Resumen: La denunciada falta de competencia territorial no afecta al derecho al Juez predeterminado por la Ley, más aún cuando en las estafas rige la teoría de la ubicuidad y la "perpetuatio jurisdictionis" para las inhibiciones tardías. Grabación subrepticia efectuada por el perjudicado: el hecho de que fuese ideada por la policía no supone que estemos ante un delito provocado, pues la decisión criminal había nacido con anterioridad a la intervención de los agentes, pues el perjudicado ya había presentado la denuncia contando todos los hechos ocurridos. No obstante, hubo una clara incitación por parte del testigo, utilizado por los agentes policiales, con la evidente finalidad de preconstitución probatoria, lo que determina que la prueba así obtenida sea nula. Cadena de custodia: es presupuesto de valoración, no de validez, de la prueba, y no hay prueba de manipulación de la cinta. La detención del recurrente estaba amparada en lo dispuesto por el art. 492 LECrim; no se denunció la violación de los derechos del detenido en su momento y, en todo caso, no podría justificar la nulidad de todo lo actuado, como se pretende. Las quejas relacionadas con la actuación del letrado de oficio que le asistió durante la detención son ajenas a actuación alguna imputable al Tribunal y se formulan "ex novo" en la instancia casacional. El documento falsificado debe estimarse mercantil -no privado-, por lo que la apreciación del concurso de delitos -y no de normas- es correcta en el caso.
Resumen: Arbitraria actuación administrativa en la tramitación de una subvención, mediante la aportación de una factura "acreditativa" de la inversión, a sabiendas de su falsedad, con la finalidad de obtener una subvención por la adquisición de un tractor que no había adquirido ni pensaba adquirir. La falsedad es típica, al consistir en la simulación absoluta de una operación que no existió, no es falsedad ideológica impune. Sobre la resolución injusta; es cierto que no es la resolución final, en cuanto a la concesión de la subvención, pero sí en cuanto a la comprobación de la realización de la inversión y de su existencia tangible, por cuanto son extremos que no son reexaminados por la Intervención ni el Cabildo, que sólo dan su "visto". Además y especialmente, contiene otro elemento decisorio, efectivamente procedimental, pero decisivo, el impulso que posibilita la concesión, como alternativa a requerimiento de la acreditación de los presupuestos exigidos para la concesión de la subvención y no aportados. Actividades prohibidas; resulta acreditado, el haber llevado a cabo el acusado una actividad de asesoramiento, y después informar o resolver sobre tales extremos, incumpliendo así el deber de imparcialidad, infringiendo, con ello, los deberes de incompatibilidad, abstención y exclusividad. El recurso se estima parcialmente, en tanto que la pena impuesta no se ajusta a lo dispuesto por el art. 77.3 CP en redacción dada por la LO 1/2015, cuyo régimen es más beneficioso.
Resumen: Se analiza la agravante de abuso de superioridad en el delito de robo con violencia. Las lesiones psíquicas: subsunción en el artículo 147 del Código Penal de las lesiones psicológicas derivadas de los hechos y consistentes en un síndrome de estrés postraumático. Eximente incompleta de miedo insuperable. Se estima el recurso de uno de los condenados. La conducta de lesiones leves tipificada en el artículo 617.1 vigente en la comisión de los hechos, no ha sido despenalizada por la LO 1/2015. Ha sido trasladada como delito leve al artículo 147.2 con la consideración típica de delito leve, con mayor extensión de la pena de multa prevista. Pero sometida a una condición de perseguibilidad, la denuncia del agraviado (art. 147.4 CP), lo que determina la operatividad del apartado 2 de la Disposición Transitoria cuarta: «la tramitación de los procesos por falta iniciados antes de la entrada en vigor de esta Ley por hechos que resultan por ella despenalizados o sometidos al régimen de denuncia previa, y que lleven aparejada una posible responsabilidad civil, continuarán hasta su normal terminación, salvo que el legitimado para ello manifestare expresamente no querer ejercitar las acciones civiles que le asistan, en cuyo caso se procederá al archivo de lo actuado, con el visto del Ministerio Fiscal».
