Resumen: Apreciándose la caducidad en la tramitación de expediente sancionador por infracción grave en materia de aguas, asi como la prescripción de la infracción, la competencia para declarar la responsabilidad civil derivada de la infracción sigue residiendo en el órgano competente para sancionar (en este caso el Ministro). El órgano sancionador es también competente para fijar también las indemnizaciones por daños y perjuicios, independientemente de su cuantía. La competencia debe ejercerse por el órgano competente y en caso de que la cuestión sea jerárquica, el superior puede convalidar la del inferior, lo que el caso no consta.
Resumen: Resolución dictada por el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Castilla y León, que desestima dos reclamaciones económico-administrativas interpuestas contra un acuerdo de imposición de sanción. Interpuesto previamente recurso contencioso administrativo contra la liquidación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, con sede en Valladolid, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, la competencia territorial para conocer del posterior recurso contencioso administrativo contra la desestimación de la reclamación económico administrativa contra las sanciones debe atribuirse a aquella, dada la relación existente entre el acuerdo de liquidación y el acuerdo de sanción derivada del anterior, que puede determinar, en caso de prosperar la impugnación frente al acuerdo de liquidación, que el acuerdo de imposición quede sin efecto alguno.
Resumen: Retenciones IRPF, Rendimientos del Trabajo, periodos marzo/2009 a diciembre/2011 y resolución sancionadora. Determinar si, a la luz de la doctrina sentada en la sentencia del Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 22 de abril de 2014 (casación para la unificación de doctrina 1197/2013; ES:TS:2014:3088), necesariamente se ha de entender, o no, que en los supuestos de extinción del contrato de alta dirección por desistimiento del empresario existe el derecho a una indemnización mínima obligatoria de 7 días de salario por año de trabajo, con el límite de seis mensualidades, y, por tanto, que esa cuantía de la indemnización está exenta de tributación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, al amparo del artículo 7.e) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Resumen: Se estima en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra el Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 2 de febrero de 2020, denegatorio de la solicitud de indulto en que el recurrente estuvo en situación de prisión provisional desde julio de 2017 y quedó en libertad en enero de 2018, no obra, en realidad, el informe de conducta a que se refiere el artículo 24 de la Ley de Indulto, ya que, lo que consta en el expediente administrativo de indulto se ciñe, en ese particular, a la cita de determinados antecedentes policiales, anteriores, además, a la fecha de la sentencia penal condenatoria. Es decir, no se efectúa una auténtica valoración de la conducta del penado posterior a la pena cuyo indulto se solicita. La consecuencia de lo anterior debe ser, con arreglo a las sentencias de octubre de 2021 y enero de 2022, la anulación de aquel acuerdo del Consejo de Ministros impugnado en este recurso, pues el informe de conducta es de indudable relevancia para que el órgano competente pueda disponer de la información necesaria para decidir sobre la oportunidad de la concesión del indulto a la vista de la evolución de la personalidad del condenado tras la imposición de la pena o, en su caso, sobre la conveniencia de la conmutación o condonación de ésta.
Resumen: La Sala desestima el recurso de apelación interpuesto contra auto por el que se acordó declarar la falta de competencia objetiva del Juzgado para conocer del recurso. el recurso contencioso-administrativo interpuesto se dirige contra la resolución presunta de la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística, de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivienda y de la Consellería de Hacienda y la Dirección General de Función Pública, por la cual se acuerda desestimar la petición presentada por el recurrente en escrito de 18/05/2020 consistente en el reconocimiento del mismo, funcionario interino, como empleado público estable o, subsidiariamente, el reconocimiento del derecho a una indemnización igual al que corresponda a un despido improcedente y, en todo caso, el reconocimiento de todos los derechos en condiciones de igualdad que ostentan los funcionarios de carrera. Señala la Sala que el recurso conlleva el nacimiento de la relación de servicio como personal estable, esto es la condición de empleado público estable a todos los efectos bajo los principios de permanencia e inamovilidad con independencia de su denominación, es decir, con las características de un funcionario de carrera, por lo que como expresa el auto de instancia, afectando la materia litigiosa al nacimiento de la relación de servicios de funcionario público de carrera, la competencia objetiva para conocer del mismo corresponde a las Salas de lo Contencioso-Administrativo.
Resumen: En el caso que nos ocupa, la determinación de la residencia habitual del causante ha quedado perfectamente acreditada por la actividad probatoria desarrollada por la Inspección de la Administración Tributaria del Principado de Asturias. Efectivamente, como destaca la Resolución del TEAC, el causante falleció en su domicilio de Gijón. Pese a que el finado tenía su domicilio fiscal en Madrid desde 17 de diciembre de 2007, menos de un año anterior a su fallecimiento, es lo cierto que la Inspección hace constar diferentes pruebas como facturas, reintegros bancarios, tarjeta sanitaria de salud del Principiado de Asturias o compras en establecimientos de Gijón. Además, en la vivienda habitada se produjeron los consumos propios de una vivienda habitual. Todo ello determina la competencia de la Administración Tributaria del Principado de Asturias. En cuanto al acuerdo sancionador, la extensión y contundencia de la prueba sobre la residencia habitual del causante, genera un panorama en el que difícilmente se puede plantear ni suscitar una duda racional sobre la residencia habitual en la capital de España, que justifique la inexistencia del elemento subjetivo en la sanción. Se constata que la verdadera voluntad e intención de los recurrentes al presentar la autoliquidación del impuesto en la Comunidad de Madrid, cual era beneficiarse de la sustancial menor tributación que ello conllevaba, dada la distinta normativa aplicable que denota el elemento intencional.
