Resumen: RCUD. Proceso de Despido y validez de la prueba videográfica que se ha presentado para la constatación de los hechos imputados en la carta de despido o, en otro caso, que se declare la improcedencia del despido y no la nulidad del mismo. La prueba videográfica no incurre en intromisión alguna vulneradora del derecho de intimidad de la demandante por cuanto que era conocedora del sistema de videovigilancia y de su ubicación como su finalidad, por lo que, sin olvidar que al empresario corresponde acreditar los hechos disciplinarios, se considera como medida justificada, idónea y necesaria, sin que el hecho de que el visionado se extendiera a momentos anteriores al día que un cliente denunció unos hechos y los imputados fueran los precedentes no impide tener por válida la prueba y considerar no afectado ningún derecho fundamental de la trabajadora ya que la empresa podía comprobar si su actuación en el puesto de trabajo era acorde con el buena conducta de la misma. No es posible considerar que los hechos imputados no se puedan acreditar acudiendo a la prueba de videovigilancia por la sola razón de que aquellos no hayan sido los correspondientes a la queja que motivó acudir al visionado de las cámaras para con ello obtener que la trabajadora no tenía conocimiento del uso de control de la actividad por medio de esas cámaras.
Resumen: El TS confirma acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, que confirmó el Acuerdo de la Sala de Gobierno del TSJA, que había aprobado la propuesta del plan de actuación para el Juzgado de Instrucción de Sevilla elaborado por la Magistrada titular y por el Magistrado de adscripción territorial. La misma recurrente interpuso, contra idéntica resolución, recurso contencioso administrativo para la tutela de derechos fundamentales, recurso que fue resuelto en sentido desestimatorio por el TS. Lo que pretende la parte recurrente es tratar de diferenciar los argumentos utilizados en el anterior recurso, en el que se denunciaba la conculcación de determinados derechos fundamentales, con los argumentos del recurso actual que debe ser examinado desde una perspectiva de mera legalidad ordinaria, sin embargo, basta la lectura de la anterior STS, para comprobar cómo en la misma se daba respuesta a lo ahora solicitado, limitándose la parte recurrente a insistir y ampliar los argumentos que ya fueron oportunamente rechazados.
Resumen: La sentencia estima el recurso de revisión interpuesto, por la aportación de nuevas pruebas que permiten sostener que el involucrado en los hechos enjuiciados fue una persona distinta al reclamante. Realiza un estudio del 954 de LECRIM, destacando que ya no es necesario que los hechos o las pruebas que motivan la revisión sean posteriores al dictado de la sentencia. Es suficiente con que sobrevenga el conocimiento de hechos o elementos de prueba que, de haber sido aportados, hubieran determinado la absolución o una condena menos grave. Para aplicarlo es necesario: a) un elemento de prueba de conocimiento sobrevenido, que haya aparecido o haya sido conocido después de la fecha de la sentencia cuya revisión se pretende, b) ha de tratarse de una prueba de la que pueda afirmarse en un juicio hipotético que su consideración hubiese variado el sentido de la sentencia, habiendo podido determinar la absolución o una condena inferior, y c) que las pruebas no hubiesen podido proponerse con anterioridad a la celebración del juicio oral, por causas que resulten de razonable apreciación.
Resumen: El propio autor del delito antecedente puede perpetrar el delito de blanqueo de capitales respecto de los bienes y recursos obtenidos con ocasión de la comisión de aquel (autoblanqueo). La labor que corresponde al Tribunal de apelación en la encomienda de supervisar la valoración de la prueba hecha por el juzgador de instancia, cuando se alega ante él la infracción del derecho a la presunción de inocencia, no consiste en realizar una nueva valoración de las pruebas practicadas a presencia del Juzgador a quo, porque solo a éste corresponde esa función valorativa, sino verificar que, efectivamente, el Tribunal de instancia contó con suficiente prueba de signo acusatorio. La sentencia debe anularse cuando se aprecie en el relato fáctico una insuficiencia descriptiva que lo haga incomprensible o difícilmente inteligible, bien por una omisión total de versión fáctica, bien por omisiones parciales que impidan su comprensión o también por el empleo de frases ininteligibles o dubitativas que impiden saber lo que el Tribunal declara efectivamente probado. Para que pueda prosperar este motivo de casación, es necesario: a) que la contradicción sea manifiesta y absoluta; b) que sea insubsanable; c) que sea interna en el hecho probado y d) que resulte relevante para el sentido del fallo
Resumen: La utilización de dispositivos de localización y seguimiento tiene una incidencia directa en el círculo de exclusión que cada ciudadano define frente a terceros y frente a los poderes públicos; la ley subordina la legitimidad del acto de intromisión a la previa autorización judicial. Como regla general, constituye una prueba de cargo válida la comparecencia en el juicio oral de quien ha realizado un reconocimiento fotográfico practicado con todas las garantías durante el sumario, y que ratifica en el juicio lo antes manifestado o reconoce en el plenario al autor de los hechos, pudiendo ser sometido a interrogatorio cruzado de las partes. La identificación del sospechoso efectuada por agentes policiales a partir de videograbaciones de los autores recogidas durante la investigación, es insuficiente como prueba de cargo para acreditar la identidad de los autores, si no descansan en una prueba pericial fisionómica o antropomórfica. Se perfila como una actuación pericial la información que extraigan los agentes del material videográfico y que deseen aportar al Tribunal. Dado que el testigo declara sobre hechos pasados relacionados con el proceso y percibidos sensorialmente por él, el perito suministra al Juzgador una concreta información sobre aspectos trascendentes para el enjuiciamiento. La necesidad de contar con la confianza del acusado no permite al Letrado disponer a su antojo el desarrollo del proceso.