Resumen: El derecho a la presunción de inocencia se ha destruído en base a las manifestaciones de los agentes de la autoridad actuantes. La complicidad se aprecia en casos de auxilio mínimo en los actos de tráfico, que se vienen incluyendo en la expresión "favorecimiento del favorecedor", optando por su aplicación cuando se trata de supuestos de colaboración de poca relevancia, como ocurre en caso de tenencia de la droga que se guarda para otro de modo ocasional e instantánea o en el hecho de indicar el lugar donde se vende la droga, o en el solo acompañamiento a ese lugar. Al conducir el coche un acusado, lo que no podía hacer el ocupante que tiró la droga, el conductor sabía lo que se portaba en el mismo, pues continuó con ese tercero que arrojó la droga toda la tarde, negando que fuera el ocupante del coche, por lo que no se trata de una actuación accesoria de favorecer al facilitador, sino de actos propios, de dominio del hecho. La identificación del acusado, por falta de DNI, se hizo a través de otros datos de identidad y no de uno sólo, y que al comprobar los mismos los agentes observaron que la fotografía que como resultado de introducir todos esos datos ofrecía la base de datos del DNI, era coincidente con la persona que tenían a su presencia. La cantidad de droga es importante (296,94 gramos de cocaína) y ello desborda la antijuridicidad de la pena mínima de tres años, por las dosis que pueden obtenerse y la afectación a la salud pública.
Resumen: Confirma la sentencia de la Audiencia Provincial en la que se condena aun acusado como autor material de un delito de abusos sexuales con acceso carnal, cometido sobre mujer privada de sentido. Acusado que, aprovechando que su compañera de piso estaba durmiendo tras haber consumido bebidas alcohólicas mezcladas con benzodiacepinas, se coloca encima de ella y la penetra vaginalmente. Introducción en los hechos probados de la sentencia la existencia de benzodiacepinas cuya existencia no habían sido incluidas en el escrito de acusación. Principio acusatorio y necesaria correlación entre los hechos de acusación y los recogidos en la sentencia judicial. El principio acusatorio no se ve afectado cuando en la sentencia se recogen modificaciones de detalle o de aspectos secundarios respecto de los hechos nucleares de la acusación. En el caso, la referencia que hace la sentencia a que la perjudicada había tomado benzodiacepina junto al alcohol no modifica en nada la situación de que estaba en un estado de sueño profundo, por lo que no se limitaron las posibilidades defensivas. El principio acusatorio no comporta una suerte de vinculación textual a la narración acusatoria. Control que corresponde al tribunal de apelación sobre la valoración de las pruebas realizada por el tribunal de instancia. Principio in dubio pro reo. Se excluye su aplicación en la medida en que el tribunal de instancia no expresa ninguna duda sobre la culpabilidad del acusado. Cuantificación del daño moral.
Resumen: Para la adopción de una orden de protección no basta con la existencia de indicios de alguno de los delitos relacionados en le precepto. Es necesaria una situación objetiva de riesgo. No es suficiente que la valoración policial del riesgo sea "alto" y la víctima manifieste que tiene miedo del denunciado y no lo quiere cerca. La valoración policial del riesgo se hace sobre la base de las manifestaciones de la denunciante, carentes de constatación objetiva. El riesgo debe entenderse como una probabilidad de reiteración delictiva, que debe ir más allá de la mera sensación subjetiva.
