• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FERNANDO ROMAN GARCIA
  • Nº Recurso: 381/2020
  • Fecha: 26/01/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se estima el recurso interpuesto teniendo en cuenta la jurisprudencia de la Sala, que viene señalando que los acuerdos denegatorios de la concesión de indulto constituyen actos graciables, como categoría distinta de los actos discrecionales y controlables exclusivamente en cuanto a determinados elementos, como sucede con la omisión del informe de conducta a que se refiere el art. 24 de la Ley de Indulto, según el cual, el Juez o Tribunal sentenciador " pedirá, a su vez, informe sobre la conducta del penado al Jefe del establecimiento en que aquél se halle cumpliendo la condena, o al Gobernador de la provincia de su residencia, si la pena no consistiese en la privación de libertad, y oirá después al Fiscal y a la parte ofendida si la hubiere. Pues bien, en el presente caso no consta que el informe de conducta a que se refiere el artículo 24 de la Ley de Indulto haya sido realmente emitido por la Delegación o Subdelegación del Gobierno correspondiente al lugar de residencia del penado. De modo que no se puede considerar cumplido adecuadamente el procedimiento establecido en la Ley de Indulto, que son de indudable relevancia para que el órgano competente pueda disponer de la información necesaria para decidir sobre la oportunidad de la concesión del indulto a la vista de la evolución de la personalidad del condenado tras la imposición de la pena, razón por la que se acogen las alegaciones y se estima el recurso interpuesto.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: LUIS MANUEL UGARTE OTERINO
  • Nº Recurso: 709/2020
  • Fecha: 26/01/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El objeto del recurso es la resolución que deniega el acceso a un expediente de indulto al recurrente, quien fue víctima del delito. En la sentencia se distingue entre el derecho del actor a recurrir las resoluciones judiciales del proceso penal o de accionar frente a la concesión de indulto, y el derecho de acceso al expediente de indulto, el cual no puede ser reconocido en base a la naturaleza no contradictoria del expediente de indulto y a la garantía de confidencialidad o secreto requerido en procesos de toma de decisiones, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa de transparencia. Se considera que en el procedimiento de Indulto de la Ley de 1870 no existe contradicción y no es de aplicación la normativa del procedimiento administrativo común, al existir informes, como el del Centro Penitenciario que están sujetos a límites de acceso, dada la necesidad de salvaguardar las delicadas relaciones entre internos y vigilantes en el ámbito de las instituciones penitenciarias, por lo que el derecho de acceso a dicho informe en este caso debe ser limitado, al suponer un perjuicio por la garantía de confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión, en este caso de decisión de gracia. En consecuencia, se desestima el recurso.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA ISABEL PERELLO DOMENECH
  • Nº Recurso: 6647/2021
  • Fecha: 19/01/2022
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: Admisión. Reintegro de subvención. Pretensiones. Solicitudes de declaraciones de plena jurisdicción. La cuestión planteada en el recurso que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en completar, reforzar, matizar o, en su caso, corregir la jurisprudencia de esta Sala en relación con las solicitudes de declaraciones de plena jurisdicción; en concreto, a fin de determinar si la estimación de una pretensión anulatoria articulada frente a una resolución de reintegro de subvenciones por haberse dictado en un procedimiento caducado impide al órgano jurisdiccional pronunciarse sobre una pretensión de plena jurisdicción formulada en la misma demanda para que, además, se declare prescrito el derecho de la Administración concedente a incoar un nuevo procedimiento de reintegro, o si, por el contrario, el órgano jurisdiccional tiene obligación de resolver ambas pretensiones.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Zaragoza
  • Ponente: EMILIO MOLINS GARCIA-ATANCE
  • Nº Recurso: 687/2019
