Resumen: Acción de nulidad por error en la contratación de un derivado financiero (contrato de "intercambio de tipo de interés") como consecuencia de la falta de información. La sentencia de primera instancia estimó la demanda, pero la audiencia la revocó, al entender que la acción había caducado. Basó su decisión en la doctrina sentada a partir de la sentencia del pleno 769/2014, de 12 de enero de 2015, que identifica como dies a quo el momento que permita la comprensión real de las características y riesgos del producto adquirido por medio de un consentimiento viciado por error. Los demandantes interponen recurso de casación y la sala estima el mismo; aplica la doctrina la sentencia de pleno 89/2018, de 19 de febrero, que dispuso que, a efectos del ejercicio de la acción de nulidad por error, la consumación de los contratos de swaps debe entenderse producida en el momento del agotamiento, de la extinción del contrato; en el presente caso, la consumación del contrato de "Intercambio" concertado por las partes tuvo lugar con su vencimiento el 4 de abril de 2013 y cuando se interpuso la demanda, el 30 de octubre de 2015, no había transcurrido el plazo de ejercicio de la acción. La sala casa la sentencia de la audiencia y, al asumir la instancia, resuelve el recurso de apelación del banco en el sentido de desestimarlo, pues este no ha acreditado que proporcionara a los demandantes la información necesaria sobre la naturaleza y riesgos propios del producto complejo contratado.
Resumen: Tras las sentencias dictadas en primera y segunda instancia, el objeto del proceso quedó circunscrito a las acciones de nulidad por error vicio del consentimiento y de restitución de prestaciones, interpuestas por la entidad actora contra el banco respecto de varios contratos de swap flotante bonificado. El juzgado desestimó la caducidad al fijar el dies a quo en la fecha de promoción de unas diligencias preliminares, mientras que la AP estimó el recurso del banco y apreció la caducidad, al considerar que el cómputo del plazo debía iniciarse a partir del momento en que la actora tuvo constancia del error cometido, que fue con antelación a la fecha de vencimiento de los contratos suscritos y a la promoción de las diligencias preliminares. Reiteración de jurisprudencia: a efectos del ejercicio de la acción de nulidad por error, la consumación de los contratos de swaps debe entenderse producida en el momento del agotamiento, de la extinción del contrato. En los Swaps no hay consumación del contrato hasta que no se produce el agotamiento o la extinción de la relación contractual, por ser entonces cuando tiene lugar el cumplimiento de las prestaciones por ambas partes y la efectiva producción de las consecuencias económicas del contrato. No cabe adelantar el cómputo del plazo de ejercicio de la acción a un momento anterior a la consumación del contrato por el hecho de que el cliente que padece el error pueda tener conocimiento del mismo.
Resumen: La sala estima el recurso de casación interpuesto frente a una sentencia que desestimó una pretensión de nulidad por error en el consentimiento de un contrato swap, al apreciar que había caducado la acción, fijando como plazo inicial de ese computo el momento en que se empezaron a recibir liquidaciones negativas. La sala reitera su doctrina jurisprudencial, iniciada con la sentencia 89/2018 de 19 de febrero: en los contratos de swaps o "cobertura de hipoteca" no hay consumación del contrato hasta que no se produce el agotamiento o la extinción de la relación contractual, por ser entonces cuando tiene lugar el cumplimiento de las prestaciones por ambas partes y la efectiva producción de las consecuencias económicas del contrato. En el caso litigioso desde la extinción del contrato hasta la presentación de la demanda, no había transcurrido el plazo de cuatro años. Se asume la instancia y se confirma la sentencia de primera instancia, que estimó la demanda. El incumplimiento del deber información precontractual, con la claridad y precisión necesarias, sobre la naturaleza y riesgos que se asumía con el contrato, en especial la posibilidad de recibir liquidaciones negativas de elevada cuantía y el coste de cancelación anticipada, permite apreciar como concurrente el error sufrido con la calificación jurídica de excusable. El abono de las liquidaciones negativas no comporta un acto de confirmación del contrato.
