Resumen: La cuestión suscitada se centra en determinar si la sentencia de instancia desestimatoria de la demanda de 33 trabajadores de una Agencia Pública Andaluza en la que reclaman cantidades en concepto de trienios, era recurrible. La Sala IV analiza el acceso al recurso de suplicación, cuestión que puede ser examinada de oficio y al margen de la contradicción entre sentencias, concluyendo que la sentencia de instancia era recurrible. Y ello porque de las cantidades reclamadas por los 33 trabajadores, sólo en lo que se refiere a dos de ellos no superaban los 3000 €, que es el límite de acceso al recurso. Y la pretensión de reclamación de cantidad, en el supuesto de una demanda planteada por varios trabajadores, tiene acceso al recurso cuando alguna de las sumas reclamadas es superior a los 3000 €. A lo que se suma que, conforme a lo ya establecido por la Sala IV, si la traducción económica del derecho reclamado es inferior a 3000 €, pero la cantidad acumulada reclamada supera esa cifra, la sentencia de instancia es recurrible en suplicación.
Resumen: Conflicto colectivo. Cobertura de la plaza de subdirector de RRHH en la CNMV . Se impugna por cuanto que una vez desierta la convocatoria interna, la externa se oferta cambiando los requisitos retributivos, de formación, titulación y experiencia profesional, por lo que interesa que se declare su nulidad respetándose el nivel salarial ofertado en la convocatoria interna. La AN,previa desestimación de las excepciones de incompetencia de jurisdicción e inadecuación de procedimiento de conflicto colectivo al haberse cubierto la plaza con posterioridad a la presentación de la demanda, desestima la demanda porque la norma convencional no exige identidad de condiciones retributivas , de formación y titulación para la convocatoria externa e interna de la vacante , encontrándose la oferta dentro de los limites del gasto de la LPGE de 2018 y su cobertura cuenta con expresa autorización de la Dirección General de Costes de Personal del Ministerio de Hacienda.
Resumen: Empresa y trabajador llegaron a un acuerdo conciliatorio en el que se pactó la percepción por éste de una indemnización por cese de 420000 €, expidiéndose certificado por la empresa en el que se indica que dicha cantidad está exenta de tributar por IRPF. La administración tributaria reclamó al trabajador la suma correspondiente a la liquidación de dicho impuesto, mas los intereses, que es reclamada en la demanda rectora por el actor a la empresa. Revocando la decisión de instancia, la sala de suplicación declara la competencia del orden social para conocer de la demanda; decisión confirmada por la sala IV que, con reiteración de doctrina previa, declara que, al no versar el litigio sobre la procedencia o cuantificación de la carga tributaria, sino pura y simplemente sobre la forma y manera en que, voluntaria y unilateralmente, la empresa pretende solventar los errores por ello cometidos en la exacción de dicho tributo, la competencia corresponde al orden social de la jurisdicción.
Resumen: La cuestión a resolver es la de determinar si es recurrible en suplicación la sentencia del Juzgado de lo Social, que resuelve sobre la imposición a la empresa de una sanción administrativa en cuantía inferior a 18.000 euros. La sentencia de instancia, que acoge la demanda la demanda de la empresa y deja sin efecto la sanción de 10.001 euros que le fue impuesta en aplicación de lo establecido en el art. 40.1 f) LISOS, por la comisión de una falta muy grave de obstrucción a la labor inspectora tipificada en el art. 50 LISOS, fue revocada por el TSJ, que confirma la sanción. La Sala IV, tras recordar que la cuestión relativa a la recurribilidad de la sentencia de instancia afecta al orden público procesal, a la propia competencia funcional de la Sala de suplicación y consiguiente acceso al recurso de casación, reitera doctrina y declara que no cabe recurso de suplicación contra la sentencia del juzgado, conforme al art. 191.3 letra g LRJS. En el caso no se trata de una sanción en materia de seguridad social en la que el acceso al recurso viene determinado por la cuantía general de 3.000 euros. La restricción establecida en dicho precepto limitada a la cuantía de 18.000 €, únicamente afecta a las que se impongan en materia laboral, no de Seguridad Social y en que el acceso al recurso solo vendrá limitado por la cuantía general de 3.000 €, calculadas de la manera prevista en el art 192.4 LRJS y referida al contenido económico del acto sancionador que se pretende anular.
Resumen: La sentencia confirma la del TSJ que tras desestimar las excepciones de incompetencia de jurisdicción, inadecuación del procedimiento y litisconsorcio pasivo necesario, estima la excepción de falta de agotamiento de la vía previa por lo que no realiza pronunciamiento sobre el fondo sobre el conflicto. La demanda de conflicto colectivo interpuesta por CCOO tenía por objeto la reclamación de incrementos salariales del personal investigador universitario. El recurso de la Universidad pretende que se declare la falta de competencia del orden jurisdiccional social o, subsidiariamente, la inadecuación de procedimiento de conflicto colectivo. La Sala IV tras razonar que en el presente caso se produce una reclamación netamente salarial se declara la competencia del orden social de la jurisdicción para conocer de la demanda. Y con relación al planteamiento de la empresa que cuestiona si se produce un conflicto plural, la Sala declara que el hecho de que un litigio tenga por objeto un interés individualizable, que se concrete en un derecho de titularidad individual, no hace inadecuado el procedimiento especial de conflicto colectivo, siempre que el origen de la controversia sea la interpretación o aplicación de una regulación que afecte de manera homogénea e indiferenciada a un grupo de trabajadores, en este caso todos los trabajadores de la Universidad demandada en quienes concurra la condición de estar sujetos por alguna de las dos modalidades de contratos de investigación.
