Resumen: Se plantea la cuestión de si es recurrible en suplicación la sentencia de instancia que resolvió una demanda de cantidad de cuantía inferior a 3.000 €, cuando dicha reclamación dimana de una demanda en la que se reclama indemnización por extinción de cada uno de los sucesivos contratos temporales -eventual -, alegándose que concurre afectación general. La Sala IV declara la recurribilidad en suplicación de la sentencia de instancia al entender que la afectación general es "notoria". Argumenta que la cuestión de fondo es la aplicación de la STJUE 14 de septiembre de 2016 (C-596/2014, de Diego Porras I), o de su rectificación por las SSTJUE 5 de junio de 2018 y dicha cuestión es notoria para la Sala «tal y como lo demuestra el elevado número de recursos de casación ya resueltos, además de los que se encuentran pendientes de resolución». Además, la Sala conoce la existencia de un determinado número de recursos de casación para la unificación de doctrina, en que se recurren sentencias procedentes de la misma Sala de lo Social del TSJ de Castilla-La Mancha, respecto de la misma empresa – Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos- y en los que se debate la misma cuestión de fondo. De donde concluye que existe una significativa litigiosidad real, y no meramente potencial, sobre la materia.
Resumen: Se presenta demanda solicitando el abono del subsidio de incapacidad temporal entre el 31 de mayo de 2017 (fecha en que se le deniega al actor la incapacidad permanente), y el 12 de junio de 2017 (fecha de notificación a la empresa de la resolución del INSS), con base reguladora diaria de 108,89 euros brutos. Por sentencia de instancia confirmada en suplicación se desestimó la demanda. La sentencia tras recordar que las cuestiones relativas a la competencia funcional son apreciables de oficio, sin que sea precisa la existencia de contradicción, declara la incompetencia funcional, y señala que la sentencia de instancia no era recurrible en suplicación por razón de la cuantía, puesto que lo que se reclaman son 13 días de prestación de IT que alcanza sólo 1.415, 57 euros, cantidad inferior a los 3.000 a que refiere el art. 191.2 g) y 192.3 LRJS. Considera igualmente, tras sistematizar la jurisprudencia sobre la cuestión, que no puede apreciarse la existencia de afectación general que no es notoria y ni siquiera ha sido alegada o probada en el proceso por ninguna de las partes.
Resumen: Tras imponerse a la empresa una sanción de 18.l000 euros por una infracción grave en materia de prevención de riesgos laborales (no disponer de Plan de Seguridad y Salud por no identificar el riesgo de vuelco de grúa y no evaluar y planificar la actividad preventiva), se presentó demanda por la empresa impugnando dicha resolución, pretensión estimada en instancia cuya sentencia se revocó en suplicación, por considerarse que se había producido un incumplimiento empresarial de la normativa de prevención de riesgos laborales. La sentencia examina de oficio la competencia funcional, y aplicando lo dispuesto en el art. 191.3 LRJS, que declara la irrecurribilidad de las sentencias de instancia en los supuestos en que la cuantía sea inferior o igual a 18.000 euros atendiendo al contenido económico del acto administrativo, casa y anula la sentencia de suplicación y declara la irrecurribilidad de la sentencia de instancia
Resumen: El actor suscribió varios contratos con el sindicato como adjunto sindical o sindicalista, desarrollando tareas de colaboración en la campaña de elecciones sindicales en la provincia, siendo elegido vocal del Consejo del Sindicato Intercomarcal de CCAA del País Valenciano, disponiendo de autonomía absoluta, sin horario fijo, elaborando la ejecutiva los planes de trabajo. Se presentó demanda reclamando la existencia de relación laboral, acoso laboral y vulneración de derechos fundamentales. La sentencia de instancia declaró su incompetencia por cuanto no existía relación laboral, sentencia confirmada en suplicación. La STS 72/2021, 20-01-2021 (Rec. 2387/2018), resuelve la cuestión e si el trabajo como sindicalista adjunto es laboral en sentido positivo, tras sistematizar la jurisprudencia en relación a cuándo debe apreciarse que concurren las notas de laboralidad. Fundamenta su decisión la sentencia en que: 1) Las partes han suscrito varios contratos laborales; 2) El sindicato fue dado de alta como trabajador por cuenta ajena; 3) se ha pactado remuneración de carácter fijo; 4) La última contratación fija jornada de 20 horas semanales; 5) Consta sujeción a las instrucciones de la ejecutiva, como consecuencia de las quejas sobre la dejación de funciones de ésta. Añade que no se está ante una persona afiliada y elegida para desempeñar funciones de representación sindical, sin que la elección para un cargo representativo altere la calificación del nexo que une a las partes
