Resumen: Derecho al honor. Inclusión en ficheros de morosos. Demanda contra la entidad bancaria que facilitó los datos al fichero, que fue estimada parcialmente en primera instancia y desestimada en apelación. Se desestima el recurso de casación. No cabe incluir en los registros de morosos datos personales por razón de deudas inciertas, dudosas, no pacíficas o sometidas a litigio, pero ello no significa que cualquier oposición al pago de una deuda, por injustificada que resulte, suponga que la deuda es incierta o dudosa, porque en tal caso la certeza y exigibilidad de la deuda se dejaría al exclusivo arbitrio del deudor, al que le bastaría con cuestionar su procedencia, cualquiera que fuera el fundamento de su oposición, para convertir la deuda en incierta. En el presente caso, antes de la inclusión en el fichero de solvencia, la demandante fue requerida de pago, y fue advertida convenientemente de su inclusión en el fichero. El principal de la deuda era cierto y exigible. Que los intereses fuesen elevados es compatible con su naturaleza de moratorios y el tiempo transcurrido, lo que sin duda incrementaría su importe. No cabe aceptar que la deuda fuese controvertida, dado que en la sentencia recurrida se considera como hecho probado el adeudo del principal. Se ha respetado, por todo ello, el principio de calidad del dato.
Resumen: Demanda de acción de anulación de contratos swap por error vicio del consentimiento y, subsidiariamente, de resolución y, en ambos casos, con la condena de la demandada a restituir la cantidad pagada con base en tales contratos y, en todo caso, la nulidad, por abusivas de las cláusulas que regulaban las liquidaciones, la resolución anticipada, la indemnización por cancelación anticipada y la de reconocimiento de haber recibido suficiente información. En primera instancia se declaró caducada la acción de anulación del contrato de swap y se estimó la de nulidad de las cláusulas impugnadas, debido a que los clientes no fueron informados de manera clara y comprensible de las características del contrato y de los riesgos aparejados y condenó al banco a devolver las cantidades que había cobrado. Apelada la sentencia por la demandada se estimó el recurso y desestimó la demanda ya que la ausencia de información precontractual es relevante únicamente respecto de la acción de anulación de un contrato por error vicio del consentimiento. Admitido el recurso de casación, se estima, pues la ausencia de una información precontractual adecuada determina su falta transparencia. Son abusivas las cláusulas porque determinan un mecanismo contractual de naturaleza compleja, inadecuado para unos consumidores que conciertan un préstamo que traía consigo importantes riesgos. También es nula la cláusula no negociada que contiene declaraciones sobre la suficiencia de la información recibida.
Resumen: Litigio en el que se ejercitó una acción de nulidad del contrato de tarjeta de crédito revolving, basada en la Ley de Usura. El Juzgado de Primera Instancia estimó en parte la demanda pues consideró que el carácter usurario del contrato de tarjeta de crédito solo concurrió a partir de la novación efectuada, en el que se elevó el tipo de interés. El demandante apeló la sentencia y la Audiencia estimó su recurso y declaró el carácter usurario del contrato de tarjeta de crédito desde el momento mismo de su suscripción; no hizo expresa imposición de las costas de primera instancia, pese a la estimación plena de la demanda, por la concurrencia de serias dudas de derecho. Recurre en casación el demandante con ese único objeto y la sala rechaza su recurso. La sala en pleno decide que la doctrina jurisprudencial sobre la no aplicación de la excepción al principio del vencimiento en la imposición de costas, por razón de las serias dudas de derecho, es aplicable cuando se ejercitan acciones basadas en la normativa sobre cláusulas abusivas, pero no cuando se ejercitan acciones basadas en la Ley 23 de julio de 1908 sobre nulidad de los contratos de préstamos usurarios. Señala que cuando la cuestión litigiosa no está regulada por el Derecho de la UE y, por consiguiente, no entra en juego el principio de primacía de este Derecho, el juez no puede dejar de aplicar ninguna norma legal nacional (en este caso, el art. 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). Se desestima la casación.
