Resumen: Protección de derechos reales inscritos instada por la titular registral. La finca objeto del procedimiento fue adjudicada, junto con otras, en el seno de una ejecución hipotecaria afectada por la sentencia 187/2020, de 14 de diciembre del Tribunal Constitucional que declaró la nulidad de lo actuado a partir del requerimiento de pago. La sala se remite a la sentencia 316/2025, de 27 de febrero, que, a su vez, cita la 1064/2024, de 23 de julio, que abordan la misma problemática. Concluye que no se ha negado la legitimación activa de la sociedad demandante, nacida de la titularidad de un asiento registral vigente y sin contradicción alguna, lo que sucede es que la presunción de exactitud no es absoluta, sino iuris tantum, y concurre el motivo de oposición esgrimido al amparo del art. 444.2 4.º LEC, que legitima la posesión de la demandada, cual es la existencia de una relación jurídica directa con un titular registral anterior, como consecuencia, en este caso, de un contrato de arrendamiento vigente al tiempo de interponerse la demanda, y sin que corresponda a este procedimiento privilegiado y sumario, de cognición judicial limitada, resolver la cuestión determinante de la validez o eficacia del título esgrimido bajo el contexto y premisas antes referenciadas, sin perjuicio de los derechos que la parte demandante considere le pertenezcan dado que esta sentencia no produce efectos de cosa juzgada.
Resumen: El momento de cumplimiento de los requisitos para acceder a la prestación de ingreso mínimo vital es el de la solicitud, debiendo mantenerse a lo largo de todo el tiempo de percepción. El solicitante no aportó certificado de servicios sociales sobre exclusión social, por lo que no acreditó el requisito de existir riesgo de exclusión social en el momento de la solicitud, no puede serle reconocida la prestación. Posteriormente, cuando se ha acreditado (con efectos de 1 de enero de 2025) se le ha reconocido.
Resumen: No toda infracción procesal conduce a la nulidad del juicio, de la sentencia o del acto procesal, por cuanto se hace preciso que, además de la irregularidad procesal, se cause indefensión material. No consta la citación al juicio celebrado el día 1 de octubre de 2024 ni de la denunciante ni de su letrado, obra en autos que se personó este para actuar en el procedimiento por delito leve. En cambio, tras la suspensión del primer señalamiento, se procede mediante diligencia de ordenación a fijar nuevo día para el enjuiciamiento, sin que conste en modo alguno notificada al letrado dicha diligencia a fin de que pudiera conocer dicha fecha, tampoco figura cédula alguna de citación en que personalmente se intentara la citación con la denunciante. La indefensión material es evidente, por lo tanto. Procede declarar la nulidad, no se acuerda que fuere un juez distinto quien lo dirija por cuanto la incomparecencia de la denunciante produjo la absolución por aplicación del principio absolutorio, sin entrar en el fondo del asunto.
Resumen: En el caso no resultaba exigible el planteamiento de incidente excepcional de nulidad de actuaciones con carácter previo a la interposición de la demanda, ya que la cuestión ahora planteada ya fue solicitada por la demandante mediante solicitud de aclaración de sentencia. No obstante, la demanda resulta inadmisible por la manifiesta insostenibilidad de la pretensión. La actora se limita a reproducir pretensiones ya planteadas y resueltas en el proceso, como si el error judicial constituyese una nueva instancia, lo que es contrario a la naturaleza de la acción que se ejercita a través de este procedimiento. Aunque bajo el revestimiento formal de una denuncia de equivocación manifiesta y palmaria en la «fijación de los hechos o en la interpretación o aplicación de la ley», la demanda no hace sino dar cobertura a una mera discrepancia con la valoración de la prueba llevada a cabo por el órgano judicial. Así, aun admitiendo a efectos puramente dialécticos la discrepancia denunciada en la demanda entre la literalidad de las afirmaciones realizadas por el perito propuesto por la parte actora en el proceso y su reflejo en la sentencia a la que se imputa el error, no puede perderse de vista que, en el proceso de valoración de la prueba, el tribunal no obtuvo su convicción como consecuencia del resultado de dicha prueba, sino del resultado de otras, significadamente, del informe emitido por la CNMC, prueba acordada de oficio e incorporada como diligencia final.
Resumen: Delito de cohecho de los artículos 425 y 426 del Código Penal. La personación de la acusación particular se ha de realizar antes del inicio del trámite de calificación. El artículo 109 bis no tiene por objeto limitar los titulares de la acción penal, sino regular los derechos de las víctimas y de otros perjudicados por los delitos cometidos contra éstas. De hecho, como dispone el artículo 101 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: "La acción penal es pública. Todos los ciudadanos españoles podrán ejercitarla con arreglo a las prescripciones de la Ley." Distinto es quién está legitimado para constituirse como parte acusadora en el procedimiento. El derecho de defensa y la indefensión material.
Resumen: Se estima el recurso de la empresa demandante y en consecuencia se casa y anula la sentencia recurrida declarando que la de instancia era recurrible en suplicación en razón de la naturaleza jurídica y cuantía de la sanción impuesta a la empresa, cuya impugnación constituye el objeto del litigio. El acto administrativo impugnado versa sobre la imposición de una sanción en materia de seguridad social del art. 23.1 a) LISOS, por importe de 10.001 €. La Sala IV reitera doctrina que señala que dicho precepto se encuentra comprendido dentro del capítulo III de la LISOS sobre "infracciones en materia de seguridad social" y no en el capítulo II sobre "infracciones en materia laboral" por lo que a la impugnación de actos administrativos en materia de seguridad social se le ha de aplicar la regla general del artículo 191.2 g) LRJS, que establece el umbral de 3000 euros para el acceso al recurso de suplicación, al ceñirse el artículo 191.3 g) LRJS a la impugnación de actos administrativos en "materia laboral". Dado que la cuantía del litigio excede de 3.000 €, la sentencia del juzgado es recurrible en suplicación.