Resumen: Dada la cuantía de la partida de intereses discutida, debe precisarse que el acuerdo recurrido es la resolución del TEAR de Madrid desestimatoria de un recurso contra la ejecución y los recursos contra la ejecución se tramitarán a través del procedimiento abreviado salvo que hubiera ordenado a la retroacción de actuaciones en cuyo caso se tendrá en cuenta la cuantía para aplicar bien el procedimiento abreviado bien el procedimiento general. No hubo retroacción de actuaciones y por tanto resultaba aplicable el procedimiento abreviado, que se resuelve en única instancia, por lo que no puede interponerse recurso de alzada ordinario. Se agotó y la competencia para conocer de los recurso contencioso administrativos contra las resoluciones de los TEAR que pongan fin a la vía administrativa corresponde a los Tribunales Superiores de Justicia del ámbito territorial al que correspondan. La estimación parcial de la reclamación o del recurso en vía administrativa y o judicial con anulación de cualquiera de los componentes de la deuda incluyendo los intereses de demora por razones sustantivas produce el efecto de que no se devenguen intereses suspensivos porque se trata de una única deuda. La fecha de inicio del cómputo del interés de demora será la misma que hubiera correspondido a la liquidación anulada y el interés se devengará hasta el momento en que se haya dictado la nueva liquidación, sin que el final del cómputo pueda ser posterior al plazo máximo para ejecutar la resolución.
Resumen: El objeto de la apelación es la resolución del Juzgado que inadmitió el recurso por falta de competencia objetiva. La resolución impugnada aprobaba medidas para el restablecimiento del equilibrio económico-financiero de un contrato de concesión y fue dictada por la Viceconsejera autonómica de Asistencia Sanitaria en su condición de órgano de dirección del Servicio Madrileño de Salud. En la sentencia de apelación se analiza la cuestión de los posibles conflictos de normas delimitadoras de la competencia objetiva cuando un órgano de la administración autonómica actúa como titular de un organismo público con personalidad jurídica propia-autor del acto impugnado, entendiendo que hay que atender a la categoría ó condición del órgano que asume la presidencia ó la dirección. En el caso, se está ante un acto dictado por la Viceconsejera de Sanidad, que es actúa como superior autoridad de la entidad SERMAS, pero no se puede disociar su condición de Viceconsejera de Sanidad de la de superior órgano de dirección del SERMAS, debiéndose de atender a la categoría ó condición del órgano, por lo que en este caso la competencia para el conocimiento del recurso corresponde a la Sala del TSJ, lo que determina la desestimación del recurso.
Resumen: Admisión a trámite del recurso de casación. La cuestión planteada en el recurso que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en determinar si la CNMC resulta competente para imponer precios (en este caso, para la fijación de un precio máximo) en servicios no regulados por la vía de la resolución de conflictos entre operadores, y, en caso afirmativo, bajo qué condiciones.
Resumen: Se desestima el recurso interpuesto y, con ello, la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada en reclamación de una indemnización de 283.783,27 € consecuencia de los perjuicios sufridos por la resolución anticipada del contrato suscrito por la actora con Radiotelevisión valenciana para la prestación del servicio de limpieza y jardinería, desinfección, desinsectación y desratificación de en los locales de RTVV y sus sociedades, reclamación que fue inadmitida, por extemporánea, mediante la resolución impugnada. La Sala desestima el recurso partiendo de las siguientes premisas: Inicialmente se dirigió la reclamación frente a la entidad RTVV en liquidación dictándose sentencia inadmitiendo el recurso por falta de jurisdicción al considerar competente a la jurisdicción civil. Posteriormente,al subrogarse el Consell en las acciones, bienes y derechos del ente público RTVV,se dirige la reclamación frente a la administración autonómica, si bien, destaca el Tribunal,existe una previa sentencia firme declarando la incompetencia de jurisdicción.Se declara por la Sala que teniendo conocimiento la actora los efectos del cese y la cuantía a reclamar,formulando la oportuna reclamación,no podía legalmente iniciar una nueva acción de responsabilidad patrimonial ante la Administración Autonómica porque,habida cuenta del tiempo transcurrido,la nueva reclamación era extemporánea.Concluye la sentencia analizando la diferencia entre la responsabilidad contractual y patrimonial.
