Resumen: La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en determinar si corresponde al orden jurisdiccional contencioso-administrativo conocer de las pretensiones ejercitadas respecto de resoluciones administrativas dictadas como consecuencia de las solicitudes o peticiones de creación de una unidad electoral, en relación con los procesos electorales a órganos de representación del personal al servicio de las Administraciones Públicas, o si, por el contrario, corresponde conocer de dichas pretensiones al orden jurisdiccional social.
Resumen: La Sec. 1ª de la Sala plantea de nuevo, como hizo en precedente, recurso de casación 7617/2019, resuelto por sentencia de 27 de octubre de 2019, que se examine si para los medicamentos no equipotentes (los que consiguen más eficacia con menos dosis de principio activo) al resto de fármacos de su conjunto de referencia, en el cálculo del coste/tratamiento/día debe estarse a las dosis diarias definidas (DDD) de forma genérica para los principios activos por la Organización Mundial de la Salud, o a la dosis diaria definida que fije específicamente, el órgano competente en materia de financiación pública y de fijación de precio de medicamentos y productos sanitarios del Ministerio de Sanidad y atendiendo al coste del tratamiento diario real.
Resumen: La Sala desestima el recurso interpuesto contra el acuerdo del Consejo de Ministros denegatorio de la solicitud de indulto del recurrente respecto de la pena impuesta -por un delito de maltrato familiar-. Parte de la premisa de que el indulto es el resultado del ejercicio del derecho de gracia otorgada al Rey -art. 62.i) CE-, que ha de ejercerla "con arreglo a la ley", es decir con arreglo a la Ley de 18 de junio de 1870, aunque, en razón de los principios que informan nuestra Monarquía parlamentaria, dicha potestad no es ejercida materialmente por el Jefe del Estado, sino por el Gobierno (art. 30 de la Ley de 1870). A continuación, resume la doctrina jurisprudencial establecida en relación con las denegaciones de indulto, destacando como, entre otras, la STS nº 134/2020, de 5 de febrero, concretó la doctrina jurisprudencial aplicable en los casos de impugnación jurisdiccional de acuerdos denegatorios de indulto del siguiente modo: 1) El control jurisdiccional no puede afectar a los defectos de motivación; 2) Sólo alcanza a los elementos reglados del procedimiento (incluidos los informes preceptivos y no vinculantes a los que alude la Ley de Indulto); 3) No se extiende a la valoración de los requisitos de carácter sustantivo. Con arreglo a tales criterios, señala que los informes de conducta y del Juzgado sentenciador -no vinculantes- reflejaron la inadaptación social y el diagnóstico de capacidad criminal media/alta, cumpliéndose los requisitos formales exigidos.
Resumen: La sala desestima el recurso. De cuerdo con lo declarado por la jurisprudencia de la Sala Tercera (por todas, sentencia 1398/2020, de 26 de octubre, con abundante cita), por lo que se refiere al ámbito del control jurisdiccional de las resoluciones sobre denegación de indulto, existe una jurisprudencia reiterada del Alto Tribunal que delimita las potestades de revisión jurisdiccional de las decisiones sobre el derecho de gracia que se reconoce al Rey en el artículo 62.i de la Constitución. En el presente caso, la principal argumentación de la defensa de la recurrente en contra de la legalidad del acuerdo impugnado es el informe favorable que se hace por el Tribunal sentenciador en la misma sentencia condenatoria, reiterado en el preceptivo informe que se emitió en el procedimiento sobre el indulto. Ahora bien, tratar de sostener la procedencia del indulto parcial solicitado, al margen de que no constituye un derecho subjetivo de la recurrente, como se ha declarado por la jurisprudencia existente, en base al informe emitido por el Tribunal que dictó la sentencia condenatoria inicial, comporta alterar el ámbito jurisdiccional de este proceso. Y ello es así, conforme la reiterada jurisprudencia, por cuanto no son revisables las cuestiones materiales sobre la procedencia o no de la denegación del derecho de gracia, lo cual, de por sí, es suficiente para el rechazo del recurso.
Resumen: El TS desestima la impugnación de un Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se deniega solicitud de indulto. El Tribunal declara la inexistencia de defectos procedimentales en la tramitación del indulto. Para ello, aplica la doctrina jurisprudencial ya consolidada sobre la inexigibilidad de motivación de acuerdos de denegación de indultos. Igualmente confirma, a los efectos del cumplimiento de los requisitos procedimentales, la existencia de informe de conducta emitido por la Delegación o Subdelegación del Gobierno, reiterando su doctrina sobre la carencia de capacidad vinculante de este informe para la decisión que deba adoptar el Consejo de Ministros o para el posterior control jurisdiccional que ejerce el Tribunal, que en ningún caso se extiende a la valoración sobre los mismos.
Resumen: Resumen: Determinar si, al amparo del principio de eficacia en la actuación de la Administración Pública del artículo 103 CE, en relación con la flexibilidad que para la consecución de ese fin contempla el artículo 59 del RGAT, y en aras de prevenir y perseguir el fraude o la elusión fiscal a través de maniobras de deslocalización de los obligados tributarios, puede excepcionarse la regla general de atribución de competencia de orden territorial contenida en el artículo 84 LGT, eludiendo así la observancia inalterable de la asignación competencial por razón del domicilio fiscal del obligado tributario y aplicando, en este caso, la normativa de organización específica de atribución de competencias de la concreta administración tributaria.
