Resumen: Determinación de la fecha de inicio de la actividad (prestaciones de servicios y entregas de bienes) Operaciones realizadas en un periodo inferior al año natural. Concepto de volumen de operaciones. Aplicación del Convenio para regular las relaciones entre el régimen tributario común y el navarro. Cálculo del volumen de operaciones en función del período transcurrido en el ejercicio. Inicio del cómputo el día en el que se realiza la primera entrega de bienes o prestación de servicios.
Resumen: Aplicación preferente y preceptiva del artículo 27 de la LJCA a la mera inaplicación de los reglamentos que prevé el artículo 6 de la LOPJ cuando se promueva la impugnación indirecta de una disposición general o el tribunal considere que la disposición general es contraria a la ley o a reglamentos de rango superior. Deber del tribunal sentenciador, si es competente objetivamente para conocer del recurso directo contra la disposición general, de declarar la validez o nulidad de la disposición general con efectos erga omnes.
Resumen: El TS examina la interpretación del artículo 4.1, párrafo tercero, del Real Decreto 177/2014, de 21 de marzo, por el que se regula el sistema de precios de referencia y de agrupaciones homogéneas de medicamentos en el Sistema Nacional de Salud, y determinados sistemas de información en materia de financiación y precios de los medicamentos y productos sanitarios a efectos de precisar si la dosis diaria a efectos de determinar el coste/tratamiento/día de medicamentos con tacrolimus, compete al Centro Colaborador para Metodología de Estadística de los Medicamentos de la OMS o, "en su defecto", las DDD que fije de oficio la Administración conforme a la metodología utilizada por el citado Centro Colaborador de la OMS, siempre para cada especialidad o medicamento. La sentencia al interpretar el artículo 4.1. y 2 fija el PVLRef para "cada una de las presentaciones", y afirma que para fijar las DDD cabe estar a esa distinta potencia y eficacia, pues esas dosis dependen de la distinta farmacocinética y biodisponibilidad del medicamento. Deja constancia de que, fuera de consideraciones hermenéuticas, la Administración nada ha razonado ni en reposición, ni en la instancia, ni ahora en casación -como tampoco la sentencia- sobre si el planteamiento de la demandante trae unas consecuencias que contraríen o alteren la finalidad del sistema de precios de referencia; es más, no se han contradicho las razones ofrecidas por los dos informes de la Dirección General a favor de la recurrente.
Resumen: Se estima el recurso contencioso administrativo, sobre concesión de indulto, que había sido denegado en fase administrativa por omisión del informe de conducta a que se refiere el art. 24 de la Ley de Indulto, según el cual, el Juez o Tribunal sentenciador "pedirá, a su vez, informe sobre la conducta del penado al Jefe del establecimiento en que aquél se halle cumpliendo la condena, o al Gobernador de la provincia de su residencia, si la pena no consistiese en la privación de libertad, y oirá después al Fiscal y a la parte ofendida si la hubiere. Pues bien, atendiendo a las circunstancias del caso, se observa que se solicitó la emisión del informe en cuestión y se contestó con un informe policial que se limita a reflejar las declaraciones de la propia interesada y la carencia de antecedentes penales. No consta, en contra de lo que se sostiene por parte del Abogado del Estado, ninguna actuación policial de averiguación y comprobación de la conducta de la interesada al margen de sus propias manifestaciones, que por sí mismas y aún cuando no se cuestione su credibilidad, por su propia naturaleza de manifestación de parte, no constituyen ni pueden sustituir la conveniente actividad de averiguación y comprobación a la que debe responder el contenido del informe. En estas circunstancias, ha de entenderse, que el informe en cuestión resulta manifiestamente insuficiente. Por tanto, la manifiesta insuficiencia del informe emitido determina la anulabilidad y retroacción de actuaciones.
Resumen: La Sala desestima el recurso contencioso administrativo interpuesto contra un acuerdo del Consejo de Ministros sobre la no concesión de indulto. Respecto de la alegación de la demanda sobre la "omisión" del informe del tribunal sentenciador y, a veces, del informe del Ministerio Fiscal, razona el Alto Tribunal que ambos informes -previstos en los arts. 23, 24 y 25 de la Ley de Indulto de 1870- obran en el expediente (favorable a un indulto parcial el primero y desfavorable el segundo); y, respecto de la alegación de falta de mención y de consideración expresa en el acuerdo de denegación de indulto del informe favorable al indulto parcial emitido por el tribunal sentenciador, así como de los diversos informes médicos aportados por el solicitante, aduciendo falta de motivación, la Sala se remite a la consolidada jurisprudencia sobre la naturaleza preceptiva, pero no vinculante de tales informes (por todas, la STS 12/12/07, rec. 26/06, o la más reciente de 7/7/21, rec. 169/20) y sobre la improcedencia de exigir motivación de los acuerdos que deniegan el indulto (con cita de la más reciente STS 4/6/20, rec. 308/19). Razona finalmente que lo que en definitiva se pretende por el recurrente es que el Tribunal Supremo controle el fondo de la decisión denegatoria del indulto excediéndose del ámbito de control de este tipo de decisiones que a esa jurisdicción compete.
