Resumen: En el apartado 2 del art. 588 quinquis b), se impone el deber de especificar el medio técnico que va a ser utilizado. No podemos banalizar el acto de intromisión estatal que la utilización de un GPS representa en el círculo de derechos fundamentales. Deben concurrir los principios de necesidad y proporcionalidad de la medida. La zona rural de asentamiento de los investigados y de plurales localidades donde se cometían y el horario nocturno de su acaecimiento, determinaban a su vez la necesidad de la medida. No resulta adecuado indicar que la pena conjuntamente impuesta posibilita establecer cuál es la parte de pena que corresponde a cada infracción, a través del prorrateo resultante de dividir el tiempo de prisión impuesto entre el número de infracciones delictivas que integran el continuum. No era posible concluir esa especial gravedad que se fundamenta en parte por los daños en la ejecución, en parte por la entidad del perjuicio originado, pues ninguno de los robos individuamente considerados, sería acreedor de la agravación por "revestir especial gravedad". De modo que penar conjuntamente estos hechos como delito continuado y a la vez como robo que reviste especial gravedad conculcaría, en este caso, el principio de non bis in idem. El importe de los daños ocasionados con los actos de fuerza, no es dable adicionarlos, con el importe del valor de los efectos sustraídos para configurar con esa mixtura una nueva causa de agravación, no prevista en la norma.
Resumen: Operatividad del Acuerdo del Pleno no jurisdiccional de 26 de mayo de 2009 y arts. 588.bis.i y 579.bis LECrim. La incoación del procedimiento seguido por Valencia no se produjo por una deducción de testimonio de otro procedimiento, sino por la existencia de un análisis policial de distintas actuaciones policiales a raíz de la investigación seguida en un Juzgado de Madrid. El hecho de que lo actuado por el Juzgado de Madrid no fuera incorporado a la causa hasta un mes después del dictado del auto que autorizó las intervenciones telefónicas no vicia de nulidad esta resolución. Es durante la instrucción de la causa -no en su inicio- o bien cuando se intente hacer valer tales conversaciones como prueba contra la persona concernida, cuando la defensa puede cuestionar su validez, y entonces la acusación debería presentar tales documentos para verificar su legitimidad. Obviamente este trámite no puede adelantarse ni por tanto exigirse a la acusación el aporte de tales documentos, cuando en el inicio de la investigación y para fundamentar la petición de intervención, se da cuenta de conversaciones intervenidas en otros procesos que van a tener como única finalidad fundamentar la intervención en unas Diligencias Previas secretas.
Resumen: Absuelve al acusado del delito de abuso sexual sobre menor de 16 años, sin penetración. No se considera probado que el acusado, con sus capacidades levemente afectadas por la ingesta de bebidas alcohólicas, realizase tocamientos en la zona genital de su hija por encima de su ropa. El delito de abuso sexual requiere: a) un elemento objetivo, acción lúbrica proyectada en el cuerpo de otra persona; b) un elemento intencional o psicológico, finalidad lasciva; c) la vulneración de la libertad sexual o indemnidad sexual de la víctima, sin empleo de violencia e intimidación contra ella y sin que medie consentimiento, considerándose abusos sexuales no consentidos los que se ejecuten sobre menores de dieciséis años o por estar enajenada o privada de razón o sentido la víctima o cuando el consentimiento se obtenga prevaliéndose el culpable de una situación de superioridad manifiesta que coarte la libertad de la víctima. No se exige un ánimo libidinoso, bastando con que el autor conozca el carácter sexual de su acción y que con ella se atenta a la libertad sexual de la víctima, cualquiera que sea el móvil que subyace en la actuación del sujeto activo. Se presume "iure et de iure" la ausencia de consentimiento en el menor de 16 años de edad. De la prueba practicada en juicio oral (declaraciones personales de los intervinientes y periciales) no se acredita la concurrencia de los elementos indicados, procediendo por ello la libre absolución del acusado.
Resumen: Coincidencia de hechos que motivaron sentencias condenatorias en Portugal y en España. Posibilidad de apreciar situación de bis in idem, por cuanto los hechos juzgados en Portugal, de haber sido enjuiciados conjuntamente en España con los que motivaron una sentencia condenatoria, habrían permitido apreciar la continuidad delictiva. La sentencia española solo tuvo parcialmente en consideración ciertos hechos producidos en Portugal a través de una filial portuguesa, que afectaron a otros perjudicados, y parece que en Portugal continuó la actividad incluso después de que cesara la de Fórum Filatélico en España. Inaplicación en estos casos del procedimiento de adaptación penológica.
Resumen: Confirma la condena por delito de amenazas y reduce la pena impuesta en primera instancia, al no apreciar continuidad delictiva. El acusado dirigió a la víctima la expresión "re voy a matar, sé dónde vives", a la vez que le golpeaba con unas tijeras de podar en la cabeza y en la pierna sin causarle lesión. Los hechos se acreditan por la declaración de la víctima, el acusado, debidamente citado, no compareció al acto del Juicio Oral. La AP. considera concurrente en la declaración del denunciante los parámetros valorativos de ausencia de incredibilidad subjetiva, verosimilitud (corroboración con el testigo de referencia, agente policial) y persistencia en la incriminación, siendo la valoración probatoria de prueba personal practicada bajo los principios de inmediación y contradicción y suficientemente motivada en sentencia, no procede su revisión en segunda instancia. El apelante alega la inaplicación de la eximente o, subsidiariamente, de la atenuante de drogadicción, correspondiendo al acusado la acreditación de la misma al ser una hecho impeditivo, extintivo u obstativo de su responsabilidad penal y debiendo quedar tan acreditada como el hecho delictivo mismo. La simple y genérica constatación de que el acusado era adicto a las drogas no autorizar la aplicación se la circunstancia, como eximente, completa o incompleta, o como atenuante, es preciso acreditar la alteración intelectiva o volitiva y su intensidad en el momento de comisión del delito.
