Resumen: Confirma auto denegatorio de ratificación de medidas para la contención del Covid-19, adoptadas en resolución de 5 de agosto de 2021 por la Consejería de Bienestar Social de Castilla-La Mancha. Falta de justificación suficiente de su necesidad y proporcionalidad. Reitera criterios jurisprudenciales de la sala, sobre autorización de medidas urgentes y necesarias para la salud pública que limiten o restrinjan derechos fundamentales (STS nº 875/2021, de 17 de junio, RCA 4244/2021).
Resumen: El recurrente imputa la responsabilidad a la Sala Segunda del TS, al TC y al CGPJ, a cada uno por razones distintas, aunque todas relacionadas entre sí: la lesión padecida a consecuencia de haberse visto privado indebidamente de su cargo de magistrado durante cuatro años y medio. EL TS desestima la reclamación por las siguientes razones: 1) la imputación dirigida contra la Sala Segunda del TS no puede prosperar pues no se ha seguido el cauce establecido en el art. 293 LOPJ, y ello pese anular el TC la sentencia condenatoria dictada por dicha Sala del TS; ii) tampoco la dirigida contra el TC por los daños derivados de la excesiva duración del recurso de amparo y ello porque el cauce procedimental para exigir la responsabilidad al TC está establecido en el art. 32.8 Ley 40/2015, y no se ha acreditado haberse dirigido al TC para instar la declaración formal de la existencia de un funcionamiento anormal en la tramitación de su recurso de amparo; y iii) finalmente, no cabe imputar al CGPJ los daños referidos a la privación de su condición de magistrado, ni, en consecuencia, cabe reclamar al respecto indemnización alguna al CGPJ, dado que su pretensión de que le fueran reconocidos los derechos administrativos y económicos vinculados a la condición de magistrado desde el 27 de agosto de 2013 fue expresamente denegada por el Tribunal Supremo en la sentencia en la que acordó únicamente su rehabilitación como magistrado con efectos desde la fecha de la sentencia.
Resumen: La Sala desestima el recurso. Se observa que lo que se plantea por la parte no es la omisión o falta de los informes en cuestión sino deficiencias en la emisión de los mismos, deficiencias que la propia parte valora como vicios de anulabilidad no de nulidad absoluta, por lo que su relevancia exige justificar que tales deficiencias impiden al acto alcanzar su fin o dan lugar a indefensión del interesado.Ninguna de estas circunstancias concurren en este caso. Las deficiencias que la parte invoca en relación con los informes de conducta y su forma de emisión, no impiden tomarlos en consideración en su contenido suficientemente expresivo de sus circunstancias personales y sociales a los efectos de alcanzar el fin pretendido por el acto impugnado ni producen indefensión a la interesada que puedan determinar la anulabilidad del acto impugnado. En cuanto a las deficiencias atribuidas al informe del Tribunal sentenciador, el artículo 25 de la Ley de Indulto no exige preceptivamente la inclusión en el informe del Tribunal sentenciador de todos los datos que en dicho artículo se menciona. Además, el contenido de dicho informe carece de carácter vinculante, y la omisión de algún dato de los del artículo 25 de la Ley de Indulto supondría simplemente una irregularidad formal no invalidante que no habría de acarrear la anulación de la resolución. Finalmente, las deficiencias invocadas en este caso, tampoco afectan a la finalidad del acto ni causan indefensión a la interesada.
Resumen: La Sala estima el recurso de casación y desestima el recurso contencioso-administrativo. Siguiendo la doctrina establecida por esta Sala, la resolución administrativa que fija el coste económico-financiero del uso del agua tiene carácter normativo y en tal sentido se considera una disposición de carácter general; que dicho coste unitario del agua ha de fijarse en aplicación de los criterios establecidos en el art. 326 bis.1.c) del RDPH; que la revisión de los costes del uso del agua establecido en la correspondiente resolución administrativa vendrá determinada por la norma legal habilitante y en este caso, a falta de otras previsiones específicas ha de tenerse en cuenta lo dispuesto en el art. 326. bis.1.c) del RDPH, que establece la incorporación a los correspondientes planes hidrológicos de demarcación de los análisis y estudios económicos del uso del agua que deben elaborar los organismos de cuenca, lo que permite entender que la revisión de la disposición en cuestión habrá de producirse, al menos, en el mismo plazo de revisión del correspondiente plan hidrológico establecido en el TRLA; y que el importe fijado en la correspondiente disposición resulta de aplicación durante todo el periodo de vigencia de la misma.
Resumen: Los organismos autónomos de la Administración General del Estado pueden tener o no competencias en todo el territorio nacional, lo que determinará la competencia de distintos órganos jurisdiccionales del orden contencioso-administrativo. Sin embargo, los organismos autónomos de carácter autonómico con personalidad jurídica propia, no extienden su competencia a todo el territorio nacional. El Servicio Extremeño de Salud es un organismo autónomo dependiente de la Comunidad Autónoma de Extremadura, dotado de personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar y no extiende sus competencias a todo el territorio nacional. Por ello, con independencia de la materia y cuantía sobre la que verse el recurso, la competencia para conocer de los recursos contra su actuación siempre corresponde a los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo.
