Resumen: RECLAMACIÓN DE CANTIDAD:interpretación del art. 52 53 del Acuerdo de 10-12-2010 suscrito entre la CNMV con el Comité de Empresa, sobre ayudas de comida y trasportes. Este acuerdo se dejó en suspenso por la CNMV como consecuencia del informe previo de la Intervención General de la Administración del Estado al señalar que era contrario a la legalidad vigente. Posteriormente, previa consulta a la Abogacía del Estado fue anulado por la empresa y se reclamó a todos los trabajadores la restitución de las cantidades recibidas. Frente a esa decisión se planteó demanda de Conflicto Colectivo, que fue estimada por la AN apreciando la prescripción. Ahora, en este procedimiento la CNMV reclama a la actora por dichos conceptos las cantidades que en su día indebidamente le fueron abonadas. La sentencia de instancia estima la demanda e interpuesta suplicación, esta fue igualmente desestimada. Ahora en casación la actora discute la competencia funcional, la aplicación de cosa juzgada, la prescripción y la existencia de causa torpe. Se aprecia la competencia funcional por concurrir afectación general. La cosa juzgada se rechaza por falta de contradicción. La falta de prescripción de desestima por la misma razón. Y por último, en cuanto a la causa torpe basada en que la acción de reclamación de devolver las cantidades reclamadas no procede por causa solo imputable a la empresa, se rechazó también por falta de contradicción.
Resumen: No se entra a conocer de la cuestión relativa a si el actor es un TRADE o trabajador con relación laboral ordinaria a los efectos de determinar si la extinción de la relación laboral constituye un despido, por no apreciar contradicción con la sentencia de contraste, ya que en la sentencia de contraste consta que el trabajador había mantenido con la empresa una relación laboral con anterioridad a la suscripción del primer contrato de TRADE, percibiéndose exclusivamente comisión por ventas en cuantía mensual variable, lo que no consta en la sentencia recurrida
Resumen: CUESTIONES PROCESALES: Falta de competencia funcional. Afectación general. Se aprecia. Se denuncia en el recurso la vulneración del principio de irrectroactividad en el supuesto de derechos ya ingresados en el patrimonio del trabajador. Se desestima por no cumplir las exigencias legales en cuanto no razona la pertinencia ni fundamenta el contenido concreto de la infracción o vulneración cometidas, ni hace mención precisa de las normas sustantivas o procesales infringidas, ni tampoco hace referencia sucinta a los particulares aplicables de las resoluciones que establezca la doctrina jurisprudencial invocada.
Resumen: Se presenta demanda solicitando el abono del subsidio de incapacidad temporal entre el 4 de junio de 2019 (fecha en que se le deniega al actor la incapacidad permanente), y el 12 de junio de 2019 (fecha de notificación de la resolución del INSS), con base reguladora diaria de 23,58 euros brutos. Fijación de efectos económicos del subsidio de incapacidad temporal y si aquellos se extienden o no a la fecha en que se notifica al interesado la resolución administrativa, que deniega la incapacidad permanente o desde el momento en el que se califique la incapacidad permanente. Por sentencia de instancia confirmada en suplicación se estimó la demanda. La sentencia tras recordar que las cuestiones relativas a la competencia funcional son apreciables de oficio, sin que sea precisa la existencia de contradicción, declara la incompetencia funcional, y señala que la sentencia de instancia no era recurrible en suplicación por razón de la cuantía, puesto que lo que se reclaman son 9 días de prestación de IT que es cantidad inferior a los 3.000 a que refiere el art. 191.2 g) y 192.3 LRJS. Considera igualmente, tras sistematizar la jurisprudencia sobre la cuestión, que no puede apreciarse la existencia de afectación general que no es notoria y ni siquiera ha sido alegada o probada en el proceso por ninguna de las partes. Reitera doctrina STS 20-1-2021 R. 618/2019.
