Resumen: Delito de falsedad en documento mercantil en concurso con un delito intentado de estafa procesal. Alegaciones per saltum tras haberse resuelto apelación. Se recurre la Sentencia del TSJ.
Resumen: La Sala confirma la condena por el delito contra la propiedad industrial, en un supuesto en el que el recurrente fue sorprendido poniendo a la venta reproducciones de carteras que imitaban los signos distintivos de varias marcas. La sentencia recuerda que "los Los signos distintivos tienen la finalidad de proteger la actividad comercial del titular de la marca, ayudando a identificar frente al consumidor sus productos y servicios, evitando que cualquier otro comercialice con ese signo distintivo productos o servicios similares, o incluso aunque no sean similares, cuando sea marca de notorio conocimiento o renombrada ... el bien jurídico protegido por el tipo penal de comercialización de productos o servicios con signos distintivos imitados es sustancialmente el derecho de uso o explotación exclusivos de la propiedad industrial. Ahora bien, y al mismo tiempo, el bien jurídico mediato que lleva al legislador a incriminar penalmente las conductas atentatorias contra los derechos de propiedad industrial es la tutela del interés general, a través de la protección del orden económico basado en la libre competencia y del mercado en su conjunto en interés de todos los participantes en el mismo; es decir, no sólo el de los empresarios competidores, sino también el interés colectivo de los consumidores y el propio interés público del Estado por el mantenimiento de un orden concurrencial no falseado". Por otro lado, confirma la cuota de la pena de multa.
Resumen: Recuerda el tribunal que tras haber ponderado el Juzgador de instancia los distintos elementos probatorios obrantes en el caso en uso de una facultad que sólo a él corresponde, no está justificado que en apelación se cuestione tal valoración mediante la simple oposición de la subjetiva de la entonces recurrente, salvo, error evidente o conclusión absurda o dudosa, lo que no se da en este caso. La marca del teléfono sustraído se considera indiferente por la Sala pues lo verdaderamente trascendente es que se trate de un efecto ajeno a la titularidad patrimonial del recurrente. Que el acusado hubiese consumido determinadas sustancias después de los hechos en nada condiciona la realidad de la sustracción, como tampoco el comportamiento que pudiera haber tenido en un establecimiento al que había acudido después, pues a la vista de los múltiples testimonios testificales se constata sobradamente la realidad de la conducta delictiva desarrollada sin duda alguna, toda vez cabe inferir sin dificultad que se hizo entrega al recurrente del efecto de referencia contra la voluntad de su legítimo poseedor y ello una vez que profirió expresiones del tipo de que no le importaba estar en Villabona, por lo que resulta debidamente acreditado, mediante una razonable y razonada ponderación de los medios de prueba practicados, que el recurrente desarrolló un comportamiento tendente a amedrentar a las personas que estaban en su presencia sin el cual el objeto no le hubiese sido entregado.
Resumen: Confirma la sentencia de la Audiencia Provincial que condena a dos acusados como autores materiales, cada uno de ellos, de un delito de homicidio en grado de tentativa. Apuñalamiento que cada uno de los acusados realiza sobre sus respectivas víctimas en el transcurso de una pelea desarrollada entre dos grupos rivales. Presunción de inocencia y prueba de cargo. Valor incriminatorio de la declaración de un coacusado y necesidad de que su contenido quede mínimamente corroborado. Delito de homicidio en grado de tentativa. Juicio de inferencia sobre el propósito homicida. Dolo directo y dolo eventual, que se aprecia cuando el sujeto activo es plenamente conocedor del riesgo que se genera con su acción y acepta el resultado que puede producirse. Atenuante de dilaciones procesales indebidas. Derecho a un juicio en plazos razonables. El transcurso del plazo de tres años para la tramitación de una causa por el procedimiento del sumario, seguido contra siete encausados, no puede considerarse que vulnere el derecho a un juicio en tiempo razonable.
Resumen: El hecho de que las medidas cautelares penales, tanto las previstas en el art. 544 bis como en el 544 ter afecten a Derechos Fundamentales de la persona, y que por consiguiente, su adopción ha de realizarse con carácter restrictivo, no puede implicar la exigencia de una contundencia de prueba en cuanto a la comisión de los presuntos hechos delictivos, como tampoco del posible riesgo de reiteración, dada la situación incipiente del proceso en el que nos encontramos cuando se interesa su adopción. También han de valorarse una serie de circunstancias que afectan a la víctima como en este caso la especial vulnerabilidad, al encontrarnos ante una persona de nacionalidad extranjera, que no domina fluidamente el idioma español, y que no se encuentra plenamente integrada cultural y socialmente en la localidad donde reside, con una dependencia importante de su pareja, y por lo tanto, con un mayor riesgo de reiteración. Orden de protección de Violencia de Género.
