Resumen: VACACIONES:en el recurso de casación la Sala debe resolver si la actora que presta servicios como limpiadora para la empresa Clece SA en el Hospital Universitario de La Princesa tiene derecho a la equiparación a los trabajadores del Servicio Madrileño de Salud (en adelante SERMAS) respecto de los días adicionales de vacaciones por antigüedad. El Juzgado y la Sala de suplicación consideraron que no tenía derecho. Ahora la Sala de casación señala que régimen jurídico de la demandante es distinto al de los trabajadores del SERMAS en materia de vacaciones y si bien el art. 6 del Convenio Colectivo de Clece persigue que cualquier mejora económica o social obtenida por los trabajadores del Grupo E, Nivel 13 del SERMAS se aplique a estos trabajadores de limpieza.Los cambios en el régimen de vacaciones de dichos trabajadores del SERMAS ni constituyen una mejora económica, ni tienen la naturaleza de una mejora social, por lo que no están incluidos en dicho precepto convencional.
Resumen: Se cuestiona si para el cálculo del salario regulador de las prestaciones salariales del FOGASA, se incluyen los pluses de vestuario y transporte. El Abogado del Estado defiende, con carácter previo, la inadmisión del recurso porque la cantidad reclamada no excede de 3.000 euros, y no existe afectación general. El análisis de la competencia se realiza sin necesidad de sometimiento a la literalidad del recurso, ni a los resultados fácticos de la sentencia recurrida, tal como se deriva de los artículos 9.6 y 240.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). Debe entrarse a resolver la cuestión relativa a la recurribilidad en suplicación de la sentencia de instancia, de oficio, y sin necesidad de comprobar si concurre la contradicción . Para apreciar la existencia de tal afectación no es necesario que se hayan incoado muchos procesos judiciales a consecuencia de la cuestión que la produce, sino que basta con la existencia de la situación de conflicto generalizado, lo que en este caso no se puede apreciar al carecer de elementos que la puedan sostener; ello a pesar de que esta Sala pueda obtener de determinada base de datos que existen unas cuarenta sentencias dictadas por aquella Sala de suplicación y que ante esta Sala solo están en tramitación siete recursos de unificación de doctrina de allí procedentes. De todo ello se desprende, igualmente, que no podamos apreciar la notoriedad del conflicto.
Resumen: RCUD. Alta médica de IT. El subsidio debe abonarse hasta la fecha de notificación al interesado. Acceso al recurso de suplicación. No hay cuantía. Pero es notoria la afectación general a través de los numerosos precedentes sobre la misma cuestión. La sentencia anotada aplica doctrina previa [TS 27-4-22 R.456/2019; 6-4-22, R. 1289;2-12-14, 573/14 y 18-1-12, R. 715/12], sobre la extinción del subsidio por incapacidad temporal por alta médica. En concreto, la cuestión litigiosa se centra en determinar si tal extinción debe tener como fecha de efectos la de la resolución administrativa del alta médica o la de su notificación a la persona interesada. En primer término, la sentencia considera que la cuestión litigiosa aunque carezca de cuantía para acceder a la suplicación presenta notoria afectación general a través de los numerosos precedentes sobre la misma cuestión planteados ante la Sala --cambiando con ello de criterio, pues se había mantenido con anterioridad en múltiples sentencias que carecía de notoriedad [TS 14-10-21; r. 3629/18] --. En cuanto al fondo se recuerda que la fecha de resolución del INSS resultaba decisiva para la extinción del derecho a cobrar el subsidio de incapacidad temporal, pero el abono de la prestación debe mantenerse hasta la fecha de notificación de la resolución administrativa. Condena en costas a la Mutua (300€) pues parte actora personada pero no impugna el rcud.
Resumen: La Sala Cuarta entiende que la sala de suplicación no era competente para conocer del recurso por razón de la cuantía, por lo que la anula, tras examinar de oficio su competencia funcional para conocer del recurso de casación para la unificación de doctrina planteado. El proceso no versaba sobre el reconocimiento o denegación del derecho a obtener prestaciones de Seguridad Social [artículo 191.3 c) LRJS], sino sobre el porcentaje aplicar (75 u 85 por ciento) de la base reguladora pensión reconocida. El INSS había reconocido un porcentaje de pensión de jubilación parcial del 75 por ciento de la base reguladora. La sentencia del juzgado de lo social estimó la demanda del trabajador y le reconoció el porcentaje de pensión de jubilación parcial del 85 por ciento de la base reguladora. La base reguladora es de 1.796,18 euros. La diferencia entre el porcentaje del 75 por ciento (ya reconocido por el INSS) y el 85 por ciento (reconocido por el juzgado de lo social) es de 179,6 euros. Cantidad que, aplicando las reglas de los artículos 191.2 g) y 192.3 y 4 LRJS, no llega a alcanzar la legalmente exigible para acceder al recurso de suplicación. Por lo que procede declarar la nulidad de lo actuado a partir de la notificación de la sentencia del Juzgado de lo Social.
Resumen: Diferencias salarias reclamadas por MIR en concepto de pagas extraordinarias. La Sala IV reconsiderando doctrina sentada en asuntos previos, advierte claramente en la reclamación afectación general reiterando la doctrina contenida en la STS 6-4-22, Rec. nº. 1289/21 ante la existencia de un elevado nivel de litigiosidad que se desprende de los numerosos procedimientos de los que tiene finalmente constancia el TS que evidencian el carácter notorio de la afectación general, pese a que la sentencia recurrida no contenga ninguna indicación sobre este particular, ni hubiere sido alegada y probada por ninguno de las partes. Pese a ello, no entra en el fondo por falta de contradicción.