Resumen: La actora, que prestaba servicios para el Servicio Extremeño Público de Empleo solicitó a la administración demandada el pago de 866,46€, correspondientes a la diferencia entre el complemento de antigüedad reconocido (dos trienios) y el que entiende que debería haberle reconocido (cuatro trienios) desde el mes de agosto de 2015 hasta el mes de julio de 2016. La sentencia del TSJ estimó el recurso frente a la sentencia de instancia que había desestimado la demanda, y declaró el derecho de la demandante a que para el complemento de antigüedad se le computen todos los servicios prestados para la demandada, condenando a la Junta de Extremadura al abono de 866,46 euros correspondientes al período reclamado. La Sala examina su propia competencia funcional, y al ser patente que la reclamación del demandante no supera los 3000 euros en cómputo anual, ni afectaba a un gran número de trabajadores, admite la excepción de incompetencia funcional de la Sala, alegada por el Ministerio Fiscal, y declara que la sentencia de instancia no era recurrible en suplicación, porque no alcanzaba la cuantía exigible, ni concurría tampoco el requisito de afectación general. Casa y anula la sentencia del TSJ declarando la firmeza de la resolución de instancia.
Resumen: La Sala IV casa y anula la sentencia recurrida en la que se plantea si los días de permiso o licencia retribuida, referido en el art. 22, E del convenio colectivo de aplicación a CLECE, han de ser necesariamente días laborables, sin que quepa su neutralización, porque hubiera días de descanso durante los días de permiso, previstos en el convenio desde el hecho causante. Declara que concurre el requisito de afectación general, ya que el conflicto exige resolver sobre cuál es la interpretación correcta de la regulación de los permisos retribuidos, así como el de contradicción con la sentencia referencial. En cuanto al fondo, acreditado que el esposo de la actora fue intervenido quirúrgicamente el 9/4/2015, que era jueves, el permiso retribuido debió disfrutarse los días 9, 10, 13 y 14 de abril, puesto que los días 11 y 12 eran días de descanso semanal. Como la empresa demandada decidió neutralizar unilateralmente los días 11 y 12, porque consideró que su obligación convencional concluyó el día 10, por cuanto los días de permiso retribuido, deben computarse como días naturales. Los días de permiso retribuido, regulados en el art. 22. E del CC aplicable, al igual que los previstos en el art. 37.3.b ET, son días hábiles, que no pueden neutralizarse, porque concurrieran días de descanso a partir del tercer día del hecho causante, del mismo modo que hemos dicho que, si el hecho causante de estos permisos se activa en día festivo, el permiso debe iniciarse al siguiente día hábil.
Resumen: La cuestión que se suscita en la sentencia anotada consiste en determinar si procede o no recurso de suplicación frente a la sentencia de instancia cuando, al margen de la cuantía litigiosa, lo que se discute es un complemento a mínimos en una pensión de jubilación. La sala de suplicación declaró de oficio la irrecurribilidad de la sentencia de instancia, porque el importe del complemento por mínimo controvertido en cómputo anual no alcanzaba la cuantía de 3.000 euros del art. 192.3 LRJS. Sin embargo, tal parecer no es compartido por la Sala Cuarta. Se funda esta decisión en doctrina previa (TS 13-12-2011, rec. 702/11), con arreglo a la cual, la especial naturaleza del complemento de mínimos constituye el fundamento principal en la medida en que se trata de prestaciones complementarias de SS que están dotadas de autonomía propia y diferenciada de la pensión principal, que se rigen por el cumplimiento de determinados requisitos específicos de los que depende el derecho a su percepción. Nos encontramos ante un proceso que versa sobre el "reconocimiento o denegación del derecho a obtener prestaciones de la Seguridad Social", lo que da derecho al acceso a la suplicación con independencia de la cuantía económica. Asimismo, el principio pro actione, impone la interpretación de las normas procesales más favorables al acceso al recurso.
