• Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: RAFAEL MARIA ESTEVEZ PENDAS
  • Nº Recurso: 426/2021
  • Fecha: 07/02/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se recurre el auto del Juzgado que declaró la competencia del orden jurisdiccional civil para resolver el asunto. En la sentencia de apelación se examina la naturaleza del contrato, que consistía en la cesión del derecho de superficie sobre unos terrenos de una empresa municipal para la puesta en funcionamiento y explotación de unas instalaciones deportivas y balneario urbano que se estaban construyendo. Se considera que no se trata de una concesión de servicio público, al ser de aplicación de la Ley de Contratos de 2007, y al ser la empresa municipal una sociedad mercantil con capital íntegramente de titularidad del Ayuntamiento, por lo que queda fuera del ámbito del contrato de gestión de servicios públicos. Por tanto, el contrato es privado, de contenido y prestaciones de carácter patrimonial, al no tratarse un servicio municipal de prestación obligatoria, por lo que está excluido de la legislación de contratación pública, siendo competente para conocer de la controversia la jurisdicción civil.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: RAFAEL MARIA ESTEVEZ PENDAS
  • Nº Recurso: 466/2021
  • Fecha: 02/02/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se recurre en apelación el auto del Juzgado que declara la incompetencia de jurisdicción por venir atribuido el asunto al orden social. El acto impugnado era la resolución que desestima presuntamente el recurso extraordinario de revisión contra las resoluciones que fijan el importe de la pensión de jubilación y disponen el reintegro de cantidades percibidas indebidamente. En la sentencia de apelación, se considera que el conocimiento del asunto corresponde al orden contencioso-administrativo, puesto que el demandante interpuso ante el INSS un recurso extraordinario de revisión que fue desestimado presuntamente, por lo que, a la vista de las pretensiones que en vía administrativa ejercitó el recurrente, relativas a un recurso extraordinario de revisión, y al régimen de impugnación jurisdiccional de este recurso administrativo, sin duda la Jurisdicción competente para resolver esta controversia es la Contencioso-Administrativa y no la del orden Social.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Granada
  • Ponente: MARIA SALUD OSTOS MORENO
  • Nº Recurso: 4912/2019
  • Fecha: 31/01/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala desestima el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia que aprecia inactividad de la Consejería reclamada por un Ayuntamiento para que sufrague los gastos y preste el servicio de limpieza de un centro de Salud. Legitimación pasiva de la Consejería. Requerida ésta por un Ayuntamiento se produjo una desestimación presunta y de ahí su legitimación. La contratación de los servicios de limpieza se atribuyó por la Consejería al Servicio Andaluz de Salud, pero esto no le exime del cumplimiento su obligación al tratarse de una competencia que a ella le incumbe, sin perjuicio de la facultad de delegación. Si la atribución de la competencia al Ayuntamiento para la prestación del servicio de limpieza del centro de salud venía basado en ese acuerdo de base negocial, fundado en relaciones de colaboración y coordinación administrativas, resulta que la competencia para ello venía atribuida no al Servicio Andaluz de Salud sino a la Consejería de Salud, que es con quien se negoció el compromiso de mantenimiento. La limpieza del centro de salud concernido no es competencia propia ni delegada de la Corporación municipal.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Coruña (A)
  • Ponente: MARIA AZUCENA RECIO GONZALEZ
  • Nº Recurso: 4021/2021
  • Fecha: 31/01/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El Juzgado desestima el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución por la que se declara que las obras promovidas en suelo rústico en el lugar de O Regueiro- Abasteira (Espasante) no son legalizables por ser incompatibles con el ordenamiento urbanístico, se ordena su demolición. Lo que existe es una edificación con destino residencial no vinculada a explotación agropecuaria, uso prohibido en suelo rústico. No puede constituir el objeto del recurso, la posibilidad de legalización de la edificación mediante la conversión en una granja-escuela, atendida la circunstancia de que en el futuro, hay previsto la aprobación de un plan especial, que podría legitimar dicha construcción, sin que tal hipótesis demuestre que la construcción litigiosa se acomodase al mismo. Tampoco que ya existían obras terminadas. Existía una caseta de 40 m2 y que las obras convirtieron en en una vivienda de 80 m2 edifiicación residencial fruto de una unidad constructiva que impide la prescripción de otras partes.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FERNANDO ROMAN GARCIA