  • Fecha: 17/01/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: No se trata en este caso de enjuiciar la mayor o menor razonabilidad de una posible interpretación de dichas normas realizada por la interesada. Lo que aquí debe determinarse, a los efectos de depurar la posible responsabilidad de la presunta infractora, es una cuestión puramente fáctica, no jurídica, pues lo que debe analizarse y decidirse es si el obligado tributario era conocedor (o razonablemente debía serlo) del hecho de que el causante permaneció de manera estable y continuada durante su último año de vida en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón, es decir, que tenía establecida su residencia real y efectiva en dicho territorio. El obligado tributario y sus hermanos sabían o debían saber que el lugar al que debía atender para determinar la Administración tributaria competente era el lugar de residencia habitual del causante, como sabían o debían razonablemente saber, porque eran sus hijos o su viuda, que el causante siempre había residido en la ciudad de Zaragoza. Hubo una estrategia de la familia (al menos del causante y su esposa junto con algunos de sus hijos), para "aparentar" o "simular" que tenían su residencia en Navarra y acogerse así a una fiscalidad más benigna. No cabe alegar aquí discrepancias razonables que excluyan la culpabilidad de los interesados, dada la claridad de los preceptos aplicables y la ausencia de interpretación admisible de la norma que pudiese exculpar su actuación.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: RAFAEL TOLEDANO CANTERO
  • Nº Recurso: 4864/2020
  • Fecha: 13/01/2022
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: La Sala de Admisión considera de interés casacional objetivo que se determine si resulta posible la imposición de costas al recurrente con base en el art. 139.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, puesto en relación con los artículos 69 a) y 5.3 in fine del mismo texto legal, cuando se acuerde la inadmisión del recurso interpuesto por falta de competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa cuando el mismo fue interpuesto siguiendo las indicaciones efectuadas por la Administración de la que emana el acto objeto de recurso.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: WENCESLAO FRANCISCO OLEA GODOY
  • Nº Recurso: 327/2020
  • Fecha: 12/01/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto frente a la denegación del indulto solicitado ya que la invocación de la nulidad o anulabilidad que se aduce de manera abstracta en la demanda no puede ser admitida, lo cual sería suficiente para el rechazo de la pretensión, no obstante, se examinan las concretas omisiones formales que se denuncian, en pro de una tutela judicial, que ha de ser efectiva. Se aduce en la demanda un tercer argumento que tampoco está exento de la mínima razonabilidad. Se aduce asimismo en la demanda que no hay constancia que el Consejo de Ministros hubiera adoptado el Acuerdo que le ha sido notificado al recurrente por el Ministerio de Justicia. El argumento no puede ser acogido porque consta en las actuaciones certificación de dicha adopción del acuerdo que, por cierto, el mismo recurrente consideró procedente cuando se atiene a los recursos que se le indicaban en el mismo. Todas las razones expuestas comportan la desestimación del presente recurso.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANGELES HUET DE SANDE
  • Nº Recurso: 115/2021
  • Fecha: 11/01/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala desestima el recurso contencioso administrativo interpuesto contra el acuerdo del Consejo de Ministros que acordó su entrega en extradición pasiva a las autoridades de Venezuela. El Alto Tribunal resuelve recordando la naturaleza mixta del procedimiento de extradición, pues se pueden distinguir tres fases independientes entre sí: dos gubernativas, la primera y la última, estando en medio la decisiva fase judicial; precisando que el acuerdo impugnado corresponde a la tercera de estas fases, conteniendo exclusivamente, la decisión del Gobierno de dar cumplimiento a la decisión de entrega previamente adoptada por la Audiencia Nacional, habiéndose ya producido el control, tanto formal como material, de la documentación aportada por el Estado requirente, primero, el control formal, al dictarse el acuerdo inicial por el Consejo de Ministros y, después, el control material de la misma en la decisión adoptada por la Audiencia Nacional. Razona la Sala que las alegaciones del recurrente sobre la valoración penal de los hechos ya fueron valoradas y rechazadas en el auto dictado por el Pleno de la Sala de lo Penal por el que se accedió a la extradición y que su pronunciamiento no es revisable en esta sede. En cuanto a sus alegaciones sobre la falta de legitimidad de las autoridades venezolanas solicitantes de la extradición, reproduce la Sala las consideraciones efectuadas en la STS 1000/20, de 15 de julio, rec. 363/19, aplicables al caso.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Valencia
