Resumen: La alegación de falta de jurisdicción por sometimiento a arbitraje de la cuestión litigiosa absorbería la alegación de falta de competencia objetiva del Juzgado de lo Mercantil, ya que el planteamiento de fondo de ambas coincide, al indicarse por el administrador demandado que las mismas cuestiones sobre validez y cumplimiento del contrato de suministro, determinantes de la cuantía de las deudas, quedan sujetas todas ellas al conocimiento bien de árbitros, bien de los Juzgados civiles. Y respecto de ambas cuestiones ha de indicarse que no se ejercita aquí acción contractual alguna basada en el citado contrato de suministro, como con acierto ya apreció el auto que desestimó la declinatoria en primera instancia. El objeto del presente procedimiento viene determinado por la petición de condena pecuniaria exclusivamente dirigida contra el administrador social. Ello se funda, como causa de pedir, en una específica acción de responsabilidad de administradores sociales prevista por la legislación societaria, basada en el reproche de incumplimiento de deberes de disolución social cuando aparece una causa legal para esa disolución en la sociedad. En cambio, la cláusula de sometimiento a arbitraje, estipulación 8ª del contrato de suministro, se refiere a "cualquier litigio relativo al presente contrato". Esto es, a acciones contractuales y obligacionales que afectasen a las partes firmantes de aquel negocio jurídico.
Resumen: La sentencia de la Audiencia decreta la nulidad del juicio y de la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal, sobre la base de que la competencia objetiva para el enjuiciamiento de los hechos corresponde a la propia Audiencia. Se imputan hechos consistentes en atentado contra la integridad moral cometido supuestamente por un miembro de la Policía contra un subordinado, acoso laboral. En estos casos la competencia para el enjuiciamiento corresponde a la Audiencia. La STC 28 de marzo de 1990, lo único que vino a declarar contrario a la Constitución fue, única y exclusivamente, que en el inciso 2º de su art. 8.1 la Ley Orgánica 2/1986 viniera a atribuir a un mismo órgano judicial la doble función de instruir y juzgar, en detrimento de las garantías de imparcialidad que dimanan de los derechos al juez ordinario predeterminado por la ley y a la tutela judicial efectiva, preconizados por el art. 24 CE. Pero el enjuiciamiento por la Audiencia se mantiene y no es contrario a la Constitución pues no vulnera el principio de igualdad de trato.
Resumen: Principio de mínima intervención: criterio de política criminal dirigido al legislador para que a la hora de redactar los tipos penales tenga en cuenta que la gravedad de la lesión puede ser graduada y reservar la actuación del sistema penal para aquellas lesiones más graves al bien jurídico. Denuncia acerca de la negativa a dar acceso a un expediente administrativo y eventual negativa de registro de un documento, en la sede del Consulado General de España en Tetuán (Marruecos): eventual tutela de tales intereses en la sede que le es propia, la administrativa y en su caso, la contencioso administrativa. El delito de impedir a una persona el ejercicio de otros derechos cívicos reconocidos por la Constitución y las Leyes está referido a los derechos que se reputan fundamentales. Motivación suficiente del auto recurrido.
Resumen: Por el juzgado de lo social se aprecia la excepción de incompetencia de jurisdicción por entender que no existe relación laboral entre el trabajador y la empresa demandada y entiende que es competente el orden jurisdiccional civil. Frente a la sentencia se interpone recurso de suplicación por el demandante que se desestima. Así desestima la Sala el motivo de nulidad. Por lo que respecta a los motivos de denuncia jurídica, no se solicitó revisión de hechos , se recuerda por la Sala que se debe de partir de los hechos declarado probados y la valoración de los mismos realizada por el juzgador de instancia. Llegándose a la conclusión que no se trataba de un trabajador sino de la persona que llevaba a cabo el giro de la empresa y decidía como empresario con actos que exceden de la mera administración e incluso disponía de los bienes , lo que implicaría que en ningún caso concurrieran las notas de ajenidad y dependencia propias de toda relación laboral. Se desestima por la sala el recurso y se confirma la sentencia recurrida
Resumen: La demanda de juicio verbal en relación de daños por sobretensión eléctrica se dirigió a los juzgados correspondientes al lugar del siniestro. El juzgado cuestionó de oficio su competencia territorial y se inhibió en favor de los de la capital donde la entidad demandada disponía de un establecimiento o delegación abierto al público. Planteado el conflicto negativo entre los dos juzgados, la Audiencia Provincial recuerda que el fuero legal se refiere en primer lugar al domicilio de las personas jurídicas demandadas. Puesto que no lo tiene en el territorio de ninguno de los dos juzgados contendientes, la Audiencia atribuye la competencia al juzgado en cuyo territorio se produjeron los daños porque es el lugar en el que nace la relación jurídica a que se refiere el litigio y porque, a estos efectos, ha de entenderse por establecimiento abierto al público el lugar donde se manifiesta externamente el ejercicio de una empresa o actividad mercantil, como las oficinas o dependencias estables y accesibles a los clientes donde se puedan desenvolver las relaciones básicas del contrato de suministro eléctrico (altas, bajas, conexiones, etc).
