• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Militar
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FERNANDO MARIN CASTAN
  • Nº Recurso: 52/2021
  • Fecha: 31/03/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El tribunal de instancia dispuso de amplia prueba de cargo y de descargo válidamente obtenida, regularmente practicada y que resultó valorada conforme a criterios lógicos y razonables para alcanzar la convicción de la certeza de los hechos que declaró probados, sin dejar margen alguno a la incertidumbre que permitiera aplicar el principio in dubio pro reo. El motivo de error de hecho en la apreciación de la prueba incurre en causas de inadmisión, que ahora se tornan en causas de desestimación: ni se han designado los particulares del documento o documentos en que se basa, ni se citan el error en que el tribunal pudiera haber incurrido ni el aspecto del factum que se pretende completar, alterar, corregir o suprimir. Del inamovible relato de hechos probados -conforme al cual, el recurrente dejó de aportar partes de continuación en la baja temporal para el servicio que le había sido reconocida con anterioridad por motivos médicos y no se presentó en la unidad de su destino para la renovación de la baja ni se incorporó a la misma una vez dado de alta para el servicio- y de los razonamientos de la sentencia impugnada se desprende la adecuación del tipo penal apreciado, ya que el condenado se sustrajo al control y permanente disponibilidad a favor de sus mandos por plazo superior a tres días, sin que concurriera causa alguna que se lo impidiera -elemento objetivo-, siendo consciente de dicha sustracción y teniendo voluntad de hacerlo -elemento subjetivo del dolo genérico-.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Militar
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CLARA MARTINEZ DE CAREAGA GARCIA
  • Nº Recurso: 41/2021
  • Fecha: 31/03/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El tipo disciplinario aplicado es un tipo parcialmente en blanco, que debe ser completado. No obstante, la complementación aparece correctamente realizada y concretada, ya que el tipo aplicado se refiere a la negligencia o inexactitud en el cumplimiento de una orden, que, en el caso, era muy precisa, como era la de comunicar a la superioridad si las dependencias y vehículos oficiales habían sido desinfectadas -días después de haberse decretado el confinamiento por el Covid-19- de manera altruista por una empresa seria. La alegación del recurrente sobre la imprecisión de la orden en lo relativo a lo que debía entenderse por una empresa "seria" resulta forzada, pues ninguna duda tuvo, como comandante de puesto, para considerar que la empresa que se ofreció de modo altruista a realizar los trabajos de desinfección era una empresa seria, por lo que aceptó el ofrecimiento y se llevaron a efecto los referidos trabajos de desinfección. Una vez realizados los trabajos, nació la obligación de informar de ello a la superioridad, como estaba expresamente ordenado. No habiéndolo hecho, el incumplimiento resulta palmario, por lo que la concurrencia de los elementos del tipo leve apreciado es evidente.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Militar
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: RICARDO CUESTA DEL CASTILLO
  • Nº Recurso: 58/2021
  • Fecha: 30/03/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El tribunal de instancia dispuso de amplia prueba de cargo válidamente obtenida y regularmente practicada y que resultó valorada conforme a criterios lógicos y razonables para alcanzar la convicción de la certeza de los hechos que declaró probados. El informe médico en el que apoya el recurrente su motivo de casación por supuesto error de hecho en la valoración de la prueba no es literosuficiente. El invariable relato de hechos probados -conforme al cual, en síntesis, el condenado, en actitud agresiva, acometió a su superior, dándole reiterados empujones con las dos manos en el pecho- se incardina en el tipo penal apreciado, pues el maltrato consiste en toda agresión física susceptible de causar perturbación en la incolumidad o bienestar corporal de una persona, con o sin menoscabo de su integridad, salud o capacidad, de modo que abarca desde el simple acto de violencia física sin resultado lesivo hasta la producción de cualquier lesión. De la prueba pericial practicada a instancia del condenado no se desprende que en él concurriesen circunstancias psíquicas que le atribuyesen una especial sensibilidad hacia estresores externos que pudieran dar lugar a su súbita y agresiva reacción, sin que, en consecuencia, pueda considerarse probado que por las expresiones vertidas por su superior se hubiese podido sentir ofendido en su honor ni, por lo tanto, que concurriesen los requisitos de agresión ilegítima y provocación necesarios para apreciar la eximente de legítima defensa.
