Resumen: La actora, con categoría de cuidadora auxiliar, solicita el reconocimiento de la categoría de administrativa así como diferencias retributivas por el desempeño de trabajos de categoría superior. Por sentencia de instancia se estimó la demanda. La Sala de suplicación confirma la sentencia de instancia respecto de la reclamación de cantidad, pero declara de oficio que la cuestión relativa al derecho a ostentar una categoría superior queda fuera de la competencia funcional. La Sala 4 casa y anula dicha sentencia y devuelve actuaciones para que la Sala se pronuncie sobre la totalidad de pretensiones, por entender que conforme al art. 191.2 LRJS, no procederá recurso de suplicación en los procesos relativos a la clasificación profesional, salvo los previstos en el art. 137.3 LRJS, que permite la acumulación con una reclamación de cantidad, habiéndose afirmado en STS 03-02-2016 (Rec. 2279/2014) y STS 03-02-2021 (Rec. 3943/2018) que cuando la cuantía reclamada, acumulada a la reclamación de clasificación profesional es superior a 3.000 euros cabe recurso de suplicación
Resumen: La sentencia anotada aborda el recurso de casación articulado frente al auto resolutorio del recurso de reposición deducido a su vez frente al auto por el que se estimó la solicitud de medidas cautelares, previo a la interposición de demanda de despido colectivo. Pero la Sala IV, con carácter preferente examina la posible falta de competencia funcional de la Sala para conocer del recurso de casación al tratarse de cuestión que afecta al orden público procesal. Y el TS en aplicación de la normativa aplicable (art. 79, 206 LRJS, 736 LEC) considera que contra el auto que resolvió el recurso de reposición frente al dictado acordando la adopción de medidas cautelares no procede el recurso de casación, ya que su régimen jurídico no lo contempla. Tampoco se alcanza otra solución por el envío que el art. 79 de la LRJS hace a la LEC, en orden a la regulación de la tramitación de las medidas cautelares. No en vano, la regulación civil en materia de medidas cautelares no contempla que contra el auto que resuelve la apelación estimando la solicitud de medidas cautelares pueda interponerse recurso extraordinario alguno, con lo cual esa misma solución cabría en este caso.
Resumen: Se cuestiona el orden jurisdiccional competente para conocer de una demanda en la que se reclama por una funcionaria de carrera, una indemnización de daños y perjuicios por daños materiales y morales ante la falta de adopción de medidas de prevención frente al acoso laboral. La cuestión ha sido objeto de pronunciamiento de esta Sala en diferentes sentencias, en las que se señala que “ el apartado e) del artículo 2 LRJS que otorga competencia al orden social «para garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales y convencionales en materia de prevención de riesgos laborales, tanto frente al empresario como frente a otros sujetos obligados legal o convencionalmente, así como para conocer de la impugnación de las actuaciones de las Administraciones públicas en dicha materia respecto de todos sus empleados, bien sean éstos funcionarios, personal estatutario de los servicios de salud o personal laboral». El Auto de la Sala de Conflictos de Competencia de este Tribunal Supremo núm. 12/2019, 6 de mayo de 2019 (conf. 22/2018) declara la competencia de la jurisdicción social porque la demanda promovida por una funcionaria y mutualista de MUFACE, invocaba la legislación de prevención de riesgos laborales, lo que conduce, a la vista de la exposición de motivos de la LRJS y, especialmente, de su artículo 2 e), a declarar la competencia de la jurisdicción social, aun cuando la afectada fuera una funcionaria.
Resumen: Se solicitó ante la Mutua prestación de incapacidad temporal que fue denegada por apreciar la entidad colaboradora que el actor tenía en el momento de la afiliación las mismas lesiones que determinaron su baja. La sentencia de instancia estimó la demanda, declarando el derecho de la actora a percibir la prestación y la sala de suplicación entiende que contra la sentencia de instancia no cabía recurso porque no se trata de una denegación inicial de la prestación, sino únicamente una desestimación parcial, cuya cuantía no alcanza la cuantía de 3000 €. La sala de casación, tras recordar la doctrina reiterada que establece que la cuestión del acceso al recurso de suplicación es examinable de oficio y con independencia de la existencia de contradicción entre sentencias, al tratarse de una cuestión de orden público, estima el recurso porque del examen de la demanda se desprende que lo que se pretende es el reconocimiento de la prestación de incapacidad temporal, por lo que resultaba aplicable el art. 193.1 LRJS. Se casa la sentencia de suplicación y se devuelve a la sala de instancia para el dictado de la pertinenente sentencia.
Resumen: Se confirma la sentencia de instancia que desestimó la excepción de incompetencia del orden jurisdiccional social y estimó la excepción de falta de legitimación activa del sindicato, para promover demanda de conflicto colectivo solicitando que se declare que las reducciones de jornada y retribución de los trabajadores que prestan servicios mediante contrato indefinido como profesores de religión en centros docentes de educación infantil y primaria gestionados por la Consejería de educación Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, son nulas o improcedentes, debiendo reponerse a los trabajadores en las condiciones anteriores con derecho a percibir el salario al que tenían derecho con abono de las diferencias devengadas. Entiende la Sala 4 que conforme al art. 17.2 LRJS, la legitimación ad causam se concede a los sindicatos siempre que reúnan dos requisitos: principio de correspondencia y cumplimiento del principio de implantación suficiente en el ámbito del conflicto, y en el presente supuesto, el sindicato no goza de implantación suficiente, ya que el conflicto no es nacional sino que se proyecta sobre la CCAA de Aragón, y el sindicato solo cuenta con un representante dentro de los 3 comités de empresa que existen en dicha CCAA, sin que haya aportado el número de afiliados con que cuenta en el ámbito del conflicto.
