Resumen: Ley 57/1968. Contratos de compraventa de viviendas pertenecientes a una promoción respecto de la cual existía póliza colectiva de entidad bancaria garantizando la devolución de los anticipos. Responsabilidad de la entidad avalista por el total de las cantidades anticipadas por los compradores correspondientes a pagos previstos en el contrato. La entidad avalista o aseguradora, aun cuando falten los avales o certificados individuales, responde de todas las cantidades anticipadas, incluyendo sus intereses, sin que proceda respetar los límites cuantitativos del aval o de la póliza de seguro y sin que su responsabilidad respecto de las cantidades anticipadas previstas en el contrato dependa de que se ingresen o no esas cantidades en una cuenta bancaria, ni del carácter de la cuenta en que se ingresen. Ni siquiera exonera de responsabilidad al banco avalista la circunstancia de que los pagos se hicieran en metálico y no se ingresaran en cuenta alguna de la promotora, ya estuviera abierta en la entidad avalista o en otra entidad, a menos que se pruebe que, por tratarse de pagos de cantidades no previstas en el contrato, ni siquiera con la entrega de copia de los contratos podía la avalista evitar que escaparan a su control. Se desestima el recurso por infracción procesal, por incumplimiento de requisitos formales y carencia manifiesta de fundamento, y se estima en parte el recurso de casación.
Resumen: Nulidad de cláusula suelo. Se rechazan las causas de inadmisibilidad alegadas. La superación de la normativa de incorporación, aplicable en la contratación con cualquier sujeto de derecho, es distinta del control de transparencia, que rige exclusivamente en la contratación con consumidores. En esta no basta que la cláusula sea clara, comprensible y destacada, sino que es necesario que el consumidor tenga el conocimiento real de la carga económica y jurídica del contrato, no bastando con la simple claridad gramatical de la escritura pública. La falta de transparencia no supone necesariamente que las condiciones generales sean desequilibradas, mas no es el caso de las cláusulas suelo, cuya falta de transparencia provoca un desequilibrio sustancial en perjuicio del consumidor al privársele de la posibilidad de comparar correctamente entre las diferentes ofertas. El deber de transparencia comporta que el consumidor disponga antes de la celebración del contrato de información comprensible. La intervención notarial no dispensa del cumplimiento del deber de información precontractual. El hecho de que el prestatario se subrogue en el préstamo al promotor no libera al banco de su deber de informar. La novación de las condiciones del préstamo original no conlleva de por si la existencia de información precontractual suficiente. El hecho de que la subrogación se produzca en un contexto de bajada de tipos interés aumenta la exigencia de información clara y precisa sobre la cláusula suelo
Resumen: Acción de anulabilidad de swap por error en el consentimiento. La sentencia de primera instancia, desestimatoria de la demanda, fijó como ciertos hechos en los que había intervenido personalmente y que perjudicaban al administrador que no compareció a su interrogatorio, y concluyó que se había tomado libremente la decisión de suscripción del contrato litigioso sin vicios del consentimiento. La sentencia de segunda instancia, estimando el recurso de apelación de la parte actora, rechazó la aplicación de la ficta admissio y decretó la nulidad del swap con restitución recíproca de las prestaciones obtenidas. La sentencia de la sala desarrolla su doctrina sobre el art. 304 LEC como facultad discrecional del juez de la que no puede hacerse un uso arbitrario; precisa de la existencia de hechos relevantes para la decisión del litigio respecto de los que el interrogatorio de parte sea un medio adecuado de prueba. El no uso de la facultad no es revisable por la sala. En este caso el administrador de la mercantil demandante ya no lo era cuando se propuso la prueba, y tenía un conflicto de intereses con la sociedad, además de que existían en autos otros medios probatorios. Prueba del déficit de información que permite presumir la existencia de un error esencial. Supuesto de la cuestión en casación.
