Resumen: La sentencia de primera instancia consideró que las lesiones que padeció la actora se debieron a a un defectuoso ajuste de la potencia del equipo empleado con ocasión de una de las sesiones. La condena contempla una indemnización correspondiente a los días empleados para la curación de las lesiones, calculada conforme al baremo de accidentes de tráfico, y daño moral. La relación que une a las partes es un contrato de arrendamiento de servicios, pero puesto que vincula a un empresario y un consumidor la carga de la prueba de que no ha habido mala praxis se invierte y pesa sobre el empresario demandado. La cliente había sido informada de los riesgos de la fotodepilación, pero la prueba revela que en la sesión en que se ocasionaron las lesiones se habían realizado cambios en el cabezal de la máquina y la clienta se quejó de dolor durante el tratamiento, tras el que apareció la reacción inflamatoria y quemaduras de primer grado en las zonas tratadas. Así las cosas, la sala considera que la demandada no ha probado haber actuado con la diligencia debida para evitar el daño. Daño moral: no procede cuando ya se encuentra cubierto con la indemnización por días de perjuicio personal básico calculada conforme al baremo de accidentes de tráfico.
Resumen: El contrato de arrendamiento de servicios de vigilancia y alarma es un contrato de medios que exige la realización de la actividad con la diligencia propia de un profesional del sector, sin que garantice el resultado. Cuando el contrato prevé que el servicio sea para la utilización de su centro de control, recepción y monitorización de las señales de alarma de seguridad, el profesional viene obligado a detectarlas y a informar de ellas y también debe comprobar la operatividad del dispositivo de trasmisión y su adecuación a normativa, suponiendo falta de diligencia la aceptación por la empresa de seguridad de la ubicación de la centralita, cuando el lugar elegido, muy próximo a la puerta de entrada, es inadecuado pues facilita su inhabilitación, imponiendo un actuar diligente la exigencia del cambio de ubicación y de otra forma se declara su responsabilidad con la consiguiente obligación de satisfacer indemnización por los daños y perjuicios causados.
Resumen: La demandada como correduría de seguros gestionaba el aseguramiento de la flota de vehículos de las actoras en virtud de un contrato de mediación de seguros y se pactó un precio fijo y unas variables. Se alega incumplimiento de la demandada y en concreto respecto de la remuneración se dice pactada una cuota fija, teniendo prohibido percibir comisiones de las aseguradoras, pues eso incrementa el coste de la prima y la ley obliga a comunicar esa doble retribución y analizada la prueba se observa que en el contrato inicial se pacta la percepción de unos honorarios fijos sin que pudiera percibir comisión, si bien por la prueba practicada consta que hubo una modificación sustancial de la relación entre las partes que supuso la supresión de la prohibición, por lo que la resolución anticipada basada en ese incumplimiento no está justificada, siendo procedente la indemnización solicitada en reconvención, concretada en sentencia y no cuestionada en apelación.
Resumen: Adquisición de acciones del Banco Popular. Acción de indemnización de daños y perjuicios por incumplimiento de las obligaciones de información que contempla la Ley del Mercado de Valores. Recurre el banco demandado. Modificación en el orden de resolución de los recursos. La sala estima el recurso de casación. El ejercicio de esta acción está condicionado por una circunstancia previa que afecta a la propia existencia de la acción, que ha sido negada por STJUE de 5 de mayo de 2022 (C-410/20). Según esta sentencia, la Directiva 2014/59 se opone a que, con posterioridad a la amortización total de las acciones de una entidad de crédito objeto de un proceso de resolución, como fue el caso del Banco Popular, quienes hayan adquirido acciones en el marco de una OPS, emitida antes del inicio del proceso de resolución, ejerciten acciones de responsabilidad por folleto o acciones de nulidad del contrato de suscripción de acciones que, habida cuenta de sus efectos retroactivos, conllevan efectos restitutorios. Con ello desaparece el presupuesto esencial de la acción ejercitada en la demanda. Estas circunstancias privan a las pretensiones de la demandante del fundamento que hubieran podido tener si no se hubiera producido la resolución del banco, ya que la sala debe aplicar la doctrina del TJUE, que tiene carácter vinculante. No procede la imposición de las costas procesales ya que la situación creada es equivalente, a estos efectos, a la carencia sobrevenida de objeto
Resumen: La STJUE de 5 de mayo de 2022 ha resuelto que la Directiva 2014/59/UE se opone a que, con posterioridad a la amortización total de las acciones de una entidad de crédito objeto de un proceso de resolución, como fue el caso del Banco Popular, quienes hayan adquirido acciones en el marco de una OPS, emitida antes del inicio del proceso de resolución, ejerciten acciones de responsabilidad por folleto o acciones de nulidad del contrato de suscripción de acciones que, habida cuenta de sus efectos retroactivos, conllevan efectos restitutorios. El presupuesto de las acciones ejercitadas en la demanda ha desaparecido a raíz de la sentencia. Estas circunstancias privan a las pretensiones de la entidad demandante del fundamento que hubieran podido tener si no se hubiera producido la resolución del banco, ya que esta sala debe aplicar la doctrina del TJUE, que tiene carácter vinculante, de modo que tales pretensiones nunca podrían ser estimadas. No procede la imposición de las costas procesales en ninguna de las instancias ni en el trámite casacional, ya que la situación creada es equivalente, a estos efectos, a la carencia sobrevenida de objeto.
