Resumen: Confirma la sentencia del Juez Penal que condena a un acusado como autor responsable de un delito contra la Hacienda Pública. Defraudación en el IRPF mediante la ocultación a través de varias sociedades de rendimientos de la actividad profesional del obligado tributario. Caducidad de la infracción tributaria y prescripción del delito. Plazo de prescripción del delito e interrupción de la prescripción por auto judicial de admisión de la querella. Alcance de la motivación exigible al auto judicial de admisión de querella. Facultades revisorias del tribunal de apelación respecto de las pruebas tomadas por el Juez Penal para la convicción de culpabilidad. Presunción de inocencia y prueba de cargo bastante. Valoración racional de la prueba por parte del Juez de primer grado. Determinación de la cuota defraudada. Reparación parcial del daño. La apreciación de la atenuante de reparación del daño en delitos contra la Hacienda Pública exige la acreditación del resarcimiento de la total deuda tributaria defraudada.
Resumen: Trastorno bipolar. Las circunstancias fácticas en las que se ampara la pretensión de apreciación de circunstancias exoneradoras o modificativas de la responsabilidad criminal han de estar tan acreditadas como el hecho típico de que dependen, sin que resulte aplicable respecto de las circunstancias eximentes y atenuantes el principio "in dubio por reo". La decisión absolutoria tiene su base en un informe médico forense de imputabilidad, único que consta en la causa, que fue realizado en el seno de un procedimiento penal diferente, con fecha 17 de enero de 2023. Dicho informe refleja que el acusado padece una patología psiquiátrica desde hace más de veinticinco años, pero también indica que dicha patología no implica una inimputabilidad permanente, sino únicamente cuando se dan determinadas circunstancias. Pero, a los efectos de valorar el estado psíquico que probablemente presentaba el sujeto en el momento de los hechos, es necesario, aunque sea brevemente, conocer las características clínicas y sobre todo evolutivas de la enfermedad mental. Es por ello, que procede la anulación de la sentencia de instancia extensiva al juicio, porque en dicho acto no se practicó una de las pruebas propuestas y admitidas que podría resultar determinante para tratar de disipar la duda que nos ocupa, como es la declaración de la médico forense que realizó aquel informe de imputabilidad, a quien en su día se dispensó de acudir al juicio al encontrarse de vacaciones.
Resumen: La Sala condena por un delito de detención ilegal con simulación de funciones públicas, delito de coacciones y delito de falsedad documental de uso. Se planteó como cuestión previa la nulidad por infracción de los plazos para la instrucción de la causa y en este sentido el dies a quo para el cómputo del plazo es cuando se inicia un proceso penal y, además, existe una persona identificada como investigada, pues sin hecho y/o sin autor no puede haber proceso. En el caso presente no se ha superado el plazo del artículo 324 LECR, y, por otro lado, la investigación policial no está sometida a plazo. Para tomar muestras corporales, saliva u otros fluidos a efectos del ADN, si el investigado no presta su consentimiento, habrá que recabar la autorización judicial, y si el investigado se encuentra detenido se requiere la asistencia letrada. Por otro lado, se ha de partir de una presunción de legalidad en la obtención de la muestra y del perfil genético anterior inscrito en la base de datos que desplaza la carga probatoria a aquel que pone en cuestión la licitud de dicha actuación invocando el origen irregular de las muestras. El delito de detención ilegal se comete cuando una persona encierra o detiene a otra privándola de su libertad. Se trata de una figura específica de coacciones que afecta al derecho a la libertad deambulatoria, impidiendo su ejercicio, considerada de mayor gravedad que aquéllas y, por lo tanto, acreedora de una sanción penal demás intensidad.
Resumen: La discrepancia sobre la prescripción del delito leve entraña un error en la valoración de la prueba al considerar el recurrente que se han reproducido las vejaciones con posterioridad a los momentos temporales fijados en la declaración de hechos probados de la sentencia, considerando que se trata de un delito continuado que va más allá de la última fecha en la que la denunciante refiere que se produjo la última de las expresiones vejatorias, lo haría necesario una modificación incluyendo hechos que resultan perjudiciales para el denunciado, lo que está ampliamente limitado a través de un recurso de apelación al no haberse celebrado la prueba sometida a inmediación ante el Tribunal de alzada.
