Resumen: La demanda que se dirigió contra una compañía aseguradora pretendiendo el cobro del capital garantizado mediante un contrato particular entre actora y la referida aseguradora para el supuesto de que un accidente le provocase una incapacidad permanente total para la profesión habitual. Se trata, en este caso, de una relación contractual propia del ámbito civil y totalmente ajena al origen laboral de las lesiones sufridas por la actora y a la relación laboral mantenida entre esta y su empresa, relación contractual entre aseguradora y persona tomadora y asegurada propia del derecho común que no está comprendida como objeto de conocimiento del ámbito jurisdiccional social contemplado en el art. 2 LRJS, lo que conduce a resolver el conflicto atribuyendo su conocimiento al orden civil de la jurisdicción.
Resumen: Se desestima la excepción de falta de legitimación pasiva en relación a un producto que ha reconocido como propio y respecto del que ha ejercido la demandada las funciones propias de un contratante. Aunque no se fija exactamente la cuantía en la demanda no faltan las bases para concretar, mediante una simple operación aritmética el importe resultante, porque estas bases las proporciona, precisamente, la propia legislación de represión de la usura. Sobre la prescripción de la pretensión de restitución, la usura implica nulidad de pleno derecho -"radical, absoluta y originaria"-, siendo el efecto de tal nulidad el determinado por la Ley de Usura. No se aplica la prescripción porque colisiona con el objetivo legal de la usura que no se vincula a una reclamación autónoma de intereses remuneratorios. Pero se estima el recurso en cuanto no se aprecia usura ya que no hay información de la que deducir un TAE superior en seis puntos al fijado por el Banco de España para el año 2010.
Resumen: No estamos ante un supuesto de concurrencia de culpas, sino ante un caso de incertidumbre causal. Existiría concurrencia de culpas si la prueba practicada hubiera puesto de manifiesto un actuar negligente de los conductores de ambos vehículos y no fuera posible determinar en qué medida o en qué porcentaje ese actuar negligente había incidido en la producción del accidente, o también si ninguno de ellos hubiera logrado probar su faltade culpa o de negligencia. Pero cuando lo que sucede es, como en este caso, que se desconoce la causa del accidente, esto es, quien rebasó el semáforo en rojo, no podemos hablar de concurrencia de culpas sino de incertidumbre causal, que tiene una respuesta jurídica diferente que debe ser aplicada ahora en aplicación del principio iura novit curia. En consecuencia, cada conductor y su aseguradora deberá responder del 100% de los daños personales causados al contrario y del 50% de los daños materiales.
Resumen: Se solicita la resolución del contrato de compraventa de vivienda en construcción. Desestimada la demanda recurren los actores. Estos firmaron un acuerdo de reserva de compraventa de una vivienda a construir entregando diversas cantidades. Posteriormente firmaron el contrato de compraventa, obligándose la vendedora a iniciar la construcción en el plazo de 30 días desde la obtención de la licencia de construcción. Los actores indican que perdieron la confianza en la vendedora, por la demora en obtener la licencia y al no realizar avales bancarios de garantía sobre las cantidades entregadas a cuenta, solicitando la resolución, La demandada se opone, alegando que la LOEF no resultaba de aplicación a este supuesto, al no haber obtenido la licencia de edificación, no siendo obligatorio en tal caso la realización de avales bancarios, y que la demora era lógica en la obtención de la licencia. La Sala indica que la ausencia de un plazo concreto para el cumplimiento de las obligaciones no puede determinar la posibilidad de que el mismo quede al arbitrio de una sola de las partes. No obstante, la Sala considera que no se ha producido un retraso tan considerable que justifique resolución del contrato. En cuanto a la falta de aval, si bien ello constituye un incumplimiento grave, no obstante se ha acreditado que la entrega de las cantidades fue previa a la concesión de la licencia de obras, por lo que la demandada no tenía la obligación de obtener el aval.
Resumen: La Audiencia aplica la más reciente Jurisprudencia sobre el interés remuneratorio en tarjetas de crédito revolving. El contrato de tarjeta de crédito se firmó en mayo del 2015, y no existe una diferencia de más del 6% respecto del TEDR de ese mes (21,23%) publicado por el Banco de España. Dado que era obligación de la entidad financiera demandada el haber facilitado al demandante información suficiente, adecuada y comprensible, no solo sobre el tipo de interés remuneratorio aplicable a las operaciones a crédito sino también sobre el funcionamiento del sistema de amortización conocido como "revolving", la Audiencia considera que existe falta de transparencia y declara la nulidad del contrato considerando que las cláusulas afectadas son abusivas. Y establece los términos del proceso de liquidación de la deuda.