Resumen: Swaps. Caducidad de la acción. Aunque en el encabezamiento de la demanda se ejercitaba una acción de nulidad radical, de los fundamentos jurídicos se deducía que era una acción de nulidad por vicios del consentimiento. En nuestro ordenamiento jurídico está descartada la obligación de la expresión nominal de la acción, de modo que las interpuestas no se califican por la denominación que le den las partes, sino por los hechos alegados y las pretensiones verdaderamente formuladas. En los swaps no hay consumación del contrato hasta que no se produce el agotamiento o la extinción de la relación contractual, por ser entonces cuando tiene lugar el cumplimiento de las prestaciones por ambas partes y la efectiva producción de las consecuencias económicas del contrato. El cómputo del plazo de ejercicio de la acción no debe adelantarse a un momento anterior a la consumación del contrato por el hecho de que el cliente que padece el error pueda tener conocimiento del mismo. En el presente caso, la fecha de vencimiento del contrato impugnado era el 25/4/2021, por lo que cuando se interpuso la demanda (21/11/2014) no había transcurrido, ni tan siquiera iniciado el plazo de caducidad. Asumiendo la instancia, se confirma íntegramente la sentencia de primera instancia, dado el déficit informativo, la condición de minorista del demandante y el resultado del test que explicaba que la operación no era conveniente.
Resumen: Ley 57/1968. Contratos de compraventa de viviendas pertenecientes a una promoción respecto de la cual existía póliza colectiva de entidad bancaria garantizando la devolución de los anticipos. Responsabilidad de la entidad avalista por el total de las cantidades anticipadas por los compradores correspondientes a pagos previstos en el contrato. La entidad avalista o aseguradora, aun cuando falten los avales o certificados individuales, responde de todas las cantidades anticipadas, incluyendo sus intereses, sin que proceda respetar los límites cuantitativos del aval o de la póliza de seguro y sin que su responsabilidad respecto de las cantidades anticipadas previstas en el contrato dependa de que se ingresen o no esas cantidades en una cuenta bancaria, ni del carácter de la cuenta en que se ingresen. Ni siquiera exonera de responsabilidad al banco avalista la circunstancia de que los pagos se hicieran en metálico y no se ingresaran en cuenta alguna de la promotora, ya estuviera abierta en la entidad avalista o en otra entidad, a menos que se pruebe que, por tratarse de pagos de cantidades no previstas en el contrato, ni siquiera con la entrega de copia de los contratos podía la avalista evitar que escaparan a su control. Se desestima el recurso por infracción procesal, por incumplimiento de requisitos formales y carencia manifiesta de fundamento, y se estima en parte el recurso de casación.
Resumen: Nulidad de cláusula suelo. Se rechazan las causas de inadmisibilidad alegadas. La superación de la normativa de incorporación, aplicable en la contratación con cualquier sujeto de derecho, es distinta del control de transparencia, que rige exclusivamente en la contratación con consumidores. En esta no basta que la cláusula sea clara, comprensible y destacada, sino que es necesario que el consumidor tenga el conocimiento real de la carga económica y jurídica del contrato, no bastando con la simple claridad gramatical de la escritura pública. La falta de transparencia no supone necesariamente que las condiciones generales sean desequilibradas, mas no es el caso de las cláusulas suelo, cuya falta de transparencia provoca un desequilibrio sustancial en perjuicio del consumidor al privársele de la posibilidad de comparar correctamente entre las diferentes ofertas. El deber de transparencia comporta que el consumidor disponga antes de la celebración del contrato de información comprensible. La intervención notarial no dispensa del cumplimiento del deber de información precontractual. El hecho de que el prestatario se subrogue en el préstamo al promotor no libera al banco de su deber de informar. La novación de las condiciones del préstamo original no conlleva de por si la existencia de información precontractual suficiente. El hecho de que la subrogación se produzca en un contexto de bajada de tipos interés aumenta la exigencia de información clara y precisa sobre la cláusula suelo
Resumen: Acción de anulabilidad de swap por error en el consentimiento. La sentencia de primera instancia, desestimatoria de la demanda, fijó como ciertos hechos en los que había intervenido personalmente y que perjudicaban al administrador que no compareció a su interrogatorio, y concluyó que se había tomado libremente la decisión de suscripción del contrato litigioso sin vicios del consentimiento. La sentencia de segunda instancia, estimando el recurso de apelación de la parte actora, rechazó la aplicación de la ficta admissio y decretó la nulidad del swap con restitución recíproca de las prestaciones obtenidas. La sentencia de la sala desarrolla su doctrina sobre el art. 304 LEC como facultad discrecional del juez de la que no puede hacerse un uso arbitrario; precisa de la existencia de hechos relevantes para la decisión del litigio respecto de los que el interrogatorio de parte sea un medio adecuado de prueba. El no uso de la facultad no es revisable por la sala. En este caso el administrador de la mercantil demandante ya no lo era cuando se propuso la prueba, y tenía un conflicto de intereses con la sociedad, además de que existían en autos otros medios probatorios. Prueba del déficit de información que permite presumir la existencia de un error esencial. Supuesto de la cuestión en casación.