  • Tipo Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CAROLINA RIUS ALARCO
  • Nº Recurso: 14/2022
  • Fecha: 30/03/2022
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: No corresponde al Tribunal extradicional pronunciarse sobre la culpabilidad o la inocencia, ni valorar los indicios o pruebas que sustenten la imputación o acusación. La petición de asilo solo permite la suspensión de la entrega hasta su resolución. No se aprecia riesgo de vulneración de derechos fundamentales del reclamado. La residencia en España del reclamado no es motivo de denegación de la extradición.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JAVIER HERNANDEZ GARCIA
  • Nº Recurso: 1641/2021
  • Fecha: 30/03/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La cláusula de agravación del art. 327 CP contiene una fórmula de remisión con elementos de incongruencia, pero no parece dudoso que la vinculación entre las conductas del artículo 325 CP y las agravadas del art. 327 CP es producto de un expresa decisión político-criminal no solo del legislador histórico sino del legislador actual pues el precepto arranca precisando su ámbito aplicativo "a los hechos a los que se refieren los tres artículos anteriores", sin que dispongamos de ningún dato que nos permita dudar de la vigencia de esa fuerte conexión. Se confirma la responsabilidad penal de la persona jurídica; el gestor utilizó los bienes y la organización, para obtener ganancias económicas, lo que comporta un beneficio directo o indirecto para ésta. Cuando el gestor es, además, el partícipe mayoritario del patrimonio social se produce una situación en la que la actividad desarrollada por aquel, en el seno de la propia Sociedad y conforme a su objeto constitutivo, debe considerarse en beneficio de esta. No obstante, se advierte un riesgo de lesión del principio ne bis in ídem, ante el rechazo del tribunal de instancia de toda fórmula de cohonestación entre los expedientes administrativos sancionatorios y la sanción impuesta en la sentencia a la persona jurídica. Lo que, en el caso, no se traduce en dejar sin efecto la preferente sanción penal a la persona jurídica, sino en descontar de la sanción penal, la impuesta y ejecutada en el previo procedimiento administrativo.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CARMEN LAMELA DIAZ
  • Nº Recurso: 10538/2021
  • Fecha: 30/03/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Aun cuando la circunstancia de aprovechamiento del lugar y tiempo en que se perpetró la acción podrían facilitar la comisión del hecho y lograr su impunidad, también anulaban la última posibilidad de defensa de la víctima y constituye el elemento central de la alevosía. Las condiciones de tiempo y lugar, de noche buscadas por el recurrente para la ejecución del plan, en el interior de un túnel escasamente iluminado y sin presencia de terceras personas, si bien propiciaban que no fuera reconocido por terceros e incluso por la propia víctima, no parece que fueran buscadas por el acusado, más allá de asegurar su ataque y de anular cualquier respuesta defensiva por parte de la víctima, con lo que lógicamente también facilitaba la ejecución del hecho. Con ello, eliminaba el riesgo de que otras personas pudieran acudir en auxilio de la víctima, anulando la última oportunidad de defensa y reforzando de esta forma el desvalimiento de la víctima, lo que constituye precisamente el elemento central de la alevosía. No parece pues que el escenario ideado por el acusado para perpetrar su acción fuera más allá o tuviese otra finalidad que la de asegurar el resultado perseguido sin riesgo para el mismo que pudiera provenir de la reacción de la víctima. Tampoco contiene el hecho probado referencia alguna a las posibilidades que brindaba el lugar elegido para facilitar la ejecución del hecho, más allá de las circunstancias tenidas en cuenta para apreciar la agravante de alevosía.
  • Tipo Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA FERNANDA GARCIA PEREZ
  • Nº Recurso: 4/2019
  • Fecha: 29/03/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Adjudicación fraudulenta de contratos públicos mediante una estructura comercial con red de contactos con funcionarios o empleados públicos que facilitaban la contratación, y con contabilidad paralela con facturación falsa para financiar el pago de dádivas a funcionarios o empleados públicos a fin de lograr la adjudicación de los contratos públicos. Establecimiento, en connivencia con el funcionario, de una concurrencia ficticia en la que formalmente aparecían tres empresas distintas, que en realidad actuaban en unidad de dirección. Obtención de información privilegiada de los contratos, conociendo de antemano los pliegos de condiciones técnicas o administrativas o las ofertas presentadas por otras empresas. Manipulación en la valoración de los criterios subjetivos. Ofertas deliberadamente falsas sin voluntad de cumplir. Falsificación de las certificaciones por los trabajos realizados. Uso de empresas pantalla. Acuerdos para repartirse el mercado con empresas directamente competidoras. Fraude en la ejecución del contrato. Constitución de caja B para pagar comisiones a funcionarios. Legitimación activa de la Abogacía del Estado. Prescripción del delito de fraude a las administraciones públicas: legislación aplicable. Prescripción en delitos conexos. Delito de grupo criminal. Delito continuado de falsedad en documento mercantil cometido por particulares. Delitos continuados de cohecho activo cometido por particulares. Delito de fraude a la Administración.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: SUSANA POLO GARCIA
