentenciador de todos los datos que en dicho artículo se menciona. Además, el contenido de dicho informe carece de carácter vinculante, y la omisión de algún dato de los del artículo 25 de la Ley de Indulto supondría simplemente una irregularidad formal no invalidante que no habría de acarrear la anulación de la resolución. Finalmente, las deficiencias invocadas en este caso, tampoco afectan a la finalidad del acto ni causan indefensión a la interesada.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: WENCESLAO FRANCISCO OLEA GODOY
  • Nº Recurso: 3507/2020
  • Fecha: 30/06/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala estima el recurso de casación y desestima el recurso contencioso-administrativo. Siguiendo la doctrina establecida por esta Sala, la resolución administrativa que fija el coste económico-financiero del uso del agua tiene carácter normativo y en tal sentido se considera una disposición de carácter general; que dicho coste unitario del agua ha de fijarse en aplicación de los criterios establecidos en el art. 326 bis.1.c) del RDPH; que la revisión de los costes del uso del agua establecido en la correspondiente resolución administrativa vendrá determinada por la norma legal habilitante y en este caso, a falta de otras previsiones específicas ha de tenerse en cuenta lo dispuesto en el art. 326. bis.1.c) del RDPH, que establece la incorporación a los correspondientes planes hidrológicos de demarcación de los análisis y estudios económicos del uso del agua que deben elaborar los organismos de cuenca, lo que permite entender que la revisión de la disposición en cuestión habrá de producirse, al menos, en el mismo plazo de revisión del correspondiente plan hidrológico establecido en el TRLA; y que el importe fijado en la correspondiente disposición resulta de aplicación durante todo el periodo de vigencia de la misma.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Valencia
  • Ponente: MARIA JESUS OLIVEROS ROSSELLO
  • Nº Recurso: 24/2021
  • Fecha: 30/06/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: recurso contencioso interpuesto contra la medidacautelar cursada por la Dependencia Regional de Inspección Tributaria consistente en precintar una caja de seguridad. Las comunicaciones (emails) remitidas por la Agencia Tributaria al asesor del recurrente y al mismo recurrente se constituyen como un requerimiento o especie de mandato a través de las cuales, un actuario de la Administración Pública compele e insta a fijar día y hora para la apertura de la caja de seguridad. El recurrente se alza contra la actuación preliminar de precinto adoptada en el procedimiento administrativo de inspección seguido frente a él en investigación del IRPF en los ejercicios 2017 y 2018. El Juzgado declaró que el acto era de trámite e irrecurrible. La Sala revoca el Auto, al considerar que las actuaciones fueran o no de trámite son recurribles si se invocan como vulneración de derechos fundamentales; pero en el caso de autos es necesario con carácter preliminar señalar, pues es relevante, que la competencia para conocer de la litis suscitada no corresponde a los Juzgados de lo contencioso administrativo, sino a esta Sala, a tenor del art 10,1,d) LJCA. Por lo que procede estimar parcialmente el recurso de apelación entablado, revocando el auto dictado para la tramitación en sede de juzgado de la declaración de incompetencia
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE DANIEL SANZ HEREDERO
  • Nº Recurso: 302/2020
  • Fecha: 23/06/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala, con revocación de la sentencia dictada por el Juzgado, estima el recurso contencioso-administrativo y declara que el Ayuntamiento demandado debe ejecutar la resolución que ordenaba la limpieza interior del edificio, condenándolo a que proceda a la ejecución subsidiaria. Tras realizar una serie de conspiraciones en relación con la naturaleza jurídica del recurso contencioso-administrativo que cabe interponer frente a la inactividad de la Administración Pública en ejecutar actos administrativos firmes (FD 3º), la Sala no alberga duda alguna sobre la procedencia de la estimación del recurso contencioso-administrativo origen de las presentes actuaciones, toda vez que, en definitiva, en el supuesto enjuiciado, se insta por el cauce del artículo 29.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa la ejecución de un acto firme susceptible de ser ejecutado (resolución de 31 de julio de 2017), al concurrir los presupuestos formales establecidos en dicho precepto de la Ley jurisdiccional (FD 4º).
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Cáceres
  • Ponente: CASIANO ROJAS POZO
  • Nº Recurso: 263/2021
  • Fecha: 17/06/2021
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: Los organismos autónomos de la Administración General del Estado pueden tener o no competencias en todo el territorio nacional, lo que determinará la competencia de distintos órganos jurisdiccionales del orden contencioso-administrativo. Sin embargo, los organismos autónomos de carácter autonómico con personalidad jurídica propia, no extienden su competencia a todo el territorio nacional. El Servicio Extremeño de Salud es un organismo autónomo dependiente de la Comunidad Autónoma de Extremadura, dotado de personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar y no extiende sus competencias a todo el territorio nacional. Por ello, con independencia de la materia y cuantía sobre la que verse el recurso, la competencia para conocer de los recursos contra su actuación siempre corresponde a los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo.

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