Resumen: ACCESO AL RECURSO DE SUPLICACIÓN:La cuestión suscitada en el recurso de casación para la unificación de doctrina se centra en determinar si la sentencia dictada en la instancia tiene acceso al recurso de suplicación, respecto de una demanda en la que se reclamaba el derecho a un determinado plus salarial y al abono de lo devengado entre marzo de 2007 y febrero de 2014, por valor superior a 3.000 euros, sin que superase dicha suma en cómputo anual. La Sala señala que cuando se está ante pretensiones acumuladas de reconocimiento de derecho y reclamación de cantidad, si una de las dos reclamaciones supera el importe de tres mil euros, la sentencia de instancia tiene acceso al recurso, acudiendo para ello, en la reclamación de derecho al computo anual y en la acumulada acción de cantidad al importe reclamado que se fije en demanda o haya quedado fijado en el acto de juicio. Reitera doctrina en STS de 4 de diciembre de 2018, recud 611/2016.
Resumen: La sentencia recurrida establece que la de instancia no era recurrible en suplicación, por razón de la cuantía del litigio. Por este motivo desestima el recurso, sin pronunciarse sobre el fondo del asunto. El recurso de casación se limita a plantear la cuestión de fondo. Ignora el pronunciamiento de la recurrida. No solicita la nulidad de actuaciones.
Resumen: Habiéndose declarado en la instancia la incompetencia de la jurisdicción social para conocer de la cuestión planteada y siendo revocada tal decisión por considerar competentes para aquel conocimiento a los órganos judiciales del orden social de la jurisdicción, debe declarase la nulidad de la decisión controvertida aun sin haberlo solicitado la parte recurrente.La sentencia recurrida parece justificar la validez de la contratación, formalmente administrativa, llevada a cabo, en la implantación de un nuevo modelo de gestión asistencial en la Unidad de consultas externas del Hospital Reina Sofía. Sin embargo, este modelo no comenzó a instaurarse hasta el año 2016 y la demandante fue contratada en 2010; tampoco hay referencia alguna a este dato en las prórrogas suscritas; ni tampoco lo hay a la justificación causal de la necesidad que podría viabilizar la contratación administrativa.La contratación, por lo dicho, no se ajusta a la normativa aplicable, por lo que la relación debe considerase laboral, y por ello, la competencia para el conocimiento de la cuestión planteada (reclamación por despido) corresponde al Juzgado de lo Social.En el parecer de esta Sala el Contrato administrativo al que hacemos referencia y las prórrogas del mismo, aunque formalmente conforman una contratación administrativa, encubren una relación de trabajo que determina que el conocimiento de la cuestión controvertida deba recaer en los órganos judiciales del orden jurisdiccional social.
Resumen: La sentencia recurrida confirma la sentencia del Juzgado de lo Social que estima en parte la demanda formulada por el trabajador contra Cortefiel S.A. y declara injustificado el traslado, condenando a la empresa a reponer al actor al centro de trabajo en las misma categoría y funciones. Aclara la Sala IV que se está impugnando la decisión unilateral de la empresa de trasladar al actor a un centro de trabajo sito a 56 kms. de distancia del lugar en que venía prestando servicios. Pese a que se indicaba que se trataba de una acción de movilidad geográfica -a la que se anudaba la invocación de lesión de derechos fundamentales- es innegable que no existía cambio de residencia y, por ello, de acuerdo con reiterada doctrina, el procedimiento a seguir era el ordinario y no la modalidad especial del art. 138 LRJS. Y concluye que, a falta de una específica regulación en el convenio colectivo que impusiera mayores exigencias, el marco legal no permite sostener que estemos ante un supuesto de modificación sustancial de las condiciones del contrato de los previstos en el art. 40 ET, al que remite el art. 41.7 ET, y condiciona el concepto a los supuestos, definitivos o temporales, de cambio de residencia. La norma no impone a las manifestaciones del poder de dirección ninguna exigencia de motivación causal ni otorga tampoco al trabajador afectado el derecho extintivo que sí le atribuye en las modificaciones sustanciales. Casa y anula la sentencia recurrida absolviendo a la empresa.
Resumen: CANTIDADES:Se discute en aplicación del Decreto 4/2012 de la Junta de Andalucía de medidas extraordinarias y urgentes en materia de prestación socio-laboral a ex trabajadores andaluces afectados por procesos de reestructuración de empresas y sectores en crisis, quien debe abonar la indemnización (60 días/año, 42 mensualidades) pactada entre Astilleros de Sevilla y la RLT, en el procedimiento concursal, íntegramente la Junta de Andalucía o el Fogasa hasta el límite legal de su responsabilidad (20 días/año 12 meses), y el resto por la Junta, a pesar de que concurre silencio administrativo positivo. Se resuelve el recurso en el sentido de que es la Junta de Andalucía la que debe hacer frente a la totalidad de la indemnización sin que proceda disminuirla por una hipotética entrada del FOGASA, toda vez que se trata de una cantidad íntegra y previamente pactada que tiende, por un lado, a garantizar la percepción de la misma por cada trabajador y, por otro, a aliviar los créditos contra la masa de la empresa concursada.
