• Tipo Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CONCEPCION MONICA MONTERO ELENA
  • Nº Recurso: 505/2018
  • Fecha: 23/09/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: En el presente caso, se trata de determinar el régimen procedimental de comprobación de un sujeto pasivo que abone el Impuesto en territorio común pero vinculado a la Comunidad Autónoma, en este caso, del País Vasco. En este sentido, en la sentencia se parte del criterio jurisprudencial que declara que, las normas invocadas y aplicables se deben interpretarse en el sentido de que cuando se realice una comprobación tributaria a un sujeto pasivo que abone el impuesto sobre sociedades en territorio común y que esté a su vez vinculado con una entidad que, en función de los puntos de conexión fijados en los artículos 14 y siguientes de la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, deba tributar conforme a la normativa foral vasca, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria tiene la obligación de notificar, conforme a la normativa vigente en territorio común, la realización de ajustes de valoración en materia de precios de transferencia a la entidad que tributa conforme a la normativa de los Territorios Históricos Vascos. En este sentido, se apoya en la interpretación del artículo 103.1, de la Constitución, que recoge el principio de buena administración. Por ello, se debe tributar conforme a la normativa foral vasca, la AEAT tiene la obligación de notificar, conforme a la normativa vigente en territorio común, la realización de ajustes de valoración en materia de precios de transferencia.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Coruña (A)
  • Ponente: ANTONIO MARTINEZ QUINTANAR
  • Nº Recurso: 4163/2021
  • Fecha: 20/09/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala estima el recurso de apelación interpuesto contra auto recaído en pieza separada de medidas cautelares, y revoca la inadmisión y archivo de la solicitud de medidas cautelares, declarando la competencia de dicho Juzgado para la resolución de la solicitud, que debe ser resuelta en cuanto al fondo por el juzgado de instancia. Señala la Sala que no hay norma expresa que atribuya al tribunal de apelación la competencia para resolver la medida cautelar, cuando la misma se solicita después de haberse dictado sentencia en primera instancia, debiendo estarse al criterio jurisprudencial que reafirma la competencia al respecto del juzgado a quo, que no se ve desplazada por el hecho de que se haya recurrido en apelación la sentencia., ya que la competencia para resolver las medidas cautelares que soliciten las partes en un procedimiento en el que se ha dictado sentencia por un juzgado contencioso-administrativo, estando en trámite el recurso de apelación interpuesto contra ella o pendiente de resolver por la Sala, es del juzgado contencioso-administrativo en el que ha recaído la sentencia, y no de la Sala de apelación.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Burgos
  • Ponente: MARIA BEGOÑA GONZALEZ GARCIA
  • Nº Recurso: 76/2019
  • Fecha: 17/09/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala desestima el recurso interpuesto contra la Orden Autonómica por la que se aprueba definitivamente la Modificación de un PGOU para la introducción de determinados ajustes en la catalogación, en los sistemas generales, en la clasificación del suelo y en la categorización del suelo urbano en el ámbito del Plan Especial de las Áreas Históricas de la localidad.El presente recurso deba limitarse a enjuiciar si dicha Modificación es o no ajustada a derecho, pero no puede alcanzar la clasificación que el PGOU de 1.999 y de 2.001 hizo de dicho sector como suelo urbanizable, para ello debiera haberse impugnado en su momento de forma directa dicho planeamiento, o impugnarse indirectamente dicha clasificación como consecuencia de la impugnación directa de los actos de desarrollo del sector y en el presente caso estamos ante una modificación de dicho planeamiento y no ante actos de desarrollo y gestión del anterior ni tampoco ante un acto de aplicación del planeamiento anterior como exige el art. 26 de la LRJCA. Por todo lo cual no procede examinar la conformidad a derecho de una clasificación urbanística que ha sido realizada por el PGOU anterior y todo ello sin perjuicio de que la actora pueda instar la modificación puntual del mismo respecto a la concreta calificación urbanística que entienda procedente o pueda impugnarlo indirectamente cuestionando dicha clasificación, con ocasión de la impugnación de actos de aplicación, o de un instrumento de desarrollo del planeamiento