Resumen: Interpretación del artículo 98 del Real Decreto 1955/2000: cuando las discrepancias o reclamaciones conciernen a los costes regulados del contrato de suministro de energía eléctrica, cualquiera que sea el tipo de contrato, la competencia para resolver los conflictos que giren en torno a estos costes regulados del contrato de suministro, con independencia de los agentes intervinientes, corresponde siempre y en todo caso a la Administración. Las reclamaciones no relativas a los costes regulados surgidas en los contratos de suministro en mercado libre en relación a clientes cualificados, derivadas de la interpretación de las cláusulas contractuales, habrán de dirimirse ante la Jurisdicción civil". Determinación de la competencia del orden jurisdiccional civil para determinar en un contrato de suministro suscrito en el mercado libre y sujeto a las condiciones contractuales libremente pactadas por las partes, quien resulta obligado a pagar la energía consumida así como para determinar si ha existido o no una subrogación en el contrato por el cambio de usuario efectivo sin haber modificado el contrato y sin notificárselo a la empresa comercializadora.
Resumen: Competencia de la CNMC para aprobar el contrato tipo de acceso a la red postal a elaborar por el operador designado para prestar el servicio postal universal. Obligación de comprobar que las tarifas fijadas en el contrato tipo se ajustan a los principios de transparencia, no discriminación y cobertura del coste ocasionado al titular de la red. Posibilidad de la CNMC de desarrollar los criterios para determinar las tarifas, imposibilidad de fijar ella misma las tarifas sustitutivas de las previstas en el contrato tipo pero si podrá la CNMC desarrollar criterios para su determinación, entre ellos, los relativos a la concesión de descuentos en el acceso a la red vinculados al volumen y características de los envíos. Entre estos criterios se incluyen los tendentes a impedir trato discriminatorio en los descuentos. Imposibilidad de que la CNMC establezca por si misma los descuentos de modo que, por su detalle, implique una fijación de tarifas. Posibilidad de declarar la disconformidad a derecho de los criterios en materia de descuentos que establezca la CNMC. En el caso: distinto tratamiento respecto del descuento efectuado a grandes y clientes y operadores alternativos. Determinación de que el tratamiento diferenciado -que no discriminatorio- dispensado en el contrato tipo a los grandes clientes minoristas y a los operadores alternativos no vulnera lo dispuesto en los artículos 11, 11 bis y 12 de la Directiva 67/97/CE.
Resumen: Recurso frente al oficio del director xeral de Minas de la Consellería de Economía, Emprego e Industria, que acordó suspender el procedimiento de autorización previa y de construcción de la modificación del aprovechamiento eléctrico de Cabo, en A Cañiza (Pontevedra). Siendo el motivo, dar traslado a la Confederación Hidrográfica Miño-Sil de la solicitud que la interesada presentó, a los efectos de que su órgano ambiental determinara la necesidad o no de someterla a una nueva evaluación ambiental el proyecto, al tiempo que acordó también suspender el procedimiento de autorización previa hasta que se presentaran las características del aprovechamiento de aguas, emitidas por el organismo de cuenca y por el órgano ambiental competente. Disconforme con ese acuerdo, lo impugnó en alzada la interesada, sin que nada se resolviera. La Sala analiza la cuestión competencial, para finalmente acoger el motivo de nulidad y declarar igualmente sobre la suspensión del procedimiento de autorización previa y de construcción a la espera de que la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil procediera a tramitar el de evaluación ambiental, pues si bien la posibilidad de suspensión de procedimientos a la espera de informes preceptivos de otros organismos se permite al amparo del artículo 22.1.d) de la Ley 39/2015, no era a ese organismo de cuenca a quien le correspondía impulsar la evaluación ambiental, sino al propio centro directivo autonómico que rechazó abiertamente su condición de competente.
Resumen: La sala da respuesta a la siguiente cuestión: determinar si cabe impugnar ante la jurisdicción contencioso-administrativa un acto o disposición cuya nulidad se insta con base en la vulneración de preceptos constitucionales que disciplinan el reparto de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas o, por el contrario, lo que procede indefectiblemente es el planteamiento de un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional. El recurso en cuestión se inició por la Administración General del Estado, en impugnación del acuerdo -10/2/15- de la Generalidad de Cataluña por el que se aprobaba la Revisión del Plan Especial de Emergencias por Contaminación de las Aguas Marina de Cataluña, suplicándose allí su declaración de nulidad, al entenderse, en esencia, que la regulación concernida afectaba a títulos competenciales estatales. Alude la sala al peculiar régimen de impugnación de los reglamentos de las CCAA ante la jurisdicción contencioso-administrativa y ante el TC así como a la más reciente jurisprudencia de la Sala III (entre otras, STS 5/6/18, RC 1175/16). Responde por ello que: "la impugnación por la Administración General del Estado de una disposición reglamentaria aprobada por una Comunidad Autónoma no comporta la declaración de inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo por falta de jurisdicción en favor de la jurisdicción del Tribunal Constitucional, pudiendo acudir, alternativamente, a cualquiera de ambos procedimientos de impugnación".
