Resumen: La parte recurrente considera que la sentencia de instancia ha infringido: a) el art. 11.1 LOPJ, en relación con los arts. 8.1 y 18.2 CE y con el art. 39.5 LORDGC; b) el derecho fundamental a la presunción de inocencia; c) el art. 25 CE, principio de legalidad en su vertiente de tipicidad, por indebida aplicación del art. 8.9 LORDGC; y d) el derecho a un proceso con todas las garantías. Conforme a lo dispuesto en el art. 88.2.e) LJCA, puede apreciarse que existe interés casacional objetivo cuando la sentencia interprete o aplique, infringiéndolas, normas constitucionales sobre derechos fundamentales. Como las alegaciones del recurrente se centran en ello, sin prejuzgar ahora el fondo del asunto -pues se trata únicamente de decidir sobre la admisibilidad del recurso-, se acepta la existencia de dicho interés casacional objetivo, lo que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 88.1 LJCA, exige que el recurso deba ser admitido a trámite.
Resumen: Delito contra la Hacienda Pública intentado/estafa intentada. Motivos por error facti y presunción de inocencia: doctrina general. Incongruencia omisiva: no ha lugar en la medida que lo que ha de obtener respuesta son las pretensiones (art. 742 LECrim: cuestiones), sin necesidad de pasar por todas las alegaciones. Tratamiento de sentencias absolutorias. Sobre el valor vinculante de la jurisprudencia. La consideración de la cuota defraudada como condición objetiva de punibilidad, condiciona la posibilidad de apreciar el delito contra la Hacienda Pública como intentado, derivando la calificación al delito de estafa intentado. La mera convivencia no equivale a coparticipación delictiva.
Resumen: Llama la atención que se abra juicio contra la sociedad por delito de estafa, pues, al margen de que no había sido oída expresamente como investigada, las actuaciones practicadas no habían puesto de relieve indicio alguno que apuntase a un propio delito corporativo que debiera llevar a su imputación. La determinación del actuar de la persona jurídica, relevante a efectos de la afirmación de su responsabilidad penal ha de establecerse a partir del análisis acerca de si el delito cometido por la persona física en el seno de aquella ha sido posible, o facilitado por la ausencia de una cultura de respeto al Derecho, como fuente de inspiración de la actuación de su estructura organizativa e independiente de la de cada una de las personas físicas que la integran, que habría de manifestarse en alguna clase de formas concretas de vigilancia y control del comportamiento de sus directivos y subordinados jerárquicos, tendentes a la evitación de la comisión por éstos de los delitos enumerados en el Libro II del Código Penal. Se trata de una sociedad, a efectos reales de un solo socio administrador, y no goza de la necesaria estructura interna compleja como para dotarla de relevancia propia; no apreciamos en ella ese sustrato material de la suficiente complejidad al que venimos refiriéndonos, "no es un actor corporativo que pueda cometer delitos corporativos", como ha dicho algún autor, lo que no significa que quede exenta de todo tipo de responsabilidad, como es la civil subsidiaria.
Resumen: En cuanto a que la víctima no refiera violencia en su declaración en el plenario, de la redacción de la sentencia de instancia se desprende lo contrario, según la percepción del Tribunal. El relato de hechos probados, en este aspecto, se basa en la declaración de la víctima. De la misma se desprende que la negativa de la mujer a las relaciones sexuales que el recurrente proponía fue respondida por este utilizando la fuerza para dominar a la mujer físicamente, poniendo de manifiesto la inutilidad de una resistencia mayor a sus pretensiones. En lo que se refiere a la corroboración, el Tribunal de instancia entiende que la declaración de la víctima es coherente con la de los testigos. Es razonable concluir en esa forma cuando se dispone de una declaración de la víctima que no viene determinada por motivos espurios, que es verosímil y continuada en el tiempo en sus aspectos sustanciales, y que viene corroborada por las declaraciones de las personas a las que de modo inmediato se comunicó lo sucedido. Frente a ello no es bastante para desacreditarla el que la víctima se mantuviera en la misma vivienda esa noche, pues ello puede encontrar explicación en su deseo de mantenerse junto a su hija. Se queja de la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por falta de motivación de la pena. Ha de señalarse que el Tribunal basa la individualización de la pena en la apreciación de la concurrencia de dos circunstancias agravantes, lo que explica la superación del mínimo legal.
