Resumen: La sentencia analizada resuelve recurso de apelación interpuesto contra la dictada en primera instancia, que estimó la demanda presentada para solicitar la nulidad de la cláusula de repercusión de gastos al prestatario y la condena a restituir los satisfechos por el demandante: notaría, registro, gestoría y prima del seguro de indemnización por incumplimiento. La parte demanda interpuso recurso de apelación con dos motivos: improcedencia de la condena a devolver la prima de seguro de indemnización por incumplimiento e improcedencia de la condena al pago de las costas. El tribunal de apelación desestima el recurso de apelación: A) En relación con el seguro de crédito, porque es un gasto de cargo de la entidad prestamista, que es quien refuerza para sí la garantía que le permite titulizar el préstamo. B) En relación con las costas procesales: el principio de efectividad de la Unión Europea se opone a un régimen que permite que el consumidor cargue con una parte de las costas procesales en función del importe de las cantidades indebidamente pagadas que le son restituidas a raíz de la declaración de la nulidad de una cláusula contractual por tener carácter abusivo.
Resumen: Formulada demanda en la que por vía de acción directa se entabla acción de culpa extracontractual contra la aseguradora en reclamación de indemnización por lesiones originadas en accidente de circulación responsabilidad del asegurado en la demandada acontecido en el interior de un parking, se dictó sentencia que desestima la demanda al considerar que no ha quedado acreditada la relación causal al no haber tenido la colisión intensidad suficiente para causar lesiones. La sentencia de apelación, que la revoca y estima en parte la demanda entiende que el nexo entre las lesiones y la colisión queda acreditado por los informes médicos de la asistencia en urgencias el día del accidente con diagnostico de latigazo cervical, informes de seguimiento e informe de alta pero que no queda probada la existencia de secuelas para lo que no es suficiente la sola referencia de padecimiento de algia al facultativo.
Resumen: Reclamación de cantidad por entidad aseguradora por los daños sufridos por su asegurado en su vivienda debido a una sobretensión en línea de suministro de electricidad. Estimada la demanda recurre la demandada alegando error en la valoración de la prueba en concreto que la vivienda afectada por la interrupción del suministro eléctrico no disponía de elementos de protección frente a sobretensiones, lo que se rechaza pues en este caso la acometida eléctrica es soterrada, no aérea, según se infiere del peritaje de la parte actora, circunstancia ésta que no ha sido tenido en cuenta en el peritaje de la demandada, por lo que en estos casos decae la obligatoriedad de la instalación de sistemas de protección, que no obstante, la demandada, al aprobar la instalación eléctrica, debió advertir, en su caso, de la necesidad de instalación de estos dispositivos. Impugna el apelante la valoración de los daños, al alegar que no se ha tenido en cuenta la depreciación en los elementos dañados. El propio perito de la aseguradora actora estimó un porcentaje de depreciación, aunque abonase el importe integro de los daños, quizás por el hecho de que en el contrato se establecía la indemnización con valor "a nuevo", pero ello tiene solo efecto entre las partes, no pudiendo afectar a terceros ajenos al mismo, por lo que debe estimarse el recurso, estableciendo la indemnización en la cuantía señalada por la demandada.
Resumen: Como consecuencia de la compra de acciones de Bankia por la oferta pública que emitió dicha entidad, los demandantes sufrieron pérdidas, que atribuyen a la defectuosa información precontractual derivada de la falta de imagen fiel de las cuentas anuales del banco. Para ello actúan las acciones de nulidad por vicio en el consentimiento, la resolución contractual y la de indemnización por defectuosa información precontractual. Analiza la figura del error vicio sobre la base de la ausencia de historial en bolsa de Bankia, lo que obligaba a confiar en el folleto y las informaciones que daba la emisora. De ahí la importancia del "folleto", reconocido por la legislación del mercado de valores. Caducidad: en los contratos de tracto sucesivo no comienza el cómputo del,plazo de la acción hasta que el negocio no está consumado; en base al principio de la actio nata. En este caso, desde la suspensión del devengo de intereses o la aplicación de medidas extraordinarias por el FROB. La sentencia opta por la fecha de reformulación de cuentas anuales que realiza la entidad, que cambia el valor de las acciones (25-05-2012).