Resumen: El art. 183 quáter devendrá aplicable precisamente cuando, pese a ser uno de los intervinientes en la relación menor de dieciséis años, hay una decisión libre y una actividad sexual compartida con una persona que, aun siendo mayor de edad, es próxima al menor en edad y madurez. El art. 183 quáter ha sido definido como una causa de exención de la responsabilidad, cuya naturaleza se aproxima a una causa de exclusión de la tipicidad. La jurisprudencia había descartado la aplicación del artículo 183 quáter CP cuando entre el acusado y la menor ha habido violencia.
Resumen: No es función de un Tribunal de casación revalorar íntegramente una prueba personal no directamente presenciada. Se denuncia incongruencia omisiva. Estaría basada en no haberse dado contestación a la petición de que se reaperturase el procedimiento frente a la víctima para reiniciar la investigación y, en su caso, dictar auto de procesamiento del perjudicado por las lesiones causadas por el ahora recurrente. Tratándose de una sentencia cuyo objeto es enjuiciar los hechos respecto de los que se ha abierto el juicio oral no tiene por qué contestar peticiones de reapertura de otro objeto provisionalmente sobreseído, evacuadas en forma desubicada y sin fundamento. La predeterminación del fallo supone la utilización de expresiones con un contenido técnico jurídico específico que soslaya una narración de hechos despojada de valoraciones o "sobreentendidos" jurídicos. No significa que los hechos relatados hayan de ser penalmente "neutros". No debe anticiparse en los hechos probados la subsunción jurídico-penal con el nomen iuris de la infracción o con otros conceptos técnicos cuya concurrencia ha de analizarse en el plano de la argumentación penal. Pero el relato necesariamente ha de elaborarse con el claro objetivo de valorar penalmente la acción. Primero se fijan los hechos; luego se valoran penalmente.
Resumen: La sala responde a la cuestión fijada en el auto de admisión: determinar la incidencia que las SSTC 8/17, de 19 de enero y 85/19, de 19 de junio, así como la STEDH de 16/2/16 (asuntos acumulados Vlieeland Boddy y Marcelo Lanni C. España), puedan tener en la interpretación jurisprudencial del art. 294.1 LOPJ, en un supuesto en el que el procedimiento penal terminó por auto de sobreseimiento provisional. Analiza la evolución jurisprudencial en la interpretación del art. 294.1 LOPJ: un primer momento, desde la STS de 27/1/89 - aplicabilidad en supuestos de 'inexistencia objetiva' y de 'inexistencia subjetiva'-; revisión de ese criterio en dos SSTS de 23/11/10 (RRCC 4288/06 y 1908/06), en acatamiento de las SSTEDH asunto Puig Panella c. España y Tendam c. España -aplicabilidad únicamente en supuestos de 'inexistencia objetiva'-; y, tras las SSTC 8/17 y 85/19, en las que se depuró constitucionalmente el art. 294.1 LOPJ. Analiza asimismo las SSTC 166/20 y 41/21 que abordaron la cuestión del sobreseimiento provisional a efectos de un eventual derecho a indemnización (ex art. 294.1 LOPJ) por la prisión preventiva legítimamente acordada. Finalmente, responde a la cuestión en unidad de doctrina con la respuesta dada en SSTS 1155/21 (RC 5485/20) y 187/21 (RC 7141/19), que ampliaron de facto el precepto a tales supuestos, a fin de reconocer indemnización a quien habiendo sufrido prisión preventiva legal y legítima, concluye la causa con un sobreseimiento provisional del art. 641.2 LECr.
Resumen: Demanda de resolución de contrato de arrendamiento por falta de pago de cantidades asimiladas a la renta. En primera instancia se desestimó la demanda, pero la audiencia revocó la sentencia y estimó la demanda. Recurre en casación y en extraordinario por infracción procesal el demandado. La sala desestima este último recurso y estima el recurso de casación. La sala declara que en el presente caso nos encontramos ante un contrato de arrendamiento anterior a la LAU de 1964, en la que para esos contratos anteriores se permitía la repercusión por obras (art. 108 LAU 1964), repercusión que tenía concepto de cantidad asimilada a renta, para cuya reclamación, una vez rechazada la subida por el arrendatario, se fijaba un plazo de caducidad de tres meses en el art. 101, 5.º LAU 1964, plazo que prima sobre el general de las obligaciones, dado que es un plazo específico, por lo que no operaría la disposición adicional décima de la LAU de 1994; en conclusión, aplicándose el plazo de caducidad de tres meses la sala estima el motivo, al estar afectada de caducidad la acción, ya que se opuso el arrendatario el 19 de abril de 2017 y el 10 de septiembre de 2018, interponiéndose la demanda el 31 de diciembre de 2018. Estimado el primer motivo de casación, la sala no considera necesario analizar el resto, asume la instancia y desestima la demanda.
Resumen: La modificación agravatoria del fallo supone la vulneración del derecho del recurrente a un proceso con todas las garantías. Cuando se invoca lesión del derecho fundamental a la presunción de inocencia, cumplida la doble instancia, el espacio del control casacional se reconfigura y debe contraerse al examen de la racionalidad de la decisión a partir de la motivación de la sentencia de apelación, comprensiva de la licitud, regularidad y suficiencia de la prueba. La legítima defensa debe situarse en la necesidad de protección individual de bienes jurídicos y de prevalimiento del Derecho. La inexistencia de agresión ilegítima normativamente relevante impide no solo el rechazo de la eximente sino también de las fórmulas de exención incompleta o analógica.