  • Ponente: ANA MARIA PEREZ TORTOLA
  • Nº Recurso: 408/2020
  • Fecha: 29/12/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se desestima el recurso de apelación interpuesto confirmando, así,la declaración de inadmisibilidad realizada en la instancia en relación con el recurso contencioso interpuesto por Línea directa aseguradora frente a la resolución presunta desestimatoria de la solicitud de responsabilidad patrimonial realizada ante el Ayuntamiento de Orihuela en reclamación de una indemnización de 3.785,96 euros por los daños sufridos en la vivienda sita en Orihuela-Costa, asegurada por la recurrente, y daños que se concretan y se cuantifican en informe pericial que se acompaña ocasionados como consecuencia de la caída de un árbol en la calle y teniendo en consideración que la aseguradora recurrente ha abonado el importe de dichos daños que son los que reclama al Ayuntamiento. Se confirma el pronunciamiento de inadmisibilidad al considerar que, a la vista de la prueba aportada no se ha acreditado,debidamente, el presupuesto de la subrogación y por ende de la legitimación activa de la aseguradora apelante. Y todo ello al concluir, que a la vista de la documentación aportada, la realidad del pago a la asegurada, en el que se sustenta su reclamación, no ha quedado debidamente acreditado, al limitarse a aportar únicamente dos documentos, sin cuño, ni firma alguna que acrediten su validez, y sin que tampoco conste, la realidad del pago, aportando únicamente el certificado emitido por la reparadora pero no acreditando el ingreso,no siendo de aplicación el art. 43 de LCS.
  • Tipo Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MANUEL FERNANDEZ-LOMANA GARCIA
  • Nº Recurso: 738/2018
  • Fecha: 21/12/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: En el presente recurso se discute la inadmisibilidad del recurso de alzada, declarada por la resolución del TEAC, al entender que es incompetente por razón de la cuantía, al amparo de lo establecido en el artículo 35 del Real Decreto 520/2005, dado que, el total de la cuota a ingresar incluidos los intereses de demora correspondientes al ejercicio 2008, ascienden a 23.376,5 € y, por tanto, inferior a 150.000 €, y que para interponer recurso de alzada la cuantía debe superar los 150.000 €, si se trata de reclamaciones contra bases o valoraciones. En la sentencia se rechaza el argumento de que, en relación con otra sociedad, sí se admitió el recurso de alzada, pues la cuantía era superior a la fijada por la norma procedimental aplicada. Por otra parte confirma la inadmisibilidad, declarando que, la demanda no ha enervado, porque no ha aducido ni un solo precepto que conduzca a otra solución, ni tampoco qué precepto ha vulnerado la decisión del TEAC, admitiendo que las cuantías de las reclamaciones eran muy inferiores a la cuantía de 150.000 €, necesaria para que el conocimiento del TEAR fuera en primera instancia y pudiera así operar la reclamación per saltum ante el TEAC, como la resolución de éste argumentó con corrección. Recuerda que las normas sobre competencia son de acatamiento legal, por lo que desestima el recurso.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Barcelona
  • Ponente: JUAN ANTONIO TOSCANO ORTEGA
  • Nº Recurso: 566/2019
  • Fecha: 20/12/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La responsabilidad disciplinaria se extingue con el cumplimiento de la sanción, muerte, prescripción de la falta o de la sanción, indulto y amnistía. Si durante la sustanciación del procedimiento sancionador se produjere la pérdida de la condición de funcionario del inculpado, se dictará resolución en la que, con invocación de la causa, se declarará extinguido el procedimiento sancionador, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que le pueda ser exigida y se ordenará el archivo de las actuaciones, salvo que por parte interesada se inste la continuación del expediente. Al mismo tiempo, se dejarán sin efecto cuantas medidas de carácter provisional se hubieren adoptado con respecto al funcionario inculpado". De acuerdo con lo expuesto, el recurrente perdió la condición de funcionario antes del dictado de la resolución definitiva recaída en el procedimiento sancionador de que se trata por lo que, en principio, con arreglo al precepto que invoca debió declararse extinguido el procedimiento sancionador.

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