Resumen: La Audiencia confirma la sentencia que condenó a los acusados como autores de un delito de robo con fuerza en establecimiento abierto al público. El error en la valoración de la prueba como motivo de recurso. Exigencia jurisprudenciales en la valoración como prueba de cargo de la declaración del coacusado: las circunstancias que lo cuestionan.
Resumen: La Sala revoca la sentencia del Juzgado de lo Penal y absuelve del delito de quebrantamiento de medida cautelar. Falta de claridad de los hechos probados. En el caso examinado existen testimonios contradictorios que generan una duda razonable y sobre esta incertidumbre no se puede construir una sentencia de condena. Además hay también una falta de claridad de los hechos probados. Dicha relación de hechos probados no es suficiente para dictar una sentencia condenatoria, puesto que su redacción es totalmente imprecisa... vulnerándose con ello el derecho de defensa del acusado porque los hechos que se describen como probados en la sentencia condenatoria resultan vagos, genéricos e imprecisos. Los hechos probados han de ser relatados de forma que puedan ser identificados adecuadamente, y describen el mismo tal y como ocurrió, recogiendo todo aquello que sea relevante y que el Tribunal considere acreditado. Y en este sentido una omisión o contradicción relevantes en este apartado fáctico no puede sino llevar a la absolución del acusado. No se puede realizar en este ámbito ningún complemento ni subsanación contra reo.
Resumen: El juzgado de lo Penal condena a los acusados como autores de un delito de hurto del artículo 234.1 del código penal. La representación procesal de los tres acusados interpone recurso de apelación contra la sentencia alegando error en la valoración de la prueba y vulneración del principio de presunción de inocencia, infracción por inaplicación de la atenuante de dilaciones indebidas del artículo 21 seis del código penal, solicitando la libre absolución de los acusados y subsidiariamente la rebaja de la pena impuesta. La audiencia Provincial desestimada la impugnación basa en error en la valoración de la prueba y vulneración del la presunción de inocencia concluyendo que el razonamiento realizado es racional y suficiente. No aprecia la concurrencia de la atenuante de dilaciones indebidas, lo cual tampoco conllevaría la rebaja de la pena en 1° como pretende la parte recurrente, sino la imposición en su mitad inferior como dice el artículo 66 del código Penal. Dado que la sentencia no motiva argumenta la individualización de la pena, teniendo en cuenta el valor de los efectos sustraídos, próximo al límite legal para diferenciar el delito leve y el menos grave, procede rebajar las penas.
Resumen: El delito de cohecho activo es de mera actividad y no admite formas imperfectas de ejecución. El pago posterior, realizado por quien no participó ni conocía al tiempo de producirse el acuerdo que determinaba la ilícita adjudicación, no supone participación en el delito de cohecho. No se aprecia la atenuante de dilaciones indebidas aunque trascurrieran aproximadamente cinco años desde que concluyó la instrucción hasta que pudo celebrarse el juicio. Se trataba de una pieza desgajada de una causa principal, siendo que, antes de la celebración del plenario, hubieron de celebrarse otros juicios, también extensos y procedentes de la causa principal, entre los que, coincidiendo en ellos varios de los acusados, no resultaba posible su celebración simultánea. No estamos ante un concurso aparente o de normas. El estado de necesidad es inaplicable por la mera existencia de una deuda hipotecaria. Resulta improcedente excluir de la condena en costas las causadas como consecuencia de la desestimación de ciertas pretensiones de la acusación particular. No se aprecia la atenuante de confesión tardía por falta de relevancia para el esclarecimiento de lo sucedido. No se aprecia la reparación del daño cuando las responsabilidades civiles resultaran satisfechas exclusivamente por otros coacusados.
Resumen: En la orden de protección se acuerdan medidas cautelares penales y civiles, quedando las de naturaleza social a la competencia de la Administración y por tanto ajenas a la actuación del Poder Judicial. en una situación de separación conflictiva previa a la denuncia, y donde solo se cuenta con la declaración de la víctima sin ningún dato externo que el aporte credibilidad no puede accederse a la adopción de medidas limitativas de Derechos Fundamentales. Tampoco se ha comprobado el riesgo grave e inminente de una posible reiteración delictiva. El apartado 11 del art. 544. Ter. LECrim posibilita que si durante la tramitación del procedimiento penal surgiera una situación de riesgo para la denunciante, el Juez o Tribunal que conozca de la causa pueda acordar la Orden de Protección aunque hubiera sido denegada en otro momento anterior.