Resumen: El recurso de casación contra sentencias dictadas en apelación por Audiencias Provinciales permite fiscalizar exclusivamente si la subsunción jurídica es correcta a la vista del hecho probado: solo es invocable el art. 849.1º LECRIM. Concepto de documento: art. 26 CP.
Resumen: La condena a título de responsabilidad civil derivada de delito no guarda relación directa con el derecho a la presunción de inocencia ya que este concepto alude estrictamente a la comisión y autoría de un ilícito en el ámbito sancionador y no a la responsabilidad indemnizatoria subsidiaria en el ámbito civil, aunque esta responsabilidad se derive de un delito declarado en sentencia penal, porque una vez apreciada la prueba en relación con la infracción criminal, la responsabilidad civil subsidiaria se produce como consecuencia de ciertas relaciones jurídicas o de hecho con los autores del delito. El engaño bastante que reclama el tipo debe entenderse como el idóneo, relevante y adecuado para producir el error que genera el fraude. Error que no puede medirse exclusivamente en términos psicológicos, como estado de ignorancia o de conocimiento manipulado del sujeto pasivo, sino que debe revestir también, relevancia normativa. Pero ello no se traduce en que para medir dicha idoneidad normativa solo pueda acudirse a módulos estandarizados de tipo objetivo o relacionados con la potencialidad engañosa para el "ciudadano medio". La situación de "ganarse la confianza" con aprovechamiento de su demencia, viene a integrar la esencia del delito de estafa, por ello no se puede- sin riesgo de vulnerar el non bis in idem volver a ser valorado para exasperar la pena mediante la aplicación del subtipo agravado.
Resumen: El recurrente se opone a la pena de multa impuesta alegando que el delito no se consumó, por no llegar a salir de la tienda donde sustrajo el pantalón; que se ha impuesto la pena máxima establecida para el delito leve de hurto sin justificación; y finalmente estima que la cuota debe ser de dos euros ante la absoluta insolvencia del denunciado, pretendiendo aportar en este momento un documento acreditativo de su solicitud de ayuda por emergencia social. Frente a tales consideraciones en la alzada se concluye que su detención tuvo lugar fuera de la tienda como declaró la testigo y se corresponde con el atestado en que se hace constar que la detención se produjo en la calle. Por tanto el hurto se consumó, aunque la posibilidad de disposición del bien fuese breve por su parte. Se dice que la imposición de la pena en el máximo previsto no es una decisión contraria a la norma, aunque debió motivarse, subsanando la Sala dicha omisión valorando el mayor reproche de la conducta por estar preordenada al delito, al llevar el acusado una bolsa preparada para burlar las alarmas de seguridad de la tienda. Finalmente la decisión de la juzgadora en orden a la cuota diaria de la multa entiende que fue fijada de modo correcto ante la ausencia de prueba de la alegada insolvencia, ya que ni la acusada compareció al plenario ni puede admitirse en la alzada una prueba que no fue ni tan siquiera propuesta.
Resumen: Confirma la condena por delito de quebrantamiento de condena. El acusado incumplió la localización permanente fijada como responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa, no siendo localizado por los agentes policiales en el domicilio y días fijados por el acusado para el cumplimiento de dicha localización. El delito de quebrantamiento de condena o de medida cautelar requiere un elemento objetivo, que el autor sepa que es destinatario de un mandato judicial, y un elemento subjetivo o dolo genérico, integrado por el conocimiento por el obligado a su cumplimiento del mandato judicial que le incumbe y que éste sepa que con su conducta lo incumple, no se requiere un querer vulnerar el mandato judicial pero sí saber que con esa conducta se está infringiendo; siendo irrelevantes, a la hora de la tipificación de la conducta, los móviles que subyacen en el actuar del autor del delito, dichos móviles podrán ser valorados en el campo de las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal.
Resumen: Atropello de peatón que cruza un paso de cebra. La sentencia analiza el alcance de la revisión de la valoracion probatoria por el tribunal de apelación, señalando que debe limitarse a verificar si el juicio de hecho es compatible con las exigencias de racionalidad en la determinación del sentido específico de los medios de prueba desplegados en el proceso; extramuros del discurso de la estructura racional del razonamiento del Juzgador queda, por tanto, la cuestión referida a la credibilidad de las pruebas personales, dado que las premisas de veracidad y adecuación real sobre las que se asienta el juicio de credibilidad precisan para su adveración un escenario judicial permeable a la inmediación. Imprudencia punible: elementos. Se analizan los criterios para caracterizar la imprudencia como grave o menos grave. Se señala que la gravedad de la imprudencia, depende, en todo caso, de la gravedad de la infracción de la norma de cuidado que ha dado lugar a la producción de un resultado ilícito. En la circulación vial, las normas de cuidado que debe respetar el conductor de un vehículo a motor no son puramente socio-culturales sino que se encuentran positivizadas en un texto legal y su desarrollo reglamentario. Distintos supuestos de relevancia penal de la infracción reglamentaria vial.