Resumen: Condena al recurrente por delito continuado de agresión sexual a menor de dieciséis años, siendo esta su propia hija de edad de 4 años llevando a cabo los actos sexuales con ocasión de los periodos correspondientes al régimen de visitas hasta que alcanzó la edad de 9 años. Se refiere el recurrente a que solicitó que la menor declarara en el juicio oral pese a que ya lo había hecho como prueba preconstituida que se reprodujo en el juicio oral. El Tribunal no admitió esta presencia en el plenario de la menor al constar informes psicológicos que lo desaconsejaban. Referencia a la doctrina de la Sala sobre este tema al estar objetivado la no comparecencia cuando ya hubo prueba preconstituida y hay riesgo y objetivo de victimización secundaria. Y también, aunque ya existían informes periciales sobre la credibilidad de la menor, el recurrente interesó un nuevo más añadido, lo que fue descartado, y además se desaconsejaba por los informes habidos que se volviera a repetir y reiterar entrevistas para volver a relatar lo ya narrado a otros peritos. Era reiterativo y no pertinente y necesario. Hay declaración de la víctima convincente corroborada por abundante prueba que valida la veracidad de la declaración de la víctima.
Resumen: la cuestión planteada en el recurso que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consisten en completar, matizar o precisar la jurisprudencia sobre la libertad de expresión del abogado en el ejercicio de la actividad de defensa, y, en concreto, determinar, desde la perspectiva de los artículos 20 y 24 CE y 6 y 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, y a los efectos de determinar el alcance del tipo infractor de las obligaciones deontológicas contenidas en el Código Deontológico de la Abogacía Española, aprobado por el Pleno del Consejo General de la Abogacía Española de 6 de marzo de 2019, referido a la falta de consideración en el trato con la pate contraria establecido en el artículo 13.3 del citado Código Deontológico, si es subsumible en dicho tipo infractor la conducta consistente en añadir, al identificar a la parte contraria en un escrito procesal de un procedimiento civil, unos datos, no cuestionados, referidos a su situación procesal en un procedimiento penal y en un procedimiento de carácter administrativo.
Resumen: Las sentencias de apelación de las Audiencias solo tienen casación por el nº 1 del art. 849 LECrim. En tal apartado sólo pueden invocarse preceptos penales de carácter sustantivo u otra norma jurídica del mismo carácter que deba ser observada en la aplicación de la ley penal. Los recursos deberán respetar los hechos probados, debiendo ser inadmitidos los que no los respeten, o efectúen alegaciones en notoria contradicción con ellos pretendiendo reproducir el debate probatorio. Los recursos deben tener interés casacional, entendiéndose que el recurso tiene interés casacional: a) si la sentencia recurrida se opone abiertamente a la doctrina jurisprudencial emanada del Tribunal Supremo, b) si resuelve cuestiones sobre las que exista jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales, c) si aplica normas que no lleven más de cinco años en vigor, siempre que, en este último caso, no existiese una doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo ya consolidada relativa a normas anteriores de igual o similar contenido. Y es que, por la naturaleza de este nuevo recurso, el recurrente tiene que justificar el acceso al mismo, en el sentido de expresar cual es el interés casacional en el caso concreto y en el caso presente es evidente que no existe interés casacional, dado que el recurrente no alega cuál sería éste cuando vendría obligado a ello.