Resumen: Acumulación de condenas en periodo de suspensión. Las condenas con la suspensión de la ejecución reconocida deben incluirse en la acumulación si ello favoreciere al condenado y se considerarán las menos graves, para el sucesivo cumplimiento, de modo que resultarán extinguidas cuando se alcance el periodo máximo de cumplimiento. En este caso la acumulación de la pena suspensiva es favorable al reo porque su cómputo es relevante para la acumulación ya que, de no tenerse en cuenta, no cabría la acumulación interesada por la defensa del condenado con el resultado de un tiempo de cumplimiento muy superior.
Resumen: Se acuerda la acumulación de las ejecutorias interesadas en el recurso. Se procede de esta forma, porque los hechos de las penas acumuladas a una de las ejecutorias son de fecha anterior a la de la sentencia de dicha ejecutoria, cumpliéndose, de esta forma, el criterio de acumulación.
Resumen: La Audiencia desestima ambos recursos de apelación interpuestos por los progenitores en relación con el auto del Juzgado de Violencia sobre la Mujer, que había denegado el traslado del menor a Málaga y la autorización para viajar al extranjero. Se argumenta que el cambio de domicilio y colegio del menor no es compatible con el interés superior del mismo, ya que el menor ha expresado su deseo de permanecer en Barcelona, donde ha establecido vínculos sociales y escolares. La decisión se fundamenta en la necesidad de preservar la estabilidad y el desarrollo equilibrado del menor, así como en la falta de justificación para el cambio solicitado. Se establece que el menor tiene derecho a relacionarse con su familia extensa y que no se ha demostrado un riesgo de sustracción. La Audiencia subraya que el padre, en virtud de la potestad parental, debe comunicar a la madre los detalles de los viajes, pero no puede ser impedido de viajar con su hijo sin una causa justificada. En consecuencia, se confirma la resolución del Juzgado.
Resumen: Se desestima el recurso de apelación interpuesto por el padre, ya que se ha demostrado que la hija tiene un buen rendimiento académico y ha expresado de manera coherente su deseo de estudiar en el extranjero. La juez de instancia valoró adecuadamente el interés superior de la menor, considerando que la experiencia en Estados Unidos podría ser enriquecedora para su futuro. En casos de desacuerdo en el ejercicio de la potestad parental, la autoridad judicial debe priorizar el interés superior del menor al decidir sobre su educación y bienestar.
Resumen: El auto recurrido resuelve un recurso de reposición contra otro auto de inadmisión de demanda, que estimaba parcialmente dicho recurso en lo relativo a la admisión de la demanda frente al Ayuntamiento. Se inadmite el recurso de suplicación formulado por el AYUNTAMIENTO DE MADRID porque el auto impugnado no encaja en ninguno de los supuestos del artículo 191.4 LRJS que permiten dicho recurso, pues no se trata de un auto que ponga fin anticipadamente al procedimiento, ni que declare falta de competencia o jurisdicción, ni es dictado en ejecución de sentencia, requisitos imprescindibles y además resalta que se trata de una cuestión apreciable de oficio, aunque no se hubiera planteado por las partes, por ser de orden público, declarando incompetencia funcional y en consecuencia, declara nulas las actuaciones procesales realizadas desde la notificación del auto recurrido, el cual había quedado firme desde su dictado, y se confirma su contenido.
