• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA DE LOS ANGELES PARRA LUCAN
  • Nº Recurso: 454/2018
  • Fecha: 08/03/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Para superar el control de transparencia no solo es necesario que las cláusulas estén redactadas de forma clara y comprensible, sino también que el adherente pueda tener un conocimiento real de las mismas, de forma que un consumidor informado pueda prever, sobre la base de criterios comprensibles, la carga jurídica y económica del contrato. La valoración jurídica de la Audiencia, que consideró superado el control de transparencia porque la cláusula era gramaticalmente clara y porque el notario hizo mención a ella, vulnera la doctrina de la Sala 1ª, por lo que se estima el recurso de casación. En cuanto a la escritura pública, no basta con la simple claridad gramatical. En el presente caso, la cláusula no estaba resaltada en modo alguno y no consta ninguna información previa. Es fundamental para el consumidor disponer, antes de la celebración de un contrato, de información sobre las condiciones contractuales y las consecuencias de dicha celebración. La falta de transparencia no supone necesariamente que las condiciones generales sean desequilibradas, pero ese desequilibrio sí concurre en las cláusulas suelo. El banco demandado no se ha opuesto al recurso, y lo solicitado en él se corresponde con la doctrina del TJUE (sentencia Gutiérrez Naranjo), por lo que se le condena a devolver lo indebidamente cobrado desde la firma del préstamo, más los intereses legales desde la fecha de cada cobro.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: IGNACIO SANCHO GARGALLO
  • Nº Recurso: 1092/2018
  • Fecha: 04/03/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Demanda en reclamación de daños y perjuicios por incumplimiento de las obligaciones legales de asesoramiento e información en la comercialización de subordinadas. La sentencia de primera instancia estimó parcialmente la demanda y la audiencia la revocó, en el sentido de no descontar de la indemnización los rendimientos obtenidos por el cliente demandante y no imponer las costas por apreciar serias dudas de derecho. Interpuesto recurso de casación por la entidad bancaria, la sala estima el mismo en el sentido de considerar que en toda relación obligacional se generan un daño -por el incumplimiento de la otra parte- y una ventaja -la percepción de unos rendimientos económicos-, que han de compensarse unos con otros a fin de que el contratante cumplidor no quede en una situación más ventajosa con el incumplimiento que con el cumplimiento; por ello, del montante indemnizatorio han de descontarse los rendimientos del producto financiero obtenidos por el cliente. La estimación de la casación comporta la confirmación de la sentencia de primera instancia.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: PEDRO JOSE VELA TORRES
  • Nº Recurso: 1082/2018
  • Fecha: 03/03/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Acción directa del transportista frente al cargador principal. En primera instancia se estimó la demanda al considerar que era procedente la acción directa frente al cargador principal, aunque éste hubiera pagado al contratista porque cumple una función de garantía. La Audiencia estimó el recurso y desestimó la demanda al estimar que la acción directa del transportista efectivo es una modalidad de la acción directa del contrato de obra del CC, por lo que si el dueño ha pagado no cabe reclamación en su contra. La demandante interpone recurso de casación en el que alega que el pago hecho por el cargador principal al transportista intermedio no libera al cargador principal si no han sido pagados todos los intervinientes en la cadena de subcontratación. La sala estima el recurso reiterando la jurisprudencia sobre la acción directa del transportista efectivo contra el cargador y los intervinientes en la cadena subcontratación SSTS 644/2017 de 24 de noviembre y 248/2019 de 6 de mayo. En esta modalidad de acción directa, propia del contrato de transporte, no opera la limitación de que únicamente pudiera reclamarse lo que el cargador principal adeudara al intermediario así como que la finalidad de la norma era conceder una garantía en favor de los transportistas finales y subcontratistas intermedios, como parte económicamente más débil de la cadena transporte. El porteador efectivo puede reclamar al cargador el precio del transporte aunque este ya haya pagado al porteador.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: IGNACIO SANCHO GARGALLO
  • Nº Recurso: 3281/2018
