Resumen: La demandante/apelada reclama el pago de unas obras ejecutadas para paliar la situación de desabastecimiento de agua potable en la zona Chiva-5 del término municipal, valoradas en 89.778,95 €, pretensión en clara contradicción con el contenido de la Resolución de la Alcaldía que establece claramente que la obra no será financiada con recursos propios del Ayuntamiento, extremo aceptado por la demandante que no interpuso recurso alguno. Considera la sentencia, que por irregular que fuera el comportamiento municipal que, sin más explicación, omite emitir el informe que le es requerido, a fin de pronunciarse sobre si podían llevarse a cabo las obras sin coste para la Corporación, lo cierto es que la hoy apelada debió recurrir la desestimación por silencio de su reclamación ante la Generalidad Valenciana, sin que el expediente autonómico pueda quedar en esa especie de vía muerta, que, claramente establece la virtualidad del silencio administrativo con carácter específico, más allá de la operatividad general de la Ley 30/1992 y entendemos que es esta falta de actuación alguna por la empresa concesionaria/hoy apelada, al no recurrir la desestimación por silencio, la que vicia con carácter fundamental la reclamación de autos.
Resumen: No ha lugar al recurso de casación interpuesto contra sentencia que debatió la competencia para conocer de las reclamaciones que se ejerciten para exigir la entrega de las aportaciones del Colegio profesional. Tenía interés casacional la determinación del orden jurisdiccional competente (civil o contencioso administrativo) para conocer de la reclamación de las aportaciones de los colegios profesionales de carácter territorial al Consejo General respectivo. El TS reitera doctrina sobre las aportaciones de los colegiados y recuerda que la tarea de los Consejos no se limita a la representación nacional e internacional de la profesión colegiada de que se trate sino que va mucho más allá y su actividad reporta evidentes beneficios a la profesión y en consecuencia a los Colegios de inferior ámbito territorial. Ninguna relevancia tiene la diferenciación entre el acuerdo que decide reclamar las cuotas por las aportaciones al Consejo General, y la formulación de la propia reclamación económica al Colegio profesional.
Resumen: La sentencia aborda una previa cuestión fundamental: la competencia de la jurisdicción contencioso- administrativa para conocer del recurso. Se impugna la adjudicación de un contrato procedente de la sociedad mercantil estatal dedicada a la gestión y explotación de los servicios aeroportuarios, consistente en la adjudicación de la cesión de uso de un bien de naturaleza patrimonial, que podría calificarse de arrendamiento, a efectos de la determinación del régimen aplicable al mismo. La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha establecido que a fin de determinar la calificación de un contrato hay que analizar su contenido, siendo contratos administrativos los que se caracterizan por su vinculación directa con el desarrollo regular de un servicio público, o por revestir características intrínsecas que hacen precisa la tutela del interés público. No basta la finalidad pública del contrato, sino que es preciso que el elemento esencial y principal del contrato sea el objeto público del mismo. La sentencia de instancia se equivoca porque obvia la distinción entre contratos patrimoniales y no patrimoniales. El contrato litigioso dada su naturaleza patrimonial, no está sujeto a la LCSP y las divergencias sobre el mismo, tanto en la licitación y adjudicación como en los efectos, no entran en el ámbito de competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa.
Resumen: Los AATS, Sala Especial de Conflictos del art. 42 de la Ley Orgánica del Poder Judicial(19) 02/2006, de 18 de octubre (cc 329/2006), 48/2006, de 21 de diciembre (cc 318/2006) y 112/2007, de 30 de noviembre (cc 27/2007) establecen que el criterio para la atribución competencial a favor de orden jurisdiccional social o contencioso, se basa en la distinción entre convocatorias por las que se accede al vínculo laboral con la Administración desde el exterior -en cuyo caso, el enjuiciamiento corresponde a la jurisdicción contencioso-administrativa- y aquellas otras de carácter restringido, a las que solo tienen acceso quienes ya tuviesen un vínculo laboral con la Administración -en cuyo caso la competencia corresponde al orden social-.
Resumen: La sentencia considera que se ha establecido con claridad que no se ha acreditado el nexo causal entre la actuación de ADIF o de RENFE, las demandadas, y el fallecimiento del hijo de la reclamante de la indemnización por responsabilidad patrimonial. No se ha probado que el fallecimiento se produjera por arrollamiento del tren y ni siquiera que haya tenido lugar en las vías, por lo que el suceso no puede relacionarse con la diligencia de los conductores del tren ni con el estado de la señalización o de las barreras de acceso a la vía. No existe prueba, tampoco, de que el fallecido accediera a las vías por su propio pie. En todo caso, visto el certificado de defunción, no se aprecia la relación de causalidad por el hecho de que el cadáver tardara cuatro horas en ser descubierto por un maquinista. El accidente se produjo no porque el fallecido fuera atropellado, sino porque se precipitó contra el tren cuando este estaba pasando, el choque lanzó el cuerpo contra la pared del túnel y así tuvo lugar el fallecimiento. En todo caso, no hubo atropello, habiendo quedado establecido que el fallecido incumplió las prohibiciones relativas a su presencia en el interior del túnel, así como que las estaciones próximas cumplían con las exigencias de seguridad.
