Resumen: Confirma la absolución por el delito de abuso sexual a menor de cuatro años de edad. El acusado, mientras realizaba una videollamada con la madre del menor, interactuando y jugando con el mismo, agarró en varias ocasiones con sus manos el pañal por la zona de los genitales, sin que se aprecie componente sexual alguno en dichas actuaciones. En el delito de abuso o agresión sexual no es exigible que el autor actúe movido por un especial ánimo subjetivo de índole sexual, ánimo libidinoso o lúbrico, ya que ello no es requerido por el tipo penal, pero sí que se resulta necesario que concurra el dolo o conciencia y voluntad de atentar contra la libertad sexual de la víctima, diferenciando el dolo una actividad lícita (como una exploración médica necesaria) de la comisión de un abuso o agresión sexual. Basta con que el autor tenga conocimiento de la indiscutible naturaleza sexual del acto que realiza, cualquiera que sea el móvil o motivación que finalmente se persiga. Contra una sentencia absolutoria, el juzgador ad quem no puede modificar los hechos considerados probados en la sentencia de primera instancia, incluyendo los elementos subjetivos acreditados, pudiendo procederse a declarar su nulidad por los motivos legales tasados, su revocación y devolución al juzgador a quo para la emisión de nueva sentencia.
Resumen: Resolución anulatoria parcial dictada en apelación. El criterio de la Sala II del TS es excluir del recurso de casación las sentencias que declaran la nulidad, incluidas en las que se trata de una nulidad parcial. Entendimiento garantiza un abordaje integral del objeto del proceso frente al ensamblaje de cuestiones fácticas y jurídicas que son comunicantes. Lo que no quiere decir que aquella porción del objeto del proceso resuelta de manera definitiva por la sentencia de apelación quede exenta de revisión casacional, la facultad impugnatoria queda pospuesta al momento en que se dicte sentencia que emita un pronunciamiento en cuanto al fondo, absolutorio o de condena. Ahora bien, se trata de un criterio modulable, que admite excepciones en casos concretos. Especialmente cuando la parte del fallo definitivo contiene un pronunciamiento de fondo, escindible del también de fondo que se anula, como es el caso enjuiciado. Informaciones sumariales intempestivamente obtenida. Diligencias de investigación realizadas con infracción del articulo 234 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La intempestividad convierte a la diligencia, como genuina fuente de prueba, en irregular, debiéndose entender como tal la obtenida, propuesta o practicada con infracción de la normativa procesal que regula el procedimiento probatorio, pero sin afectación nuclear de derechos fundamentales. Infracción de ley, presupuestos. La estafa procesal precisa de un engaño producido en el seno del procedimiento.
Resumen: Falta de motivación. La sentencia no adolece de nulidad porque la nulidad de actuaciones es un remedio excepcional reservado a casos en los que se infringen normas procesales esenciales causando indefensión real y efectiva y según el TC, la indefensión con relevancia constitucional requiere que se haya impedido el ejercicio del derecho de defensa y en este caso, no se ha producido tal situación, la parte tuvo oportunidad de alegar y probar, y la sentencia está motivada conforme al art. 120.3 CE, exponiendo razonadamente los fundamentos jurídicos de la decisión, sin que el mero desacuerdo con el contenido de la sentencia implique falta de motivación ni genere indefensión. Valoración de la prueba. Se valoró razonadamente toda la prueba, otorgando el JS mayor credibilidad al contrato y nóminas que aporta la empresa frente a correos y organigramas que aporta la parte actora, pretendiendo el recurso solo revisar esa valoración, que corresponde al JS.