Resumen: Demanda de nulidad de un contrato de swap por error en el consentimiento. La sentencia de primera instancia estimó la demanda y la audiencia la revocó, al entender que la acción estaba caducada. Recurren en casación los demandantes y la sala estima parcialmente su recurso. La sala aplica su reciente doctrina sobre el momento inicial del cómputo del plazo de ejercicio de la acción de nulidad, que declara que la consumación de los contratos de swap debe entenderse producida en el momento de la extinción del contrato. Aplicando esta doctrina, concluye que, en el presente caso, la acción de nulidad no había caducado. Así mismo, declara que el control de oficio de la posible abusividad de determinadas cláusulas contractuales no es posible cuando se sobrepasen los límites del objeto del litigio, que es lo que sucede en este caso, que se planteó la nulidad del contrato por error en el consentimiento. Asumiendo la instancia, la sala desestima el recurso de apelación del banco y concluye que, en este caso, no cumplió con los especiales deberes de información que le impone la normativa sectorial, lo que determinó que los clientes demandantes incurrieran en error al contratar un producto tan complejo como es el swap, lo que determina su anulación. Respecto del recurso de apelación de los demandantes, se estima, pues los intereses se devengan desde el pago de cada liquidación. Se estima en parte la casación y el recurso de apelación de los demandantes.
Resumen: Cláusula suelo. Control de transparencia. Subrogación en el préstamo al promotor con modificación de algunas condiciones. La subrogación por parte del comprador en la obligación personal derivada del préstamo hipotecario, con el consentimiento del prestamista, es un negocio jurídico de consumo y está sometido al control de transparencia. Esta forma de pago del precio de una compraventa mediante la asunción de la deuda del préstamo, y la subrogación en la carga hipotecaria, está expresamente prevista en nuestro ordenamiento como forma de novación subjetiva por cambio de deudor. El hecho de que el préstamo hipotecario no sea concedido directamente al consumidor, sino que éste se subrogue en un préstamo previamente concedido al promotor que le vende la vivienda, no exime a la entidad bancaria, que presta su consentimiento a dicha subrogación, de la obligación de suministrar al consumidor información que le permita adoptar su decisión de contratar con pleno conocimiento de la carga económica y jurídica que le supondrá subrogarse como prestatario en el préstamo hipotecario. En el presente caso no se ha proporcionado al demandante, con una antelación suficiente a la firma del contrato, la información relativa a la cláusula suelo, de modo que pudieran conocer su existencia y trascendencia y comparar distintas ofertas o alternativas. Se estima el recurso de casación.
Resumen: Nulidad por error vicio de un contrato de permuta financiera condenando a la demandada a retirar la deuda resultante de aplicar las liquidaciones negativas y subsidiariamente, se la condene al pago de dicha cantidad en concepto de responsabilidad contractual derivada del incumplimiento de sus obligaciones legales inherentes a la formalización del contrato suscrito, así como a la retirada de la inclusión en el registro de morosos incluida. En primera instancia se desestimó la excepción de caducidad y se estimó la demanda. Recurrida en apelación por la demandada se estimó el recurso, apreció caducidad de la acción con base en la STS de Pleno núm. 769/2014 de 12 de enero de 2015 al fijar el dies a quo en el momento en que se iniciaron las primeras liquidaciones negativas y desestimó la demanda. La demandante interpone recursos de casación y extraordinario por infracción procesal. Inadmitido el segundo, en el recurso de casación se combate la caducidad de la acción en relación a la fijación del día inicial del cómputo del plazo de caducidad de la acción de anulabilidad del contrato. Se estima el recurso con base en la STS núm 721/2018 de 19 de diciembre que dice que el tiempo para el ejercicio de la acción empieza a correr desde la consumación del contrato. En el presente caso, cuando se interpuso la demanda no había transcurrido el plazo de cuatro años desde la consumación del contrato. Por lo que asume la instancia y confirma la sentencia de primera instancia.
Resumen: Se estima el recurso de casación interpuesto frente a una sentencia que había desestimado una pretensión de nulidad por error en el consentimiento de dos contratos swap, al apreciar que había caducado la acción, fijando como plazo inicial de ese computo el momento en que se empezaron a recibir liquidaciones negativas. Se reitera la doctrina jurisprudencial, iniciada con la sentencia 89/2018 de 19 de febrero: en los contratos de swaps o "cobertura de hipoteca" no hay consumación del contrato hasta que no se produce el agotamiento o la extinción de la relación contractual, por ser entonces cuando tiene lugar el cumplimiento de las prestaciones por ambas partes y la efectiva producción de las consecuencias económicas del contrato. En el caso litigioso, en los contratos impugnados se fijaban como fechas de vencimiento octubre de 2010 y marzo de 2011, por lo que cuando se interpuso la demanda el 31 de julio de 2014 no había transcurrido el plazo de cuatro años desde la consumación del contrato, por ello el plazo de la acción de anulabilidad no había transcurrido. Al estimar el recurso de casación, se asume la instancia y se confirma la sentencia de primera instancia, que había estimado la demanda, dado el déficit informativo y la condición de minorista de la parte demandante, unido a que era obligación del banco ofrecer la información necesaria, sin que se pueda cargar al demandante dicha obligación.