Resumen: Condena por delito continuado de abuso sexual a menor de 16 años. El acusado realizó tocamientos por encima de la ropa en pechos, nalgas y vulva y besos en la boca a la hija (de 10 años de edad) de su pareja sentimental. La sentencia, en defensa de la intimidad de la menor, omite el nombre y apellidos de ésta y de su progenitora. Los hechos se acreditan por la declaración de la menor practicada como prueba preconstituida ante el Juez instructor y en la que concurren los requisitos: a) materiales, causa legítima que impida reproducir la declaración en el juicio oral; b) subjetivos, necesaria intervención del juez de instrucción; c) objetivos, se garantice la posibilidad de contradicción, siendo convocado el abogado del imputado para que pueda participar en el interrogatorio; d) formales, introducción del contenido de la declaración por su lectura del acta en que se documenta o por el visionado de la grabación de la diligencia. La AP. considera concurrentes los parámetros valorativos de ausencia de incredibilidad subjetiva, verosimilitud del testimonio y persistencia en la incriminación. Los hechos son constitutivos de un delito de abuso sexual (tocamientos aun fugaces que afecten a zonas erógenas o a sus proximidades) a menor de 16 años, continuado y cometido con prevalimiento de la posición del autor con respecto a la víctima. Se aprecia la agravante de reincidencia y se indemnizan daños morales.
Resumen: El acusado, reincidente en el delito de quebrantamiento de condena, reanudó la convivencia con la que había sido su pareja, a la que tenía prohibido aproximarse; y con ocasión de encontrarse ambos en el domicilio que compartían, le causó lesiones y amenazó con matarla, esgrimiendo un cuchillo. El acusado solicita la condena de la víctima, contra la que no se ha dirigido la acusación, como cooperadora necesaria en el delito de quebrantamiento de medida cautelar. Error en la valoración de la prueba; limitaciones del tribunal de apelación. Valoración de las declaraciones de los testigos en fase de instrucción. La hipótesis que plantea la defensa, de que las lesiones pudieran haberse causado en otro lugar, no es razonable. Drogadicción como eximente incompleta o atenuante. Presunción de inocencia. In dubio pro reo.
Resumen: La única prueba que expresa la Sala para alcanzar su convencimiento es la manifestación de los acusados de que al recibir la transferencia incompleta compensaron otras deudas que tenían, pero lo hace omitiendo cualquier consideración del resto de su versión, concretamente, que finalmente devolvieron el dinero. El Tribunal no solo omite cualquier análisis sobre la credibilidad de esa parte del relato, sino que tampoco evalúa la prueba de descargo aportada por la defensa, en concreto la declaración de uno de los acusados de que es el único responsable de la apropiación y la documental aportada. Recoge la causa el extracto de la cuenta bancaria y el documento bancario refleja que efectivamente hubo devolución del dinero. Por ello, estima que uno de los recurrentes fue condenado con vulneración de su derecho a la presunción de inocencia.
Resumen: Absuelve a un acusado de dos delitos continuados de abusos sexuales que se le atribuían como realizados sobre dos menores de dieciséis años, y que las acusaciones describían como tocamientos de naturaleza sexual realziados sobre dos sobrinas de la mujer con la que el acusado convivía en relación afectiva análoga al matrimonio. Presunción de inocencia y pruebas de cargo suficientes para destruir la presunción. Testimonio de las víctimas como únicas pruebas directas de alcance incriminatorio. Contiene y reproduce la jurisprudencia del TS sobre el testimonio de la víctima del delito como única prueba incriminatoria, con singular referencia al testimonio de víctimas menores de edad. En el caso la Audiencia no encuentra elementos externos y objetivos que vengan a corroborar el relato de las dos menores. Se aprecian contradicciones internas en los relatos de las menores que comprometen la nota de persistencia en la incriminación requerida en la jurisprudencia. La Sala no puede aseverar de forma concluyente la existencia del ánimo espurio en las menores pero tampoco puede descartarlo. La valoración de la credibilidad del testimonio de la víctima corresponde exclusivamente el tribunal de enjuiciamiento. La credibilidad del testimonio de la víctima nunca puede dejarse única y exclusivamente a la valoración del perito, que se limita a auxiliar la labor jurisdiccional.