Resumen: La sentencia de instancia estima la demanda interpuesta y declara la nulidad, por usurario, del interés pactado en el contrato de tarjeta de crédito "Mango" al 22,42% TAE, suscrito el 29-10-2005 con BBVA, condenando a la demandada a devolver a la actora las cantidades abonadas que excedan del capital prestado. El interés con el que ha de realizarse la comparación es el "normal del dinero", y para conocerlo hay que acudir a las estadísticas del Banco de España. Para valorar si el interés es usurario debe utilizarse el tipo medio de interés en el momento de la celebración del contrato, correspondiente a la categoría de la operación crediticia cuestionada, o de aquella con la que tenga más coincidencias. En las tarjetas revolving ha de acudirse al tipo medio de estas operaciones, no al de operaciones de crédito al consumo. Cuanto más elevado sea el índice a tomar como referencia, en calidad de interés normal del dinero, menos margen hay para incrementar el precio de la operación de crédito sin incurrir en usura. No contamos con información específica sobre los créditos de tarjetas revolving hasta octubre de 2.005, por ello ha de acudirse al interés medio ordinario en las operaciones de crédito al consumo en la época en que se concertó el contrato, que fue de un 7,85% en octubre de 2005, por lo que el pactado fue superior, y también desproporcionado en atención a las circunstancias del caso, por lo que debe declararse que fue usuario como establece la sentencia de instancia.
Resumen: Motivo de casación admisible: en el encabezamiento se indica la norma infringida y existe el interés casacional. Reiteración de la doctrina jurisprudencial: en la liquidación de los daños y perjuicios indemnizables debe computarse, junto a los daños sufridos, la eventual obtención de ventajas por el acreedor. El daño causado viene fijado por el valor de la inversión menos el valor a que ha quedado reducido el producto y los intereses que fueron cobrados por los demandantes. En el ámbito contractual, si una misma obligación genera al mismo tiempo un daño por incumplimiento de la otra parte pero también una ventaja como es la percepción de unos rendimientos económicos, deben compensarse uno y otra a fin de que el contratante cumplidor no quede en una situación patrimonial más ventajosa con el incumplimiento que con el cumplimiento de la relación obligatoria (regla no expresamente prevista en la regulación legal de la responsabilidad contractual cuya procedencia resulta de la misma norma que impone al contratante incumplidor el resarcimiento del daño producido por su acción u omisión, ya que solo cabrá reputar daño aquel que efectivamente haya tenido lugar). En el caso, fijación de la indemnización en la diferencia entre el capital invertido, por un lado, y, por otro, el rescatado y los rendimientos obtenidos durante la vigencia de las obligaciones subordinadas, con el interés legal desde la presentación de la demanda.