Resumen: Tarjeta de crédito «revolving». Carácter usurario del interés pactado conforme a la sentencia 258/2023, de 15 de febrero. El juicio sobre el carácter usurario del interés remuneratorio convenido en el contrato de tarjeta de crédito en la modalidad revolving ha de hacerse tomando como interés convenido de referencia el TAE. La comparación debe hacerse respecto del interés medio aplicable a las operaciones de crédito mediante tarjetas de crédito revolving. La jurisprudencia acude a la información publicada en el boletín estadístico del Banco de España en junio de 2010 para esa categoría y así saber cuál era el interés medio en aquel momento en que se concertó el contrato litigioso. El índice analizado por el Banco de España en esos boletines estadísticos no es la TAE, sino el TEDR, que equivale a la TAE sin comisiones. En los contratos posteriores a junio de 2010, se puede seguir acudiendo al boletín estadístico del Banco de España, y al mismo tiempo permitir que el índice publicado se complemente con lo que correspondería a la vista de las comisiones generalmente aplicadas por las entidades financieras. A continuación debe determinarse en qué porcentaje puede superarse el tipo TAE contractual para que se considere un interés notablemente superior al normal del dinero. Los interés convenidos deben superar los 6 puntos porcentuales del que era común en el mercando para las tarjetas de crédito revolving. En el caso, el interés pactado no supera el interés normal del dinero.
Resumen: Demanda sobre nulidad de contrato de tarjeta de crédito revolving. Las sentencias de primera y segunda instancia consideraron que el interés pactado en el contrato era usurario. Recurre en casación la entidad demandada y la sala estima el recurso. Declara la sala que, en este caso, el contrato de tarjeta de crédito es del año 2007, fecha anterior a la publicación de las estadísticas del Banco de España con un desglose especifico de los datos sobre interés promedio de tarjetas de crédito de pago aplazado y revolving. Por tanto, la comparación deberá establecerse con los datos que aparecen en esas estadísticas más próximas a la fecha de contratación de la tarjeta, que son las del año 2010; el tipo medio TEDR del año 2010 estaba en el 19,32%, del que se parte de forma orientativa, con la corrección oportuna para adecuarlo a la TAE (entre 20 y 30 centésimas); el interés de la tarjeta de crédito de pago aplazado contratada era el 17,90% TAE; por tanto, más bajo que el promedio, pues el interés promedio, con las correcciones de adecuación TAE, estaría entre el 19,52 y el 19,62%. Por consiguiente, conforme la jurisprudencia de la sala, el interés estipulado no es "notablemente superior al interés normal del dinero". Se estima el recurso y se casa la sentencia recurrida, lo que determina la desestimación de la demanda.
Resumen: La Audiencia considera que, a la luz de la Jurisprudencia más reciente, partiendo de un TEDR publicado para el 2016 de 20,84%, la TAE estipulada en el contrato, 25,31%, no excede de los seis puntos porcentuales que ésta refleja. El resultado no se altera si se toma el TEDR publicado para agosto de 2016, mes de la contratación, un 21,11%, superior, incluso, al general del año 2016. Resalta que, conste lo que conste en la documental, la TAE que ha de tomarse en consideración es la realmente aplicada. Entrando en la pretensión subsidiaria, la Audiencia señala que el adherente consumidor conoció las condiciones generales del contrato al tiempo de la contratación. Las condiciones están firmadas en todas y cada una de las páginas del contrato. Lo que llena el requisito de la incorporación. Y, en cuanto a su transparencia, el criterio de la Audiencia es que a expresión de la TAE en un contrato de préstamo permite a un consumidor medio, normalmente informado, y razonablemente atento y perspicaz, comprender la carga económica que asume con la suscripción del contrato. No es necesario que el consumidor comprenda la fórmula matemática para su cálculo, basta que conozca cual es el coste del aplazamiento ya que está en condiciones de comprender el sistema "revolving". Que que no conste la duración del préstamo no afecta a su transparencia. La cláusula de reclamación de cuota, por el contrario, no lo es. Y no condena en costas por ser la estimación parcial.
Resumen: La Audiencia, como hizo el Juzgado, utiliza las estadísticas del Banco de España y comprueba que el TEDR del año 2015 es el 21,13%. Tras resaltar que el recurso es anterior a la STS 258/2023, de 15 de febrero, y a la STS 628/2023, también de 23 de febrero, recuerda el concepto jurisprudencial de "interés notablemente superior al interés del dinero", que la Sala Primera ha ido reflejando en sus sentencias, y señala que, en la mayor parte de los casos, bastará con confrontar el TEDR con la TAE convenida, de modo que si la diferencia entre uno y otra es inferior a 6 puntos, el préstamo no será usurario, y si lo es netamente superior, será usurario. En el resto de los casos, cuando la TAE convenida supere ese diferencial ligeramente, habrá que realizar otra operación: sumar al TEDR las comisiones generalmente aplicadas para ver si, finalmente, se superan, o no, los 6 puntos porcentuales. Antes del año 2010 serán "las comisiones generalmente aplicadas", salvo en los revolving, que habrá de partirse de una TAE del 19,32 % a la que habrá de sumarse entre 20 y 30 centésimas. La falta de prueba de esas comisiones perjudicará a quien debía practicarla, la demandada.
Resumen: Partiendo de que el contrato se firmó en 2016 y de que se trataba de una tarjeta de crédito revolving, la Audiencia rechaza que haya de valorarse el "precio de mercado" propuesto por la recurrente, basado en un informe pericial, y acude, de acuerdo con la Jurisprudencia más reciente, a las estadísticas del Banco de España. El contrato de tarjeta de crédito mediante sistema revolving, suscrito el 23 de diciembre de 2016, refleja un interés remuneratorio superior en 6,60 puntos al tipo de referencia a tomar como interés normal del dinero para el año 2016 para las tarjetas revolving, que era del 20,84 % conforme a esas estadísticas. Resulta, pues, usurario.