Resumen: Ante la falta de previsión expresa de la LO 10/2022 sobre Derecho transitorio aplicable, se aplica la Disposición Transitoria 9ª LO 10/95 para concluir que corresponde a la Sala Civil y Penal, en su condición de órgano de apelación, la adecuación de la pena a la reforma operada por LO 10/2022 en la medida en que la misma resulte más beneficiosa para el acusado. Se constata que la pena con la que se sanciona el delito tipificado en el artículo 179 CP ha sufrido una clara atenuación, pasando de una pena privativa de libertad de 6 a 12 años a otra de 4 a 12 años. La rebaja en un grado correspondiente al delito intentado determina así una nueva pena de 2 años y 1 día a 4 años (y no la de 3 años y 6 meses a 6 años que correspondería conforme a la antigua redacción). Finalmente, la aplicación de la agravante del artículo 22.2 CP impone preceptivamente la aplicación de la pena antes señalada en su mitad superior, lo que arroja un saldo penológico con un mínimo de 3 años y 1 día y un máximo de 4 años. Para la concreta individualización de la pena, el TSJ entiende que procede efectuar un juicio de reproche similar o equivalente al efectuado por el tribunal a quo en el momento de concretar la pena impuesta, de forma que la nueva pena guarde con la extensión en que la nueva normativa permite imponerla la misma proporción que la pena concreta impuesta en sentencia guardaba con la extensión en que la legislación derogada permitía su concreción.
Resumen: En la construcción de algunos tipos penales, el legislador a veces utiliza conceptos globales, es decir, expresiones que abarcan tanto una sola acción prohibida como varias del mismo tenor, de modo que con una sola de ellas ya queda perfeccionado el delito y su repetición no implica otro delito a añadir. El artículo 368 CP sanciona como comportamiento típico el constituido por "actos", en plural, de cultivo, elaboración o tráfico. Por lo que el número de aquellos es indiferente para la consumación del delito y de su unidad. De ahí que, por un lado, las plurales entregas a sucesivos adquirentes de drogas no acarrean pluralidad de delitos, pero, por otro lado, la cantidad de la droga objeto de tráfico, aunque sea trasmitida en plurales actos, debe ser considerada en su conjunto dando lugar, en su caso, a la calificación del subtipo agravado por la notoria importancia de la cantidad. No existen varios delitos por el hecho de que se hayan producido varios actos de venta. En general se niega la posibilidad de continuidad delictiva (sin embargo admitida en algunas ocasiones). Incluso cuando la actividad se ha desarrollado durante un largo lapso de tiempo o, más aún, aunque haya habido interrupciones temporales. La variedad de sustancias tampoco tiene un efecto multiplicador del número de infracciones por cuanto el bien jurídico protegido es idéntico.
Resumen: Las modificaciones de la ley procesal adoptadas en la LO 8/2021, de 4 de junio, invierten la naturaleza de la excepción de la obligación de declarar en el juicio oral. En la nueva redacción no se dispone la obligación de declaración del menor, salvo que solicitada se entendiera que era debidamente justificada en el caso concreto. La Ley de Enjuiciamiento Criminal permitía y permite actualmente que los tribunales puedan tomar declaración testifical a los menores mediante diversos medios que aseguren, de una parte, las condiciones del testimonio del menor para su exploración en las condiciones que menos perjudiquen, y de otra, garantizando los derechos de defensa del acusado y, de forma particular, el derecho a oír los testimonios en su contra y a contradecir la prueba incriminatorio. entre ellos se ha hecho referencia en reiterada jurisprudencia a diversos medios técnicos, como la Cámara Gesell, que posibilita a través de la utilización de diversos medios técnicos. Se afirma en el hecho que las fotografías estaban borradas y que han sido obtenidas después de un análisis pericial realizado en el ordenador de su casa. El hecho de borrarlos (hemos de entender que fue inmediato a su captación) permite la duda sobre la tipicidad de la conducta pues la captación pudo realizarse en el curso de los hechos típicos del abuso -y así lo manifestó el menor víctima de los hechos-,que se realizaban a través de comunicaciones por el ordenador y su pantalla, duda que ha de favorecer al reo.
