Resumen: Swap vinculados a hipotecas concertadas en el marco de un complejo proceso de refinanciación de empresas. Si el cliente conoce y comprende los riesgos del producto, no hay error en el consentimiento. La incorporación al ordenamiento jurídico español de la normativa MiFID obligó a las entidades financieras a clasificar a sus clientes como minoristas o profesionales. Y si se encuadran en la primera categoría, a asegurarse de la idoneidad y conveniencia de los productos ofrecidos y a suministrarles información completa y suficiente, y con la antelación necesaria, sobre los riesgos que conllevan. Constituye jurisprudencia reiterada que un incumplimiento de dicha normativa, en cuanto a la información de los riesgos inherentes a los contratos de swap, tanto respecto de liquidaciones periódicas negativas en elevada cuantía, como a un también elevado coste de cancelación, puede hacer presumir el error en quien contrató con dicho déficit informativo, lo que no impide que pueda demostrarse que, a pesar de no haber quedado acreditado el cumplimiento de los deberes de información, el cliente prestó su consentimiento con conocimiento de las características de la operación y los concretos riesgos que asumía. Así sucede en este caso, en el que el administrador de la actora estaba perfectamente enterado de la mecánica de los contratos y, con una amplia experiencia en operaciones jurídicas y bancarias, negoció durante meses las condiciones de refinanciación de las que nacieron los swaps.
Resumen: Recurso de casación: inexistencia de cuestión nueva. Reiteración de la doctrina jurisprudencial: en la liquidación de los daños y perjuicios indemnizables debe computarse, junto a los daños sufridos, la eventual obtención de ventajas por el acreedor. El daño causado viene fijado por el valor de la inversión menos el valor a que ha quedado reducido el producto y los intereses que fueron cobrados por los demandantes. En el ámbito contractual, si una misma obligación genera al mismo tiempo un daño por incumplimiento de la otra parte pero también una ventaja como es la percepción de unos rendimientos económicos, deben compensarse uno y otra a fin de que el contratante cumplidor no quede en una situación patrimonial más ventajosa con el incumplimiento que con el cumplimiento de la relación obligatoria (regla no expresamente prevista en la regulación legal de la responsabilidad contractual cuya procedencia resulta de la misma norma que impone al contratante incumplidor el resarcimiento del daño producido por su acción u omisión, ya que solo cabrá reputar daño aquel que efectivamente haya tenido lugar). Casación de la sentencia y asunción de la instancia con estimación en parte del recurso de apelación y estimación parcial de la demanda: condena al pago de la diferencia entre el capital invertido, por un lado, y, por otro, el capital rescatado y los rendimientos obtenidos durante la vigencia de las obligaciones subordinadas, más el interés legal desde la interpelación judicial.
Resumen: Aportación con el escrito de oposición al recurso de casación de la STJUE caso Banca Transilvania: doctrina fijada por esta sentencia; no afecta a la decisión del recurso. Desestimación de las alegaciones sobre la STJUE caso Andriciuc, en el sentido de que las estipulaciones cuestionadas quedan fuera del ámbito de la Directiva sobre cláusulas abusivas. Recurso de casación admisible: la suficiencia de la información es una cuestión de valoración jurídica y no fáctica. Control de transparencia de la cláusula relativa a divisas: que el cliente, por iniciativa propia acuda al banco llevado por un intermediario no excusa a aquel de informar sobre los riesgos del producto; producto de riesgo; no basta la prueba testifical del empleado del banco que afirma que informó al cliente, es necesaria la constatación de la información sobre los riesgos específicos. Concreción de las obligaciones de información en los préstamos en divisas: doctrina jurisprudencial del TJUE y del TS sobre los especiales riesgos de este producto y la información exigible a las entidades financieras. Control de contenido o abusividad una vez constatada la falta de transparencia de las cláusulas relativas a la divisa. Asimilación de la falta de transparencia a la abusividad de determinadas cláusulas (cláusulas suelo; cláusulas multidivisas) por ocultarse graves riesgos para el consumidor.