Resumen: Formulada demanda en solicitud de declaración de nulidad de las clausulas de un contrato de prestamo con garantia hipotecaria referentes a la comisión de apertura, gastos, interés de demora vencimiento anticipado y el reembolso de determinados pagos, se dictó sentencia que declara la nulidad de dichas clausulas y estima la petición de reembolso, que es recurrida por la demandanda respecto a la prescripición de la acción de reembolso y a la comisión de apertura. La sentencia de apelación reitera el criterio mantenido en anteriores resoluciones respecto a la prescriptibilidad de la acción de remoción de efectos de una condición general declarada nula, destaca que el TJUE admite la prescripitibilidad si el consumidor dispone de tiempo razonable para la reclamación y no exige para el inicio del plazo prescriptivo certeza de la nulidad y considera que tal plazo deberia iniciarse cuando se realiza el ultimo pago; en cuanto a la comisión de apertura, considera que el criterio mantenido por el TS sobre dicha cláusula que entiende que por ser una partida integrante del precio, que retribuye la concesión de un préstamo o crédito hipotecario, no esta sujeta al control del contenido si su incorporación en el contrato sea transparente, es compatible con la STJUE ya que se ajusta a sus criterios:componente sustancial del precio del prestamo que retribuye un servicio definido normativamente que compensa los servicios necesarios para la preparación y concesión del préstamo.
Resumen: Reiteración de la doctrina jurisprudencial: en la liquidación de los daños y perjuicios indemnizables debe computarse, junto a los daños sufridos, la eventual obtención de ventajas por el acreedor. El daño causado viene fijado por el valor de la inversión menos el valor a que ha quedado reducido el producto y los intereses que fueron cobrados por los demandantes. En el ámbito contractual, si una misma obligación genera al mismo tiempo un daño por incumplimiento de la otra parte pero también una ventaja como es la percepción de unos rendimientos económicos, deben compensarse uno y otra a fin de que el contratante cumplidor no quede en una situación patrimonial más ventajosa con el incumplimiento que con el cumplimiento de la relación obligatoria (regla no expresamente prevista en la regulación legal de la responsabilidad contractual cuya procedencia resulta de la misma norma que impone al contratante incumplidor el resarcimiento del daño producido por su acción u omisión, ya que solo cabrá reputar daño aquel que efectivamente haya tenido lugar). Casación de la sentencia y asunción de la instancia: confirmación de la sentencia de primera instancia que condenó a indemnizar la diferencia entre la cantidad reclamada y los rendimientos obtenidos, a determinar en ejecución de sentencia. Producto adquirido conjuntamente por dos personas aunque la demanda se formula solo por una de ellas: los destinatarias de la indemnización son las dos titulares de las participaciones preferentes.
Resumen: Demanda de indemnización de daños y perjuicios basada en el incumplimiento por el banco de sus obligaciones de asesoramiento e información. El importe del perjuicio objeto de indemnización era la pérdida de la inversión realizada, representada por la diferencia entre el precio pagado por las subordinadas y la cantidad recuperada tras la intervención del FROB. El juzgado de primera instancia estimó la demanda y condenó al banco demandado al pago de la indemnización reclamada, más los intereses devengados. La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por el banco demandado. La Audiencia desestima el recurso. Desatiende, entre otras, la objeción formulada por el banco apelante de que se descontaran los rendimientos obtenidos durante la vigencia de los productos financieros y confirma la condena a indemnizar en la suma reclamada. El banco demandado interpuso recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación. Inadmitido el recurso extraordinario por infracción procesal y parte del de casación, la sala estima el motivo restante en la medida que lo concedido excede de la satisfacción del daño sufrido en la inversión, tal y como se resolvió en STS 81/2018 de 14 de febrero. Como la obligación de indemnizar los daños y perjuicios causados resarce económicamente el menoscabo patrimonial producido al perjudicado, este se concreta en la pérdida de la inversión, pero compensada con la ganancia obtenida, que tuvo la misma causa negocial.
Resumen: Demanda en reclamación de daños y perjuicios por incumplimiento de las obligaciones legales de asesoramiento e información en la comercialización de obligaciones subordinadas. La sentencia de primera instancia estimó la demanda y la audiencia la confirmó, desatendiendo la pretensión de descontar de la indemnización los rendimientos obtenidos por la cliente demandante. Interpuesto recurso de casación por la entidad bancaria, la sala estima el mismo en el sentido de considerar que en toda relación obligacional se generan un daño -por el incumplimiento de la otra parte- y una ventaja -la percepción de unos rendimientos económicos-, han de compensarse unos con otros a fin de que el contratante cumplidor no quede en una situación más ventajosa con el incumplimiento que con el cumplimiento; por ello, del montante indemnizatorio han de descontarse los rendimientos del producto financiero obtenidos por el cliente. La estimación de la casación comporta la asunción de la instancia, la estimación de la apelación y la consecuente desestimación de la demanda, ya que la suma del capital rescatado tras la intervención del FROB y los rendimientos obtenidos es mayor que la inversión realizada.