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Pamplona/Iruña
  • Ponente: RAQUEL HERMELA REYES MARTINEZ
  • Nº Recurso: 295/2021
  • Fecha: 10/09/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Al recurrente se le considera por el Juzgado de lo Penal de Pamplona, autor de un delito de favorecimiento de la inmigración ilegal, a la pena de 3 meses de prisión, y como autor de un delito de falsificación de documento oficial, a la pena de 6 meses de prisión y a la pena de 6 meses de multa a razón de una cuota diaria de 5 euros. En este caso el Juzgado de instancia considera que no hay vulneración de ese principio, pero la Sala razona que el Juzgado de Instrucción no notificó a la Administración las diligencias penales y por tanto, se incoó el procedimiento administrativo sancionador mientras se tramitaba el procedimiento penal y se dictó la resolución administrativa sancionadora el 22 de septiembre de 2020, antes de que el procedimiento penal finalizara con la sentencia de 12-01-2021. En consecuencia, no se ha respetado el principio de preferencia o precedencia del procedimiento penal frente al procedimiento administrativo sancionador, que integra el principio non bis in idem y, de hecho, en la sentencia apelada la Juez de instancia admite la duplicidad de sanciones respecto de las 7 personas por las que fue condenado, lo que evidencia la doble sanción penal y administrativa impuesta por no haber suspendido procedimiento administrativo sancionador hasta que recayera sentencia penal firme.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: INES MARIA HUERTA GARICANO
  • Nº Recurso: 2080/2021
  • Fecha: 09/09/2021
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: Auto de admisión en el que la cuestión de interés casacional objeto a interpretar en la sentencia que en su día se dicte, consistirá en determinar si cabe impugnar ante la jurisdicción contencioso-administrativa un acto o disposición que disciplinan el reparto de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas o, por el contrario, lo que procede indefectiblemente es el planteamiento de un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional. En este caso respecto de la competencia sobre el mar territorial, posibilidad que sostiene el Abogado del Estado pero, en cambio, rechaza la sentencia recurrida por entender que un litigio como el aquí planteado ha de residenciarse directamente ante el Tribunal Constitucional. La Sala ya se ha pronunciado señalando que cabe plantear ante la jurisdicción contenciosa, por terceros, sean personas jurídicas públicas o privadas o particulares, la impugnación de un acto o disposición reglamentaria que vulnere las reglas de reparto de competencias contenidas en las normas del bloque de constitucionalidad. Aunque no es el caso que nos ocupa, ya que no es un tercero, que no puede comparecer ante el Tribunal Constitucional, el que acude a la jurisdicción para impugnar un acto o disposición por razones de titularidad de la competencia que se ejercita, sino que el conflicto positivo de competencia se plantea entre el Estado y la Comunidad Autónoma de Cataluña.
  • Tipo Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: BERTA MARIA SANTILLAN PEDROSA
  • Nº Recurso: 241/2018
  • Fecha: 08/09/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El Colegio de Abogados de La Rioja recurre la resolución de la CNMC por la cual le impuso una sanción al advertir la comisión de una falta del artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, consistente en recomendaciones de precios mediante la elaboración, publicación y difusión de baremos de honorarios por parte del referido Colegio. Tras rechazar la caducidad del procedimiento que el Colegio recurrente aduce como primer motivo de impugnación, la sentencia analiza el carácter de las prácticas prohibidas que la CNMC imputa al Colegio, consistentes en el establecimiento y difusión de baremos orientativas de honorarios profesionales y, a la vista de la prueba obrante en los autos, concluye que dicha práctica ha sido suficientemente acreditada, y que integra una infracción del artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia, por lo que confirma la sanción, cuya cuantía considera además que ha sido suficientemente motivada.