Resumen: En la demanda reclama la actora el abono de10 días de subsidio por incapacidad temporal (importe de 398,45 euros). La Sala IV aborda, con carácter previo, la competencia funcional dado que no concurre cuantía suficiente. Al efecto y con remisión a anteriores resoluciones, sostiene que no consta en el presente litigio una afectación general ni ésta puede calificarse de notoria en relación con la materia planteada. Se trata de una mera reclamación de unos pocos días de prestación, para cuya resolución ha habido que interpretar la norma aplicable como ocurre en la práctica totalidad de los conflictos, pero sin que tal circunstancia determine, por si misma, la afectación general pues no están afectados gran número de trabajadores por la cuestión debatida en el litigio. Además, la cuantía litigiosa es inferior al límite legal, máxime cuando lo que se discute no es el derecho a percibir el subsidio por incapacidad temporal sino su eventual prolongación durante diez días más de lo que el INSS considera correcto. Se litiga a propósito del abono del subsidio de IT correspondiente al periodo que medió entre el alta médica, tras denegarse la situación de incapacidad permanente, y la notificación por la Entidad Gestora de su resolución, cuya traducción económica no llegaba al quantum exigido por el texto procesal para articular en su día el pertinente recurso de suplicación. En consecuencia la sentencia de instancia no era susceptible de recurso de suplicación.
Resumen: La sentencia anotada, recaída en casación ordinaria, confirma el fallo combatido que declaró la falta de competencia objetiva de dicha Sala para enjuiciar el conflicto colectivo promovido por el Comité Intercentros de Euskal Telebista SA, frente a dicha empresa, previniendo a la parte de la posibilidad de presentar la demanda ante la Audiencia Nacional. Y dicho parecer es compartido por el TS. Se funda esta decisión en la constante doctrina jurisprudencial que señala que "la competencia para conocer de una pretensión de conflicto colectivo viene dada por el alcance territorial de los efectos del conficto colectivo planteado". En el caso, partiendo de los hechos acreditados, desde la perspectiva de la afectación del conflicto de la que hay que partir, el conflicto afecta a la totalidad de la plantilla de la empresa demandada; siendo irrelevante a tales efectos la existencia o no de centros de trabajo como tales (art. 1.5 ET), pues lo relevante es que, -con independencia de otros centros o corresponsalías que la empresa tenga- , la empresa tiene delegaciones en Madrid y Barcelona, con cuenta de cotización y domicilio, cuyos trabajadores también van a verse afectados por el conflicto, con lo cual sus efectos, se expanden en todo caso, más allá de la Comunidad Autónoma del País Vasco, lo cual sitúa a la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional como competente para el conocimiento de la pretensión.
Resumen: La cuestión a resolver es la de establecer la fecha en la que deben fijarse los efectos económicos derivados del procedimiento judicial de determinación de contingencia de la prestación de incapacidad temporal, reconocida en vía administrativa por enfermedad común y calificada como derivada de accidente de trabajo en el proceso judicial. Esto es, si han de retrotraerse la fecha del hecho causante y reconocimiento de la incapacidad temporal, o ha de ser la de los tres meses anteriores a la presentación de la solicitud de determinación de contingencia. La Sala IV, tras admitir la recurribilidad de la sentencia y la competencia funcional, sostiene, en interpretación del art 53.1 LGSS y del art 6 RD 1430/06, y conforme a sentencia previa que, dado que el trabajador presenta la solicitud de determinación de la contingencia una vez transcurrido el plazo de tres meses desde el hecho causante, ello obliga a limitar los efectos económicos derivados del reconocimiento de esta pretensión a los tres meses anteriores a la fecha de dicha solicitud.