Resumen: El objeto del recurso son las resoluciones de la Administración que desestiman las reclamaciones por gastos de asistencia sanitaria prestada por una mutua aseguradora. En la sentencia se examina la cuestión relativa a la jurisdicción competente, partiendo de que las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social son asociaciones privadas aunque formen parte del sector público estatal de carácter administrativo, por lo que no cabe subsumir sus actos o actuaciones en el ámbito de la actividad administrativa. En la sentencia se concluye que es competente la jurisdicción social, por aplicación de la cláusula general de conocimiento de los asuntos que se promuevan dentro de la rama social del derecho, o bien por aplicación específica de los apartados de la Ley de la jurisdicción social que le atribuyen el conocimiento de los asuntos en materia de imputación de responsabilidades sobre prestaciones de Seguridad Social o en materia de resoluciones administrativas dictadas en materia de Seguridad Social, con carácter general. Esta interpretación se refuerza por el objetivo principal de la Ley de jurisdicción social expresado en el preámbulo que es el de concentrar la materia laboral, individual y colectiva, y de Seguridad Social en el orden social.
Resumen: Admisión. Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC). Competencia de la CNMC para fijar precios al resolver un conflicto de interconexión. Precedentes: AATS de 5 de marzo de 2021 (RCA 7540/2020, misma recurrente), de 30 de junio de 2021 (RCA7370/2020) y de 14 de julio de 2021 (RCA 2081/2021). La cuestión planteada en el recurso que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en determinar si la CNMC resulta competente para imponer precios (en este caso, para la fijación de un precio máximo) en servicios no regulados por la vía de la resolución de conflictos entre operadores, y, en caso afirmativo, bajo qué condiciones.
Resumen: En Sentencia de 7 de julio de 2014(25) (recurso de casación nº 3514 /2012) declaramos la conexión esencial entre el encuadramiento y los mentados coeficientes reductores, cuando declaramos que ' La razón de la exclusión del régimen especial obedece a la propia lógica del sistema pues la inclusión de un trabajador en el RETM, especialmente en cuanto al régimen de jubilación en virtud de los coeficientes reductores, se justifica por las especiales circunstancias relacionadas directamente con el trabajo marítimo y pesquero'. A la misma conclusión, por aplicación de los dos precedentes indicados, se llegó también en nuestra Sentencia de 2 de octubre de 2015(26) , dictada en el recurso de casación nº 3645 /2013". En definitiva, la competencia de esta jurisdicción, que declara el TS, se sustenta precisamente en la vinculación entre el encuadramiento en el Régimen especial de trabajadores del mar, y la aplicación del coeficiente reductor como consecuencia inherente al mismo, de forma que reconocido por sentencia firme el encuadramiento, el reconocimiento del coeficiente debe ser acogido, como lo hizo la sentencia de instancia, como pronunciamiento declarativo actual, real y con evidente interés y eficacia jurídica.
Resumen: Recurso de casación contra sentencia que anula resolución por la que se ordenan determinados aspectos del ejercicio profesionales de enfermero en el ámbito de los cuidados corpo-estéticos y de la prevención del envejecimientos para la salud. Desestimación. Las funciones que realizan el personal médico y el de enfermería no son las mismas, ni siquiera resultan homologables, y los términos en los que se realiza la regulación que contiene la resolución impugnada, además de desconocer esa delimitación de funciones que tiene carácter general, con independencia de si la medicina estética es una especialidad, rebasa el ámbito de su competencia, no pudiendo regular las funciones de los profesionales de enfermería desvinculadas de la actividad asistencial del médico y de la coordinación médica cuando resulta precisa. En modo alguno, una eventual ausencia de especifica regulación, legal y reglamentaria, según el caso, en dicha área de prestación de servicios sanitarios, relativa a la estética y prevención del envejecimiento, puede comportar la habilitación del Consejo General recurrente para ordenar y regular la delimitación de funciones profesionales entre el personal médico y el de enfermería. Por otra parte, no existen dos historias clínicas distintas sino una sola historia clínica, no siendo posible hablar de una historia clínica de enfermería como diferenciada de la que se elabora con toda la información del paciente. No existe incongruencia interna de la sentencia.
Resumen: La Sala desestima el recurso de apelación contra el auto que inadmite, en el seno de un procedimiento para la protección de los derechos fundamentales, el recurso contra la inactividad de la Administración frente al ejercicio del derecho de petición. La Sala considera que, tras recordar cual es el fin del procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales de la persona, a través de un proceso excepcional, sumario y urgente cuyo objeto es limitado, nada impide que se apliquen los preceptos sobre competencia objetiva. En este caso se trata de un acto administrativo presunto que se refiere a una materia de tala de árboles en el ámbito del derecho de petición, cuya competencia objetiva no corresponde a los juzgados unipersonales de lo contencioso administrativo y sí a esta sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia, en aplicación del criterio competencial residual.