Resumen: Se recurre sentencia que estima parcialmente la demanda declarando la existencia de responsabilidad de la parte demandada por error en el diagnostico, tratamiento y defectuosa información proporcionada al actor derivado todo ello de una indebida exploración que detectara la real patología padecida. El Tribunal, valorando nuevamente las pruebas practicadas confirma que además de la defectuosa información facilitada al paciente, la ausencia o insuficiente exploración motivó el error de diagnóstico, pues de la pericial se deduce claramente que de haberse producido, hubiera apreciado la necesidad de esa intervención y no de la erróneamente practicada. Respecto de la valoración del daño, la sentencia apelada excluye de la indemnización varios conceptos, revisándose nuevamente la prueba practicada pues a pesar de alegar la contraria la imposibilidad de hacerlo, es una de las funciones del Tribunal de apelación cuando se alega, como en este caso, errónea valoración de la prueba, siendo carga de la parte actora probar la existencia de lesiones, secuelas y su extensión y en este caso no se acreditan las secuelas por las que reclama indemnización. No es valorable el estado preexistente a la intervención quirúrgica como perjuicio estético, pues solo es indemnizable el defectuoso resultado. La indemnización por la nueva intervención quirúrgica se incluye como perjuicio personal particular y según cuantía del baremo.
Resumen: La sentencia desestima el recurso de apelación interpuesto por la deudora y confirma la sentencia desestimatoria de instancia de la demanda al compartir el criterio el que la inscripción en el registro se ajusto a los presupuestos legales, tanto en relación con la deuda , como con la suficiencia del método elegido para efectuar el requerimiento previo.
Resumen: Adquisición de acciones de Banco Popular. Falta de acción en aplicación de la doctrina del TJUE contenida en la sentencia de 5 de mayo de 2022 (C-410/20), que ha resuelto que la Directiva 2014/59/UE se opone a que, con posterioridad a la amortización total de las acciones de una entidad de crédito objeto de un proceso de resolución, como fue el caso del Banco Popular, quienes hayan adquirido acciones en el marco de una OPS, emitida antes del inicio del proceso de resolución, ejerciten acciones de responsabilidad por el folleto o acciones de nulidad del contrato de suscripción de acciones que, habida cuenta de sus efectos retroactivos, conllevan efectos restitutorios. El presupuesto de las acciones ejercitadas ha desaparecido a raíz de la sentencia, ya que la sala debe aplicar la doctrina del TJUE, que tiene carácter vinculante de modo que la pretensión nunca podría ser estimada. No procede la imposición de las costas procesales en ninguna de las instancias ni en casación, ya que la situación creada es equivalente a la carencia sobrevenida de objeto.
Resumen: Adquisición de acciones del Banco Popular. La STJUE de 5 de mayo de 2022 (asunto C-410/20) ha resuelto que la Directiva 2014/59/UE se opone a que, con posterioridad a la amortización total de las acciones de una entidad de crédito objeto de un proceso de resolución, como fue el caso del Banco Popular, quienes hayan adquirido acciones en el marco de una OPS, emitida antes del inicio del proceso de resolución, ejerciten acciones de responsabilidad por folleto o acciones de nulidad del contrato de suscripción de acciones que, habida cuenta de sus efectos retroactivos, conllevan efectos restitutorios. La demanda formulada se basaba en el presupuesto de que los accionistas del Banco Popular podían hacer valer las pretensiones cuyo ejercicio ha excluido ahora el TJUE. Por ello el presupuesto de las acciones ejercitadas ha desaparecido a raíz de la sentencia. Estas circunstancias privan a las pretensiones de la demandante del fundamento que hubieran podido tener ya que la sala debe aplicar la doctrina del TJUE que tiene carácter vinculante, de modo que tales pretensiones nunca podrían ser estimadas. No procede la imposición de costas ya que la situación creada es equivalente a la carencia sobrevenida de objeto.
Resumen: Se planteó demanda por incumplimiento por parte del pacto de no competencia y confidencialidad post-contractual en contrato de franquicia. La parte demandada se opuso y formuló reconvención. La sentencia de primera instancia estimó la demanda y desestimó la reconvención. La demandada recurrió y la sentencia de la Audiencia revocó en el sentido de desestimar la demanda y estimar la reconvención, anulando el contrato por fijación unilateral de precios sin garantizar el margen comercial de la franquiciada. Recurrió la demandante en casación y se estimó el recurso, porque la franquiciada consintió al suscribir el contrato y durante la vigencia de la relación contractual la fijación de precios y nada opuso sobre dicha cuestión hasta que sus discrepancias económicas con el franquiciador dieron lugar a la ruptura de dicha relación. En estos casos no es aplicable el art. 1306.2 CC , sino el art. 1303 CC , porque la causa de nulidad apreciada no tiene la condición de torpe, en su sentido estricto de inmoral, ni ha existido un propósito dañino o malicioso por parte de la franquiciante. Aplica la doctrina de las SSTS 567/2009, de 30 de julio, y 587/2021, de 28 de julio, la aplicación de la normativa del art. 1.306 CC con el efecto de "dejar las cosas como están" sería claramente injusta, y máxime si se tiene en cuenta que a ambas partes les es imputable en la misma medida consensual la consignación de la cláusula, y conllevaría un claro enriquecimiento injusto para una de ellas.