Resumen: La Audiencia revoca la sentencia dictada por el juzgado que absolvió al acusado de un delito de apropiación indebida, anulándola y acordando se dicte una nueva sentencia en la que se realice una nueva valoración de todo el elenco probatorio con el que se ha contado, incluidos los documentos que el tribunal considera indebidamente obviados. Apoderamiento de bienes por uno de los cónyuges tras el divorcio. Se descarta la existencia de cosa juzgada por la existencia de una denuncia previa sobreseída. Las posibilidades de recurso que existen en el ámbito del proceso penal cuando se trata de recurso contra sentencias absolutorias: examen de la doctrina jurisprudencial y de la regulación actual. La ausencia de valoración en la instancia de una serie de documentos que el tribunal considera relevantes en cuanto permiten acreditar la preexistencia de los bienes que se denuncian como apropiados. Se concluye que la sentencia ha dejado de valorar una parte importante de la prueba de la acusación particular, prueba que podría sin duda tener relevancia para el fallo y su análisis hubiera permitido cambiar el sentido del juicio de inferencia de la comisión de la actividad delictiva; motivo por el cual se anula.
Resumen: Debe concluirse por tanto que la acción para reclamar la compensación por vacaciones no disfrutadas se encontraba viva, y no existía ningún hecho excluyente o enervante que la empresa pudiera alegar a tal efecto.En el presente caso el concepto discutido se refiere a la compensación por vacaciones no disfrutadas del año 2020 con respecto a la cual, no constando ni alegándose ninguna disposición de convenio que pudiera incidir en dicho derecho para prolongar la fecha de eventual disfrute, resulta que el trabajador podía reclamar la compensación por vacaciones no disfrutadas desde el 31-12-20. Y como la papeleta de conciliación se presentó el 19-9-21, es claro que no había transcurrido el año que hubiera determinado la prescripción de la acción, de manera que no existía óbice alguno para que el trabajador ejercitar la correspondiente pretensión. Igualmente, no es óbice a tal efecto que pudiera existir una mayor o menor concreción o desglose de cantidades, en cuanto es claro que la parte reclamaba las vacaciones no disfrutadas como parte del objeto de dicha pretensión
Resumen: El Juzgado de instancia dicta Sentencia en la que estima la demanda de conflicto colectivo y, tras desestimar la excepción procesal de inadecuación de procedimiento, declara el derecho de los trabajadores afectados por el conflicto al cobro de 250 euros (o parte proporcional al tiempo de trabajo en 2022), en aplicación del Convenio Colectivo del sector de Empresas de Depuración de Aguas Residuales de Madrid. La Sala analiza el recurso de suplicación de la parte demandante que, en sede jurídica, denuncia la infracción de los arts. 97.2 y 160.3 LRJS y 209.4 LEC, alegando que la Sentencia tiene que determinar quién será la mercantil afectada. La Sala razona: a) que la declaración de nulidad de actuaciones es contraria a los principios de economía y rapidez procesal - art. 74.1, de la LRJS, lo que determina que únicamente tendría que decretarse la nulidad cuando la infracción sea de tal calado que haya ocasionado verdadera indefensión, por lo que es el último remedio; b) que la parte actora propone que de las consecuencias de la declaración incluida en el fallo de la resolución de instancia, debe ser declarada responsable Valoriza; c) que, como prevé el art. 209.2 LEC, la parte dispositiva de una sentencia no puede limitarse a reconocer un determinado derecho, siendo preceptivo fijar quien ha de ser condenado a estar y para por esta declaración. Se estima el recurso y se revoca parcialment ela Sentencia determinando que una concreta empresa es la condenada.