Resumen: Recurre el Ministerio Fiscal la sentencia que absolvió al acusado de delitos de prevaricación y negociación prohibida a los funcionarios públicos. Se denuncia vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y al proceso con todas las garantías por no tratarse en la sentencia impugnada todos los aspectos fácticos incluidos por el Ministerio Fiscal en su escrito de acusación y analizados en la fase de plenario, tales como las funciones municipales desempeñadas por el acusado, sus vínculos patrimoniales y familiares con personas y mercantiles involucradas en los hechos, irregularidades en la tramitación administrativa de los hechos enjuiciados y falta de contextualización de la actividad desplegada por el acusado en situaciones similares objeto de otros procedimientos penales. Denuncia también el Ministerio Fiscal la falta de valoración de determinados medios de prueba aportados por dicha acusación. El tribunal de apelación anula la sentencia apelada tras analizar las posibilidades de revisión o revaloración probatoria que corresponden al tribunal de alzada, especialmente en el caso de sentencias absolutorias. Se reprocha a la sentencia apelada el análisis desagregado, y no conjunto, de todos los elementos fácticos acreditados, los cuales debían haber sido evaluados en el ámbito de la prueba indiciaria. Se anula la sentencia y se ordena la celebración de un nuevo juicio por distinto tribunal, ordenando que éste habrá de valorar los aspectos fácticos mencionados en la fundamentación de la sentencia de apelación, además de todos aquellos otros aspectos fácticos que tenga por conveniente a la vista del desarrollo del juicio y de las alegaciones de las partes, decidiendo libremente sobre la absolución o condena de los acusados por los delitos de prevaricación y de negociación prohibida a los funcionarios públicos en los términos de que fueron acusados por el Ministerio Fiscal.
Resumen: Anula la sentencia del Juez de Instrucción que absuelve a una denunciada de la acusación por delito leve de coacciones y hurto, y ordena la celebración de un nuevo juicio a celebrar por juez distinto. Apelación contra sentencias absolutorias. Error en la valoración de las pruebas. Limitaciones revisorias del tribunal de apelación. La prueba practicada en el acto del plenario aporta datos que no han sido objeto de correcta valoración por parte del juzgador, lo que obliga a celebrar un nuevo juicio que propicie una valoración racional de las pruebas personales, que no puede revisar el tribunal de la segunda instancia que no la ha recibido, y un nuevo juez decida la procedencia de la sentencia absolutoria o de un pronunciamiento condenatorio que postula la acusación particular.
Resumen: Se interpone recurso de apelación contra la sentencia que absolvió al acusado de un delito de apropiación indebida, interesando se declarase su nulidad.
En la alzada se analiza la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional y la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECr) introducida por la Ley 41/2015, que prohíbe condenar en apelación a quien fue absuelto en primera instancia por error en la valoración de pruebas, salvo que se declare la nulidad de la sentencia absolutoria para que otro juez pueda dictar nueva resolución.
Se reconoce que la sentencia de instancia partió de una interpretación errónea al considerar que, conforme a la Ley 17/2021 sobre régimen jurídico de los animales, los animales no pueden ser objeto de apropiación indebida, dado que dicha ley permite aplicar normas relativas a las cosas cuando no existan disposiciones específicas, y que sería contradictorio excluir la protección penal en caso de apropiación de animales.
Sin embargo, en el caso concreto, la Sala considera que el conflicto versa sobre la propiedad y cuidado del perro entre las partes, tratándose por ello de una cuestión de índole civil y ajena a la jurisdicción penal, conforme a la reforma del artículo 90 del Código Civil introducida por la Ley 17/2021 y por ello no concurre delito de apropiación indebida, y procede confirmar la sentencia absolutoria dictada.
Resumen: La fórmula de la hiperagravación de los artículos 138.2 y 140, ambos, CP no puede activarse por la pertenencia a cualquier organización o grupo criminal, con independencia de la finalidad delictiva que les presta sentido fundacional. Tal circunstancia no puede aumentar el injusto del delito de homicidio o de asesinato en una medida tan significativa que suponga la imposición de penas severísimas como las contempladas en los artículos 138.2 y 140, ambos, CP. Interpretar así el fundamento de la imposición desde el sentido literal posible de la norma comporta costes constitucionales inasumibles. Que deben evitarse mediante una interpretación reductora, teleológica y sistemáticamente correcta, de la cláusula de agravación acudiendo a otros sentidos literales posibles que, además no se oponen "a la voluntad claramente reconocible del legislador", en fórmula clásica del Tribunal Constitucional alemán. En efecto, si acudimos al preámbulo de la LO 1/2015 cabe destacar cómo el legislador presenta la nueva regulación de la hiperagravación refiriéndose "a los asesinatos cometidos en el seno de una organización criminal y no meramente por uno de sus integrantes". Lo que marca un primer presupuesto aplicativo: la necesidad de una intensa conexión entre el delito cometido y la finalidad delictiva de la organización o grupo al que pertenezca el autor.
