Resumen: Determinación del sistema de medición de la carga de trabajo de los órganos judiciales. Tras rechazar la falta de competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, pues el Acuerdo impugnado no tiene por objeto establecer decisión alguna sobre la materia de prevención de riesgos laborales, así como la falta de legitimación activa de la Asociación recurrente, pues el Acuerdo impugnado afecta potencialmente al funcionamiento en sí mismo de todos aquellos órganos judiciales a los que se refiere y, por tanto, de los jueces y magistrados que los sirven, estima el recurso contencioso-administrativo. El artículo 560.1 LOPJ no debe interpretarse en el sentido de que para la elaboración y aprobación de los sistemas a que se refiere, dirigidos sólo a determinar la carga de trabajo que pueda soportar un órgano jurisdiccional, o cada tipo de ellos, baste la intervención del CGPJ, del Ministerio de Justicia, y de las Comunidades Autónomas con competencias en materia de justicia, sino que es necesaria la participación de las Asociaciones judiciales, que tienen un conocimiento actualizado de la situación real de los órganos jurisdiccionales y de sus dificultades, y la adopción de un acuerdo como el recurrido, de tantísima transcendencia, exige abrir para aquéllas un cauce de participación eficaz.
Resumen: La Sala inadmite la demanda de revisión promovida, pues, siendo la sentencia que alcanzó firmeza la dictada en apelación por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, la demanda se dirige, de forma consciente y explícita, sólo contra la sentencia del Juzgado, con absoluta preterición de la dictada en apelación por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, de la que no dice una sola palabra. Recuerda así que el procedimiento de revisión es un remedio de carácter excepcional y extraordinario de rescisión de las sentencias firmes, de forma que, cuando nos hallamos ante una sentencia dictada en primera instancia por un juzgado de este orden jurisdiccional, que ha sido recurrida en apelación, y la apelación ha sido resuelta por sentencia que ha puesto término al debate procesal entablado, es claro que la cualidad de firmeza, a los efectos del cauce revisorio que nos ocupa, no puede predicarse de la sentencia del juzgado sino de la de apelación, pues la sentencia de primera instancia no tenía esa cualidad de firmeza y justamente por eso pudo ser combatida en apelación. Añade también que la actuación de la parte es, además, incoherente desde la perspectiva de la competencia procesal, pues el Tribunal Supremo sólo tiene competencia para conocer de las demandas de revisión contra sentencias firmes dictadas por las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo (art. 12.2 c] LJCA).
Resumen: Incompetencia del CGPJ para conocer del recurso de alzada interpuesto contra la resolución de la letrada de la Administración de Justicia por el que se desestima el recurso de reposición interpuesto contra las diligencias de ordenación de 27 de mayo y 3 de junio del mismo año, por las que se deniega la expedición de los testimonios de las actuaciones solicitados. Desestimación del recurso contencioso-administrativo. En la resolución recurrida se pone de manifiesto que el órgano autor del acto recurrido en alzada es una Letrada de la Administración de Justicia que depende del Ministerio de Justicia y que por ello carece de la condición de órgano integrado en la estructura organizativa del CGPJ, concluyendo en la incompetencia del CGPJ para conocer de ese recurso de alzada con remisión del mismo al Secretario de Gobierno del TS; y ese fundamento de la resolución impugnada permanece inalterado pues no resulta combatido en el escrito de demanda.
Resumen: Convocatoria de provisión de plaza de magistrado de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo. Tras rechazar la alegación de la falta de legitimación de la Asociación recurrente, se desestima el recurso contencioso-administrativo. El carácter neutro de la presidencia de las Salas del Tribunal Supremo debe entenderse en el sentido de que es indiferente el origen o turno por el que sus magistrados accedieron a é; ahora bien, lque la planta de la Sala Cuarta consista en un presidente y doce magistrados no significa que no se deba contar a los efectos que estamos considerando al presidente quien, desde el punto de vista del ejercicio de la jurisdicción, es un magistrado más. Si el legislador ha querido que en cada una de las Salas del Tribunal Supremo exista una determinada proporción en razón del origen de los magistrados que la integran, no se ve por qué razón se ha de prescindir del de sus presidentes.
Resumen: La Sala desestima el recurso de apelación interpuesto por el Servicio Cántabro de Salud contra la resolución del Juzgado de Instrucción que deniega una medida sanitaria. La competencia para el dictado de un auto de ratificación de medidas sanitarias por parte de un juez de instrucción de guardia no es predicable de una competencia propia sino de la función que asume como sustituto de los juzgados de lo contencioso administrativo y de ahí que sea la Sala quien finalmente resuelva el recurso. El auto del juzgado de guardia deniega un pronunciamiento de ratificación por no haberse justificado la necesidad de su intervención ante la imposibilidad de acudir al órgano de lo contencioso administrativo al tratarse el siguiente de un día hábil. Si el juzgado de lo contencioso administrativo finalmente resuelve favorablemente a la ratificación de la medida sanitaria, no existe el interés legítimo de la administración para resolver este recurso. Una vez obtenida la ratificación de la medida sanitaria solicitada consistente en el aislamiento domiciliario forzoso de una persona por haber dado positivo a las pruebas de COVID-19, se impone la desestimación del recurso de apelación por carencia sobrevenida de objeto ante la ratificación de la medida sanitaria por el juez de lo contencioso.