Resumen: Demanda de resarcimiento de las consecuencias lesivas sufridas a consecuencia de una colisión automovilística, al amparo de lo dispuesto en el art. 76 LCS, contra la compañía aseguradora del vehículo causante del daño, la cual reconoció la responsabilidad de su asegurado, pero discrepó de las consecuencias lesivas cuyo resarcimiento se pretende, así como de la aplicación de los intereses de demora del art. 20 LCS. En primera instancia se estimó en parte la demanda con imposición de los precitados intereses desde la fecha de presentación de la demanda, al considerar que los actores en todo el tiempo que medió entre la sanidad y la interposición de la demanda, no facilitaron ningún tipo de documentación a la aseguradora, ni siquiera fijaron la indemnización que consideraban procedente, pese a los reiterados requerimientos de la demandada. En apelación se consideró conforme a derecho la indemnización fijada en concepto de daño corporal, cuantificó la correspondiente a daños materiales y añadió a los intereses indicados por la sentencia apelada los devengados desde la fecha del accidente hasta el día del ofrecimiento para pago que no aceptaron los demandantes. En casación se insiste en que la mera iliquidez de la deuda no es causa justificada para la no imposición de los intereses del art. 20 LCS. La sala desestima el recurso ya que no se trata de una discrepancia sobre el quantum, sino de la imposibilidad real de determinarlo por la conducta obstruccionista de la demandante.
Resumen: El demandante celebró un contrato de transporte con una cargadora. Para ejecutarlo contrató los servicios de otra empresa transportista. Esta entidad subporteadora pierde la mercancía transportada al no haber sido custodiada debidamente y ser sustraída. El actor indemniza a la cargadora con el importe de la mercancía y repite la cantidad satisfecha contra la empresa subtransportista que es condenada por sentencia firme dictada por un tribunal italiano. El demandante acciona, en este proceso, al no haberle sido abonada la cantidad satisfecha, contra la compañía de seguros de la subporteadora. Como fundamento de la reclamación se alega el art. 76 LCS, según la cual el perjudicado cuenta con acción directa contra la compañía de seguros del causante del daño. El juzgado estimó la excepción de prescripción alegada, aplicó el plazo de un año fijado en el art. 32 del Convenido CMR. Recurrida en apelación, se confirmó la sentencia con la matización de que el plazo de prescripción es el de un año ex art. 1968.2 CC, a contar desde que el actor indemnizó a la cargadora y que no ha sido interrumpido. En casación se estima el recurso, al considerar que la reclamación dirigida contra el subporteador asegurado por la entidad demandada interrumpe la prescripción al hallarse unidos por vínculos de solidaridad derivados de la ley, distinta de la impropia, y que el plazo de prescripción es de 3 años del art. 32 CMR a contar desde la firmeza de la sentencia dictada por el tribunal italiano.
Resumen: Demanda en la que varios clientes de una entidad bancaria solicitaban la nulidad de varias cláusulas de sus préstamos hipotecarios, en concreto las relativas a las cuotas de amortización, tipos de interés y forma de cálculo y diversos gastos a cargo del prestatario. El préstamo es el denominado "hipoteca tranquilidad", que consiste en un préstamo de cuota creciente, en el que el prestatario comenzaba pagando una cuota que cada año se incrementaría en un porcentaje; esta distribución creciente provoca que las cuotas iniciales sean más bajas que las que, en iguales circunstancias, corresponderían a otros modelos como el francés puro, porque se dedican fundamentalmente al pago de intereses y apenas a amortización de capital, por lo que en cierta medida supone una modalidad de préstamo que, económicamente, se aproxima a los préstamos con un periodo de carencia al principio. La sentencia de primera instancia desestimó la demanda, pero la audiencia la revocó y estimó en parte la demanda, respecto de la mayoría de los demandantes. Recurre en casación la entidad bancaria y la sala estima su recurso, confirmando la doctrina contenida en dos resoluciones anteriores en las que examinó el producto "hipoteca tranquilidad"; en esencia, se mantiene que las cláusulas litigiosas son transparentes pues el funcionamiento del interés remuneratorio está claramente explicado en la documentación y las reglas de amortización e intereses ordinarios son claros. Se confirma la sentencia de instancia.
Resumen: El préstamo comercializado como ?hipoteca tranquilidad? es un préstamo con sistema mixto de interés (fijo los diez primeros años y variable en el resto), con cuota creciente (la cuota inicial se incrementa cada año en un 2,5%) y duración relativamente indeterminada, con un máximo de cuotas. El sistema de amortización difiere del sistema francés en que la variabilidad del índice de referencia del interés remuneratorio no se traduce en un incremento de las cuotas, sino en un incremento del número de cuotas y en la posibilidad de llegar al final del préstamo sin haber devuelto todo el capital, en cuyo caso habría que abonar la parte pendiente junto con la última cuota. Las cláusulas sobre el interés remuneratorio forman parte del objeto principal del contrato y están sometidas, como tales, al control de transparencia material. En el caso, el funcionamiento del interés remuneratorio está claramente explicado en la documentación contractual. Los prestatarios conocían desde un primer momento, y durante toda la vida del préstamo, tanto en el periodo de interés fijo como en el de interés variable, la cantidad que iban a pagar durante la vida máxima del contrato. Las reglas sobre la amortización están claramente fijadas sin redacciones ambiguas u oscuras, ni remisiones a cláusulas distintas. Como las cláusulas sobre el interés remuneratorio son transparentes, resulta improcedente realizar el control de abusividad. Se estima el recurso de casación.