  • Tipo Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FRANCISCO DE LA PEÑA ELIAS
  • Nº Recurso: 963/2018
  • Fecha: 08/09/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El recurso se dirige en este caso frente a la resolución de la Administración tributaria que impuso al recurrente la obligación de expedir factura por las cantidades percibidas como consecuencia de servicios prestados como abogado en una entidad francesa dedicada a la abogacía, y de la cual el actor era socio al tiempo de la prestación de los servicios controvertidos. El asunto plantea la cuestión de si se debe expedir factura cuando los servicios, en este caso jurídicos, se prestaron en su día condicionando la retribución al éxito del proceso judicial, y la resolución de este se produce después de que el abogado pierda la condición de socio y, además en este caso, se haya jubilado. La sentencia parte de la regulación del deber de facturación y concluye que la obligación de facturar derivaría, como mantiene el TEAC, de lo dispuesto en el artículo 164.Uno.3 de la Ley 37/1992, y en el artículo 2 del Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre , que aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, cuya aplicación conduce a la desestimación del recurso al resultar ajustada a Derecho la resolución contra la que se dirige.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA ISABEL PERELLO DOMENECH
  • Nº Recurso: 5904/2021
  • Fecha: 19/08/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Confirma auto denegatorio de ratificación de medidas para la contención del Covid-19, adoptadas en resolución de 5 de agosto de 2021 por la Consejería de Bienestar Social de Castilla-La Mancha. Falta de justificación suficiente de su necesidad y proporcionalidad. Reitera criterios jurisprudenciales de la sala, sobre autorización de medidas urgentes y necesarias para la salud pública que limiten o restrinjan derechos fundamentales (STS nº 875/2021, de 17 de junio, RCA 4244/2021).
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Valladolid
  • Ponente: ADRIANA CID PERRINO
  • Nº Recurso: 472/2019
  • Fecha: 29/07/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala estima en parte el recurso de apelación y revoca el auto recurrido en el particular relativo a la condena en costas que contiene. El auto acuerda la autorización de entrada para tomar posesión por ejecución de expropiación forzosa en dos dos naves. La resolución apelada sin entrar en consideraciones referidas a la conformidad a derecho de la petición de autorización de entrada por no ser objeto del procedimiento, considera la procedencia de la autorización de entrada en la finca y en las naves que en ella se ubican. En el presente supuesto los titulares de la finca y naves cuya entrada se está discutiendo no se oponen a ella, sino que objetan la existencia de un arrendamiento de las naves, luego no puede predicarse la competencia en favor del órgano jurisdiccional por la tramitación en el mismo de un procedimiento en el que no se cuestiona derecho alguno de unos posibles arrendatarios. El examen del Juez debe centrarse en la comprobación de la titularidad del domicilio para cuya entrada se solicita autorización, la necesidad de dicha entrada para la ejecución del acto de la Administración, que éste se haya dictado por la Autoridad competente, que aparezca fundado en derecho y que no se produzcan más limitaciones que las necesarias para la ejecución del acto. Al no haberse resuelto por el Juzgador la petición de prueba solicitada por los apelantes y al apreciarse dudas de hecho no procede la condena en costas.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FERNANDO ROMAN GARCIA
  • Nº Recurso: 161/2020
  • Fecha: 23/07/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El recurrente imputa la responsabilidad a la Sala Segunda del TS, al TC y al CGPJ, a cada uno por razones distintas, aunque todas relacionadas entre sí: la lesión padecida a consecuencia de haberse visto privado indebidamente de su cargo de magistrado durante cuatro años y medio. EL TS desestima la reclamación por las siguientes razones: 1) la imputación dirigida contra la Sala Segunda del TS no puede prosperar pues no se ha seguido el cauce establecido en el art. 293 LOPJ, y ello pese anular el TC la sentencia condenatoria dictada por dicha Sala del TS; ii) tampoco la dirigida contra el TC por los daños derivados de la excesiva duración del recurso de amparo y ello porque el cauce procedimental para exigir la responsabilidad al TC está establecido en el art. 32.8 Ley 40/2015, y no se ha acreditado haberse dirigido al TC para instar la declaración formal de la existencia de un funcionamiento anormal en la tramitación de su recurso de amparo; y iii) finalmente, no cabe imputar al CGPJ los daños referidos a la privación de su condición de magistrado, ni, en consecuencia, cabe reclamar al respecto indemnización alguna al CGPJ, dado que su pretensión de que le fueran reconocidos los derechos administrativos y económicos vinculados a la condición de magistrado desde el 27 de agosto de 2013 fue expresamente denegada por el Tribunal Supremo en la sentencia en la que acordó únicamente su rehabilitación como magistrado con efectos desde la fecha de la sentencia.

Parece que no tiene configurado el plugin para ver el pdf embebido... puede descargar la resolución aquí.