Resumen: En la Sala de Admisión del TS se plantea si los gastos derivados de los trabajos realizados como consecuencia de diligencias acordadas en una investigación criminal y ordenadas por la autoridad judicial instructora del proceso penal deben considerarse como gastos de funcionamiento de la Administración de Justicia que deben ser satisfechos, en todo caso, por la Administración competente en materia de justicia, como mantiene la parte recurrida (que era la contratista prestadora de servicios de residuos contratado con la Administración) que colaboró en aquellos trabajos y reclama los gastos, o, por el contrario, conforme expone la Administración recurrente, no le corresponde a ella el abono de dicha factura al encontrarse condenado en la causa una persona física a la que se le impuso el pago de las costas causadas en el proceso
Resumen: La Sala, con estimación del recurso de apelación formulado por el recurrente, revoca la sentencia del juzgado y acuerda retrotraer las actuaciones al momento anterior al dictado de la sentencia de instancia para que por el Juzgado se someta a las partes, en su caso, la posible falta de jurisdicción para conocer de la cuestión planteada al ser competente la jurisdicción civil y con audiencia del Ministerio Fiscal, de conformidad con lo establecido en el artículo 33, en relación con el 7, ambos de la LJCA y verificado dicte la resolución que proceda en derecho. La sentencia apelada ha desestimado el recurso por entender que no es competente la jurisdicción contencioso administrativa sino la civil, sin que tal cuestión haya sido planteada por las partes en la instancia y ni siquiera haber dado audiencia al Ministerio Fiscal, como exige el artículo 7 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Es cierto que la falta de la jurisdicción puede ser apreciada de oficio pero ello no exime respetar las exigencias del principio de congruencia. En caso de que el Juez o Tribunal considere que pueden concurrir otros motivos susceptibles de fundar el recurso o la oposición, debe cumplir el trámite establecido en el artículo 33 de la LJCA y someter la cuestión a las partes para que puedan formular las alegaciones que estimen oportunas (FD 3º).
Resumen: El canon de utilización de las carreteras A-15 y N-1 implantado por la Norma Foral 7/2016, de 15 de diciembre vulnera, tal y como ha señalado la Sala de Bilbao, el principio de no discriminación previsto en el artículo 7.3 de la vigente Directiva 2011/76/UE en la vertiente de "discriminación indirecta".
Resumen: El Acuerdo de Incoación del expediente de expulsión lo adopta quien tiene competencia para ello, el Jefe Superior de Policía, y lo firma, por delegación, el Jefe Provincial; de conformidad con el art 219 del RD 557/2011(16) , la competencia material para la incoación corresponde a nivel de Administración Periférica del Estado, a los Delegados o Subdelegados de Gobierno, a los Jefes provinciales de las Oficinas de Extranjería -integradas en las Delegaciones de Gobierno- o a las autoridades policiales provinciales o locales -Jefe Superior de Policía, Comisarios Provinciales o Titulares de las Comisarías Locales o Puestos Fronterizos. Si se llega a adoptar un acto por parte de un órgano integrado en dicha organización, de inferior rango pero dependiente del titular de la competencia, no se estaría incurriendo en una falta de competencia objetiva o por razón de la materia sino, en su caso, en una falta de competencia jerárquica, no determinante de nulidad -dado que el art. 47.1.c) de la Ley 39/2015(17) solo predica esta causa de nulidad respecto de lo actos dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio- y, en todo caso, siempre susceptible de convalidación por parte del órgano superior jerárquico del que dictó el acto viciado - art.- 52.3-Ley 39/2015(18) -.
Resumen: Desestimación del recurso. La disposición general impugnada es acorde a derecho. No se aprecia la falta de legitimación alegada por la Abogacía del Estado, en tanto la inexistencia de acción pública frente al denominado Derecho de Emergencia. La Sala estima que, en su condición de padre y representante legal de una menor de 14 años, goza el recurrente de legitimación para impugnar la disposición de carácter general. Tampoco se aprecia la alegada pérdida de objeto por haber decaído el Estado de Alarma, toda vez que la tutela de los derechos fundamentales puede exigir un pronunciamiento declarativo si se llegare a probar su existencia, aunque ya no se estuviere produciendo al momento de su dictado. En cuanto al fondo, no se aprecian por la Sala en el expediente carencias determinantes de la indefensión del recurrente, ni carece de sustento normativo la Orden recurrida, no procede a la regulación del derecho fundamental a la libre circulación ni a su suspensión y, contando con la necesaria motivación, no son arbitrarias ni desproporcionadas las medidas que adopta, justificadas en todo punto por la gravedad de la situación pandémica que la motiva.