Resumen: El trabajador, con categoría profesional de Oficial de Línea Electrificada de ADIF (desde 1983), reclama el ascenso a la categoría de Jefe de Equipo, por haber venido desempeñando las funciones propias de esta última desde el año 2009.La empleadora reconoce esa realidad y le viene abonando un complemento salarial ("diferencias reemplazo cargo superior").Tras nueve años sin convocarse concurso para ascenso, se llevó a cabo sin que el actor concurriese y ahora solicita la categoría profesional de Jefe de Equipo por consolidación. Competencia funcional: no es procedimiento de clasificación profesional el seguido tras demanda que interesa ascenso sin haber seguido el procedimiento contemplado en el convenio colectivo. Recurribilidad de la sentencia, con independencia de la modalidad procesal activada por el demandante, pues lo decisivo es la petición formulada. Reitera doctrina de STS 12 junio 2000 (rcud. 0050/2000), que es la referencial, y aplica doctrina constante de la Sala: STS 503/2021 de 6 mayo (rcud. 2614/2019 y STS 1057/2021 de 26 octubre (rcud. 4628/2018)
Resumen: Si la competencia objetiva para conocer de la presente demanda de conflicto colectivo le corresponde a los Juzgados de lo Social de Madrid o a la Sala Social de la Audiencia Nacional. La demanda solicita la asignación de un calendario anual a los vigilantes de seguridad y contadores pagadores interpretando un precepto del Convenio Estatal de Empresas de Seguridad, pero circunscribe el ámbito del conflicto a dos centros de trabajo radicados en Madrid. La empresa tiene centros de trabajo en diferentes comunidades autónomas. La controversia afecta a trabajadores de centros de trabajo de la empresa radicados en diferentes comunidades autónomas. No es admisible que se reduzca artificialmente el ámbito del conflicto colectivo a los Juzgados de Madrid. La tesis contraria conduciría a posibles pronunciamientos contradictorios en cada comunidad autónoma. Competencia objetiva de la Audiencia Nacional. La sentencia del TS de 20 de noviembre de 2019, recurso 39/2018, compendia la doctrina jurisprudencial relativa a la competencia objetiva en los procedimientos de conflicto colectivo
Resumen: Se cuestiona si el acceso al recurso de suplicación en un supuesto de infracción administrativa en materia de seguridad social se rige por la regla del artículo 192.1 g) LRJS o, por el contrario, por la regla del artículo 191.3 g) LRJS, en un supuesto en el que el importe de la sanción ascendía a 6.215 euros. La demanda se interponía contra el Ministerio de Trabajo que había impuesto una sanción administrativa por importe de 6.251 euros por considerar acreditado que se produjo la infracción prevista en el artículo 23.1 e) LISOS consistente en “Incrementar indebidamente la base de cotización del trabajador de forma que provoque un aumento en las prestaciones que procedan, así como la simulación de la contratación laboral para la obtención indebida de prestaciones”. El recurrente alega que el acto impugnado es en materia de Seguridad Social y que, por tanto, el acceso al recurso viene determinado por la cuantía general de 3000 €, art. 191.2.g) LRJS. La cuestión debatida ha sido resuelta por la Sala. Se estima que la restricción que se establece en el art. 191.3 g) LRJS sobre la recurribilidad en suplicación de las sentencias de instancia, limitada a la cuantía de 18.000 €, únicamente afecta a las que se impongan en materia laboral, no de Seguridad Social. El acceso al recurso únicamente vendrá limitado por la cuantía general de 3000 euros, calculada en la manera prevista en el artículo 192.4 LRJS y referida al contenido económico del acto sancionador que se pretend
Resumen: La sentencia anula la recurrida por negar acceso a la suplicación en base a la materia de impugnación de alta médica y cuantía, cuando se denunciaba infracción procesal con indefensión (art 191.3 d y 193 a LRJS). El recurso de suplicación por infracciones procedimentales cabe contra todo tipo de sentencias, aunque sean materias no susceptibles de suplicación (impugnación de alta médica) y no alcancen la cuantía legalmente impuesta. Pero su objeto se constriñe al examen de la infracción de normas o garantías del proceso, sin que quepa aducir ni conocer otro tipo de motivos. Reitera doctrina: SSTS de 28 de mayo de 2008, Rcud. 813/2007 y de 28 de febrero de 2011, Rcud. 297/2010.
Resumen: Se plantea en CUD si el orden social es competente para conocer la impugnación individual del despido colectivo concursal cuando se demanda tanto a la empresa concursada cuanto a una tercera. La Sala 4ª no entra a conocer de la cuestión, por no apreciar la existencia de contradicción con la sentencia invocada de contraste, ya que en la sentencia recurrida el despido es acordado con posterioridad a la autorización del despido colectivo por el juez mercantil, mientras que en la sentencia de contraste el despido se produjo antes de que se autorizase el despido colectivo por el juez concursal. A pesar de ello, recuerda que: 1) Si se quiere cuestionar la validez del despido acordado en el seno del concurso hay que accionar ante el Juzgado de lo Mercantil, incluso cuando se plantea la existencia de grupo de empresas; 2) Si no se cuestiona la validez del despido concursal sino que se reclama el abono de determinadas cantidades, la competencia es del Juez del Concurso; 3) La competencia del Juez del Concurso desaparece cuando se trata de una reclamación laboral frente a sujetos no concursados.
Resumen: Se cuestiona si la cuantía litigiosa alcanza los 3.000 euros que permiten la interposición del recurso de suplicación contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social. La actora inició un proceso de incapacidad temporal derivado de enfermedad común el 20 de julio de 2017. La mutua acordó extinguir la prestación con efectos de 11 de agosto de 2017 por incomparecencia de la beneficiaria a un reconocimiento médico. Posteriormente, la demandante fue dada de alta médica el 8 de enero de 2018. La accionante reclama a la mutua el subsidio por incapacidad temporal desde el 11 de agosto de 2017 hasta el 8 de enero de 2018 (fecha del alta médica), conforme a una base reguladora de 30,14 euros diarios. El examen de la competencia funcional hace innecesaria la exigencia del presupuesto procesal de contradicción. No se está discutiendo el reconocimiento o denegación del derecho sino el periodo temporal en el que la mutua dejó de abonar el subsidio, por lo que el acceso a suplicación depende de la cuantía litigiosa. Se reclaman 151 días, debiendo calcularse la prestación a razón del 75% de 30,14 euros. En consecuencia, la cantidad total reclamada asciende a 3.413,35 euros, la cual excede del límite suplicacional fijado en 3.000 euros por el 191.2.g) de la LRJS.