Resumen: Ha lugar al recurso de casación interpuesto por la Junta de Andalucía contra sentencia que, en grado de apelación, revocó el auto del juzgado que se declaró falta de jurisdicción, a favor de la social, para conocer de la autorización para iniciar una actividad formativa, con arreglo a lo dispuesto por la disposición final 1ª del Real Decreto 1529/2012, sobre el contrato para formación y aprendizaje. Para el TS es indudable que el otorgamiento o la denegación de una autorización por parte de la Administración constituye un acto administrativo, en el sentido técnico de la expresión. Ello debería conducir, en principio, a afirmar que las impugnaciones del mismo competen al orden jurisdiccional contencioso-administrativo, pero ese acto administrativo se encuadra en el apartado n) del art. 2 de la Ley de la Jurisdicción Social, que atribuye a dicho orden jurisdiccional su conocimiento, y en ese sentido se pronuncia la jurisprudencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo.
Resumen: La Sala de Enjuiciamiento reitera la doctrina ya fijada en las SSTS núm. 1282/2020, de 13 de enero (recurso de casación núm. 3456/2019) y 885/2020, de 26 de junio (recurso de casación núm. 293/2019), donde se indica, que son apelables los autos de los órganos judiciales unipersonales, que declaren la inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo aun cuando la cuantía litigiosa del proceso en el que se dictaron no exceda de 30.000 euros.
Resumen: Se impugna en este recurso el acuerdo del Consejo de Ministros en virtud del cual se denegó la solicitud de indulto parcial de la pena privativa de libertad de tres años de duración que había sido impuesta. La cuestión polémica sobre la que gira la controversia en este recurso se contrae a determinar si toda denegación de indulto por el Consejo de Ministros debe ser o no motivada expresamente. Esta Sala se ha pronunciado ya en múltiples ocasiones acerca de la inexigibilidad de motivación en las denegaciones de indulto, pudiendo citarse en este sentido, entre otras, las SSTS de 30 de enero de 2014 (recurso directo 407/2012), 6 de junio de 2014 (recurso 159/2013), entre otras muchas. Conviene recordar a este respecto que en estas sentencias -y, singularmente, en la STS nº 134/2020- concretaba el TS la doctrina jurisprudencial aplicable en estos casos del siguiente modo: 1) El control no puede afectar a los defectos de motivación; 2) Sólo alcanza a los elementos reglados del procedimiento (incluidos los informes preceptivos y no vinculantes a los que alude la Ley de Indulto); 3) No se extiende a la valoración de los requisitos de carácter sustantivo. Por estas razones se desestima el recurso.
Resumen: Admisión. Energía. Financiación del bono social. Incongruencia por error. Competencias CNMC/Ministerio de Industria, Energía y Turismo (actualmente, en lo que ahora interesa, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico) para el reconocimiento de retribución en el sector eléctrico. La cuestión planteada en el recurso que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en determinar si se ha producido la incongruencia por error denunciada y subsiguientemente precisar si corresponde a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o al Ministerio de Industria, Energía y Turismo (actualmente, en lo que ahora interesa, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico) la potestad de reconocimiento de retribución en el sector eléctrico, y, en concreto, la potestad para resolver una solicitud de reintegro presentada como consecuencia de la declaración de inaplicabilidad del mecanismo de financiación del bono social.
Resumen: La Sala estima parcialmente el recurso. Declara nulos el artículo 6, apartado 3º, párrafo 5º, parágrafos c) y d) del mencionado Real Decreto, así como los apartados 4b.9; 5b.2, 6b-24- 25 y 26 del PRECAT20 que en el mismo se aprueba. Conforme a la delimitación constitucional de la competencia y por lo que se refiere a la responsabilidad ampliada, es indudable que la incidencia que la determinación de este tipo de obligaciones específicas, que exceden de las generales que se imponen a todos los gestores de residuos, debe estimarse incardinada en esa competencia estatal, lo cual justifica que se reserve su imposición a la normativa básica o, si se quiere, que se deban imponer por Real Decreto aprobado en Consejo de Ministros, sin que pueda la legislación autonómica imponerlas bajo la habilitación de normas adicionales de protección. Por tanto. ha de estimarse que la exigencia competencial afecta al mismo contenido de la responsabilidad ampliada ya establecida. En relación con el debate suscitado por las partes en orden a la nulidad de la norma reglamentaria impugnada por defectos formales, la doctrina general que rige en nuestro Derecho, acogida por la jurisprudencia, es que los vicios de forma solo son relevantes cuando trascienden en la decisión final, como para los actos administrativos se impone en el artículo 47.1º.c) de la de la Ley 30/92. No cabe acoger la denuncia de arbitrariedad.