  • Nº Recurso: 186/2019
  • Fecha: 28/01/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala estima parcialmente el recurso. Ello, en los apartados de sus fundamentos jurídicos que se indican a continuación, relacionados con las pretensiones deducidas en la demanda formulada en el recurso, y sin perjuicio de lo decidido por la Sala en las sentencias que resuelven otros recursos interpuestos contra el mismo acuerdo. Apartado II.2.a). En relación con el concepto de presupuesto de ejecución por contrata a que se refiere el apartado II.2.a). Apartado II.2.d). En relación con las obras adicionales a que se refiere el apartado II.2.d). Apartado III.2.c). En relación al apartado III.2.c), en el sentido del importe correspondiente al 25% abonado por la Administración a los expropiados derivado de la omisión del trámite de información pública en la tramitación de los expedientes expropiatorios. Apartado IV.3. Respecto del apartado IV.3, sobre la pretensión ejercitada en cuanto al día inicial de la amortización respecto de las obras ejecutadas con posterioridad al inicio del cobro de peajes. Apartado VII, en el sentido de precisar que el concepto "indemnizaciones de toda índole" a que se refiere no debe comprender las costas. Apartados IX y X. Respecto de los contratos celebrados antes y después del 8 de agosto de 2002, y para la determinación de la RPA ha de estarse al plazo que se expresa en la sentencia. Apartado XI. Resulta improcedente el pronunciamiento sobre la incautación de las garantías de explotación y de construcción.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANGELES HUET DE SANDE
  • Nº Recurso: 225/2019
  • Fecha: 28/01/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala estima parcialmente el recurso: a) El presupuesto de ejecución por contrata debe incluir el correspondiente beneficio industrial; b) el importe correspondiente al 25% abonado por la Administración a los expropiados derivado de la omisión del trámite de información pública en la tramitación de los expedientes expropiatorios, no se computa a efectos de determinar la RPA ni minora el importe final a abonar al concesionario como RPA; c)como día inicial de la amortización respecto de las obras ejecutadas con posterioridad al inicio del cobro de peajes, debe tomarse la fecha en que éstas fueron puestas en servicio o se inició el cobro del peaje asociado al nuevo tramo; d) la liquidación o valor patrimonial de los bienes e instalaciones ha de tomar en consideración las condiciones de normalidad o estado de conservación y funcionamiento adecuados correspondientes al momento de la liquidación de la RPA, sin que resulte procedente la valoración como "puesta a cero", entendida como valoración referida al inicio de la concesión; e) en el concepto "indemnizaciones de toda índole" no deben comprenderse las costas procesales satisfechas por la Administración; f) 1) en los contratos sometidos a la Ley 13/1995, la determinación de la RPA ha de estarse al plazo de dos meses desde que se acordó en el procedimiento administrativo abierto al efecto la resolución del contrato; 2) es improcedente el pronunciamiento relativo a la incautación de las garantías de explotación y de construcción.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: SEGUNDO MENENDEZ PEREZ
  • Nº Recurso: 222/2019
  • Fecha: 28/01/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala estima parcialmente el recurso: a) El presupuesto de ejecución por contrata debe incluir el correspondiente beneficio industrial; b) el importe correspondiente al 25% abonado por la Administración a los expropiados derivado de la omisión del trámite de información pública en la tramitación de los expedientes expropiatorios, no se computa a efectos de determinar la RPA ni minora el importe final a abonar al concesionario como RPA; c)como día inicial de la amortización respecto de las obras ejecutadas con posterioridad al inicio del cobro de peajes, debe tomarse la fecha en que éstas fueron puestas en servicio o se inició el cobro del peaje asociado al nuevo tramo; d) la liquidación o valor patrimonial de los bienes e instalaciones ha de tomar en consideración las condiciones de normalidad o estado de conservación y funcionamiento adecuados correspondientes al momento de la liquidación de la RPA, sin que resulte procedente la valoración como "puesta a cero", entendida como valoración referida al inicio de la concesión; e) en el concepto "indemnizaciones de toda índole" no deben comprenderse las costas procesales satisfechas por la Administración; f) 1) en los contratos sometidos a la Ley 13/1995, la determinación de la RPA ha de estarse al plazo de dos meses desde que se acordó en el procedimiento administrativo abierto al efecto la resolución del contrato; 2) es improcedente el pronunciamiento relativo a la incautación de las garantías de explotación y de construcción.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANGELES HUET DE SANDE