Resumen: Confirma la absolución por el delito de amenazas. El acusado, hablando con el portero del edificio en el que convivió con su esposa, le dijo a éste que "si no tuviera pareja, la había matado". El delito de amenazas requiere: 1) una conducta integrada por expresiones o actos idóneos para violentar el ánimo del sujeto pasivo, intimidándole con la comunicación de un mal injusto, determinado y posible, de realización más o menos inmediata, que depende exclusivamente de la voluntad del sujeto activo; 2) al ser delito de simple actividad, de expresión o de peligro, no requiere lesión, si ésta se produce actuará como complemento del tipo; 3) que la expresión del propósito por parte del agente sea seria, firme y creíble, atendiendo a las circunstancias concurrentes (contexto en el que se emite la amenaza, relación entre las partes, reiteración, actos anteriores, simultáneos y, sobre todo posteriores a la emisión de la amenaza, etc.); y 4) que las circunstancias, subjetivas y objetivas en que se produce la amenaza doten a ésta de entidad suficiente para merecer una calificación como delito. El delito se consuma con la recepción de la amenaza por su destinatario, no siendo necesario que la amenaza haya logrado la perturbación anímica buscada con su emisión. El tiempo verbal utilizado por el acusado alude al pasado y, por ello, no se trata de una amenaza de un mal futuro y, además, no se acredita la voluntad o intención del acusado de que la amenaza llegase a la esposa
Resumen: el Juez a quo ha perdido la neutralidad que le es exigible en la medida en que cercenó el derecho a la última palabra del acusado manifestándole que más valía que "se hubiese conformado porque la prueba es irrefutable".Por tal causa, procede acordar la nulidad del juicio y de la sentencia dictada con retroacción del procedimiento al momento anterior a la celebración de juicio oral con la finalidad de que sea celebrado por juez distinto.
Resumen: Traslado incompleto de la causa y acceso a las actuaciones y documentación. Legitimación de la Letrada de la Junta de Castilla y León como acusación. Una denuncia anónima no impide una investigación penal, si bien exige un análisis reforzado para su toma en consideración que pondere la coherencia y la verosimilitud de los datos ofrecidos. Delito de revelación de secretos o información reservada del 417.1 del CP, el secreto o información reservada viene representado por la específica convocatoria de un concurso público para el arrendamiento con opción de compra de un edificio por la ADE para la ubicación de servicios administrativos en la ciudad de Valladolid y términos municipales limítrofes, así como de las condiciones de dicho concurso, información que no debía ser divulgada. Prescripción de este delito. Delito de violación de secretos del 418, inciso segundo, del CP en concurso con un delito de tráfico de influencias del 429 CP. Delito de tráfico de influencia del 428 del CP, trata de evitar cualquier lesión a la objetividad e imparcialidad con que los poderes públicos deben actuar en la prestación de servicios a la colectividad, en cuanto tal conducta supone la interferencia de intereses ajenos o contrarios a los públicos en el proceso de toma de decisión por partes de los funcionarios o autoridades. Elementos. Delito de negociación o actividad prohibida a funcionario público del 442, parrafo 2, del CP
Resumen: No se nos dice en el recurso qué preguntas formuló el Letrado y no se le admitieron ni qué preguntas pretendió formular y no se le permitió a fin de valorar su pertinencia, la nulidad ni se ha solicitado ni puede acordarse de oficio. Para desvirtuar la presunción de inocencia es preciso que se haya desarrollado una actividad probatoria de cargo, cuya iniciativa corresponde a la acusación y cuyo contenido incriminatorio, racionalmente valorado de acuerdo con las reglas de la lógica, las máximas de experiencia y los conocimientos científicos, sea suficiente para desvirtuar aquella presunción inicial, en cuanto que permita al Juez o Tribunal alcanzar una certeza objetiva sobre los hechos ocurridos y con base en la misma declararlos probados, así como la participación del acusado en ellos, descartando, al mismo tiempo, la versión alternativa ofrecida por el acusado por carencia de la necesaria racionalidad.
Resumen: El juzgado de instrucción condena al acusado como autor de un delito de estafa del artículo 249 del código penal a la pena de tres meses de multa con una cuota diaria de seis euros. La representación procesal del acusado interpone recurso de apelación e interesa la nulidad actuaciones ya que a la fecha de celebración del juicio se encontraba interno en el centro penitenciario, motivo por el que no pudo acudir al juicio. La audiencia Provincial desestima el recurso de apelación y concluye que la citación se verificó estando interno ya en el centro penitenciario, y sabía por tanto que estaba citado, y pudo comunicar al Juzgado y solicitar del mismo que se acordara el oportuno traslado para asistir a la vista oral o se llevara a efecto su audiencia por videoconferencia, no teniendo obligación de comparecer y constando la citación personal con todas las previsiones legales, por lo que no cabe apreciar indefensión con relevancia constitucional.
Resumen: La Sala anula la sentencia que absolvía de un delito de lesiones y otro de amenazas cometidos en el ámbito de la violencia de género, ordenando repetir el juicio con juez distinto. El Tribunal Constitucional establece que el tribunal de segunda instancia solo tribunal de segunda solo puede declarar la nulidad de la sentencia por falta de validez de las razones probatorias ofrecidas por el tribunal de instancia en dos supuestos: uno, si no se ha valorado de manera completa toda la información probatoria significativa producida en el plenario, privando, por ello, de la consistencia interna exigible a la decisión adoptada. Y, el otro, cuando los estándares utilizados para la valoración de la información probatoria sean irracionales. En el caso presente la sentencia de instancia contiene una motivación insuficiente sobre las pruebas practicadas. No se valoran, además, informes facultativos y médicos relevantes y con valor probatorio que pueden influir en la decisión final. También se aprecia que la sentencia lleva a cabo un proceso de inferencia que no se sustenta en criterios lógicos, por lo que procede la anulación del juicio y de la sentencia.