Resumen: Recurso de casación. Desestimación por concurrir causas de inadmisión. El recurso de casación se halla sometido a ciertos requisitos formales que se traducen, entre otras exigencias, en la necesidad de indicar con claridad y precisión en el encabezamiento del motivo la norma que se considera infringida, y en la necesidad de desarrollar, con concisión pero con el adecuado desarrollo, cómo ha incurrido la sentencia recurrida en la infracción legal denunciada. El recurso de casación ha de basarse en la existencia de una infracción de normas aplicables para resolver las cuestiones objeto del proceso, que ha de quedar identificada en el encabezamiento del recurso y ha de ser explicada en su desarrollo. Un escrito de naturaleza meramente alegatoria no reúne los requisitos necesarios para cumplir las exigencias de este recurso. En este caso, en el encabezamiento no se denuncia la infracción de una norma sustantiva, pues solo se hace una referencia genérica a la existencia de interés casacional consistente en la contradicción entre las Audiencias Provinciales (el interés casacional solo sirve para justificar el acceso al recurso de casación cuando, como en este caso, un litigio cuyo trámite viene determinado por la cuantía, tiene una cuantía inferior a 600.000 euros); y en el desarrollo del motivo no se explica con un mínimo rigor cómo se habría producido la infracción de una norma aplicable para la resolución del litigio..
Resumen: Acción de reclamación de asegurados contra su compañía al acaecer un siniestro que consideraban cubierto (robo en joyería, con violencia e intimidación), pero que la aseguradora consideraba que no lo estaba (hurto), razón por la cual esta ofertó extrajudicialmente una cantidad inferior que los demandantes rechazaron. No resulta discutida la relación contractual de la que deriva la pretensión deducida ni el hecho delictivo que supuso el acaecimiento del riesgo asegurado por dicha póliza. La demanda fue parcialmente estimada en ambas instancias, accediéndose a fijar la indemnización en la cantidad que la compañía ofreció, razón por la cual no se impusieron a la compañía los intereses moratorios. Ofrecimiento de pago sin consignación e intereses de demora. Doctrina jurisprudencial: los ofrecimientos de pago de las aseguradoras condicionados a la renuncia del asegurado a la acción no son eficaces para evitar la mora de aquéllas y sus consecuencias. En este caso la aseguradora ofertó la cantidad que correspondía al hurto, a sabiendas que era inferior a la que correspondía por robo con violencia e intimidación, y pese a que los asegurados la rechazaron, no la consignó, por lo que no concurrió causa justificada para no imponer el recargo por mora.
Resumen: Recurso de casación: planteamiento de cuestiones relativas a la prescripción; se da, junto a un aspecto fáctico, una dimensión jurídica que hace posible revisar la decisión de la sentencia de instancia por razones de correcta aplicación e interpretación de la normativa y jurisprudencia aplicables. Fundamento de la prescripción extintiva y determinación del día inicial del cómputo del plazo: al tratarse de una institución que no está fundada en términos de estricta justicia, los supuestos dudosos de aplicación de las reglas que la disciplinan deber ser objeto de una interpretación restrictiva; el día inicial para el ejercicio de la acción es aquel en que puede ejercitarse según el principio "actio nondum nata non praescribitur". Cuando se ha seguido expediente administrativo para fijar el riesgo cubierto o en casos de impugnación de la resolución dictada sobre el grado de incapacidad, el día inicial del plazo de prescripción se computa a partir del momento en que quedó definitivamente resuelta la impugnación del perjudicado contra dicha decisión, pues sólo entonces podrá detallar en su demanda civil el definitivo daño sufrido. En el caso: comportamiento claramente contradictorio de la compañía aseguradora; fijación del día inicial en el de la firmeza de la resolución administrativa. Estimación del recurso de casación con devolución de las actuaciones al tribunal de apelación para que dicte sentencia sobre el fondo y el asunto no se vea privado de una instancia.