  • Nº Recurso: 221/2019
  • Fecha: 28/01/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala estima parcialmente el recurso: a) El presupuesto de ejecución por contrata debe incluir el correspondiente beneficio industrial; b) el importe correspondiente al 25% abonado por la Administración a los expropiados derivado de la omisión del trámite de información pública en la tramitación de los expedientes expropiatorios, no se computa a efectos de determinar la RPA ni minora el importe final a abonar al concesionario como RPA; c)como día inicial de la amortización respecto de las obras ejecutadas con posterioridad al inicio del cobro de peajes, debe tomarse la fecha en que éstas fueron puestas en servicio o se inició el cobro del peaje asociado al nuevo tramo; d) la liquidación o valor patrimonial de los bienes e instalaciones ha de tomar en consideración las condiciones de normalidad o estado de conservación y funcionamiento adecuados correspondientes al momento de la liquidación de la RPA, sin que resulte procedente la valoración como "puesta a cero", entendida como valoración referida al inicio de la concesión; e) en el concepto "indemnizaciones de toda índole" no deben comprenderse las costas procesales satisfechas por la Administración; f) 1) en los contratos sometidos a la Ley 13/1995, la determinación de la RPA ha de estarse al plazo de dos meses desde que se acordó en el procedimiento administrativo abierto al efecto la resolución del contrato; 2) es improcedente el pronunciamiento relativo a la incautación de las garantías de explotación y de construcción.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Granada
  • Ponente: MARIA SALUD OSTOS MORENO
  • Nº Recurso: 3649/2019
  • Fecha: 27/01/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La actora interesó el pago de intereses por contratos de obra suscritos con la Empresa Provincial para la Vivienda, que era una Sociedad Mercantil, hoy extinta. Se trata de contratos privados. La Diputación Provincial reconoce la deuda, y la compensa con penalidades contractuales en que habría incurrido la actora en la ejecución de los contratos. El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las controversias que surjan entre las partes en los contratos privados. Los actos de preparación y adjudicación de los contratos privados han de ser enjuiciados por la jurisdicción contencioso administrativa, mientras que el resto de actos que afectan al cumplimiento, efectos y extinción del negocio privado, se rigen por la legislación privada y los litigios que se susciten se someten a la competencia de la jurisdicción civil.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FERNANDO ROMAN GARCIA
  • Nº Recurso: 381/2020
  • Fecha: 26/01/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se estima el recurso interpuesto teniendo en cuenta la jurisprudencia de la Sala, que viene señalando que los acuerdos denegatorios de la concesión de indulto constituyen actos graciables, como categoría distinta de los actos discrecionales y controlables exclusivamente en cuanto a determinados elementos, como sucede con la omisión del informe de conducta a que se refiere el art. 24 de la Ley de Indulto, según el cual, el Juez o Tribunal sentenciador " pedirá, a su vez, informe sobre la conducta del penado al Jefe del establecimiento en que aquél se halle cumpliendo la condena, o al Gobernador de la provincia de su residencia, si la pena no consistiese en la privación de libertad, y oirá después al Fiscal y a la parte ofendida si la hubiere. Pues bien, en el presente caso no consta que el informe de conducta a que se refiere el artículo 24 de la Ley de Indulto haya sido realmente emitido por la Delegación o Subdelegación del Gobierno correspondiente al lugar de residencia del penado. De modo que no se puede considerar cumplido adecuadamente el procedimiento establecido en la Ley de Indulto, que son de indudable relevancia para que el órgano competente pueda disponer de la información necesaria para decidir sobre la oportunidad de la concesión del indulto a la vista de la evolución de la personalidad del condenado tras la imposición de la pena, razón por la que se acogen las alegaciones y se estima el recurso interpuesto.

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