Resumen: La sentencia recurrida debe ser anulada para que por la juzgadora de instancia se proceda a dictar nueva resolución que contenga un relato fáctico completo y detallado de la situación objeto de enjuiciamiento (despido objetivo amparado en causas organizativas y productivas) y la que realmente se valore, sea cual sea el sentido de la valoración, la prueba practicada en la vista oral, en orden a determinar si las causas alegadas por la empresa han sido debidamente acreditadas y a la jurisprudencia que desarrolla ese artículo, si dichas causas justifican el despido por haberse producido cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal o en el modo de organizar la producción (en el caso de las causas organizativas) y por haberse producido cambios, entre otros, en la demanda de los productos o servicios que la empresa pretende colocar en el mercado (en el caso de las causas productivas).La sentencia no concreta la prueba que sirve de soporte a su decisión, sin que conste en la resolución las razones por las que ha dotado de preferencia a unos medios probatorios respecto de otros.No establece en sus hechos probados nadaen relación con las causas organizativas y productivas alegadas,
Resumen: En el recurso de apelación se denuncia la infracción procesal determinante de la nulidad de actuaciones por no haberse notificado el cambio de magistrado, vinculándolo con la coincidencia de apellidos entre la magistrada sentenciadora y el abogado de una de las partes en otro procedimiento. La falta de comunicación del cambio de magistrado, ninguna indefensión causó a la parte. La apelante pudo hacer valer la hipotética y no fundamentada vinculación entre la magistrada y el letrado de una parte en otro procedimiento mediante la recusación de la magistrada al tener conocimiento del cambio de juez en la vista, lo que no verificó. A ello debe verificarse que ninguna vinculación se ha justificado que exista entre ellos. Por ello, debe rechazarse la petición de nulidad.
Resumen: Procede la nulidad de las sentencias dictadas en la instancia cuando las mismas omiten datos esenciales en los «hechos probados» que el Tribunal «ad quem» considera necesarios, a los efectos de fundamentar la sentencia de suplicación o casación.Las irregularidades formales o de redacción en la versión judicial de los hechos, como la indicación en la fundamentación jurídica de los que se estimen probados, o las remisiones a documentos obrantes en autos, no tienen tampoco en sí mismas fuerza invalidante de la resolución judicial .La anulación de la sentencia por insuficiencia de hechos probados sólo es posible como última ratio, para el caso de que las omisiones en que haya incurrido la decisión judicial no pueda subsanarse por una u otra vía.La sentencia debe reflejar todos los hechos del debate procesal relevantes para la decisión del Juez a quo, y para la eventual solución del recurso .Esta nulidad se produce cuando las sentencias contienen declaraciones fácticas, oscuras, incompletas o contradictorias, o si no hay declaración de hechos probados o si se hace con tal género de dudas, vaguedades o inconcreciones que impiden la delimitación precisa y clara de los hechos y circunstancias fundamentales de cada caso, pues su cumplimiento, como base fáctica, es de absoluta necesidad para el acierto de la resolución jurídica o como antecedente para su impugnación.
Resumen: Recurso de casación anterior a la reforma Ley 41/2015: presunción de inocencia. Dolo falsario. El delito de falsedad documental requiere la voluntad de alterar conscientemente la verdad, convirtiendo en veraz lo que no es. El motivo por infracción de ley art. 849.1 LECrim: respeto hechos probados. Error de hecho art. 849.2 LECrim. Elementos que lo configuran. Requisitos formales del escrito de formalización del recurso de casación, art. 874 LECrim. Prescripción. Naturaleza sustantiva. Los plazos han de referirse a la infracción por la que se condena en abstracto. No realización prueba propuesta y admitida. Pertinencia y relevancia. Problemática de la adhesión a la prueba solicitada por otra parte. Conformidad de la mayor parte de los acusados. Negativa a declarar. Posibilidad de indefensión. Requisitos conformidad. Naturaleza jurídica. Presupuestos procesales. Valor declaración coimputado. Derecho a conocer la acusación. Se condena por un delito distinto superior y no análogo al solicitado. Doctrina sobre el principio acusatorio. Homogeneidad entre falsedad en documento privado y falsedad en documento público. La pena resultante es inferior a la impuesta en la sentencia recurrida. Cooperación necesaria en el delito de falsedad documental. Falta de legitimación de un acusado condenado para solicitar condena de los absueltos. El principio de igualdad ordena tratar de distinto modo a lo que es diferente. Error de tipo y error de prohibición. Distinción. Condena en costas.