Resumen: Demanda en la que la contratista de unos de trabajos de perforación para la instalación de un oleoducto se dirige frente a la contratista principal reclamando unas facturas que quedaron por pagar tras la ruptura de la relación contractual que las unía; la relación contractual concluyó cuando, tras producirse la rotura de una barra de perforación con la consiguiente pérdida de la tubería en el mar, la subcontratisa demandante no consiguió rescatar la misma, por lo que la contratista invitó a finalizar la relación, lo que fue aceptado. La demandada, contratista, reconvino reclamando cantidades por incumplimiento contractual. La sentencia de primera instancia estimó en parte la demanda y desestimó la reconvención; esta sentencia fue revocada por la audiencia, que desestimó la demanda y estimó en parte la reconvención. Recurren ambas partes en casación y en extraordinario por infracción procesal y la sala estima parcialmente los recursos. Declara que la relación contractual entre las partes finalizó por mutuo disenso por lo que la única partida que procede reconocer a la demandante es la procedente de facturas anteriores no abonadas pero no a las generadas tras la ruptura de la relación, pues a partir de ese momento, las partes nada se adeudan. Por tanto, se estima parcialmente la demanda y se desestima la reconvención. También se deja sin efecto la reserva de acciones que declaró la audiencia a favor de la aseguradora de la demandada, pues nadie la había solicitado en el pleito.
Resumen: Formulada demanda contra la aseguradora de la responsabilidad civil del seguro del automóvil del actor, en reclamación de la minuta abonada al Letrado a quien encomendó la defensa, en procedimiento por un accidente de tráfico, por coincidir la aseguradora de los conductores implicados y rechazar la suma ofrecida por la compañía, la sentencia de primera instancia, constatado el conflicto de intereses, entiende que la aseguradora esta obligada a abonar los gastos de la dirección jurídica hasta el límite pactado en la póliza. La sentencia de apelación, que estima en parte el recurso del actor, tras señalar que el seguro de responsabilidad civil no comprende, salvo contratación, un seguro de defensa jurídica, indica que respecto a la defensa del asegurado que incurre en responsabilidad civil frente a terceros, atribuye al asegurador la simple dirección jurídica "defensa estricta", siendo regla general que el asegurador asuma la dirección jurídica de su asegurado, salvo pacto en contrario o, cuando quien reclama está asegurado en la misma compañía, o concurre otro posible conflicto de intereses, en cuyo caso el asegurador debe abonar los gastos de la dirección jurídica hasta el límite pactado en la póliza; en cuanto a que si tal limite constituye una clausula limitativa de derechos o delimitadora, considera que en principio debe considerarse delimitadora del riesgo pero que en caso de que el limite fuera notoriamente insuficientes debe considerarse limitativa de derechos.
Resumen: La sala desestima el recurso de casación interpuesto frente a una sentencia que estimó la acción directa del transportista efectivo frente al cargador principal para hacer efectivo el coste del transporte, aunque este último hubiera pagado al porteador intermedio, luego declarado en concurso y que precisamente el hecho de haber pagado el principal al contratista hacía que este procedimiento no tuviera incidencia alguna en el concurso, sin perjuicio de la acción de regreso que pudiera nacer. La sala confirma esta sentencia. La acción directa del transportista efectivo (DA 6ª de la Ley 9/2013 de modificación de la LOTT) tiene un alcance mayor que la acción del art. 1597 CC y constituye una norma propia y específica del contrato de transporte terrestre, para ser, no solo una acción directa tradicional, sino también una modalidad de garantía de pago suplementaria que puede ser reclamada con independencia de que el porteador principal hubiera o no satisfecho el porte al intermediario. La regulación legal de esta acción directa no contiene ninguna previsión que excepcione su aplicación en caso de concurso del porteador intermedio; los arts. 50.3 º y 51 bis.2 LC solo se refieren a la acción directa del art. 1597 CC, que es una acción diferente y que cumple otro fin. Si el cargador ha pagado al concursado, la acción directa queda al margen del proceso concursal; y si no ha pagado, tampoco afecta al concurso, pues la acción se dirige contra el garante ex lege de la deuda.