  • Fecha: 02/03/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El crédito de la entidad que, en virtud del art. 42.2 ET, paga un crédito concursal salarial que una trabajadora tenía frente a la concursada (concesionaria de la prestación de unos servicios), tiene la consideración de crédito concursal, aunque el pago hubiera sido realizado después de la declaración de concurso. Desde el punto de vista del tratamiento de los créditos dentro del concurso, el derecho del Patronato a resarcirse frente a la concursada de los importes satisfechos no supone un nuevo crédito nacido después del concurso, sino la sustitución de este garante en la titularidad del crédito ya existente, que conserva su naturaleza concursal. La categoría de créditos contra la masa debe ser objeto de una interpretación restrictiva. La jurisprudencia ha concedido el mismo tratamiento a la acción del garante frente al concursado, sea la acción subrogatoria o la de reembolso. Esta doctrina es también aplicable a este caso, en que el garante que, después de la declaración de concurso, pagó un crédito salarial concursal, había asumido esa condición de garante por prescripción legal. La obligación frente al trabajador, al margen de cuándo surgiera su exigibilidad, nace con el nacimiento de las obligaciones salariales bajo las condiciones en que el art. 42.2 ET le atribuía la responsabilidad solidaria. El crédito concursal sigue siendo el mismo, aunque cambie el titular con derecho a reclamarlo.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE LUIS SEOANE SPIEGELBERG
  • Nº Recurso: 2986/2018
  • Fecha: 02/03/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Reclamación indemnizatoria derivada de accidente de circulación que ocasionó daños materiales y personales; la entidad aseguradora demandada no discute la realidad del siniestro ni la cobertura del seguro, por lo que únicamente se discute la cuantía de la indemnización. La sentencia de primera instancia estimó en parte la demanda rechazando la aplicación de los intereses de demora del art. 20 LCS y la audiencia la confirmó. Recurre en casación la parte demandante y la sala estima el recurso. La sala concluye que en este caso, no concurre causa justificada, al amparo del art. 20.8 de la LCS, que justifique la pasividad de la demandada en la liquidación del siniestro, cuando no cuestiona su realidad, tampoco la responsabilidad de la conductora asegurada, ni la existencia de cobertura derivada del seguro obligatorio de la circulación suscrito con la causante del daño; añade que la demandada tan solo discrepa de la cuantía de la indemnización postulada en la demanda, lo que no es causa justificada conforme una reiterada jurisprudencia para evitar la aplicación de los referidos intereses. La estimación de la casación comporta la estimación parcial de la apelación.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: IGNACIO SANCHO GARGALLO
  • Nº Recurso: 3257/2018
  • Fecha: 02/03/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Determinación de si un crédito es concursal o contra la masa. El crédito de la entidad que, en virtud del art. 42.2 ET, paga un crédito concursal salarial que una trabajadora tenía frente a la concursada (concesionaria de la prestación de unos servicios), tiene la consideración de crédito concursal, aunque el pago hubiera sido realizado después de la declaración de concurso. Desde el punto de vista del tratamiento de los créditos dentro del concurso, el derecho del Patronato a resarcirse frente a la concursada de los importes satisfechos no supone un nuevo crédito nacido después del concurso, sino la sustitución de este garante en la titularidad del crédito ya existente, que conserva su naturaleza concursal. La categoría de créditos contra la masa debe ser objeto de una interpretación restrictiva. La jurisprudencia ha concedido el mismo tratamiento a la acción del garante frente al concursado, sea la acción subrogatoria o la de reembolso. Esta doctrina es también aplicable a este caso, en que el garante que, después de la declaración de concurso, pagó un crédito salarial concursal, había asumido esa condición de garante por prescripción legal. La obligación frente al trabajador, al margen de cuándo surgiera su exigibilidad, nace con el nacimiento de las obligaciones salariales bajo las condiciones en que el art. 42.2 ET le atribuía la responsabilidad solidaria. El crédito concursal sigue siendo el mismo, aunque cambie el titular con derecho a reclamarlo.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: PEDRO JOSE VELA TORRES
  • Nº Recurso: 3273/2018
  • Fecha: 02/03/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Reiteración de doctrina sobre la acción directa del transportista efectivo frente al cargador principal cuando el porteador intermedio ha sido declarado en concurso. La acción directa del transportista efectivo (DA 6ª de la Ley 9/2013 de modificación de la LOTT) tiene un alcance mayor que la acción del art. 1597 CC y constituye una norma propia y específica del contrato de transporte terrestre; no es solo una acción directa tradicional, sino también una modalidad de garantía de pago suplementaria que puede ser reclamada con independencia de que el porteador principal hubiera o no satisfecho el porte al intermediario. La regulación legal de esta acción directa no contiene ninguna previsión que excepcione su aplicación en caso de concurso del porteador intermedio; los arts. 50.3 º y 51 bis.2 LC solo se refieren a la acción directa del art. 1597 CC, que es una acción diferente y que cumple otro fin. Si el cargador ha pagado al concursado, la acción directa queda al margen del proceso concursal; y si no ha pagado, tampoco afecta al concurso, pues la acción se dirige contra el garante ex lege de la deuda. Por ello, se desestima el recurso de casación, pues la declaración de concurso del porteador intermedio no impide el ejercicio de la acción directa del porteador efectivo frente al cargador principal y resulta improcedente hacer ningún pronunciamiento sobre la clasificación de un crédito en procedimiento distinto al concurso.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FRANCISCO MARIN CASTAN