Resumen: La sentencia comentada casa y anula la sentencia impugnada al apreciar la falta de competencia funcional, en el caso de reclamación de diferencias salariales por una profesora de religión y moral católica, en atención a la mayor jornada realizada respecto de lo estipulado en el contrato de trabajo, al ser la cuantía litigiosa inferior a 3.000 € y no apreciarse los requisitos necesarios para declarar la afectación general
Resumen: La cuestión suscitada se centra en determinar si la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social tenía acceso al recurso de suplicación, en una demanda en la que se reclamaba una mayor pensión de jubilación, al no estar conforme con la base reguladora, resultando una diferencia entre lo reconocido y lo reclamado que no superaba los 3.000 euros. La Sala IV sostiene que no existe contradicción entre las sentencias comparadas al no concurrir la identidad exigida. En la recurrida la discrepancia está en que el demandante pretende aplicar el régimen ordinario de determinación de la pensión de jubilación mientras que la entidad gestora entiende que está bajo otra cobertura legal anterior a la reforma de 2011. Ese debate no es el que ha permitido a la sentencia de contraste apreciar la existencia de afectación general. Esto es, en el caso de autos la naturaleza de la pretensión articulada en demanda no se asemeja , a efectos de notoriedad, a la que presentaba en la sentencia de contraste y menos cuando el presente debate resulta novedoso. Por otra parte, la Sala IV confirma que el recurso no reúne las notas de afectación general por notoriedad. No se constata que la situación de conflicto generalizada concurra en este caso, ni siquiera por la vía de la notoriedad, ya que estamos ante un debate que se ciñe a si el demandante, que solicita la pensión de jubilación, debe acogerse al régimen de la D.T. 4ª.5 de la LGSS.
Resumen: La actora, profesora de religión, reclama las diferencias salariales en atención a la mayor jornada realizada respecto de lo estipulado, que ascienden a 2.210,16 €. La sentencia de suplicación confirma la de instancia desestimatoria de la demanda. Recurre en casación unificadora la actora planteando un primer motivo en el que denuncia la insuficiente motivación de la sentencia de suplicación; motivo que es desestimado por la sala IV al considerar que no concurre la necesaria contradicción entre sentencias, Teniendo en cuenta la doctrina jurisprudencial relativa a la configuración de tal requisito cuando se denuncia una infracción procesal, se concluye que no existe homogeneidad en las infracciones denunciadas. Con carácter previo al análisis del segundo motivo, referido al fondo de la cuestión planteada, examina la sala su competencia funcional, al ser la suma reclamada inferior al límite legal, reiterando el criterio sentado en la STS de 14/5/20 (R. 1674/20), recaída en proceso seguido entre las mismas partes y sobre la misma materia, si bien referido a periodo anterior, por lo que despliega efectos de cosa juzgada sobre la actual reclamación. Concluye la sentencia indicando que no se da el requisito de la afectación general que permitiría el acceso al recurso, tal como ha sido configurado por reiteradas sentencias de la Sala IV. Se declara, en consecuencia, la irrecurribilidad de la sentencia de instancia.
Resumen: La sentencia de instancia condenó a Renfe a pagar al actor 2937,84 € en concepto de plus por trabajo en sábados, domingos o festivos. El TSJ estimó de oficio la falta de competencia funcional para conocer del recurso de suplicación. Renfe interpone RCUD. La sala IV declara en primer lugar que la sentencia de instancia era recurrible en suplicación por concurrir afectación general, conclusión avalada por el hecho de que la reclamación deriva de un conflicto colectivo previo. Indica la sala IV que tal pronunciamiento debería conducir a la devolución de las actuaciones a la sala de suplicación para la resolución del fondo de la cuestión planteada. No obstante, de forma excepcional y, dado que en el caso enjuiciado existe cosa juzgada derivada de la sentencia dictada en conflicto colectivo, procede aplicar por mandato legal (art 160.5 LRJS) la solución dada al mismo mediante sentencia firme, sin necesidad de que concurra el requisito de la contradicción entre sentencias. Por tanto, aplicando lo decidido en el proceso colectivo, al tener también el actual proceso individual por objeto la interpretación y aplicación del Acuerdo de Desarrollo Profesional, que en su apartado V regula el trabajo en sábados, domingos y festivos, se confirma la sentencia de instancia, pues en la STS de 2/12/15 (R. 68/2015), recaída en proceso de conflicto colectivo no se recoge como requisito para tener derecho a percibir el complemento ahora reclamado la realización de turnos de guardia.
Resumen: Se solicitaba por varios trabajadores el derecho a disfrutar de un día de asuntos propios con arreglo al acuerdo alcanzado en conciliación que puso fin el procedimiento de conflicto colectivo en su día iniciado con el mismo objeto. La sentencia aprecia afectación general por notoriedad, porque la reclamación individual se fundamenta en el pronunciamiento recaído en un proceso de conflicto colectivo previo, supuesto en el que la previa tramitación del pleito colectivo acredita por sí misma la concurrencia de un interés general no pacífico.