Resumen: Demanda en solicitud de indemnización de daños y perjuicios basada en el incumplimiento por el banco de sus obligaciones de asesoramiento e información. El importe del perjuicio objeto de indemnización reclamado fue la pérdida de la inversión realizada, representada por la diferencia entre el precio pagado por las subordinadas y la cantidad recuperada tras la intervención del FROB. En primera instancia se estimó en parte la demanda. Recurrida en apelación por los demandantes para impugnar que se hubieran detraído los rendimientos obtenidos a la hora de calcular la indemnización de daños y perjuicios, se estimó el recurso al considerar que no debieron haberse descontado los rendimientos obtenidos durante la vigencia de los productos. Interpuesto recurso de casación por el banco, se estima y se reitera la jurisprudencia contenida en la STS 81/2018 de 14 de febrero, según la cual como la obligación de indemnizar los daños y perjuicios causados resarce económicamente el menoscabo patrimonial producido al perjudicado, este se concreta en la pérdida de la inversión compensada con la ganancia obtenida que tuvo la misma causa negocial. Para este cálculo, a la suma inicialmente invertida hay que descontar los rendimientos obtenidos durante la vigencia de las obligaciones subordinadas y las participaciones preferentes. Criterio no seguido en la sentencia de apelación. Casación de la sentencia recurrida, asunción de la instancia y confirmación de la sentencia de primera instancia
Resumen: La sentencia analizada resuelve recurso de apelación interpuesto contra la dictada en primera instancia, que desestimó la demanda presentada para solicitar la nulidad de la compra de acciones de Banco Popular en mercado secundario y, subsidiariamente, el resarcimiento por daños y perjuicios por falsedad en el folleto informativo de la ampliación de capital del año 2016. El tribunal de apelación desestimó el recurso de apelación y confirmó la sentencia recurrida. Expone el tribunal el régimen jurídico establecido en relación con el folleto emitido para ampliaciones de capital, así como ámbito objetivo y temporal de aplicación. Sostiene el tribunal que la compra de las acciones tuvo lugar fuera del periodo de validez del folleto informativo (12 meses), por lo que el demandante no está amparado por la normativa reguladora del folleto.
Resumen: Se solicita la resolución del contrato de compraventa celebrado y devolución de lo abonado, en base a incumplimientos reiterados de la demandada que frustraron el fin del negocio, así como que el quemador (objeto del contrato) después de seis meses desde su montaje e instalación, no llegó a funcionar correctamente. Reconviene el demandado solicitando una indemnización por gastos realizados. Desestimada la demanda y estimada la reconvención recurre el actor. Se rechaza la incongruencia extra petita alegada, basada en que se le ha denegado su derecho por causas distintas de las alegadas, pues en todo momento la sentencia se fundamenta en hechos que obran en los autos y que han sido alegados por la partes, no habiéndose concedido algo distinto de lo perdido o por una causa de pedir ajena a los hechos planteados, estando asimismo suficientemente motivada. En cuanto al fondo, en relación a los reiterados incumplimientos del vendedor en la entrega e instalación del equipo, no consta existiese pactada un fecha de entrega, si bien debía estar definitivamente instalado el quemador en mayo del 2015, apareciendo que el 8 de mayo se había instalado y estaba pendiente de adaptaciones, a lo que se negó la actora no dejando entrar al demandado, por lo que no cabe estimar dicha causa de resolución, y en cuanto a la idoneidad, al no haber dejado realizar las adaptaciones tampoco se sabe si resultaría idónea para el fin previsto, por lo que debe desestimarse el recurso.
Resumen: La propietaria de una aeronave cedida en arrendamiento bajo la modalidad wet lease reclama, frente a la aseguradora de la arrendataria, los perjuicios derivados de la pérdida de uso del avión durante el tiempo necesario para reparar los daños que sufrió en un accidente producido en una maniobra de carreteo. El contrato contaba con una cláusula que eximía a las partes de responsabilidad por pérdida de uso o daños secuenciales derivados de las prestaciones contractuales. La sentencia recurrida condenó a la aseguradora, al considerar que la maniobra de carreteo no formaba parte de esas prestaciones, por lo que la responsabilidad de la arrendataria era extracontractual y no se aplicaba la cláusula de exención. Se estima el recurso de casación, aplicando el específico mandato normativo de integración de los contratos conforme a la ley, al uso y a la buena fe (art. 1258), que es una suerte de habilitación para integrar las lagunas de los contratos, y que permite concluir que en la negociación del contrato está comprendido el carreteo como elemento imprescindible para cumplir el fin contractual previsto. La demandante cumplió con sus obligaciones al poner la nave a disposición de la arrendataria, y correspondía a esta asumir el traslado del avión desde su estacionamiento hasta la terminal. Por tanto el daño se produjo dentro de la relación contractual debe aplicarse la cláusula contractual de exclusión de daños por pérdida de uso, lo que determina la desestimación de la demanda.