Resumen: Demanda de nulidad de un contrato de swap por error en el consentimiento. La sentencia de primera instancia estimó la demanda y la audiencia la revocó, al entender que la acción estaba caducada. Recurren en casación los demandantes y la sala estima parcialmente su recurso. La sala aplica su reciente doctrina sobre el momento inicial del cómputo del plazo de ejercicio de la acción de nulidad, que declara que la consumación de los contratos de swap debe entenderse producida en el momento de la extinción del contrato. Aplicando esta doctrina, concluye que, en el presente caso, la acción de nulidad no había caducado. Así mismo, declara que el control de oficio de la posible abusividad de determinadas cláusulas contractuales no es posible cuando se sobrepasen los límites del objeto del litigio, que es lo que sucede en este caso, que se planteó la nulidad del contrato por error en el consentimiento. Asumiendo la instancia, la sala desestima el recurso de apelación del banco y concluye que, en este caso, no cumplió con los especiales deberes de información que le impone la normativa sectorial, lo que determinó que los clientes demandantes incurrieran en error al contratar un producto tan complejo como es el swap, lo que determina su anulación. Respecto del recurso de apelación de los demandantes, se estima, pues los intereses se devengan desde el pago de cada liquidación. Se estima en parte la casación y el recurso de apelación de los demandantes.
Resumen: Cláusula suelo. Control de transparencia. Subrogación en el préstamo al promotor con modificación de algunas condiciones. La subrogación por parte del comprador en la obligación personal derivada del préstamo hipotecario, con el consentimiento del prestamista, es un negocio jurídico de consumo y está sometido al control de transparencia. Esta forma de pago del precio de una compraventa mediante la asunción de la deuda del préstamo, y la subrogación en la carga hipotecaria, está expresamente prevista en nuestro ordenamiento como forma de novación subjetiva por cambio de deudor. El hecho de que el préstamo hipotecario no sea concedido directamente al consumidor, sino que éste se subrogue en un préstamo previamente concedido al promotor que le vende la vivienda, no exime a la entidad bancaria, que presta su consentimiento a dicha subrogación, de la obligación de suministrar al consumidor información que le permita adoptar su decisión de contratar con pleno conocimiento de la carga económica y jurídica que le supondrá subrogarse como prestatario en el préstamo hipotecario. En el presente caso no se ha proporcionado al demandante, con una antelación suficiente a la firma del contrato, la información relativa a la cláusula suelo, de modo que pudieran conocer su existencia y trascendencia y comparar distintas ofertas o alternativas. Se estima el recurso de casación.
Resumen: Nulidad por error vicio de un contrato de permuta financiera condenando a la demandada a retirar la deuda resultante de aplicar las liquidaciones negativas y subsidiariamente, se la condene al pago de dicha cantidad en concepto de responsabilidad contractual derivada del incumplimiento de sus obligaciones legales inherentes a la formalización del contrato suscrito, así como a la retirada de la inclusión en el registro de morosos incluida. En primera instancia se desestimó la excepción de caducidad y se estimó la demanda. Recurrida en apelación por la demandada se estimó el recurso, apreció caducidad de la acción con base en la STS de Pleno núm. 769/2014 de 12 de enero de 2015 al fijar el dies a quo en el momento en que se iniciaron las primeras liquidaciones negativas y desestimó la demanda. La demandante interpone recursos de casación y extraordinario por infracción procesal. Inadmitido el segundo, en el recurso de casación se combate la caducidad de la acción en relación a la fijación del día inicial del cómputo del plazo de caducidad de la acción de anulabilidad del contrato. Se estima el recurso con base en la STS núm 721/2018 de 19 de diciembre que dice que el tiempo para el ejercicio de la acción empieza a correr desde la consumación del contrato. En el presente caso, cuando se interpuso la demanda no había transcurrido el plazo de cuatro años desde la consumación del contrato. Por lo que asume la instancia y confirma la sentencia de primera instancia.