Resumen: La sentencia comentada declara la competencia de los jueces y tribunales españoles para conocer de la impugnación de un despido por un ciudadano español contratado en España, que presta servicio en la Embajada de Turquía en España como administrativo, de acuerdo con la normativa y la doctrina que indica, y en particular, la LOPJ arts. 21 y 25, LO 16/2015, de 27-10 sobre privilegios e inmunidades de los Estados extranjeros, las Organizaciones Internacionales con sede u oficina en España y las Conferencias y Reuniones internacionales celebradas en España, y la STJUE 19/07/2012 (asunto C-154/11), cuya aplicación permite concluir que no es aplicable al caso la inmunidad de jurisdicción, pues el demandante realizaba funciones meramente de administración en la Embajada de Turquía en Madrid, sin que conste que el trabajo tuviera carácter confidencial y, menos aún, que afectara a la seguridad de Turquía y de su Embajada en España, correspondiéndole a esta última la carga de probar en el proceso dichas circunstancias. No se acredita que el proceso menoscabe intereses de seguridad del país extranjero. Aplica doctrina TJUE 19/07/2012 (C-154/11), y entre otras, SSTS/IV de 14/02/2020 (rcud. 82/2017) y 29/04/2021 (rcud. 2495/2019). Reitera STS 31/5/2022, rcud. 1450/2020, misma embajada y sentencia de contraste. Condena en Costas (1500€).
Resumen: Competencia de la jurisdicción social o contencioso administrativa. La sentencia recurrida anula el auto de instancia al considerar competente a la jurisdicción social. La actora presto servicios con una relación laboral para ISDEFE, desarrollando la prestación en el INTA. El 6-3-19 fue nombrada funcionaria de carrera, finalizando el día anterior aquella relación laboral, en INTA tras la superación del correspondiente proceso selectivo. La demanda se presenta el 5-5-20. La Sala IV confirma la sentencia recurrida cuando razona que ejercitándose una acción declarativa de cesión ilegal, con independencia de que la actora ostente actualmente la condición de funcionaria, cuando presentó la demanda el orden social es el competente para conocer de dicha acción, durante la vigencia de la relación laboral, de conformidad con el artículo 2 a) LRJS.
Resumen: Se reitera doctrina y de estima recurso de Telefónica de España, SAU, que propugnaba la falta de competencia funcional de la sala de suplicación para conocer del recurso por razón de la cuantía. No se infiere la afectación general de la existencia de dos sentencias contradictorias ni de la formalización de diez recursos de casación para la unificación de doctrina en conflictos similares porque la sala de segundo grado derivó la misma, no de la litigiosidad, sino de la existencia de procesos de conflicto colectivo y la Sala Cuarta advierte que lo reclamado es la cuantificación del derecho que se cuestionaba en dichos procesos, en particular la prescripción, en íntima conexión con la materia objeto de los mismos y con los momentos temporales en que en cada supuesto individualizado tiene lugar la reclamación, y sobre ese debate no consta litigiosidad que merezca calificarla de generalizada. Sin que afecte a dicha conclusión, de un lado, la conformidad de las partes respecto de la existencia de afectación general, pues el acceso al recurso es una cuestión de orden público, no disponible y por tanto, es necesario que la afectación general sea objetivamente evidente. Y de otro, la decena de sentencias dictadas en casación unificadora que declaran la irrecurribilidad de la de instancia, porque la cuestión litigiosa no es extrapolable a otro colectivo de trabajadores fuera de la empresa recurrente, y ese número de procesos es manifiestamente insuficiente.
Resumen: En la demanda rectora de las actuaciones los 29 actores impugnan la extinción de su contrato de trabajo, amparada en el auto del Juzgado de lo Mercantil nº1 de Toledo de 27/2/2017 que autorizó la extinción de los contratos de todos los trabajadores de la empresa concursada. El auto de instancia, ratificado en reposición, declaró de oficio la incompetencia de jurisdicción; decisión confirmada por la sala de suplicación. La sala IV desestima el recurso de casación unificadora planteado por los actores al entender que no concurre la necesaria contradicción entre las sentencias comparadas. Así, mientras que en el caso de autos la ampliación de resposonsabilidad en el despido tuvo lugar después de dictarse el auto autorizando la extinción del contrato por el Juez de lo Mercantil, en el supuesto de contraste tal decisión es anterior a que se dictara tal decisión judicial relativa a la resolución de los contratos, aunque la empresa ya había sido declarada en concurso. Por tanto, ambas sentencias adoptan decisiones conformes a la jurisprudencia del TS. Se desestima el recurso por falta de contradicción.
Resumen: Se debate la competencia objetiva para conocer del conflicto planteado en torno a la interpretación del art. 13 del convenio colectivo de la empresa Centrales Nucleares de Almaraz y Trillo. Aunque el conflicto colectivo se plantea como consecuencia de la actuación empresarial en la central nuclear de Trillo en los juzgados de lo social de Guadalajara, la Sala Cuarta advierte que la competencia objetiva ha de residenciarse en la sala social de la Audiencia Nacional porque la cuestión controvertida no es la de juzgar una hipotética diferente actuación de la empresa en cada uno de esos dos centros de trabajo, sino la más genérica de determinar si puede activarse el sistema de jornadas especiales durante los periodos de recarga, como se ha procedido en el centro de Trillo, o debe estarse exclusivamente a la jornada pactada específicamente para la recarga. Y la cuestión objeto del litigio afecta por igual y de manera indiferenciada a las dos centrales nucleares, porque las tareas de recarga deben realizarse necesariamente en ambos centros de trabajo de manera insoslayable en cada anualidad, sin que conste acreditado que en la central de Almaraz pudiere existir algún acuerdo distinto y vigente sobre este particular ni que la empresa estuviere aplicando un sistema diferenciado en cada una de ellas.