  • Nº Recurso: 2178/2018
  • Fecha: 01/03/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Recurso de casación admisible: correcta identificación del problema jurídico planteado, exposición adecuada desde el respeto a los hechos probados y se cita la norma sustantiva aplicable a la controversia, permitiendo a la parte recurrida oponerse al recurso. Deber del asegurado de declarar el riesgo. Doctrina jurisprudencial: deber de contestación a las preguntas del asegurador, sobre el que recaen las consecuencias por su no presentación o por la presentación incompleta, genérica o ambigua; el asegurado no puede justificar el incumplimiento de su deber por el hecho de que el cuestionario sea cumplimentado materialmente por el personal de la aseguradora, si está probado que el asegurado proporcionó las respuestas (la constancia en el cuestionario de dos datos de carácter personal, como el peso y la altura del asegurado, se consideran indicios de que el cuestionario se cumplimentó con sus respuestas); no se exige forma especial; las preguntas han de permitir al asegurado ser consciente de que, al no mencionar sus patologías, está ocultando datos relevantes para la exacta valoración del riesgo y causalmente relacionados con el siniestro. Lo relevante no es la mera inexactitud en las respuestas del asegurado sino el dolo o la culpa grave. Relevancia de la relación causal entre el dato omitido y el riesgo cubierto (juicio de probabilidad cualificada). Requisitos para apreciar el incumplimiento del deber de declaración leal.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA DE LOS ANGELES PARRA LUCAN
  • Nº Recurso: 2934/2018
  • Fecha: 24/02/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Cláusula que, en un seguro de defensa jurídica contratado como garantía adicional de un seguro de automóvil, fija en 600 € el límite de cobertura de la defensa jurídica en caso de libre designación de profesionales. Diferencia, a estos efectos, entre el seguro de responsabilidad civil, en el que no es posible la libre designación de profesionales (salvo pacto en contrario, conflicto de intereses o pasividad de la aseguradora), y el de defensa jurídica, cuyo contenido propio es precisamente la libre designación de profesionales. Aunque la cláusula que fija la cuantía máxima de la cobertura de defensa jurídica puede calificarse como delimitadora, en atención a las circunstancias será limitativa, incluso lesiva, si fija unos límites notoriamente insuficientes. Se aplica la jurisprudencia del TJUE, que se basa en el principio de mayor efectividad del derecho de elección del perjudicado. El que la cobertura de defensa jurídica se incluya como adicional de un seguro de responsabilidad civil no le priva de su propio objeto. La fijación de una cuantía tan reducida que hace ilusoria la libre elección de los profesionales, como es el caso, equivale en la práctica a vaciar de contenido la propia cobertura que dice ofrecer la póliza, aunque cumpla los requisitos del art. 3 LCS, y es una cláusula lesiva. La falta de determinación de la parte de la prima que corresponde a la cobertura de defensa jurídica es imputable a la aseguradora. Se estima el recurso de casación.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: RAFAEL SARAZA JIMENA
  • Nº Recurso: 3779/2017
  • Fecha: 23/02/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Demanda de nulidad del clausulado del préstamo referido a las divisas, por error vicio y por su carácter abusivo y por falta de transparencia; se realizan peticiones subsidiarias a aquellas. En primera instancia se declaró nulidad de tales cláusulas por error vicio en el consentimiento. Apelada por el banco, la Audiencia estimó el recurso por considerar que no concurrió error vicio y entró a resolver sobre el resto de los motivos alegados y desestimó la nulidad por abusividad de las cláusulas relativas a las divisas. También desestimó el resto de pretensiones formuladas con carácter subsidiario. Recurrida en casación por los demandantes, la sala rechaza las infracciones de la Ley del Mercado de Valores toda vez que conforme a las SSTS 608/2017 de 15 de noviembre, 439/2019 de 17 de julio y 486/2020 de 22 de septiembre el préstamo hipotecario en divisas no es un instrumento financiero regulado por dicha ley. Estima que las cláusulas relativas a las divisas en el contrato de préstamo hipotecario celebrado por las partes son condiciones generales de la contratación según STS 599/2018 de 31 de octubre, no eran transparentes y que el banco no ofreció la información precontractual suficiente y adecuada sobre la naturaleza y riesgos del producto comercializado. Cita STS 486/2020 de 22 de septiembre.

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