Resumen: La demanda solicita indemnización de daños y perjuicios ocasionados con motivo del fallecimiento del familiar de los recurrentes, debido a las irregularidades en la asistencia médica que recibió en el centro hospitalario Hospital Dos de Maig y por lo que reclama 672.763 euros, más otros dos millones en daños morales de la viuda, en importe de 2.018.289, más intereses legales devengados lo que fue desestimado en resolución del Servei Català de la Salut. Los hechos se refieren a que acudió el 18 de octubre de 2008 por dolor lumbar y fiebre. Otra visita se produjo el 21 de octubre del mismo año por síndrome febril de origen desconocido. Se produjo el ingreso hospitalario. El paciente padeció una porfiria con carácter recisivo. Posteriormente se tuvo conocimiento de que también padecía una porfiría no manifestada. Se deestimna el recurso pues no se ha acreditado infracción de la lex artis.
Resumen: Se recurre el acuerdo del Ayuntamiento de Esporles del día 2 de octubre de 2014, referente a la inclusión en el Catálogo de Caminos determinadas vías que discurren por terrenos propiedad de la entidad recurrente. La sentencia del juzgado desestimó el recurso. Se considera que la incorporación en este tipo de registro administrativo no altera las situaciones de propiedad, por lo que su impugnación no puede entrar a analizar cuestiones complejas. centrado el objeto del debate en un único camino de la entidad actora, se recoge la doctrina jurisprudencial de que, para la recuperación de estos caminos y su inclusión en el Inventario, la Administración debe constatar su uso público, es decir, su afectación real al concreto destino que justifica su inclusión en el dominio público. Para la inclusión de un camino en el inventario es suficiente la existencia de indicios que soporten la presunción de su naturaleza pública, pero estos simples indicios no pueden limitarse a constatar el actual uso público, sino que dicho uso lo ha sido desde siempre. La carga de la prueba acerca de la concurrencia de los requisitos para la inclusión de determinados caminos en el Catálogo elaborado y aprobado por el Ayuntamiento correspondiente recae sobre la Administración autora del acto administrativo. Y analizando la prueba, no resulta demostrada la existencia y trazado del Camino nº 3, ni tampoco su uso público ni inmemorial.
Resumen: La sentencia impugnada anuló diversos preceptos del Decreto 187/2015, de 25 de agosto, de ordenación de las enseñanzas de la Educación Secundaria Obligatoria, al entender que vulneraban el ámbito de regulación básica estatal en la materia. La Sala desestima el recurso y confirma la de instancia. En concreto, se afirma que la competencia cuyo ejercicio se enmarca en el espacio definido por la legislación básica de educación no autoriza a superarlo ni a contradecir las prescripciones de esa naturaleza que lo conforman. Es más, las determinaciones básicas pueden llegar a circunscribir las opciones autonómicas de manera que les cierren caminos o impongan soluciones concretas en aspectos específicos. Se ha de recordar, en este sentido, que la Generalidad de Cataluña no promovió conflicto de competencias sobre el Real Decreto 1105/2014, normativa estatal básica sobre la materia, y que establece que la ESO comprende dos ciclos, el primero de 3 cursos y el segundo de uno, frente a la normativa anulada, que establecía dos cursos para cada ciclo. Se anulan igualmente los preceptos relativos a los estándares de evaluación de las asignaturas de libre configuración autonómica, al dejar incompleto el tratamiento de la cuestión. Del mismo modo, se anula la clasificación de las materias diferente a la prevista en la Ley Orgánica 2/2006, de Educación, al no ajustarse a la diferenciación entre asignaturas troncales, específicas y de libre configuración autonómica.
Resumen: Sobre la nulidad o anulabilidad de una resolución del TEAR del País Vasco, en relación con la opción ejercitada por la entidad al amparo del artículo 229.5 LGT, y que la actora conecta con la prescripción, si dicha resolución es nula, al no haberse interrumpido la prescripción, en la sentencia se hace una remisión al criterio sostenido por la Sección, tras exponer lo actuado en relación con la resolución del TEAR, declarando que, al no tratarse de una resolución nula, decae el motivo de la prescripción. Alega la entidad que la tardanza en resolver el TEAC provocó la prescripción en vía económico-administrativa. En la sentencia se declara que, entre las consecuencias derivadas de la infracción del derecho a una buena administración no se encuentra la de declarar prescrito el derecho de la Administración a liquidar toda vez que el plazo correspondiente quedó interrumpido por la actuación ante el TEAR del País Vasco. Sobre la viabilidad del cálculo circular en la determinación de la base imponible por el concepto de factor de agotamiento, aplica los criterios jurisprudenciales al interpretar la norma que lo regula, de forma que el factor de agotamiento sea aplicado sobre una base imponible que no se vea minorada por el propio factor de agotamiento. Sobre el error en la determinación de los intereses de demora, se rechaza, al corresponde con el importe de la cuota determinada en el Acta. Confirma la incorrecta materialción realizada por la actora de dicho factor de agotamiento.
Resumen: La demandante/apelada reclama el pago de unas obras ejecutadas para paliar la situación de desabastecimiento de agua potable en la zona Chiva-5 del término municipal, valoradas en 89.778,95 €, pretensión en clara contradicción con el contenido de la Resolución de la Alcaldía que establece claramente que la obra no será financiada con recursos propios del Ayuntamiento, extremo aceptado por la demandante que no interpuso recurso alguno. Considera la sentencia, que por irregular que fuera el comportamiento municipal que, sin más explicación, omite emitir el informe que le es requerido, a fin de pronunciarse sobre si podían llevarse a cabo las obras sin coste para la Corporación, lo cierto es que la hoy apelada debió recurrir la desestimación por silencio de su reclamación ante la Generalidad Valenciana, sin que el expediente autonómico pueda quedar en esa especie de vía muerta, que, claramente establece la virtualidad del silencio administrativo con carácter específico, más allá de la operatividad general de la Ley 30/1992 y entendemos que es esta falta de actuación alguna por la empresa concesionaria/hoy apelada, al no recurrir la desestimación por silencio, la que vicia con carácter fundamental la reclamación de autos.