Resumen: Formulada demanda por la aseguradora de un establecimiento de hostelería en la que ejercita acción subrogatoria, en reclamación de la indemnización pagada a su asegurada por daños en equipo de aire acondicionado y en la vitrocerámica del local, que imputa al proceder de la demandada-cortes de suministro en la red- y los gastos de comprobación de daños, la sentencia de primera instancia estima la demanda. La sentencia de apelación, que la revoca, señala que mediante subrogación la aseguradora se coloca en la posición jurídica del asegurado por lo que le corresponde la carga de alegar y probar la concurrencia de los elementos configuradores de la responsabilidad de la demandada: el incumplimiento imputable a la demandada (la interrupción o alteración en el suministro), la existencia y cuantía del daño y la relación causal entre aquél y éste y aunque la responsabilidad de la suministradoras de energía esta configurada como una responsabilidad objetiva de manera que la suministradora únicamente queda relevada de responsabilidad si demuestra que los daños son consecuencia de fuerza mayor, intervención de un tercero y responsabilidad exclusiva (o concurrente) del propio usuario perjudicado, tal no comporta la relevación de la prueba del nexo causal, que en el caso no se ha demostrado.
Resumen: Se desestima el recurso del demandado, imponiéndole las costas, y se confirma la sentencia recurrida, que estima íntegramente la demanda y condena a dicho demandado a pagar el importe que se fija en concreto y las costas de esa primera instancia. Entiende la Sala que los documentos aportados con la demanda constituyen prueba suficiente de la deuda reclamada. Mediante el contrato de cesión de créditos o venta de cartera de deuda la entidad actora quedó subrogada en el ejercicio de todos los derechos y acciones derivadas de las operaciones deudoras que la cedente tenía a su favor; es innecesario el consentimiento del deudor. Mantiene la Sala el criterio seguido en casos similares e indica que cuando se trata de cesiones en masa de créditos, no es necesario identificar singularmente cada uno de los cedidos, pudiendo certificar la deuda tanto la cedente, como la cesionaria del crédito; coinciden el número de contrato de tarjeta que figura en dicho extracto y en el testimonio comentado, con identificación del deudor y cuantificación de la deuda. Los intereses no se reclaman, no siendo por ello necesario tratar de su pretendida abusividad, estando acreditado el capital adeudado. Concluye que, aportado el contrato litigioso y demás documentación complementaria, sus cláusulas se han podido interpretar en la sentencia desde el punto de vista de la normativa de protección de los consumidores y usuarios, para obtenerse las consecuencias jurídicas oportunas en torno a su abusividad.
Resumen: Se reclama frente a una entidad bancaria las responsabilidades por el aval prestado en garantía de la devolución de las cantidades anticipadas , pretensión que es desestimada por el juzgado, en resolución que es confirmada por la audiencia en atención a la circunstancia de que la promoción se llegó a terminar por un segundo promotor, siquiera los iniciales compradores no aceptaron las condiciones del segundo promotor plor cuanto las condiciones que se les exigía eran más gravosas que las pactadas con el primero, resaltando la audiencia que,, no puedes ser declarada responsable, dado que es un hecho no controvertido que las viviendas objeto de contrato se terminaron y pudieron ser entregadas en plazo pero, al incrementarse el importe final del precio, las demandantes voluntariamente no quisieron adquirir la vivienda, por lo que ellas fueron quienes se negaron a recibirla y en consecuencia, el banco no debería de asumir ninguna responsabilidad, y porque el aval obliga el aval garantiza la devolución de la parte del precio satisfecha solo en los casos en los que la construcción de la vivienda no se inicie o no pueda producirse la entrega de la vivienda en el término pactado por no haber llegado a buen fin el proceso constructivo o carecer la vivienda de licencia de primera ocupación, no cuando la falta de entrega obedece a otro tipo de incumplimientos.