  • Nº Recurso: 1228/2020
  • Fecha: 24/03/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El delito de estafa puede surgir con ocasión de los negocios jurídicos bilaterales, consistiendo el engaño en el empleo por uno de los contratantes de artificios o maniobras falaces que hagan creer a la contraparte en ciertas cualidades de la prestación que va a recibir que son realmente inexistentes, o que le convenzan de que recibirá la prestación comprometida, ocultando el verdadero propósito de no atenderla y de enriquecerse con lo recibido a cambio. En las eximentes incompletas y en las atenuantes muy cualificadas es preceptivo rebajar la pena al menos en un grado y facultativo hacerlo en dos, y ello, primeramente, por razones dogmáticas (en tanto que tales resortes disminuyen el desvalor del injusto típico o la gravedad del reproche culpabilístico y, en consecuencia, deben reducir la pena imponible); en segundo lugar, por razones sistemáticas (en efecto, la segunda parte del precepto solamente tiene sentido aceptando la necesidad de reducir la pena en al menos un grado); en tercer lugar, por razones históricas (ya que es la interpretación congruente con la conceptuación tradicional en nuestro Derecho tanto de las eximentes incompletas como de las atenuantes privilegiadas o especialmente cualificadas, tanto por su naturaleza como por sus efectos). La estimación en conciencia no debe entenderse o hacerse equivalente a un cerrado e inabordable criterio personal e íntimo del juzgador, sino a una apreciación lógica de la prueba.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y Penal
  • Municipio: Albacete
  • Ponente: JESUS MARTINEZ-ESCRIBANO GOMEZ
  • Nº Recurso: 10/2022
  • Fecha: 24/03/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: No resultando creíble el testigo en unos extremos de su declaración puede que lo sea en otros, sobre los que ha sido suficientemente persistente, sin apreciarse contradicciones, y apareciendo corroborado su testimonio por la posesión por el acusado de sustancia estupefaciente -que excede del autoconsumo-, sobre todo de los restos de cocaína (teniendo en cuenta que el acusado no se declara consumidor de tal sustancia), a lo que cabe añadir la aprehensión en su poder de dos básculas de precisión y recortes de plástico y una libreta de anotaciones de personas y cantidades que le adeudaban por la entrega de estupefacientes. Por tanto, existe prueba de cargo contra el acusado para sostener su condena, pues la existencia misma de la droga -no ya su grado de pureza- es susceptible de prueba en ausencia de un acto formal de aprehensión; y la capacidad de afectación del bien jurídico puede estar acreditada a través de pruebas personales. La idoneidad lesiva de la conducta cabe deducirla por el hecho de que el testigo consumidor acudiera en tres ocasiones al mismo vendedor para adquirir la cocaína, como en el supuesto de autos, y ello con independencia de que no se acredite que la droga superara el mínimo psicoactivo, al faltar el análisis de su pureza, pues la insignificancia ha de aplicarse de forma excepcional y limitarse a los casos en que la desnaturalización cualitativa o la extrema nimiedad cuantitativa de la sustancia entregada determine que ésta carezca de efectos dañinos.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JUAN RAMON BERDUGO GOMEZ DE LA TORRE
  • Nº Recurso: 3219/2020
  • Fecha: 23/03/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Lo que se protege con la punición de las falsedades no es tanto la verdad como la función que los documentos están llamados a desempeñar en la vida jurídica. En este sentido, hemos dicho, que mediante el delito de falsedad se protegen las funciones atribuidas a los documentos en el tráfico jurídico, incluidas por tanto, las relativas a la efectividad de aquellas. Simular significa representar una cosa, fingiendo o imitando lo que no es y equivale a crear un documento configurándolo de tal forma que produzca una apariencia de veracidad, tanto por su estructura como por su forma de confección. Consiste en la generación de un documento, o sea, la acción de confeccionarlo o crearlo ex novo por quien carecía de habilitación legal o contractual para hacerlo, y que no tiene ni puede tener sustrato alguno en la realidad, elaborado con dolo falsario. No nos encontramos ante un supuesto de falsedad burda o grosera, pues se utilizó un soporte de la tarjeta auténtico, en el mismo se estamparon en el anverso y en el reverso sellos, también auténticos, del Ayuntamiento y se hizo uso de la tarjeta en el espacio reservado a personas con movilidad reducida de un parking del gimnasio municipal. La acusada empleó la tarjeta en su propio beneficio, para aparcar con mayor celeridad, obteniendo un beneficio que no le correspondía y perjudicando a terceros, dado que los estacionamientos para personas con discapacidad son un beneficio legal para quienes padecen tal situación.

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